sábado, 8 de septiembre de 2018

La guerra de los segadores (1)

El origen de la Guerra de los Segadores, si tuvo un  momento determinado por la sublevación iniciada en Santa Coloma de Farners como consecuencia de los conflictos entre las tropas allí residentes y la población civil, tiene sus inicios, principalmente en la estricta aplicación de unos derechos que, por distintos motivos no habían sabido armonizarse con las necesidades de cada momento. Unos derechos que, al ser concebidos aparte de todo, conllevaban que sus beneficiarios pudiesen reclamar la defensa de terceros, en este caso las tropas mal llamadas “castellanas”, ya que eran las tropas del Imperio, compuestas por soldados de los confines del mismo, y sin embargo no se atendía el hecho necesario del hospedaje de esas mismas tropas, que necesariamente debían hacer uso de las viviendas de los naturales, como era costumbre en todos los ejércitos.



“Las primeras cortes del rey Felipe III, celebradas el año 1599, a pesar de que se suavizaron un poco las fricciones, comenzaron a delimitar claramente dos bandos enfrentados: por una parte tenemos al rey, al Consejo de Aragón, el virrey y la Audiencia, y de otra los brazos de las Cortes, la Diputación del General y el Consejo de Ciento de Barcelona, cada uno  con sus planteamientos antagónicos, que se manifiestan de forma más o menos evidente durante el primer tercio del siglo XVII.”

Esta situación, que había sido capeada en etapas anteriores, se encontraría en un momento de extremada tensión donde se precisaba la actuación de una mente privilegiada que no existía en esos momentos.

Pero no era sólo la falta de la mente privilegiada, que en 1621, a la muerte de Felipe III, parecía que venía primero de la mano de Baltasar de Zúñiga y año y medio después, a la muerte de éste, de su sobrino Gaspar de Guzmán, Tercer conde de Olivares.

Y no era sólo la falta de la mente privilegiada que nunca surgió, sino la situación de anarquía que se vivía en Cataluña. “Durante el virreinato del marqués de Almazán (1611-1615), la crisis en Cataluña alcanzó su punto máximo. El bandolerismo se había enseñoreado totalmente del campo. Los bandidos tenían sus protectores, especialmente entre la nobleza rural, que cobraba una comisión por sus servicios. También tenían sus enemigos, las bandas rivales, y en cuanto a los neutrales eran sobornados o aterrorizados para que se mantuvieran en silencio. En algunas zonas de Cataluña existía un régimen de corte mafioso, sostenido por la violencia y la extorsión.”

Se hacía necesaria una actuación valiente que nunca se produjo de manera acertada. El conde de Olivares tenía buenas ideas al respecto, y en el memorando que envió al rey Felipe IV exponiendo las medidas necesarias para imponer el orden le manifestaba que era necesario unificar todas las leyes de los reinos, en su idea supeditándolas a las leyes de Castilla, y haciendo que todos los territorios tuviesen los mismos derechos… Y los mismos deberes en lo tocante a impuestos y a la obligación de acudir a la guerra cuando la necesidad lo requiriese.

Pero esta era una cuestión a la que las oligarquías del reino de Aragón, y en concreto las de Cataluña, se oponían acogiéndose a derechos que por momentos, y atendiendo a la realidad cotidiana se mostraban obsoletos.

“En Aragón y Cataluña, la mayor parte de los impuestos sobre los productos estaban en manos de las ciudades o de propietarios individuales y, aunque la corona tenía derecho a un quinto de esos ingresos todos los años, en muchos casos había permitido que ese derecho cayera en desuso. La administración local de Felipe III comenzó a reclamar el quinto de la corona y a aquellas ciudades que no podían exhibir la prueba de inmunidad legal se les obligó gradualmente a pagar, aunque esa medida suscitó una gran oposición. La campaña en torno al quinto fue particularmente intensa en Cataluña y, cuando llegó a Barcelona, la ciudad se negó tajantemente a pagar. La negativa fue acompañada de la invocación habitual a las libertades catalanas, invocación que habría resultado más convincente si la oligarquía local hubiera administrado con honestidad los importantes ingresos de Barcelona. En cualquier caso, nada más lejos de la intención del gobierno de Felipe III que iniciar un cambio constitucional.

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