viernes, 7 de febrero de 2020

EL TRATADO DE PARÍS: UNA RENDICIÓN HUMILLANTE (6)

Pero aún vendría más. El gobierno democrático y la monarquía parlamentaria, necesitados de dinero, también acabaron vendiendo los archipiélagos del Pacífico que se habían salvado del Tratado de París, como las Carolinas, las Marianas y las Palaos, aunque en este caso el comprador, y como ya sabía Inglaterra, fue Alemania.



La transferencia a Alemania, en 1899, de los tres archipiélagos del Pacífico, no fue un acto estrictamente bilateral, fruto de un acuerdo entre Alemania que deseaba comprar y España que no tuvo inconveniente en vender; sino resultado, ante todo, de un acuerdo entre las grandes potencias que permitió la adjudicación a Alemania de los tres archipiélagos por vía de indemnización que compensara su forzada renuncia a las Filipinas. (Jover 2006)

España, que durante un siglo ya venía siendo comparsa de las voluntades británicas, ahora, nuevamente mutilada en su ser, pasaba a ser… nada.
El 12 de febrero de 1899, dos meses largos tras el Tratado de París, el gobierno Silvela hizo oficiales los acuerdos secretos de 10 de diciembre anterior entre España y Alemania, por el que se vendían a ésta Las Carolinas, las Marianas y Palaos por 25.000.000 de pesetas. El 30 de junio de 1899 se firmaba el tratado de venta.  Aquí, contrariamente a lo sucedido con el submarino, el gobierno sí supo guardar el debido secreto. La prensa se limitó a dar la noticia cuando fue conveniente.
El periódico que más información contenía era La Época, refiriéndose al conjunto de los dos archipiélagos, aseveraba:

El Sr. Sagasta ha rectificado la noticia, recordando que para la enajenación de territorios se necesita autorización de las Cortes. Es indudable, en efecto, la necesidad de una ley; pero haya o no negociaciones, creemos que la conservación por España de las Carolinas y Marianas no ofrece utilidad para nosotros después de perdidas las Filipinas, siendo dudoso que los beneficios comerciales o de orden internacional compensaran el gasto de sostenimiento de las guarniciones en dichas islas, en región tan remota y que no tenemos ya el porvenir colonial que podía ofrecemos el archipiélago de Legazpi.

¡No ofrece utilidad para nosotros! Algo que, además de ser falso es contrario al espíritu tradicional español. También a Felipe II le indicaron que el mantenimiento de asentamientos en Filipinas era lesivo para la economía, a lo que respondió que hay aspectos más importantes que la economía.
Efectivamente, eran otros tiempos. Todos los efectos se vendieron en pública subasta, y para mayor escarnio, la ceremonia de entrega se celebró en una fecha señera: el 12 de Octubre de 1899. ¿Casualidad?, ¿imprevisión de los agentes británicos gobernadores de España?
Entre tanto trapicheo llama la atención el descontrol de los mercachifles, que en su deseo de deshacer no cayeron en la cuenta de la existencia de otras islas, también de soberanía española, que quedaron fuera de todos los acuerdos. En 1949 Emilio de Pastor y Santos, del Centro Superior de Investigaciones Científicas descubrió que en el tratado hispano-alemán de 1899 no se hizo enajenación de determinados grupos de islas, que continuaban perteneciendo de iure y de facto a la soberanía española, y acuñó para ellas la denominación de Provincia Oceánica Española. Denunciado ante el Consejo de Ministros el 12 de enero de 1949, el gobierno declaró reconocer que los derechos sobre esos territorios subsistían plenamente, pero resolvió no actuar debido a la situación de aislamiento del régimen.
La soberanía de los Territorios Españoles en Oceanía no consta como legalmente alterada ni extinguida, hasta que el 14 de noviembre de 2012, Augusto Prieto Fernández, amparándose en el abandono de que fueron objeto, declaró la independencia respecto de España del Estado de Oceana, comunicándola en forma oficial al Presidente del Gobierno de España, y asumiendo la jefatura del Estado con el título de dux.
Último capítulo, hasta el momento, de la destrucción de España, y actuación digna la de Augusto Prieto, que no tuvo mayor relevancia pública en España.
La verdad de todo es señalada por el senador usense Henry C. Lodge, miembro de la comisión de Negocios extranjeros del Senado federal y uno de los que más influyó para que se verificara la guerra de 1898, quién escribió.

Por espacio de 300 años se ha estado presenciando en el mundo, el conflicto, que no admite composición, entre la gente que habla ingles, por un lado, y los franceses y los españoles por el otro, con respecto a la dominación de América. Francia cayó por tierra en 1760, y ahora, en 1898 desapareció por completo el vestigio que quedaba del poder español en el Nuevo Mundo... La gente que habla inglés posee ya, por lo menos, la mitad de la América, y ha cerrado la otra mitad y las grandes islas del mar de las Antillas a toda otra dominación... Tal fue, y no otro, el objeto inmediato y el propósito real de la guerra, emprendida y acabada en obediencia al antagonismo fatal de que nadie es responsable y que por  espacio de varios siglos se ha acentuado cada vez más, entre razas, instituciones y creencias intrínseca y esencialmente contrapuestas. (González 1903: 15)

Cualquier observador imparcial puede dar fe de estas palabras, Hoy más que nunca la dominación británica es evidente en los usos, en las formas… En el desprecio por la persona, en el enaltecimiento de los vicios y en la burla de las virtudes. Hoy la gente se siente feliz siendo esclava de aquellos a quienes por las armas siempre combatió con más fortuna que derrotas, y que ahora, tras dos siglos de exitosa actividad subrepticia nos tienen sometidos a su estricta voluntad con la colaboración necesaria de una clase política, descendiente directa de aquellos nobles de salón que en los tiempos de gloria de España hubieron de someterse ante la grandeza que no se atrevieron a combatir como hombres y finalmente supieron derrumbar como agentes extranjeros.

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