Vamos a hablar de 1808, pero todo momento tiene su referencia.
La primera, la Reconquista, que conoció un desarrollo de la legislación que daba a las poblaciones unas libertades y unos derechos propios plasmados en unos fueros que debían ser jurados por el rey.
La segunda, el declive del siglo XVII, cuando España comenzó a conocer las derrotas; la energía de la casa de Habsburgo había decaído y los validos intentaban suplir las necesidades sin conseguirlo, con lo que llegaban las paces humillantes de Westfalia, de Munster y de los Pirineos.
Con el Tratado de Nimega de 1678 España perdía el control del Franco Condado y de varias ciudades en Flandes.
En 1697, el cardenal Portocarrero, arzobispo de Toledo, animaba a Carlos II a dictar su primer testamento mientras los sempiternos enemigos de España se repartían el pastel y en 1700 firmaban el Tratado de Partición de Londres, en el que se reconocía como heredero al Archiduque Carlos y se repartían España entre Francia e Inglaterra.
El nombramiento de heredero se hacía perentorio, y a punto de morir, el tres de octubre de 1700, Carlos II dictó testamento a favor del duque de Anjou, recayendo la responsabilidad de gobernar entre tanto en el cardenal Portocarrero.
Hubo quien, en el Consejo de Estado, propuso la convocatoria de Cortes para tratar de la sucesión de Carlos II, pero esto no era del agrado de la mayoría, que consideraba la cuestión como de una herencia particular, y entonces fue cuando el conde de Frigiliana exclamó lleno de indignación: hoy habéis destruido la monarquía.
Carlos II moriría el 1 de noviembre de 1700, y subió al trono la dinastía Borbón en la persona de Felipe V, que sería gobernado por su abuelo, Luis XIV de Francia, que no tardó en eliminar las Cortes y condenar los consejos reales a función decorativa, dando lugar a la creación de ministerios.
Al fin, el absolutismo se asentaba en España con el beneplácito de propios y extraños, siendo reconocido por todas las potencias europeas, incluidas Inglaterra y Holanda, menos por el emperador Leopoldo y sus allegados, quienes proclamaron que Carlos II no estaba en posesión de sus condiciones mentales cuando nombró sucesor.
Finalmente, la función que contraviniendo la ley y la tradición fue sustraída a las Cortes, acabaría siendo llevada a cabo por las armas ya que, si Luis XIV de Francia podía presentar sus derechos hereditarios a la corona, también el emperador Leopoldo I presentaba los mismos derechos, dado que uno y otro estaban casados con infantas españolas hijas de Felipe IV, por lo que fue impugnado el testamento de Carlos II.
Pero tal reclamación por parte de Leopoldo no fue llevada a cabo inmediatamente sino el 15 de mayo de 1702, un año largo después de haber sido coronado Felipe V, tras haber sido jurado por los distintos reinos.
Si llama la atención el cambio de postura de Luis XIV de Francia, que pasó de disputar el reparto de España a hacerse con la corona en solitario, llama la atención la tardanza en la reacción de sus antiguos socios al verse traicionados y sin presa.
Pero en ese periodo había conseguido que la sumisión inicial se hubiese roto, pasando a crecer los partidarios de Archiduque Carlos como consecuencia de haber incumplido los pactos que le permitieron colocar como títere de sus proyectos a su nieto Felipe.
Hasta el mismo cardenal Portocarrero, que acabó dimitiendo de su cargo en el Consejo de Despacho, equiparable al de Primer ministro, se enfrentó a Felipe V en respuesta al sometimiento de la Corona a los intereses de Francia.
Sometimiento que resultaba de una evidencia absoluta, siendo que las instrucciones que emitía Luis XIV eran determinantes, y entre ellas podemos señalar como ejemplo hasta dónde llegaba su intervención en el gobierno cuando ordenaba a Felipe V:
el embajador de Francia ha de ser ministro de Su Majestad Católica, y es preciso que, sin tener el título, ejerza las funciones, ayudando al rey de España a conocer el estado de sus negocios y a gobernar por sí mismo.
Luego llegarían los decretos de Nueva Planta, cuya aplicación, inicialmente fue estudiada como desarrollo pacífico de la nueva monarquía.
