sábado, 23 de junio de 2018

La familia, base de la sociedad (XVI)

Hasta 1983, se hacían efectivas, con anotación pertinente en el libro de familia, asignaciones de protección a la familia de pago único, por matrimonio y por nacimiento de hijos. Asignaciones que desaparecieron en aras de la aplicación de las políticas familiares emanadas desde entonces.

Finalmente, en 2003, la ley 52/2003 de 10 de Diciembre, de manera tímida parece dar a entender que los políticos empiezan a sentir, aunque de manera bastante tibia el daño que vienen causando a la familia, y dan a luz una prestación económica de pago único a tanto alzado por nacimiento o adopción de tercer o sucesivos hijos y una prestación económica de pago único por parto o adopción múltiples . Evidentemente, no se trata de una medida que saque de ningún apuro a la inmensa mayoría de las familias.

Con un matiz discriminador de envergadura: según el Real Decreto 1368/2000 de 19 de Julio, serán tenidos en cuenta para el cómputo del tercer hijo, todos los hijos, con independencia de su filiación, comunes o no comunes, que convivan en la unidad familiar y estén a cargo de los padres . Evidentemente, la discriminación es hacia la familia que permanece unida y abierta a la vida, que además de haber visto manifiestamente recortados sus derechos más elementales, ve cómo las familias rotas están mejor consideradas por las leyes.

Las leyes no parecen, en absoluto, tender a su obligación principal, que no es otra que servir a su señor natural: la familia. Bien al contrario, en el orden de control social y eliminación de autonomía individual y familiar que el sistema establecido lleva a efecto, han creado el que llaman Observatorio Permanente de la Familia , cuyos objetivos declarados son:

-    Conocer el estado de situación y la calidad de vida de las familias dentro de la Comunitat Valenciana y llevar un seguimiento de la evolución en los mismos.
-    Formular recomendaciones y propuestas tendentes a promover mejoras en los diversos ámbitos que afecten a la familia y a los miembros que la componen.
-    Evaluar el impacto en la sociedad de las políticas y medidas dirigidas a la familia.
-    Realización de estudios generales sobre la familia.

El citado decreto, en su artículo sexto desarrolla el consejo rector, compuesto por 27 miembros, de los que sólo tres tienen relación con asociaciones familiares, 14 son de designación expresa de la Administración, y el resto, miembros de entidades íntimamente relacionadas con la administración. La Comisión Ejecutiva está compuesta por 10 miembros, cinco de la propia Administración, y los otros cinco elegidos por el Consejo Rector, de entre sus miembros.

Parece así que el objetivo del decreto no sea otro que el control social de la familia por entes que son absolutamente ajenos a la familia. Ese control queda reflejado en multitud de otros lugares, por ejemplo en la Ley de Conciliación de la vida familiar y laboral, donde sin rubor marca  que el Gobierno impulsará campañas de sensibilización pública al objeto de conseguir que los hombres asuman una parte igual de las responsabilidades familiares, y de manera especial se acojan, en mayor medida, a las nuevas posibilidades que esta Ley ofrece para compartir el permiso parental .

Queda demostrado en esta aseveración que no es que la ley vaya detrás de la costumbre, como en el Derecho Natural procede que sea, sino que bien al contrario, es la ley la que pretende sentar costumbre sobre la población manipulando debidamente a través de los medios de comunicación —las campañas de sensibilización señaladas—.

Esa manipulación viene reforzada por el hecho de que, normalmente, la maldad de la ley viene encriptada en la promulgación de conceptos evidentemente buenos, que coarta la acción contraria que positivamente merecen.

Texto completo: http://www.cesareojarabo.es/2018/04/la-familia-base-de-la-sociedad-texto.html

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