Abolición del Tribunal de la Inquisición

Los conflictos que ponían en la picota al tribunal de la Inquisición parecen tener comienzo poco antes de la llegada de Felipe V. Ya en el reinado del último Austria los distintos consejos de estado se quejaban de los “abusos” que usaba la Inquisición sobre todos ellos. La Junta Magna se quejaba de que la jurisdicción de la Inquisición abarcaba todos los ámbitos, usando las prerrogativas que le habían sido concedidas por la Corona.

Los tiempos estaban cambiando, y el control espiritual llevado a cabo por la Inquisición empezaba a molestar. Tardarían un siglo en cambiar la voluntad popular, volviéndola contra la Institución que tanto habían favorecido en los dos últimos siglos. Lo que se debatía por parte de los reformadores era que la Inquisición desarrollaba sus funciones al margen del estado.

Actualmente todo el mundo “sabe” que la Inquisición actuaba al servicio del estado; a principios del siglo XVIII no estaba tan clara esa dependencia. 

La Junta Magna señalaba que si la Inquisición reconociese que la jurisdicción temporal que ejercía procedía de la potestad real, y usase de ella en la forma y con los límites con que le había sido concedida, ajustándose a los términos de las concordias generales y a los decretos regios sobre resolución de las competencias, los monarcas podrían mantenerles sin novedad en la jurisdicción concedida. (García-Hevia: 229)

El proyecto de reforma auspiciado por Melchor de Macanaz velaba por las prerrogativas nacionales frente a las de la Iglesia, y en cuanto al tribunal, señalaba que en causas que no fueran de fe debían actuar conforme actuaban los otros jueces, y los reos debían ser trasladados a cárceles reales. Esto iba contra los intereses de los procesados, que en no pocas ocasiones preferían serlo por la Inquisición. Otro aspecto que abarcaba la reforma era las competencias sobre personas relacionadas con el Santo Oficio, que también debían renunciar al privilegio de ser juzgados por el Tribunal de la Inquisición, debiendo recalar en la justicia ordinaria.

A lo largo del siglo XVIII fue planteada la necesidad de suprimir el Tribunal del Santo Oficio, y de hecho, durante este siglo no gozó de la gran aceptación popular que había tenido desde su creación; los puestos de familiares, que en otras épocas eran codiciados por muchos, en este siglo, si eran cubiertos, no era necesario limitar el número de los mismos ni crear listas de espera para componerlos, y por si esto fuese poco, durante más de un siglo se había relajado el secreto dentro de la institución, habiendo dado lugar a una retahíla de advertencias, recomendaciones y sanciones provocadas por la falta de cumplimiento en este aspecto. Tan es así que 

En el año 1797 el clima de desconcierto evidencia el decaimiento del sigilo, y roza casi el esperpento cuando, interrogado un sujeto sobre la posible comisión de un delito de revelación del secreto inquisitorial, afirma, respecto de tres personas, que "solamente les ha oído hablar sobre declaraciones y asuntos del Santo Oficio… A este cúmulo de contrariedades hay que añadir las derivadas de la falta de interés por acceder al servicio de la Inquisición como oficial. Lo escaso de los emolumentos a percibir por el desempeño de los cargos, así como la disminución de los privilegios adheridos al fuero inquisitorial son circunstancias que provocan serias dificultades para cubrir las vacantes.

En este sentido se manifiesta el Tribunal de Canarias, el 21 de julio de 1791, indicando que incluso ha tenido que llegar a obligar a algún sujeto a desempeñar encargos, lo que, unido a la falta de pericia técnica de los designados, conlleva la comisión de irregularidades en los procedimientos. (Galván)

La actividad principal se centraba en el control de los libros divulgativos del liberalismo, y de la masonería. Sin embargo, la llegada de los Borbones no significó gran cosa en lo tocante al declive del santo Instituto, siendo que desde el cambio de dinastía el año 1700 hasta 1746, año de la muerte de Felipe V, hubo 728 autos de fe, conociendo una gran disminución desde el reinado de Fernando VI. 