Su autoría espiritual corresponde a Melchor de Macanaz y a Francisco de Ronquillo que empezaron a estudiarlos el año 1701, al acceder Felipe V al trono, y sin mediar ningún conflicto bélico. No son así, un castigo a los vencidos, sino un proyecto previo entendido como innovador que, sin embargo, el absolutismo Borbón presentó como una imposición y como un castigo.
En el curso de la guerra de sucesión, los Países Bajos españoles fueron escenario en que los aliados infligieron severas derrotas a los franceses en 1708, ante lo que Luis XIV buscó la paz, a la que los holandeses sólo accedían si separaban los reinos europeos que formaban parte de la corona española.
Entre tanto, los moros, con auxilio de ingleses, alemanes y holandeses, y con complacencia francesa, tomaron Orán en 1708. Y los ingleses se hicieron también con Gibraltar y con Menorca.
Acabada la Guerra de Sucesión con las pérdidas señaladas y con la apertura de las puertas a la acción de Inglaterra, se conocerían, no obstante, hasta cinco grandes enfrentamientos militares con Inglaterra a lo largo del siglo XVIII.
Zenón de Somodevilla y Bengoechea, personaje que en 1731 participó en la organización de la escuadra que reconquistó Orán, que fue nombrado marqués de la Ensenada y comisario coordinador de la Marina y el Ejército, organizó la escuadra española destinada a reconquistar Nápoles para el príncipe Carlos (el futuro Carlos III).
Gran estratega, fue responsable de las nuevas ordenanzas militares, del fortalecimiento de la hacienda pública y del poder real, lo que inevitablemente le acarreó la enemistad de Inglaterra y de los miembros anglófilos de los altos cargos del estado, cuyas intrigas, finalmente, acabarían acarreándole el destierro acusado de infidelidad con motivo de la guerra guaranítica, que tuvo lugar entre 1752 y 1756 y al haber sido acusado de gestar una guerra contra Inglaterra.
La guerra guaranítica, acaecida en el Amazonas, fue ocasionada como consecuencia que Inglaterra estaba interesada en adentrarse en el continente americano, algo que España no podía permitir, por lo que Inglaterra manejó los hilos a través de Portugal, reino que para 1680 ya estaba en su órbita tras haber conseguido romper la unidad ibérica.
Un tratado político, el de Madrid de 13 de enero de 1750, significó una nueva humillación para España que además comportó un genocidio en el pueblo guaraní. Fue firmado por las coronas de España y Portugal, sí… y también fue firmado por el embajador británico Benjamín Keene, muestra de que el mismo no era sino un enjuague más de Inglaterra a costa de España. Y España pagó 100,000 libras a la South Sea Company por los perjuicios que supuestamente sufría por la supuesta pérdida de control sobre la Colonia de Sacramento.
Y todo con la anuencia de Fernando VI que, al alimón con miembros del gobierno abiertamente anglófilos, como Ricardo Wall, acabó forzando la firma del Tratado por el cual España, a cambio de Colonia de Sacramento cedía 500.000 kilómetros cuadrados de territorio en la ribera del río Marañón así como el Matogroso, y el territorio existente entre éste y Brasil.
Pero esa actuación no sólo comportó la mutilación de España. La actuación fue fiel reflejo de la actuación británica que acabaría sumiendo en la esclavitud al pueblo guaraní, que se había caracterizado por su fidelidad a la Corona, y la corona acabó abandonando y combatiendo.
El ejército combinado hispano portugués, organizado al servicio de los intereses británicos llevó a cabo una terrible matanza que ascendió a 1.311 súbditos de la corona hispánica, cristianos que sucumbieron blandiendo sus pendones y crucifijos.
El gobierno de Fernando VI de Borbón, no sólo mutiló los reinos; no sólo mandó a la esclavitud a sus súbditos, sino que además los combatió en una guerra cuyo objetivo no era otro que obligarlos a que aceptasen la pérdida de su ciudadanía hispánica para que pudiesen ser objeto de esclavitud británica.
