martes, 18 de diciembre de 2018

Antonio Pérez, el primero entre los traidores (XIX)

Los señores de Aragón se interesaban mas y mas por su compatricio al considerar la importancia que le daba el soberano: el pueblo de la capital se hallaba decidido a su favor, y todos veían en el ministro perseguido una victima de la envidia de corrompidos palaciegos.



Y ese sentimiento, sin lugar a dudas, estaba sembrado por los aliados de Pérez, el conde de Aranda, el duque de Villahermosa y su entramado de clientelismo neofeudal. “Dichas redes, conectadas con la que tejió a su alrededor el ex secretario Antonio Pérez, ayudan a entender la movilización social operada en 1591.”

Gregorio Marañón señala al respecto: “La verdad es que si la guerra de las Comunidades fue, en contra de lo que se dice, una sublevación reaccionaria, el movimiento fuerista de Aragón, aunque en su fondo latiera un noble sentimiento de libertad regional, era, en realidad, también el último esfuerzo del feudalismo para mantener sus privilegios. El Rey tenía, en absoluto, razón al querer renovar y modernizar aquellos medievales derechos, justificadísimos cuando fueron instituidos, pero que el tiempo había ido convirtiendo en instrumento tosco, más que de bienestar del pueblo, de subterfugio de unos cuantos para eludir la ley, como se vió en el asunto de Antonio Pérez; obligando a la Justicia, a su vez, a violentar, para imponerse, sus propias leyes.”

Antonio Pérez “conquista al pueblo con su historia de fortuna pasada y presentes miserias, hasta conseguir el apoyo de numerosos nobles y burgueses” , “con preciarse mucho de aragones, alabar sus leyes, quererse valer dellas, y dar á entender que las fuerzas de los reyes son menores de lo que realmente lo son.”

La gran habilidad del político se puso de manifiesto al señalar que “no es una misma persona la del rei de Castilla y la del rei de Aragon, aunque es un mismo hombre el que posee los reinos; y que la licencia que el rei de Aragon tiene de proceder á su voluntad contra sus criados y ministros no la puede tener el rei de Castilla en Aragon; y que asi no habiendo sido ministro ni criado del rei de Aragon, habia de ser abrazado de todos los fueros y privilegios de que gozan los hombres privados.” Exposición manifiestamente torticera, porque el Consejo de Estado no era de Castilla, sino de toda la Monarquía. Y Antonio Pérez no había sido secretario de Castilla, sino secretario de estado.

La gravedad de las actividades llevadas a cabo por Antonio Pérez hacía incuestionable el uso de todos los medios existentes para pararlo. Y es que el objeto de los tratos con la princesa de Bearne no era otro que “convertir al reino de Aragón en república independiente, invocando su ayuda y la ocupación del territorio por soldados extranjeros.”  Estos tratos, al parecer apoyados por un importante sector de la nobleza aragonesa, fueron tratados por Martín de Lanuza y por Miguel Donlope, en cuya casa de Montmesa se hospedaría Antonio Pérez en su huída a Francia.

Era el momento de las presiones; así, se presiona al Justicia de Aragón, a quién se llega a “encomendalle con el mayor encarecimiento que se pueda, la guarda de Antonio Pérez, el ponelle prisiones, el desvialle de la comunicación y de todas las demás libertades que se le dan, afeando mucho lo mal que ha de parecer y parece que en persona presa por tan graves delictos, convencido de uno tan grande como haberse querido pasar a Bearne, no se haga demostracion en su guarda que estorbe y castigue caso tan atrevido y nuevo”

En la legalidad vigente, eso, además de ser alta traición era asunto de la  Inquisición, al tratarse de alianza con herejes. Debemos tratar el asunto con la mentalidad del siglo XVI, debemos preguntarnos, ante este asunto, qué hacían los hugonotes, qué hacían los luteranos, qué los calvinistas. Nos llevaremos grandes sorpresas.

Finalmente interviene la Inquisición, y por orden del Inquisidor General, Gaspar de Quiroga, “En mayo de 1591, el confesor del rey Diego de Chaves comenzó un proceso en el que pudiera intervenir la Inquisición y Pérez fue trasladado desde la prisión del Justicia hasta la de la Inquisición.”   Hemos señalado más arriba que Felipe II, en este caso, usó la Inquisición para intereses de estado, pero no hay datos que confirmen ese aserto; es, en cualquier caso, una suposición que podría ser combatida o defendida con los documentos generados por la Inquisición. Aparte esas creencias sin justificación, parece ser que la intervención de la Inquisición no fue inducida por el estado, sino por la actuación sospechosa de Antonio Pérez. Parece, además, que el estado no quería la intervención del Santo Oficio porque ello implicaba que el reo fuese sustraído a la acción de la justicia ordinaria.

Texto completo: http://www.cesareojarabo.es/2015/10/antonio-perez-el-primero-entre-los_9.html

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