jueves, 10 de septiembre de 2020

Vida política en la España peninsular del siglo XIX (1)

El Título 1º, del libro 3.° de la Recopilación de las Indias, confirmando las leyes de 14 de Septiembre de 1519, dice que las Américas.



Siempre estarán y permanecerán unidas á nuestra Real Corona. Prometemos y damos nuestra fe y palabra Real por Nos y los reyes nuestros sucesores, de que para siempre jamás no serán enajenadas ni apartadas en todo ó en parte, ni sus ciudades ni poblaciones por ninguna causa ó razón, ó en favor de ninguna persona; y si Nos ó nuestros sucesores hiciéramos alguna donación ó enajenación contra lo susodicho, sea nula, y por tal la declaramos.

Estos derechos ya fueron mermados por las Cortes de Cádiz, que daban una representación poco acorde con la realidad y dejaban a la España Ultramarina infrarepresentada, agravándose la cuestión con la creación de un ministerio de Ultramar.
Luego con Fernando VII, y a su muerte en 1833 el Estatuto Real de 1834, así como la constitución de 1837 y sucesivas, vuelven a mermar esos derechos de la España Ultramarina, ordenando que la misma se rija por leyes especiales, que para mayor injuria, nunca llegaron a proclamarse, y que anulaban la tradición de la Monarquía Hispánica, que como señala Francisco Núñez del Arco

fue una, basada en realidades biológicas, políticas, históricas y espaciales, todo lo contrario al fetichismo constitucional de la Ilustración, basado en ilusiones de unos pocos exaltados. (Núñez 2016: 44)

Se daban pasos para hacer algo inaudito: convertir las provincias en colonias, algo que iba contra las leyes españolas pero que satisfacía los proyectos de los enemigos de España.
No es casualidad que los Rothschild piensen abrir su agencia  en Cuba en 1837, y que esta, igual que Puerto Rico y Filipinas, deje de ser una provincia española con representación en Cortes por la Constitución de 1837. Todo hace indicar que la medida es consecuencia de los tratados firmados por los liberales, por los que se dejaba en prenda a Cuba como garantía de la financiación recibida por los Rothschild durante la Primera Guerra Carlista. De ahí la necesidad de que las provincias ultramarinas españolas dejen de ser provincias y pierdan su representación en Cortes, ya que de otra forma su venta seria imposible.
Esa traición se gestó en sesión secreta de 16 de Enero de 1837, cuando se acordó la exclusión de los representantes nombrados por las provincias de Ultramar. Los diputados cubanos protestaron por la medida, alegando, entre otras cosas también auténticas, que la medida era injusta, basándose en las Leyes de Indias más arriba señaladas.

Porque desde la formación de las leyes de Indias, todas las posesiones americanas fueron declaradas parle integrante de la monarquía; y por lo mismo con derecho á ser representadas en los Congresos nacionales. (Pirala 1895: 785)

Sin embargo, algo debía cambiar algo tan esencial como las Leyes de Indias. Una semana antes de la sesión secreta, el 8 de Enero de 1837, el príncipe de Talleyrand recibió en París una invitación del señor Aguado, banquero español, pidiéndole una entrevista absolutamente privada, a la que no asistiría ningún testigo.

un enviado de la reina Cristina de España, estaba encargado de entablar negociaciones con Luis Felipe para cederle una parte importante de las posesiones españolas Esa misión fue confiada al señor Campuzano, conocido por sus talentos diplomáticos y muy amigo de la reina. Este gentilhombre aceptó la misión con pesar, porque le imponía tener que firmar un contrato que quitaba á la corona de España su más rico florón, la hermosa isla de Cuba, á la que debían añadirse Puerto-Rico y las Filipinas; hecho todo esto á cencerros tapados por la insistencia formal y persistente de la reina Cristina. La entrevista secreta solicitada por Aguado, no tenía otro objeto que la preparación de la segunda, que se celebraría entre Campuzano y el príncipe francés…/… la proposición hecha por la reina Cristina para vender por un tratado secreto la isla de Cuba á Francia, mediante la cantidad de TREINTA MILLONES DE REALES, y las islas Filipinas con Puerto-Rico por la cantidad de DIEZ MILLONES. (Pirala 1895: 804)

Finalmente, la transacción no se llevó a efecto, pero tendría como consecuencia un paso previo que posibilitaría la sucesión de acontecimientos posteriores: que las Cortes acabasen aplicando una ilegalidad: la exclusión de los representantes de Cuba y Filipinas.

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