Y tras la guerra guaranítica, la expulsión de los jesuitas significó la expulsión de la práctica totalidad de los educadores, lo que comportó la desalfabetización de la población que, si mediado el siglo XVIII estaba en torno al 50% de la población, a comienzos del siglo XIX había ascendido hasta el 80%. ¿Qué había pasado por medio? Muchas cosas; entre ellas, la Ilustración, aliada y difusora del absolutismo.
Pero curiosamente, en el siglo XIX serán los herederos del despotismo ilustrado quienes acuñarán el término absolutista dirigido contra el movimiento tradicionalista, y acusando de la situación al “Antiguo Régimen”, pero da la casualidad que en 1808, el “Antiguo Régimen” era el régimen absolutista Borbón, Ilustrado y nacientemente liberal.
Tras un siglo de actividad proactiva en el desmontaje de su cultura en todos los ámbitos, España abordaba el siglo XIX sometida al imperio de los dictados provenientes justamente de sus históricos enemigos: Francia e Inglaterra, bajo cuyo amparo fue impuesto en España el espíritu de la Ilustración, que acabó significando el colapso definitivo de España como nación libre e independiente.
Tras la revolución francesa tuvo lugar la Guerra de la Convención, que concluyó en 1795 con la paz de Basilea entre España y la República Francesa. Una nueva humillación en la que España cedía a Francia la mitad de la Isla de Santo Domingo, a consecuencia de lo cual, Manuel Godoy, ministro de estado de Carlos IV, fue titulado Principe de la Paz.
Y a esta paz siguió en 1796 el Tratado se San Ildefonso, por el cual España quedaba supeditada a Francia en el enfrentamiento que ésta estaba manteniendo con Inglaterra, eterno enemigo de España.
España debía dedicar su armada, su ejército y su dinero en apoyo de las campañas militares iniciadas por Francia.
Esta situación llevó a la guerra con Inglaterra; algo que, si es natural para España, no era atendido como una posición de España, sino como un acto de sumisión de España a Francia, que tuvo reflejo en el Tratado de Aranjuez firmado el 13 de febrero de 1801, por el cual los ejércitos y la marina de España quedaban sometidos a la voluntad francesa, en junto con el estado vasallo francés de Batavia en los Países Bajos cuya existencia como estado se verificó entre 1795 y 1806.
En cumplimiento de ese sometimiento, España envió una división a la Toscana, al reino de Etruria, cuyos reyes eran Luis de Parma y María Luisa de Borbón, hija de Carlos IV, y en esa situación, Francia se enfrentó a Inglaterra el 21 de octubre de 1805, tuvo lugar la batalla de Trafalgar, con España sometida al arbitrio francés, que conllevó la destrucción de la flota.
Godoy jugaba a la política internacional con el resultado de los enfrentamientos internacionales. En el desarrollo de ese juego, por intermediación de Eugenio Izquierdo que había sido nombrado por Godoy embajador extraordinario, el mes de mayo aportaba 24 millones de francos que Francia había reclamado en apoyo de la causa napoleónica.
Este óbolo comportó que Napoleón anunciase a Godoy su voluntad de tomar Portugal, a consecuencia de lo cual crearía el reino de los Algarbes, cuyo regimiento estaba decidido fuese encargado al mismo Godoy.
Pero un mes después de ese anuncio, Godoy cambiaba su postura y se planteaba formar parte de la conocida como cuarta coalición europea que, enfrentada a Francia y encabezada por Inglaterra, árbitro de la piratería, se estaba organizando en toda Europa con la participación de Prusia y Rusia.
Para participar a coalición entró en negociación con Inglaterra, para lo que dispuso el envío a Londres de una legación encabezada por Agustín Argüelles, al tiempo que el 6 de octubre de 1806, un mes después de la oferta de Napoleón, lanzaba una proclama que, firmada exclusivamente por él, convocaba el alistamiento de 50.000 hombres para defenderse de un enemigo que no era nombrado. Con esa artimaña ganaba tiempo sin indicar si el enemigo era Francia o era Inglaterra.
