viernes, 24 de enero de 2020

Una aproximación al año 1873 (4)

Bárcia aboga por la desaparición del ejército permanente, la liberalización del comercio; la abolición de las hipotecas, los timbres, abolición del impuesto sobre el trabajo, desamortización de los bienes nacionales y de la Iglesia, establecimiento de bancos agrícolas, industriales y comerciales; libertad de bancos…(Barcia 1872: 42)



También se da a conocer una espuria constitución atribuida a Emilio Castelar, en cuyo artículo 1º decía así:

Componen la Nación española los Estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia y Regiones Vascongadas”, y el segundo: “Las islas Filipinas, de Fernando Póo, Annobón, Corisco, y los establecimientos de África, componen territorios que, a medida de sus progresos, se elevarán a Estados por los poderes públicos”.

Se proclamaba la libertad de culto, la separación Iglesia Estado, la abolición de los títulos de nobleza.

Art. 92. Los Estados tienen completa autonomía económico-administrativa y toda la autonomía política compatible con la exigencia de la Nación.
Art. 93. Los Estados tienen la facultad de darse una Constitución política, que no podrá en ningún caso contradecir a la presente Constitución.
El ambiente estaba lo suficiente caldeado como para que Amadeo de Saboya presentase su dimisión como rey y se refugiase en la embajada de Italia., caso inaudito, el diez de febrero de 1873, dejando una situación social, política y militar de puro esperpento… Pero la máxima expresión del mismo, del esperpento, tardaría poco en llegar.
En su carta de renuncia, Amadeo señalaba:

Dos años largos ha que ciño la corona de España, y la España vive en constante lucha, viendo cada día más lejana la era de paz y de ventura que tan ardientemente anhelo. Si fuesen extranjeros los enemigos de su dicha, entonces, al frente de estos soldados, tan valiente como sufridos, sería el primero en combatirlos; pero todos los que con  la espada, con la pluma, con la palabra agravan y perpetúan los males de la nación, son españoles, todos invocan el dulce nombre de la patria, todos pelean y se agitan por su bien; y entre el fragor del combate, entre el confuso, atronador y contradictorio clamor de los partidos, entre tantas y tan opuestas manifestaciones de la opinión pública, es imposible atinar cuál es la verdadera, y más imposible todavía hallar el remedio para tamaños males. (Pi 1884: 267)
Tal fue la sorpresa que causó en todos que corrió un bulo que aseguraba que el abandono de Amadeo I había sido decidido, no por él, sino por el parlamento.
La tradición madrileña asegura que al mediodía del 11 de febrero de 1873 al rey Amadeo I le comunicaron su “despido” mientras esperaba su comida en el restaurante del Café de Fornos. De inmedíato, anuló el pedido, recogió a su familia, renunció al trono y, sin esperar la autorización de los diputados (según exigía el artículo 74.4 de la Constitución de 1869) se refugió en la embajada italiana. (Orte 2015: 20)

Lo curioso es que la monarquía cayó y vino la república sin que nadie hiciese nada para que eso sucediera… ni para evitarlo. Sencillamente era tal el esperpento que todo parecía normal; una cosa y su contraria. La locura alcanzaba todos los órganos y todos los partidos.

El partido republicano –federal–, que se había fundado en noviembre de 1868 y conseguido una representación parlamentaria apreciable en las siguientes elecciones, no había hecho sino decaer desde entonces. “Nadie ha destruido la Monarquía en España, nadie la ha matado; la Monarquía ha muerto por una descomposición interior”, declararía el republicano Emilio Castelar. (Dardé 2014)

Reforzando esa idea, hay que señalar que para la proclamación de la República hubo de alterarse la legalidad, ya que el artículo 47 de la constitución vigente no autorizaba la reunión conjunta de las cámaras, el artículo 74.4 señalaba que la abdicación del rey debía ser sometida a autorización legal, y el artículo 110 y siguientes impedían semejante alteración. Al respecto señalaba Pi y Margall:

A pesar de tratarse de un cambio tan radical en nuestras instituciones, no dio la proposición lugar a rudos ni acalorados debates; los más acérrimos enemigos de la República doblaban la cabeza ante la inexorable ley de las circunstancias, y se circunscribían a salvar sus opiniones o manifestar el temor de que no correspondiera la nueva forma de gobierno a las esperanzas de los que con tanto calor la habían defendido y estaban llamados a regirla. Eran sosegados y patrióticos, así los discursos de los que defendían la proposición, como las breves arengas de los que las combatían, y la discusión llevaba todo aquel sello de majestad que desde un principio caracterizó sesión tan grandiosa.

Texto completo en papel de "el cantonalismo" en  https://www.facebook.com/elcantonalismo/

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