jueves, 6 de octubre de 2016

EL CANTONALISMO: ARMA BRITÁNICA CONTRA ESPAÑA (1)


EL CANTONALISMO: ARMA BRITÁNICA CONTRA ESPAÑA


El reinado de Isabel II se inició el 29 de septiembre de 1833 bajo la regencia de su madre Maria Cristina de Borbón dos Sicilias, quién hasta el 15 de mayo de 1836 tendría cinco presidentes del Consejo de Ministros.



El 22 de mayo de 1836, siendo Javier Istúriz presidente del Consejo de ministros desde una semana antes, son disueltas las cortes por la regente. La medida significó el renacimiento de las juntas. La primera de ellas, la de Málaga, que duró pocos días, parece que se hizo para proteger algún trapicheo de contrabando. También se sublevaron Granada y Cartagena.

Es necesario señalar que las Juntas, que desde el principio de la guerra anglo francesa (conocida misteriosamente como Guerra de la Independencia) habían servido para distintos asuntos, en ocasiones favorecedores de los intereses de España, y en conjunto en beneficio de los intereses de la Gran Bretaña, aparecían tras la muerte de Fernando VII, y serían, al fin, el sustrato del que acabaría surgiendo el esperpento cantonalista de 1873.

En agosto de 1836 el estallido revolucionario parecía el colofón a la serie de avances carlistas que se habían producido de manera continuada hasta ese momento, y José María Calatrava sucedía a Istúriz. En Málaga asesinaban al gobernador militar Saint Just (familiar del terrible fiscal que tanta importancia tuvo durante “el Terror” en Francia), por lo que el gobierno nombraba comandante general a Juan Antonio Escalante, que logró controlar el motín proclamando la constitución de 1812.  Pero era toda España la que se sublevaba.

De los conflictos acaecidos culpaba el embajador británico a Espartero, que acabaría ocupando el puesto de Calatrava el 18 de agosto de 1837, aunque sería apartado del mismo dos meses más tarde, sucediéndose siete nuevos presidentes hasta 1840, año en que el propio Espartero era nombrado regente.

Treinta y seis nuevos presidentes ocuparían el cargo hasta 1866 cuando, siendo presidente Ramón María Narváez, el 18 de septiembre, se constituyó en Cádiz una Junta Provisional Revolucionaria, que proclamó de inmediato las libertades de enseñanza, imprenta, reunión y comercio, el desestanco del tabaco y de la sal y la supresión de los derechos de consumo. (Orozco 2013: 43)

Era el crisol de lo que se venía cociendo sin éxito hasta el momento, pero que estaba a siete años de mostrar su máximo esplendor.

Mientras tanto, entre Leopoldo O’Donnel y Ramón María Narváez, se repartían los años de gobierno que les separaba del momento de la revolución de 1868, que tuvo una multiplicidad de orígenes que podemos sintetizar en:

* Crisis Económica (financiera, industrial y de subsistencia)
* Difusión de ideologías democráticas
* Crisis política con marcado deterioro de la monarquía
* Multiplicidad de fraudes con implicación de políticos.
* Fraccionamiento de los partidos

Ante esta situación, marcadamente producida por la acción británica, que se mostraba triunfante en su proceso de descomposición de España ya marcado en 1711 en el manifiesto “Una propuesta para humillar a España”, y llevado a término de forma brillante en los procesos separatistas de América así como en la anarquía sembrada en la España peninsular desde el mismo momento de la guerra franco-británica mal llamada de Independencia, tuvo lugar el Pacto de Ostende (por la ciudad holandesa en el que se formalizó), por el que progresistas y demócratas exiliados acordaron una acción revolucionaria anti-isabelina.
 
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