Ya en el siglo XIX  la Inquisición no era ni sombra de lo que había sido, por lo que no hubo ninguna alharaca cuando en 1808 Napoleón decretaba su supresión. Sin embargo serían necesarias varias supresiones para acabar definitivamente con la institución.

También las Cortes de Cádiz decretaron su supresión el 22 de febrero de 1813, cuando fue declarada incompatible con la constitución política de la monarquía, pero los debates habidos en el parlamento fueron intensos y llenos de erudición, y si bien acabaron declarando lo expresado, ni con mucho llegaron a aceptar nada de lo afirmado por la leyenda negra contra España. 

Es a posteriori cuando la anti-historia bruñida por la Ilustración anulará las mentes de los españoles, que acabarán creyendo las patrañas que utiliza para ocultar los propios vicios.

La abolición de la Inquisición por las Cortes de Cádiz se decidió de acuerdo con el espíritu del tiempo. Se podrá estar de acuerdo con quienes defendían la Inquisición, o se podrá estar de acuerdo con quienes acabaron imponiendo la supresión, entre los que, por supuesto, se encontraban los ilustrados, pero las Cortes de Cádiz, al menos nominalmente, no cayeron en la pura difamación con la que hoy se estigmatiza a la Inquisición.

El discurso político se desarrolló de acuerdo con los principios de legitimación del régimen liberal, una autoridad absoluta desconocida en España hasta el momento, que venía a sustituir el sistema tradicional español, en el que podríamos identificar a la Inquisición como la Constitución existente en la Edad Moderna en España, y ¿por qué no?, la Suprema podría coincidir con el Tribunal Constitucional.

La cuestión es que las cortes de Cádiz estaban cargadas de afrancesamiento e ilustración. Muy posiblemente el ciclo vital de la Inquisición había llegado a su fin, pero resulta cuando menos curioso que se suscitó un vivísimo debate en el que gravitaron por una parte los prejuicios abonados por la Ilustración, y por otro la opinión favorable de una parte muy importante del pueblo español cuya opinión, acertada o errada, acabó siendo desoída por el liberalismo rampante. 

Para el pueblo de Cádiz que se ha complacido de la misma determinación, está el reyno de Galicia, la Provincia de Cataluña, la de Murcia, los dos cabildos de Sevilla y Cádiz, que bien por lo claro han manifestado, quieren Inquisición. ¿Pues qué señales más ciertas de que esa es la voz, la intención y el deseo de la nación? No hablo de las demás provincias, porque con motivo de las hostilidades y ocupaciones del francés, no tuvieron libertad para obrar, y por sentado, que de la que manifestaron los cuerpos que hablaron, aún sabiendo no era ese el parecer de las Cortes, se infiere bien la disposición de aquellas, y de la mayor parte de la Nación. (Bartolomé: 12)

Pero no en vano se encontraba triunfante la masonería, que funcionaba a pleno rendimiento desde que en 1760 se organizó la Gran Logia española a la que muchas figuras de la Ilustración española como Aranda, Campomanes o Jovellanos. 

A partir de 1789 con el miedo a la Revolución francesa se desarrolló un activismo literario en el que convergían masones, ilustrados y jacobinos que acabó consolidando la institucionalización de las logias masónicas en España. 

Quedaba manifiesto que ser español era incompatible con ser liberal, masón o ilustrado. La lucha de la Inquisición, entonces, estaba encaminada a combatir esa herejía, pero la suerte de la Inquisición estaba echada. España estaba postrada ante sus enemigos tradicionales y sólo restaba destruir los elementos que la vertebraban para comenzar acto seguido a desmembrarla: Primero la disgregación del Imperio, y luego, la disgregación total. 

Al respecto, Vittorio Messori señala la contaminación masónica padecida por la élite criolla americana, de tal envergadura que llegó hasta el martirio de los católicos en México, por ejemplo, ocurrido en la primera del siglo XX. 