Con esas expectativas, mantuvo la neutralidad de España en la confianza de que Federico Guillemo III de Prusia obtuviese una victoria militar, pero la batalla de Jena del 14 de octubre de 1806 tuvo como resultado el refuerzo de posiciones de Napoleón, con lo que quedaban truncadas todas las expectativas de Godoy, que estaba en tratos con Inglaterra mientras ésta estaba intentando invadir el Río de la Plata.
La situación se complicaría de inmediato cuando entre la correspondencia mantenida por Federico Guillermo III con Godoy, encontró Napoleón una carta de Carlos IV en la que anunciaba el inicio inminente de la guerra contra Napoleón. Quedaba así descubierta la doble actuación del valido, lo que motivó la siguiente actuación de Napoleón.
Godoy reconoce en sus memorias que la alianza con Prusia, Rusia, Suecia, Inglaterra y Austria, era uno de sus principales objetivos, y que por tal motivo era señalado como culpable de que no se llevase a cabo el pretendido matrimonio del príncipe Fernando con una princesa del entorno de Napoleón, y al tiempo presentaba al mismo Napoleón una idea en la que aparecía como su perfecto aliado, diciendo que su correspondencia con Federico Guillermo se había producido en servicio de los intereses de Francia.
Este hecho podría ser el inicio del desprecio que Napoleón sentía por Godoy y por la familia Borbón, así como el inicio del juego de intrigas que se nutriría de permanentes humillaciones y culminaría con las abdicaciones de Bayona.
Napoleón comenzó tomando posiciones, iniciando un manifiesto debilitamiento del ejército español para lo que, en abril de 1807, y perfeccionando el Tratado de Aranjuez de 1801, reclamó de España un ejército que, comandado por el marqués de la Romana y denominado la División del Norte, sería destinado a Dinamarca con la responsabilidad de defender las embocaduras de los ríos Ems, Weser y Elba.
Con esta acción Francia cumplía el doble objetivo de dejar desguarnecida España y de hacer cumplir el bloqueo marítimo continental decretado por Napoleón contra Inglaterra.
La expedición estaba compuesta por 10.743 hombres, lo que en el conjunto del ejército español equivalía al 11,5% de sus infantes; el 24% de sus jinetes y el 36,5% de sus monturas, que consiguientemente no se encontrarían presentes en los campos de operaciones españoles cuando se produjese la invasión francesa.
Daba comienzo el juego de humillaciones que conocería momentos clave, entre los que destaca el 27 de octubre de 1807 con la firma del tratado de Fontainebleau, cuyo objetivo inmediato era la toma de Portugal y de la Toscana y su objetivo oculto la toma de España.
Para la consecución de ese objetivo no dudaba Napoleón en hacer creer a Carlos IV que la acción planteada sobre Portugal lo era en beneficio del mismo Carlos IV y del Príncipe de la Paz.
Pero el tratado era puro trámite, y el artículo VII de la convención secreta era puro sarcasmo, porque siendo que el Tratado era firmado el día 27 de octubre, nueve días antes, el 18, había cruzado el Bidasoa la primera división francesa al mando del general Junot, que tomó Burgos, Valladolid y Salamanca entre aclamaciones populares.
El mismo día 27 de octubre de 1807 en que era firmado el Tratado de Fontainebleau, en El Escorial quedaba al descubierto la conspiración de Fernando para acabar con la vida de los miembros de la santísima Trinidad, y el día 28, mientras las tropas francesas avanzaban por España, Godoy ordenaba el arresto del Príncipe de Asturias, al tiempo que escribía a su embajador especial en Francia, Eugenio Izquierdo, señalando a Juan Escoiquiz como autor material de la conspiración.
Fernando se mostró humillado, intentó ocultar lo que conocía, pero finalmente citó uno a uno a sus cómplices, a quienes inculpó de todo; los declaró instigadores de la conjura y denunció que hacía más de cuatro años que se había resistido a sus incitaciones; remarcaba que los únicos culpables de aquella situación eran ellos, pero que el embajador francés era inocente de todo, que le daba amparo y que el emperador estaba dispuesto a enviar sus tropas para sostenerle si se encontraba amenazado.
