martes, 12 de diciembre de 2017

LA PERSECUCIÓN RELIGIOSA EN EL SIGLO XIX (III)

El primer decreto que ratificaba los actos anticipados por algunas Juntas fue el de supresión de la Compañía de Jesús, publicado el 13 de octubre de 1868 en la Gaceta de Madrid. Los jesuitas debían cerrar todos sus colegios e institutos en el término de tres días y todos sus bienes pasaban a poder de la Nación, con arreglo a lo dispuesto en el decreto de 4 de julio de 1835. (Orozco 2013: 47)



Curiosamente, y mientras sucedían estas tropelías, en 1868 se decretaba la libertad de cultos, la de asociación y la de enseñanza.

La ola anticlerical fomentada con sorprendente unanimidad por la prensa progresista y demócrata en el nombre de la libertad y del progreso, no había hecho sino insinuarse, persistiendo y agravándose en los años de interinidad institucional que siguieron a la Gloriosa…/…  Disueltas casi todas las órdenes religiosas y expropiados sus bienes, se procede a la demolición de conventos e iglesias; los cementerios son secularizados, y se practica el matrimonio exclusivamente civil, incluso antes de su implantación oficial. Esta situación de hecho será legalizada más tarde por la Constitución de 1869, que proclama la libertad religiosa, de la que se beneficia una exigua pero dinámica minoría protestante, en tanto con la implícita derogación par aquella del edicto de expulsión de 1492, se invita a regresar a los judíos. (Vilar 1983: 184)

Pero todas estas circunstancias, para los voceros asalariados del liberalismo carece de la menor importancia. En esta ocasión no se asesinaron personas; tan solo se las despojó de sus bienes, se las zarandeó, se las dejó fuera de la ley y se las dejó en la indigencia y en el ostracismo. Con ese aval no dudan en señalar que

Desde el principio de la revolución, salvo esporádicos incidentes violentos, no se pasó, a su juicio, de extravagantes manifestaciones de desafío destinadas a provocar la cólera eclesiástica. Las Juntas trataron de impedir cualquier atentado contra las personas, creando rápidamente milicias cuyo objetivo era evitar los abusos populares, de manera que, aunque las medidas de las Juntas eran anticlericales, el inicio de la revolución no tuvo ese carácter. (Orozco 2013: 23)

En cualquier caso, incumpliendo el concordato de 1851, y apenas transcurrido un mes desde el derrocamiento de la dinastía borbónica, se suprimían por decreto todos los monasterios, conventos, colegios, congregaciones y demás casas de religiosos de ambos sexos, fundados con posterioridad al 29 de julio de 1837.

El 15 de octubre de 1868, quedó derogado el decreto de 25 de julio del mismo año, promulgado por el Gobierno derribado, autorizando a las comunidades religiosas a adquirir y poseer bienes. Era una orden preparatoria del decreto de supresión de casas religiosas de 18 de octubre, según el cual quedaban extinguidas todas las fundadas después del 29 de julio de 1837, incluyendo conventos, colegios y congregaciones, pasando todos los edificios, bienes y rentas a ser propiedad del Estado. (Orozco 2013: 47)

Ampliando la medida, el 1 de Enero de 1869, el ministros Ruiz Zorrilla promulgaba un decreto por el que quedaban incautados todos los archivos, bibliotecas, gabinetes y demás colecciones de objetos de ciencia, arte o literatura, que estaban al cuidado de las catedrales, cabildos, monasterios y órdenes militares. Sólo se salvaban las de los seminarios.

Para argumentar esas medidas,

Los progresistas aludían en sus discursos, más que a los derechos individuales, a la necesidad de adaptarse a la realidad circundante, ya que varios países de Europa habían proclamado la libertad de cultos. (Orozco 2013: 62)

Pero el peso de la identidad religiosa del pueblo español no era desconocido por los "nuevos" amos de la situación política; por ello, el nuevo gabinete formado por Prim el 18 de junio de 1869

muy pronto se planteó la necesidad de conseguir que los obispos jurasen fidelidad a la norma constitucional recién aprobada. (Orozco 2013: 63)

No consiguió su objetivo; la inmensa mayoría del clero, alto y bajo, fiel a los principios cristianos, se negó a jurar la constitución, aún a sabiendas de las consecuencias que ello comportaría, de las que sin duda se resentirían las diócesis.

La negativa de la inmensa mayoría de los prelados y clero español a jurar la
Constitución causó grandes dificultades de tipo económico a las Diócesis, pues todos los Gobiernos del Sexenio Democrático mantuvieron la suspensión de haberes correspondientes al clero que no había jurado. Estos problemas económicos fueron aún mayores por el impago de los fondos destinados al culto, habitual durante todo el periodo a causa de los problemas presupuestarios. (Orozco 2013: 66)

Las autoridades religiosas, incomprensiblemente condescendientes con la tiranía, llegaron a jugar las bazas que la misma tiranía les imponía, y a través de las parroquias iniciaron una recogida de firmas entre los fieles solicitando al gobierno la eliminación de las medidas de persecución religiosa.

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