Messori sigue denunciando que:

Los libertadores, los jefes de la insurrección contra España fueron todos altos exponentes de las logias; por lo demás, en aquellas tierras se formó en la ideología francmasónica Giuseppe Garibaldi, destinado a convertirse en Gran Maestro de todas las masonerías. Un análisis de las banderas y los símbolos estatales de América latina permite comprobar la abundancia de estrellas de cinco puntas, triángulos, pirámides, escuadras y todos los elementos de la simbología de los «hermanos». La hostilidad de los criollos iba dirigida sobre todo contra la Iglesia, y en particular, contra las órdenes religiosas no sólo porque velaban para que se respetaran las leyes de Madrid que tutelaban a los indios sino también porque (incluso antes de Las Casas, la primera denuncia contra los conquistadores se hizo en el año 1511 en una iglesia con techo de paja de Santo Domingo y la pronunció el padre Antonio de Montesinos) siempre habían luchado para que dicha legislación fuese mejorada continuamente.

Los masones redactores de la Constitución de Cádiz se esmeraban en encontrar el concepto de libertad de la tradición de la monarquía hispánica e hincaba sus raíces en las Cortes medievales. Consecuencia de esas raíces fue la inacción de la Inquisición, ya que para los defensores del Santo Oficio, la libertad enarbolada como legitimadora del discurso político liberal no era incompatible con el concepto de legitimidad tradicional al que pertenecían no sólo las Cortes sino la Inquisición, pues ambas procedían de unos mismos dispositivos legales.

El predominio hegemónico de la mentalidad liberal-masónica ha ocultado la realidad que fue expuesta por los defensores del Tribunal del Santo Oficio en las Cortes de Cádiz, quienes denunciaban que tampoco la libertad política era privativa de unas Cortes deliberantes, pues estaba presente en la Historia de España a través de la consulta propia del régimen polisinodial y el deber de consejo o el derecho de  representación, que podía ejercer cualquier cuerpo político de la nación.

Pero el régimen polisinodial había sido el objetivo a eliminar durante todo el siglo XVIII, y ahora, triunfantes la Ilustración, el liberalismo y en definitiva todo lo que había sido combatido por la España Imperial, en 1809, en el discurso de apertura de la logia Los Amigos Fieles de Napoleón, de Barcelona, proclamaban su victoria sobre España, sobre la vida y sobre la libertad: 

Os estaba también reservado el iluminar con la luz de la razón a un pueblo esclavo de mentiras, ídolos de prejuicios y ciego por el fanatismo. Acabáis de poner las inquebrantables columnas de la filosofía sobre las ruinas del error y de la Inquisición… el masón se presenta como portavoz de la razón, y la sabiduría, la ilustración y el progreso en artes y ciencias, la tolerancia y la igualdad civil, la fraternidad y la beneficencia: “No temáis que nuestras tareas filantrópicas sean ya interrumpidas o perturbadas por el genio maléfico que tantos y tan graves daños ha causado a nuestra amada patria. Nuestro pensamiento es libre, como nuestras personas y propiedades. El brazo invencible del gran Napoleón derrotó el monstruo odioso, el abominable tribunal que con eterno oprobio de la razón humana, ha violado impunemente por tantos siglos el derecho sagrado del hombre. (Moreno: 42)

El proceso para la supresión del Santo Oficio culminó como tal, pero la idea inicial era la de reforma del mismo; la falta de fe, agotada con el Imperio, posibilitó la debacle, que no fue solo de la Inquisición, ni tan siquiera de España, sino de toda la Hispanidad, dejando con ello abiertas las puertas a los peores enemigos de la Humanidad que, durante siglos habían sido contenidos por la Infantería, la Armada y la Inquisición españolas. La idea de que la actividad censora del Santo Oficio sirvió como coadyuvante de una supuesta represión absolutista contra las libertades individuales, encontró su descalificación. Ello significa que, no sólo para los liberales, sino para los defensores del Santo Oficio es ilegítimo todo atentado contra estas libertades, mientras que es un bien supremo un concepto de libertad compartido. La abolición o reforma del Santo Oficio no se explica, por tanto, por razón de libertad, siendo que las Cortes de Cádiz dejaron muy claro que los derechos individuales que supuestamente venían a defender los liberales, estaban garantizados, hacía siglos en España, entre otras instituciones, por la Inquisición.

