jueves, 14 de septiembre de 2017

SIGLO XIX: OBJETIVO, LA DESTRUCCIÓN DE ESPAÑA (7)

Una agitación sociopolítica derivada de los efectos de la Comuna de Paris y de la difusión de los principios de la I Internacional en España. El miedo a la revolución proletaria empujó a tomar medidas represivas contra las organizaciones obreras, que se vieron plasmadas el año 1871 en un plan de persecución de la Internacional llevado a cabo por Sagasta, quién concedió poderes ilimitados a los gobernadores civiles para perseguirla.

Mientras, los gobiernos caían y en octubre de 1871 hubo en las Cortes una serie de debates en torno a la Internacional, donde Pi y Margall, Castelar y Salmerón declamaron en su defensa, si bien:

El 10 de noviembre de 1871, tras los acontecimientos de la Comuna de París, se decidió en las Cortes ilegalizar a las dependientes de la Asociación Internacional de Trabajadores, por considerar que incumplían el decreto de 20 de noviembre de 1868, al ser vistas como contrarias a la moralidad pública. No obstante, en la práctica, la tolerancia hacia las asociaciones obreras se mantuvo durante el resto del Sexenio Democrático. (Orozco 2013: 194)

Pero la  Federación de la Región Española de la AIT convocó un congreso en Córdoba entre finales de 1872 y principios de 1873.

En este año, el paro derivado de la crisis económica apenas había remitido con respecto a 1869. Si a ello unimos que para las capas populares República significaba revolución social, tendremos la atmósfera en que se vio envuelta la llegada del régimen republicano que, sin pensarlo nadie, sin haber laborado nadie por él, se vio instaurado el once de febrero de 1873.

El clima era de puro desasosiego, no por la desaparición de la monarquía, a la que nadie parecía echar en falta después de un siglo de incalificables actuaciones, sino por la actuación llevada por el liberalismo en ese tiempo, que había proletarizado a la población y la había dejado huérfana de todos los principios que la habían constituido.

En Andalucía la lucha por la tierra había estallado en motines y violentas ocupaciones de propiedades agrícolas. Después de proclamada la república, los comerciantes madrileños decidieron armarse en defensa de sus propiedades por considerarlas en peligro. Los alfonsinos, los constitucionales de Sagasta y los radicales de Ruiz Zorrilla recurrieron a la vieja fórmula abstencionista con el fin de cuestionar la representatividad del nuevo régimen el retraimiento es decir la no participación en la consulta electoral, para negar posteriormente la legitimidad del sistema.

En Alcoy, ciudad con una importante industria manufacturera que ocupaba a un buen número de obreros, se había instalado la sede de la Comisión Federal de la Federación Regional Española de la Primera Internacional. El 9 de julio, una huelga general organizada por los bakuninistas derivó hacía una situación de violencia que acabó con el asesinato del alcalde y el incendio de una fábrica.

En Barcelona, mientras tanto, se convocó una huelga general para el día 14, pero la situación se aceleraría, ya que

El 15 de junio, una semana después de haber sido proclamada la República Federal, el boletín de la Federación Alcoyana publicaba una “Protesta”, afirmando que carlistas y republicanos eran la misma cosa, alentando al pueblo a la acción revolucionaria contra la sociedad y la política burguesa. (Tormo: 30)

Alcoy era una de las pocas ciudades españolas que se había industrializado. Un tercio de sus 30.000 habitantes, incluyendo mujeres y niños, trabajaba en la industria —5.500 en 175 empresas textiles y 2.500 en 74 industrias papeleras—. Sus condiciones de vida eran muy duras, como lo demostraba el hecho de que el 42% de los niños morían antes de haber cumplido los cinco años.

En Alcoy, ahora sede de la Comisión Federal y del aliancismo más exaltado, se veía con buenos ojos toda desafección que la República pudiera originar, ya que se consideraba un fenomenal caldo de cultivo para la revolución social. Según las actas del 2 de marzo de 1873, vemos como incluso se recomendaba el armamento de los trabajadores por lo que pudiera suceder, considerando la situación política. (Ruiz 2013: 21)

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