En esa situación, el gobierno, la monarquía y el pueblo español abrían las puertas de manera confiada y amistosa al general Pierre Dupont que, acompañado de 25.000 soldados, llegaba a Vitoria el 26 de diciembre de 1807. El 7 de enero de 1808 estaba en Valladolid, mientras 32.000 hombres, comandados por el mariscal Jeannot de Moncey se acantonaban entre Vitoria y Burgos, y con él entraban 25.000 soldados de infantería y 2.700 de caballería, al tiempo que por la Junquera entraba el general Duhesme, acompañado de una tropa de 12.000 hombres.
Y todo en medio de una fiesta donde la gente se congregaba para ver transcurrir el desfile de las tropas francesas.
En febrero de 1808 España llevaba tres meses bajo control del ejército francés, y en este momento Murat, duque de Berg, fue nombrado lugarteniente de Napoleón en España.
En esa situación, y mientras Godoy, animado por la diplomacia francesa planeaba la huida a América de la familia real, tuvo lugar el motín de Aranjuez, que perseguía la destitución de Godoy y la abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando, en el que misteriosamente trasladaba la confianza que hasta el momento tenía depositada en las tropas francesas.
Era la culminación de un prolongado proceso de descomposición de la casa real que tiene su primera explosión en 1807, cuando es descubierto el conocido como Complot de El Escorial o Conspiración de El Escorial, donde la familia real se encontraba en un momento que era sentido como crucial por quienes estaban al tanto de los acontecimientos.
El 26 de septiembre de 1807, el príncipe de Asturias, sin haber comentado nada a Carlos IV, pedía a Napoleón que eligiese una esposa para él, que por su parte se comprometía a hacer todo lo que quisiera Napoleón, y se negaba a aceptar esposa que no fuese propuesta por él. La existencia de esta carta fue reiteradamente negada por Napoleón durante un tiempo.
Las comunicaciones existentes entre el embajador francés y el príncipe Fernando fueron finalmente descubiertas durante la estancia de la familia real en el Escorial, lo que dio su nombre a la conspiración, cuyo eje principal sería la carta del príncipe de Asturias a Napoleón fechada el 11 de octubre de 1807 en la que le pedía esposa.
Paralelamente, y siguiendo el plan marcado por Napoleón de cara a precipitar el autoexilio de la familia real, Murat marchaba con su ejército en dirección a Madrid mientras Dupont, marchaba a ocupar Segovia y el Escorial, pero Fernando lo aprovecho para conseguir su objetivo de coronarse rey, convencido como estaba que esa era la función que estaban llevando a cabo los ejércitos franceses, a tenor de las conversaciones tenidas con el embajador francés.
El día 17 de marzo una muchedumbre se encaminó hacia el palacio Real y hacia el palacio de Godoy. El principal muñidor de la marcha no era otro que Eugenio Palafox, conde de Montijo, por otro nombre conocido como tío Perico, que era destacado miembro de la masonería.
La consigna que movilizaba a las turbas era: Viva el Rey, y venga a tierra la cabeza de Godoy. Todos eran conocedores del plan de huida de la casa real, y se corrió la voz que el momento de partida sería la media noche, lo que provocó concentraciones permanentes.
El día 18 la multitud asaltó el palacio de Godoy, destrozando y quemando todo lo que encontraba a su paso.
Impelido por la sed, finalmente salió Godoy de su escondite el día 19, y Carlos IV abdicaba en favor de su hijo Fernando.
Al haberse trastocado todo lo dispuesto por Napoleón, el mariscal Murat, que se había convertido en valedor de Fernando y en campeón del pueblo, y al mando del ejército francés se dirigía hacia la capital, donde esperaba ser recibido como libertador, cambió radicalmente las formas y pasó a enfrentarse con quién hasta el momento había sido su protegido.
El 21 de marzo el mariscal Murat tomaba Madrid en plena impunidad mientras Fernando VII era aclamado por las multitudes como gran caudillo.
Y cuando las tropas francesas estaban perfectamente acantonadas, se desdecía Carlos IV de su abdicación, después que Fernando VII fuese reconocido rey por todos los estados europeos menos por Francia.