Un asunto que siempre argumentaron los liberales contra la Inquisición era el secreto, que según ellos era el paradigma de la arbitrariedad, atentado contra la libertad del individuo y  prueba de irregularidad procesal, ante lo cual, los defensores del Santo Oficio alegaron que este mismo secreto podía acreditarse en función de una legalidad constitucional apoyada en las Cortes, ya que las mismas Cortes lo habían contemplado antiguamente en su normativa.

En defensa de los argumentos de los defensores del Santo Oficio debemos señalar que ese secreto no era otra cosa que la incomunicación de los presos que, hasta bien mediado el siglo XX era medida común en todas las policías, y aún hoy sigue siéndolo en algunas. En ningún caso la cárcel secreta de la Inquisición fue permanente, sino utilizada en determinados casos, con determinadas condiciones y en periodos de tiempo limitados.

Pero no eran sólo esos los términos aducidos. En la Cortes no se llegó a exponer toda la leyenda negra que sobre la Inquisición hoy inunda el mundo, pero pusieron las primeras piedras. Algunos argumentos eran ciertos, pero quedaban expuestos de manera no aclarativa, sino ocultista, y aunque no profundizaban en la falacia, apuntaban en ella. Así, el Conde de Toreno, el día 11 de Enero de 1813, afirmaba en Cortes que en 1780 fue quemada en Sevilla una bruja. Investigando sobre el asunto, nos encontramos con que, efectivamente, hubo un proceso inquisitorial (AHN. Legajo 3681 N 3. Relación de causas año 1650), en el que, en la sentencia, la bruja fue:

reprendida severamente en el cuarto del Inquisidor más antiguo, y se le mando guardase reclusión por un mes sin salir más que a misa. (Mayorga)

Con los años, y con la manipulación y el engaño liberal-ilustrado, el Santo Oficio ha sido ilegitimado ante todos los españoles de ambos hemisferios; sin embargo en las Cortes de Cádiz tenían muy claro que el Santo Oficio podía ser reformado o extinguido, pero no ilegitimado. Su ilegitimidad llevaba a la negación de la constitución antigua, lo cual era un contrasentido, pues esa legitimidad era reclamada por las propias Cortes de Cádiz como base legal de la nación. 

El debate de las Cortes fue tenaz, y en él se combatió por la España tradicional, que fue vencida por la Ilustración, meretriz de los regímenes europeos que acabarían eliminando el ser y la esencia de España, y que arteramente identificaban antiguo régimen con monarquía absoluta. Los defensores de España, y de la Inquisición, señalaron que existe una práctica política que se apoyaba en un tipo de libertad política que se reflejaba en el régimen polisinodial que caracterizó la gobernación de España desde los Reyes Católicos hasta Carlos II. 

Ideológica, cultural, filosófica e históricamente, los defensores de España dieron un baño a los ilustrados que acabarían imponiendo su incompetencia. Pero ¿por qué sucedió tal cosa?

Parece evidente que el campo de batalla que rodeaba las Cortes de Cádiz no dilucidaba lo que se debatía en las Cortes de Cádiz. En éstas se discutía el ser y la esencia de España, mientras en el campo de batalla se dilucidaba quién iba a asesinar a España. Por un lado, los franceses, y por otro… ¿los españoles?... los españoles luchando por su independencia, sí, pero dependiendo de aquellos que les había vendido de antemano al tirano inglés, al tirano liberal, al tirano ilustrado. La batalla estaba perdida de antemano. Si con la Inquisición y con España no acababa Francia, sería Inglaterra quién acabase.

