lunes, 18 de mayo de 2020

Las licencias en el tráfico de esclavos (1)

A principios de la Conquista, en La Española, y como consecuencia de la despoblación se hizo necesario tomar medidas para atender el desarrollo de las actividades agrícolas y mineras de la isla. Ello significaría el inicio de una actividad repleta de altibajos y que en casi todo el periodo estuvo en manos extranjeras: el tráfico de esclavos.

Resulta curioso que la participación española en el tráfico sea residual. Tan sólo en los primeros años y a partir de 1750 podemos ver licencias de tráfico de esclavos pertenecientes a tratantes españoles; el resto, estuvo en manos portuguesas, inglesas, holandesas y francesas.
Pero la demanda procedía de hacendados españoles a los que Fray Bartolomé de las Casas hizo de vocero exponiendo muy pormenorizadamente al joven rey Carlos I, que en agosto de 1518 concedió licencia a Laurent de Gouvenot, gobernador de Bresa para introducir en las Indias 4.000 esclavos africanos.
Tras el trasiego que de la licencia hizo el flamenco, llegó el curso “normal” de las mismas, que  se otorgaban a título particular, a conquistadores, funcionarios civiles y eclesiásticos, y a las ciudades, todo lo cual generaba un flujo de tráfico más que discreto, imperceptible, por lo que las necesidades generadas por el desarrollo de la Conquista, las presiones de las autoridades en los nuevos territorios incorporados a la Corona, y las presiones internacionales, obligaron a ésta a la concesión de grandes asientos que, muy especialmente a partir del Tratado de Utrecht se encargarían de transportar a América esclavos adquiridos en África.
Así, atendiendo al desarrollo de las características del tráfico negrero, podemos señalar que en el mismo se verificaron tres periodos destacables:
El que podemos identificar propiamente como periodo de las licencias, que llega hasta 1595, el de los asientos, que sustituye al de las licencias y se extiende hasta 1791, y el de libre comercio, que abarca desde esta fecha hasta la supresión del tráfico.
En este periodo, Cartagena de Indias contaba con un pequeño contingente de esclavos negros que habían sido introducidos en América como acompañantes de los conquistadores, y como conquistadores desenvolvieron su actividad. Más tarde entrarían otros como esclavos en las haciendas.

Las licencias fueron concedidas a conquistadores, funcionarios públicos y eclesiásticos, comunidades religiosas y a la misma ciudad como tal para ser distribuidas entre sus vecinos. (Gutiérrez, Ildefonso: 188)

Las licencias aportaban un caudal discontinuo con algunas lagunas como la acaecida durante La Guerra de los Segadores.

La primera importación de negros llevada a cabo por Cortés para emplearlos en las plantaciones de caña fue en 1544. Dos años antes había contratado a Leonardo Lomelín para que llevase 500 negros desde Cabo Verde, pero solo entregó un centenar; y en 1579 fueron enviados desde España 40 para el ingenio que tenía en Tuxtla.  (García, L 1976: 23)

Esta actividad tendría su importancia durante la unión de los reinos hispánicos que tuvo lugar entre 1580, en que se da por finalizado el sistema de licencias y se abre el periodo conocido como de los asientos,  y 1640, año en que volvió a romperse la unidad de la Patria, y en el que acabó suprimiéndose durante diez años, hasta 1650, la autorización de la trata negrera.
La diferencia existente entre la licencia y el asiento es que aquella, la licencia, era al fin una concesión real que no exigía contrapartida alguna y que incluso podía no llegar a ejercerse nunca, mientras que el asiento era un contrato legal firmado por dos partes contratantes: la Corona y un particular que se comprometía a realizar un servicio que, para el caso, era hacer llegar a América diversas remesas de esclavos, y como contrapartida, nadie más podría beneficiarse de la concesión.
El Asiento era una figura comercial; un acuerdo de concesión por parte de la Corona por el que se concedía el monopolio del comercio de un producto determinado para un mercado también determinado. El asiento de negros, así,  consistía en permitir el comercio  de esclavos procedentes de África, que habían caído en esclavitud como consecuencia de una derrota en guerra justa, siendo el beneficiario del contrato un contratista que organizaría toda la empresa, sosteniendo a su propia costa sus propias factorías en aquellos lugares donde operase y subcontratando aquellos servicios que considerase necesarios para el desarrollo de su función.
En base al contrato, tanto el contratista como los subcontratados, cuya existencia debía estar en pleno conocimiento de la administración de la Corona, tenían potestad para enviar esclavos directamente de África a aquellos puntos de donde les fuesen solicitados, dependiendo de ellos mismos a la hora de realizar los viajes a los que les asignarían las defensas que considerasen oportunas sin  que ello comportase gasto alguno para la Corona.


Texto completo en el enlace: https://www.cesareojarabo.es/2018/10/las-licencias-en-el-trafico-de-esclavos.html

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