Ante esa situación, Fernando marchó primero a Burgos y luego a Vitoria, a esperar la anunciada visita de Napoleón, y el 14 de abril, desoyendo los consejos, partió hacia Bayona, donde llegó el día 20.
Entre tanto, Murat comunicaba a la Junta de Gobierno que Napoleón no reconocía a Fernando como rey, y al amparo de este comunicado y de la protesta del 21 de marzo, Carlos IV reclamó la corona el 20 de abril al tiempo que suplicaba a Murat le permitiese desplazarse a Bayona para, junto a su esposa María Luisa, pedir el apoyo de Napoleón.
En Madrid el infante don Antonio quedaba como presidente de la Junta de Gobierno, y al tiempo, el capitán Pedro Velarde comunica el plan de levantamiento a Gonzalo O’Farrill, quién comunicó el proyecto a Murat, lo que ocasionó el cambio de destino de los oficiales de artillería, al tiempo que en el Parque de Monteleón eran acantonadas tropas francesas.
Y en esa situación llegó el dos de mayo, día en que, siguiendo las instrucciones recibidas de Fernando VII, partían para Bayona María Luisa de Borbón, reina de Etruria, y el infante Francisco de Paula. El deseo de su partida era de Napoleón, pero ellos nunca hubiesen acudido a Bayona si esa orden no hubiese llegado avalada con la orden, primero de Carlos IV, y luego de Fernando VII.
Fue entonces cuando tuvo lugar al levantamiento popular contra el invasor francés. España, huérfana de su monarquía, con un ejército raquítico, con una decadencia que había sido fomentada desde 1700 y desde el mismo trono, con una miseria económica galopante y una incultura metódicamente inducida por la Ilustración a lo largo del siglo XVIII, se levantaba en armas contra quién había sido recibido con las puertas abiertas.
Y el inductor al levantamiento: un paisano, José Blas de Molina, significado en el motín de Aranjuez que gritaba:
¡Traición, que nos han llevado al Rey nuestro señor y quieren llevarse a toda la Real Familia!
Quién movía al agitador es un misterio, pero el grito provocó un motín donde fue atacado un pelotón de granaderos, dando inicio a una espiral de violencia que provocó el asalto de los mamelucos, la guerrilla urbana, la suelta de presos, y la total anarquía.
Suelta de presos ocasionada por un motín secundario en el interior de la cárcel en el que los presos exigieron su liberación y acabaron fugándose 94 de ellos, permaneciendo en la cárcel los otros 38 que cumplían pena.
Fue un alzamiento que, si acaso llegó a ser realmente popular, fue desvirtuado con la actuación de la cochambre social que vio en la lucha contra el invasor la justificación de su vileza, y con su ejecución se anuló toda posibilidad al alzamiento nacional gestado por Daoiz y Velarde, que vieron cómo quedaba anulada su iniciativa antes de ser puesta en marcha, y se vieron conducidos a morir con honor en el Parque de artillería de Monteleón.*/*/*
Sobre las seis de la tarde quedó sofocada la revuelta, y a partir de ahí, tras ocho horas de violencia extrema, se calculó que en total habían participado en la misma unas 8.000 personas, de las que un 14% eran militares, un 13% eran gentes de orden, cinco clérigos y un noble, y el resto, aluvión. Y en conjunto el uno por ciento de la población de Madrid.
En una España de doce millones de habitantes, un levantamiento de esas características no pasaría de ser un hecho menor si no hubiese sido por el alto número de víctimas: 409 muertos, 370 de ellos civiles; y 170 heridos, de ellos 142 civiles.
Fue un levantamiento difícil de calibrar. ¿Fue espontáneo?, ¿fue orquestado para anular la iniciativa, ya descubierta, de Velarde y de Daoiz?
La historiografía tradicional, la misma que nos presenta a Inglaterra como libertadora de España, apunta a un elevado número de soldados franceses que resultaron muertos, pero ateniéndonos a que los combates tuvieron ocasión en Puerta de Toledo, Sol, Palacio, y especialmente en Monteleón, la cifra apunta a que el número de bajas en el ejército francés fue sensiblemente inferior a las bajas sufridas por el pueblo de Madrid. Y aquí sí debemos señalar al pueblo de Madrid, porque fue él, y no solo los amotinados, quién sufrió la represión indiscriminada.