El combate, así, tenía dos frentes; por una parte el militar; por otra el legal. En el primero los enemigos de España estaban divididos; en el segundo estaban unidos. La libertad y la independencia de España estaban sentenciadas, y para ello debían acabar con la Inquisición, porque la justicia inquisitorial, de acuerdo con los principios de la libertad evangélica, entendida como una libertad capaz de contravenir las decisiones del rey, no era actora de un disciplinamiento constitutivo de una obligación política que no admitía la desobediencia, al contrario, era expresión de una libertad de contravención que negaba por principio dicho disciplinamiento. 

Esos principios eran presentados por quienes defendían la Inquisición, porque, al tratar el concepto de “absoluto”, quedaba manifiesto que era más propio del nuevo sistema que del antiguo, ya que su voluntad adquiría el carácter de absoluta, algo que  ninguna otra autoridad había adquirido en el antiguo régimen.

El Congreso, al erigirse en soberano y no admitir más voluntad política que la suya erigida en cuerpos políticos del reino, se erigía en absoluto y tirano, adquiriendo como representante de la nación aquella condición que ningún monarca español tuvo jamás. 

La conciencia, la deliberación, el consejo, la consulta, la representación, es decir, la voluntad política del súbdito ejercida de forma dividida, dejaban de ser facultad de consejos, ciudades, juntas o cabildos, para pasar a ser conceptuado como subversivo y como traición a la patria, pues sólo al Congreso le correspondía ahora el ejercicio de la voluntad política.

Dura e inteligente crítica al sistema liberal y al parlamentarismo, pero que de nada serviría. El pueblo español, de manera inconsciente estaba luchando en los campos de batalla, al mismo tiempo, para combatir y para imponer lo que combatía esa crítica. Triste destino. Todo estaba sentenciado a pesar de que las irregularidades eran denunciadas, entre otros por  Jaime Cabruja, que no dudaba en señalar que los mismos principios consagrados por la constitución eran incumplidos por los tribunales ordinarios.

Daba igual, no era ese el problema: Noventa votos contra sesenta sentencian la incompatibilidad del Santo Oficio con la Constitución. 

El decreto de las Cortes de 22 de febrero de 1813, abolía la Inquisición disponía en el artículo 2 del capítulo I que el Tribunal de la Inquisición era incompatible con la Constitución.

Para rematar la jugada, el 21 de Julio de 1814, Fernando VII, con la colaboración de los 100.000 hijos de San Luis, reinstaura el tribunal, siendo suprimido definitivamente el 9 de Marzo de 1820, confirmado finalmente por decreto de 15 de Julio de 1834.

 Y eso fue posible porque el mismo Fernando VII, en la Década Ominosa (1823-1833), no sólo restableció formalmente la Inquisición, sino que le dio un marchamo conforme a las ideas ilustradas, en base al cual el maestro de escuela Cayetano Ripoll resultaría ejecutado en Valencia el 26 de julio de 1826. En 1834, en la minoridad de Isabel II, fue definitivamente abolido.

A partir de ahí, la rebelión de los enanos; la proliferación de la patraña, que como Joaquín del Castillo y Magote afirmaba que

á hombres, mu¬geres, pobres y ricos, sabios é ignorantes, inocentes y culpados, justos y pecadores.... á todas las clases del estado ha espantado este tribunal con el terror de su poder… Este era tribunal de la inquisicion, aquel tribunal que de nadie dependia en sus procedimientos, sin otro soberano que unas leyes dictadas por un inquisidor general, en las que se condenaba á penas temporales. (Castillo: 13)

Por su parte, Fray José de San Bartolomé señala los tres enemigos de la Inquisición y de España: 

