viernes, 22 de diciembre de 2017

La familia, base de la sociedad (XIII)

4.2.- Identificación de “la familia”. Comparación con el derecho positivo del último siglo.

Si bien las legislaciones existentes hablan de la protección a la familia, la sociedad actual interfiere en los asuntos más íntimos de la persona y de la familia, sometiéndolos a su arbitrio y dando por sentado que la familia es una institución que entra dentro de sus ámbitos de competencia, y que están capacitados para modelarla a su antojo.

Así, aunque la Constitución española declara que “Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia” , la realidad es que la legislación final no ha cumplido las expectativas que de esos textos pudiera deducirse, de forma y manera que las administraciones van ocupando sectores que no les corresponde.

En primer lugar, comienzan por situar a la familia dentro de un conglomerado de actuaciones administrativas que va en claro detrimento del sentido de la familia, que por sí es merecedor de otros ámbitos de actuación más específicos. Así, el artículo 15 de la Ley 5/1997, de 25 de junio de la Generalitat Valenciana, reguladora del sistema de Servicios Sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana, señala que “A los servicios sociales especializados les corresponde la potenciación de actuaciones tendentes a la protección, promoción y estabilización de la estructura familiar, así como de las demás unidades de convivencia alternativa, como pilar social fundamental en la que se produce el nacimiento y desarrollo de la infancia y la juventud, con el objetivo social de favorecer el desarrollo armónico de niños y niñas y jóvenes dentro de la sociedad”.

Por si esto queda poco claro, en el artículo 11 de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio de Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, la Generalitat se abroga el derecho de regular la participación de las personas en el seno de la familia , y en su artículo 2, competencia exclusiva para adoptar medidas de asistencia a determinados grupos o sectores sociales, entre ellas, las destinadas a familias cuando por su situación estén requeridas de especial protección , pero no indica qué condiciones deben reunirse para entender que una familia esté requiriendo especial protección, quedando así al arbitrio del legislador, como queda demostrado en la interpretación que el mismo legislador hace de su propia ley.

Pero estas interpretaciones de ámbitos de actuación, que acaban siendo lesivos para la familia, no se limitan a lo expuesto; así, en el Decreto 99/1998, de 14 de julio, del Gobierno Valenciano, de creación del Observatorio Permanente de la Familia de la Comunitat Valenciana, si bien recuerda que “la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama en su artículo 17.3 que la familia es un elemento natural y fundamental de la sociedad y por ello tiene derecho a la protección social del Estado” indica, asimismo, que “la familia como institución social básica tiene, entre otras, dos vertientes fundamentales, por un lado la función socializadora al ser un instrumento básico para la formación de la personalidad de los individuos y sus niveles de responsabilidad, llegando incluso a competir, en dicho efecto socializador, con otros factores como son, entre otras, la escuela, los medios de comunicación, las diferentes confesiones religiosas, los partidos políticos, entre otros agentes sociales.

Hay que tener en cuenta, por otra parte, que la familia en la actualidad desempeña un papel central en las estructuras sociales, económicas y políticas. Los hogares familiares se han convertido en las principales unidades de consumo de bienes con lo que la familia ha pasado a ser una de las principales palancas instrumentales de las políticas públicas tanto en la gestión de la demanda agregada como en lo relativo al fomento de empleo y crecimiento económico”.

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