El resultado militar sería la total desarticulación del planteado levantamiento nacional, y el resultado político significaría el fin de la Junta Suprema, cuyos miembros se distribuirían estratégicamente entre los diversos enemigos de España.
El levantamiento de 1808, así, sirvió, no para la independencia de España, sino para que cambiase de metrópoli. El resultado de haber expulsado a las tropas francesas del territorio nacional fue que el territorio nacional quedase supeditado a un nuevo colonialismo, el británico.
Y mientras se desarrollaban estos acontecimientos, la casa real estaba reunida en Bayona con María Luisa de Borbón y el infante Francisco de Paula.
Una vez en Bayona, y cuando hacía tres días de la masacre, Carlos IV ofreció el trono a Napoleón, y Fernando VII abdicó también en Napoleón, quién acto seguido entregó el trono a su hermano José. Este hecho, que para mayor escarnio sería vendido al pueblo español como el secuestro de los reyes, será la justificación del levantamiento popular y el inicio de la lucha contra los franceses.
Todos los miembros de la familia real acabarían rindiendo pleitesía a Napoleón en Bayona. Todos los miembros de la familia real renunciarían explícitamente a sus derechos en la sucesión al trono español. Todos, hasta Carlos María Isidro y Antonio Pascual que se encontraban en el reino de Etruria, fundado como satélite por Napoleón, renunciaron a sus derechos al trono de España el 12 de mayo de 1808.
Acto seguido, Napoleón convocó en Bayona una asamblea de notables españoles, la conocida como Junta española de Bayona. A la misma, y por distintos motivos, no todos relacionados con el rechazo a la misma, sólo acudieron 75 de los 150 notables convocados, que dedicaron nueve sesiones para debatir el proyecto de constitución que les fue presentado y que fue aprobado con escasas rectificaciones en julio de 1808.
Luego, los constitucionalistas de Cádiz quitarían a la constitución de Bayoya ese título, pero hay que tener bien presente que varios próceres de la constitución de 1812 también lo fueron previamente de la constitución de Bayona, y al fin, el texto de la Constitución de Bayona no era disparatado en relación a los cánones de otras constituciones.
Ilustrados franceses se enfrentaban a ilustrados ingleses para repartirse el botín, y en la lucha, mientras una parte de la sociedad española se enfrentaba a los franceses, los ilustrados implantaban en España las mismas ideas que aquellos combatían.
Las intrigas políticas manejadas por Inglaterra llegaban a que Sir Hew Dalrymple, Gobernador de Gibraltar, apuntase al general Castaños la posible desaparición de la familia real.
Bajo ningún concepto iba a aceptar Inglaterra que la supuesta desaparición de la familia real comportase la ascensión al trono de quién en ese caso correspondería por derecho sucesorio: la infanta Carlota Joaquina, esposa de Juan VI de Portugal y hermana de Fernando VII. Bajo ningún concepto iba a permitir Inglaterra que España recuperase la unidad perdida tras la guerra separatista de 1640-1678.
Llegados a ese extremo, Inglaterra tenía la solución: ofrecer la corona al Archiduque Carlos de Austria, nieto de Carlos III, que descendía, por línea paterna y materna, de los dos Príncipes, austríaco y francés, que hacía un siglo se habían disputado en España la sucesión al Trono, y a tal efecto, el general Palafox publicaba el 31 de mayo el acuerdo al tiempo que la siempre diligente amiga Inglaterra se apresuró a enviar a Trieste la fragata Amphion que se ponía a disposición del archiduque para trasladarlo a España.
Pero la misión fue un fracaso porque Austria necesitaba los servicios del Archiduque para la defensa de su territorio.
Otro asunto exterior de España ocupaba la acción británica. Para el mes de junio,
la situación de los soldados españoles en Jutlandia era francamente comprometida, por lo que el marqués Pedro Caro y Sureda debió jugar unas cartas diplomáticas en extremo sutiles; así, el 24 de junio envió carta de felicitación a José I Bonaparte por su asunción al trono, dando evidentes signos de que las felicitaciones eran auténticas.