Los herejes y libertinos… los extranjeros, que émulos siempre de las glorias españolas, tratan de apocarlas y obscurecerlas con censuras ridículas y apodos burlescos. Los últimos son los mismos españoles, que tocados yá á la francesa, ya á la diabólica, apenas hallan en la nación cosa digna de aprecio, al paso que todo lo extranjero les entusiasma y arrebata. (San Barlomé: 30)

El 9 de mayo de 1812, el periódico “El Conciso” denunciaba que, para desacreditar la lucha nacional, los franceses hicieron público un comentario aparecido en el rotativo inglés Statesman en el que se señalaba  que las Cortes “han llegado hasta ponerse a deliberar seriamente si convendría conservar el horrible y abominable tribunal de la Inquisición; prueba clara de que, por más que digan, son el juguete del clero”. 

Evidentemente se trataba de un  medio de presión ejercido por el invasor británico, de donde se deducía  que quien defendiese el Santo Oficio apoyaba los intereses franceses al debilitar la alianza con los británicos. 

Por su parte, “El Censor general” del día 10 de mayo de 1812 defendía la compatibilidad del Santo Oficio con la constitución y llegaba a declararlo imprescindible  para la observancia del texto constitucional:

por lo mismo que por su oficio debe velar en la pureza de nuestra fe, y en que se conserve la unidad de la religión, artículo de la Constitución, que es el primero en el orden.

Y “El Conciso” arremetía el 12 de mayo señalando que algunos partidarios de la Inquisición defendían intereses franceses y que la Constitución bastaba para proveer “los fundamentos y apoyo de su felicidad temporal y espiritual, sin necesidad de Inquisición”, pues “Constitución e Inquisición… Contradicción”.

La contaminación generada por la prensa estuvo presente de forma duradera, pero en estos momentos se hacía sentir de manera especial cuando el 11 de mayo de 1812 comentaba “El Conciso” en su última página desmentía maliciosamente que:

Varios generales que se hallan en Cádiz han firmado una representación para pedir a las Cortes el restablecimiento del anti-cristiano, anti-social y anti-político tribunal de la Inquisición… Creer que unos militares ilustrados quieran ahora marchitar sus laureles con solicitar que se restablezca el tribunal de la tiranía es hacerles un agravio. Lo que a mí más me molesta es que estas falsedades luego se publican en países extranjeros, y de allí toman pie nuestros enemigos para hablar pestes de nosotros.

El enfrentamiento era manifiesto; el obispo de Mallorca defendía el “pronto restablecimiento de la Suprema, y otros tibios defendían el Tribunal, pero “hasta que en el Concilio nacional se determinase lo más conveniente”. 

Por su parte, Diego Muñoz Torrero, sacerdote, liberal y diputado en cortes planteó que los obispos de las provincias ocupadas por Inglaterra tuviesen voz, lo que fue aprovechado por el obispo de Calahorra para defender el Santo Oficio, y Frente a ello, Agustín Argüelles pidió  “aunque fuese un año… para estudiar estas cosas tan oscuras de Inquisición”, y a partir de aquí se generó un arduo debate en las Cortes mientras algunos sectores iniciaron una recogida de firmas en defensa del Tribunal mientras la prensa liberal iniciaba una campaña contra ellos.

Con este ambiente, la Comisión de Constitución trabajó en su dictamen sobre la posible incompatibilidad entre el texto constitucional y el Santo Oficio, y el 4 de junio una votación aprobó la incompatibilidad por una exigua mayoría minoritaria.

Por su parte, “El Conciso” publicaba el domingo 7 de junio una los a los ingleses adobada con el siguiente ripio: 

¿Para qué, valiente Mina derrotas tantos franceses? ¿Para qué, heroicos ingleses, sois de la Francia ruina? ¿Para qué el sabio examina la justicia y la razón? ¿Para qué, ¡oh Constitución! libres quieres conservarnos? ¿Por ventura es para darnos otra vez la Inquisición?

