miércoles, 16 de enero de 2019

Algunos apuntes sobre la Inquisición (19)

ORGANIZACIÓN

La Inquisición española tenía una organización jerárquica; dirigida por el Inquisidor General y por el Consejo de Inquisición, que a su vez eran nombrados por los reyes, seguidos de una serie de tribunales territoriales al frente de los cuales estaban sacerdotes especialistas en derecho. Secretarios y demás funcionarios completaban el servicio.

“La Inquisición nunca fue numerosa pues constaba solamente de dos o tres inquisidores y de un grupo de empleados en cada uno de los 20 tribunales que se encargaban de toda España. Tenían poder en los pueblos y ciudades, es verdad, pero su poder era limitado, con frecuencia controlado por asociaciones civiles, otras autoridades eclesiásticas y magistrados locales. En el campo, en el que vivían cuatro de cada cinco españoles, tenía poco poder. Los historiadores aseguran que la gran mayoría de los campesinos de las áreas rurales nunca habrían visto a un inquisidor en su vida.”

“De hecho, la mayor parte de las áreas rurales escapaban a una intervención inquisitorial efectiva por mera falta de medios. Además, el control de las ideas, muy difícil en cualquier época, lo era aún más en un momento en no había medios de comunicación de masas y en que impermeabilizar las fronteras estaba totalmente fuera del alcance de cualquier estado, especialmente con tantas leguas de costa y con tantos pasos de montaña para los contrabandistas como tiene la Península Ibérica.”

El primer inquisidor general de España fue el dominico fray Tomás de Torquemada, que falleció en 1498. Le sucedió en el cargo fray Diego de Deza; Jiménez de Cisneros en Castilla y León, y en Aragón fray Juan Enguerra, a quien reemplazó, en 1516, el cardenal Adriano de Utrech, elevado más tarde al solio pontificio bajo el nombre de Adriano VI.

“Las Instrucciones de 1498, elaboradas por Torquemada, establecían que de los dos inquisidores previstos para cada tribunal uno fuese teólogo y otro jurista, o ambos juristas. De hecho, la balanza se inclinó hacia los juristas. Kamen aduce el testimonio de Diego de Simancas, quien afirmaba que «es más útil elegir inquisidores juristas que teólogos», y lo confirma exponiendo el caso del tribunal de Toledo, que de los 57 inquisidores que tuvo entre 1482 y 1598, todos, excepto dos, eran licenciados o doctores en leyes.”

 “El movimiento de Inquisidores de un Tribunal a otro era constante. Su sueldo oscilaba entre los 60.000 maravedies en siglo XVI a los 250.000 maravedies a comienzos del siglo XVII.”  No era importe elevado. Tengamos en cuenta que “en 1568 los inquisidores solicitaron a la Suprema aumento de sueldo para los intérpretes, pues los 25.000 maravedís que recibían “no eran salario competente para sustentarse”, viéndose en la necesidad de buscar otro trabajo y despedirse del Santo Oficio.”

La imagen transmitida y generalizada por la Ilustración que nos presenta a la Inquisición como una máquina de matar cae por su propio peso no sólo al ver la cantidad de casos y la variedad de los mismos tratados por 20 escasos tribunales, sino también por el control y la centralización a que estaban sometidos: “En el siglo XVII la centralización fue tan extrema que llegó a disponerse, en 1647, que todas las sentencias debían ser ratificadas por el Consejo antes de la correspondiente ejecución. Los gastos de los tribunales, a su vez, habrían de estar autorizados por el poderoso organismo, y ello hasta tal punto que, según sabemos, necesitando el tribunal de Valencia un reloj en el año antes citado, hubo de solicitar permiso a la Suprema para adquirirlo; la autorización sólo llegó tres años más tarde.”  Parece que si de algo se puede acusar a la Inquisición es de exceso de burocracia, si bien también es encomiable que no multiplicase el número de funcionarios.

Desde 1478, fecha de fundación de la Inquisición, el máximo órgano de gobierno de esta era el “Consejo Supremo de la Inquisición o Consejo de la Suprema y General Inquisición, conocido abreviadamente por La Suprema.

“La Suprema estaba formada por seis miembros, nombrados por el Rey y presididos por el Inquisidor General, aunque su número varió en el transcurso de los años, nunca fueron superior a diez.”

En el conflicto interno surgido a la muerte de Carlos II, se suscitó la dependencia del tribunal. En este asunto, Melchor de Macanaz, como experto jurídico, señaló que no sólo la elección de consejeros e inquisidores y su deposición constituía una regalía de la Corona, sino también la erección y supresión de Consejos y tribunales. “Macanaz, finalmente, se detiene en clarificar el modo en el que, a su juicio, a los consejeros de la Inquisición se les comunica, y ellos ejercen, la jurisdicción apostólica. El Inquisidor general no transmitía a los consejeros e inquisidores de provincia la jurisdicción apostólica, sino que ésta era comunicada directa e inmediatamente por el Romano Pontífice. La Santa Sede, por lo demás, podía delegar, y de hecho había delegado históricamente, las materias de jurisdicción en los soberanos temporales.”

 Y en cuanto a la función del Inquisidor General, se reconoció que siempre había sido  de portavoz y de primero inter pares, que actuaban en sínodo. A finales del reinado de Carlos II, el Inquisidor General Baltasar Mendoza se extralimitó en sus funciones, ocasionando una importante desestabilización en el orden interno de la Suprema. Los consejeros llegaron a quejarse de que el Inquisidor general los trataba como si el síonodo del que formaban parte no tuviese autoridad y jurisdiccón de ninguna clase, salvo las que el Inquisidor General quisiere reconocerles.

El Consejo de la Inquisición, en consulta de 23 de agosto de 1702, sostuvo, que los Inquisidores generales carecían de potestad suficiente para remover, cesar o variar la condición de los consejeros de la Suprema, dado que «sin el consentimiento de los señores Reyes no pueden los señores Inquisidores Generales remover, ni jubilar a los consiliarios del Consejo, ni suspenderles la jurisdicción eclesiástica y espiritual que al tiempo de la nominación de Sus Majestades les confiere la Sede Apostólica, de quien inmediatamente la reciben por medio de los títulos que los señores inquisidores generales les despachan»

Función de la Suprema era adecuar la legislación existente al ordenamiento de la Inquisición; “de hecho siempre reasentó la ley civil de la Monarquía, mediatizando la posible interferencia que, en asuntos de Estado, pudiera representar la jurisdicción eclesiástica”

El funcionamiento general de la Inquisición se puede comparar a una máquina bien engrasada, aprovechando las sinergias de todo su entorno; ganándose la confianza del pueblo; con ese material, el judío converso Tomás de Torquemada “organizó la institución y la dotó de las reglas fundamentales por las que habría de regirse por casi cuatro siglos… Tales reglas son llamadas Instrucciones, y se promulgaron en 1484 bajo el nombre Compilación de las Instrucciones del Oficio de la Santa Inquisición” .

Texto completo: http://www.cesareojarabo.es/2018/05/algunos-apuntes-sobre-la-inquisicion.html

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