Por su parte, el Diario de Mallorca de 29-6-1812 acusaba de afrancesados a los detractores del Santo Oficio, pues

Cuando Napoleón atacó nuestra libertad entró diciendo que nuestra monarquía era vieja y quería hacernos el favor de regenerarnos; vienen ahora los liberales a atacar la religión y dicen: vuestra religión es rancia y es preciso dar por el pie a esas instituciones antiguas. ¿Quién de los dos renegadores es más nocivo? Ambos son iguales, porque conspiran a un mismo objeto; a no ser que digamos que no son dos, sino uno solo, que se vale de diferentes manos. Napoleón tiene agentes en todas las cortes, ¿no los tendrá en Cádiz?

El liberalismo volcó todos sus esfuerzos en un ataque final contra el Tribunal, y “La Abeja española” decía: 

No quieren que haya libertad de imprenta, porque con ella se descubren los crímenes y los criminales; quieren que haya Inquisición, porque habiéndola ninguno será osado a decir la verdad, temeroso de caer en sus horrendos calabozos, prontos a tragarse a los que detestan a los déspotas y tiranos; llaman herejes a los que tratan de ilustrarte, porque no quieren que veas la luz y conozcas tus derechos, pues entonces, el bienestar de muchos que viven en opulencia a costa del pueblo, cesaría para siempre.

Con este clima, las Cortes de Cádiz abordaban el 8 de diciembre de 1812 el debate sobre el Santo Oficio, y el día siguiente los periódicos reproducen las discusiones, resultando curiosa la discrepancia entre lo recogido por los medios, y la existente entre éstos y la edición oficial de los Diarios de Sesiones.

En absoluto era la desaparición del Tribunal una aspiración popular. Cierto que mayoritariamente la prensa abonó la misma, pero esa no era la voluntad popular, manifestada reiteradamente; así, el ayuntamiento de Oviedo reclamaba su restablecimiento.

Pero finalmente, el 22 de enero de 1813 noventa diputados aprobaron que el tribunal de la Inquisición era incompatible con la Constitución, frente a otros sesenta que sostenían lo contrario.

La medida, lógicamente fue aplaudida desde Londres, donde a primeros de febrero, el rotativo británico El Español informaba del final del Santo Oficio sentenciaba que 

Las Cortes han dado uno de los pasos más nobles y gloriosos que en la actual situación de España podían apetecerse. La Europa entera las aplaude, y la posteridad… para empezar a moverse hacia el puesto que debía ocupar, hace tiempo, en la escala moral de las naciones.

Y “El Conciso” del 4 de febrero y “El Procurador General de la Nación y del Rey” del 12 de febrero. Publicaron el siguiente soneto:

Yace aquí, para siempre, caminantes, 

la negra Inquisición, con que inclementes 

quemaron a millones de inocentes 

millones de inhumanos manducantes. 

La que a déspotas viles e intrigantes 

sirvió sumisa; la que a mil prudentes 

hizo temer; la que quemó creyentes 

e hizo temblar a sabios y a ignorantes. 

Los políticos reyes la sufrieron, 

los pueblos menos bárbaros la odiaron, 

los serviles más necios la aclamaron, 

los sabios con razón la aborrecieron 

y aquí los liberales la enterraron.

Finalmente, un Decreto de 22 de febrero de 1813 declaraba que la Inquisición no era compatible con la Constitución, y se ordenó su lectura pública en los templos; orden que fue desoída en muchos lugares.

BIBLIOGRAFÍA:

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Castillo y Magote, Joaquín del. El Tribunal de la Inquisición llamado de la Fe o del Santo Oficio. http://books.google.es/books/about/El_Tribunal_de_la_Inquisicion_llamado_de.html?id=F3xVAAAAYAAJ&redir_esc=y

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Messori, Vittorio. España, la Inquisición y la Leyenda Negra.

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(B.N., Mss., 7.130, ff 110 y-111 r). http://revistas.ucm.es/index.php/RVIN/article/view/RVIN9696110187A/1649