A finales de julio una unidades se sublevaron e iniciaron la marcha sobre Copenhague que finalmente fue frenada por los mandos, evitando con ello un más que evidente enfrentamiento armado con el ejército franco-danés que había salido a su encuentro y que estaba compuesto por un total de 12.000 hombres de todas armas, decididos a librar batalla con quienes hasta el día anterior habían sido sus aliados.
Aplacado el alzamiento, los regimientos fueron desarmados y dispersados sus miembros.
El 9 de agosto, La Romana, al frente de 8779 hombres tomó Nyborg y las embarcaciones surtas en el puerto: 44 pesqueros, el bergantín Fama y dos balandras, la Soormen y la Laurwing.
En total fueron repatriados 369 oficiales y 8821 soldados, y quedaron sin repatriar 215 oficiales, 4950 soldados y 2986 caballos.
los españoles que quedaron en Dinamarca fueron entregados a los franceses, que en 1809 prestaron juramento a José I y cuando se inició la campaña de Rusia, los regimientos pasarían a formar parte de la Grande Armée,
En la retirada de Moscú, más de dos mil de ellos quedaron prisioneros de los rusos, que los trataron bien y el 2 de mayo de 1813, conmemorando el levantamiento de Madrid, los formaron en un regimiento incardinado en el ejército ruso por un decreto del Zar que fue titulado regimiento Imperial Alejandro
En medio de las intrigas políticas estaban también las intrigas militares. Todas manejadas por Inglaterra que, con el control ejercido desde Gibraltar, bloqueaba Cádiz.
En esa situación, el general Dupont inició una campaña para rescatar la armada francesa que se encontraba bloqueada en Cádiz, y que finalizó con la batalla de Bailen, con el resultado de la definitiva pérdida de la armada y de ser el primer freno que conoció Napoleón.
El general español Teodoro Reding salió a cortar el paso al general Dupont, que se rindió, por capitulación, en Bailen, y sin que interviniesen las tropas de Castaños, que apenas llegó para firmar la capitulación.
La jornada de Bailén, que las juntas presentaron como victoria definitiva, no pasó de ser un contratiempo que obligó a Napoleón a dedicar su atención de forma especial a su campaña en España, y acabó obligando a la Junta a retirarse a Cádiz al amparo de Inglaterra.
Y sería en Cádiz, donde los políticos sometidos convocarían Cortes, cuya principal diferencia con las celebradas en Bayona es que las de Bayona estaban formuladas bajo la directriz de Napoleón, mientras que las de Cádiz estuvieron formuladas bajo las directrices de Londres, siendo que en el entramado estaba omnipresente el enviado británico Henry Richard Vassall-Fox, lord Holland, padrino de Jovellanos encargado de reconstruir la organización política de España de acuerdo con los intereses británicos.
Y ello tiene una clara justificación dado que el mismo 1808 había dado comienzo la colonización de España por parte de Inglaterra, que si en el terreno político la cabeza visible era lord Holland, en el terreno militar, la cabeza era Arthur Wellesley, quién derrotó a Junot el 17 de agosto en la batalla de Rolica y posteriormente en Vimeiro cuatro días después, tras lo cual, y de acuerdo con la Convención de Sintra, las fuerzas de Junot, con armas y bagajes, fueron evacuadas de Portugal por la marina británica.
El negociado de la colonia sería adjudicado a súbditos locales de la corona británica, entre quienes destacaba Francisco de Guzmán, conde de Tilly Guzmán, conocido por su inmoralidad, carácter perverso y falta de honradez, junto a fray Manuel Gil, que había sido encarcelado por inmoral y que, durante el enfrentamiento abierto con Inglaterra, estaba relacionado con el almirante británico George Keit; fray José Ramírez, conspirador destacado; Juan de Chescas, regidor de Sevilla; y el abogado Antonio Zambrana, a quién la misma Junta lo declaró por loco después de haberlo tenido arrestado. Con ese plantel fue constituida la conocida como Junta Suprema de Gobierno de España é Indias, que fue presidida por Francisco Saavedra, que había sido ministro de Estado y de Hacienda en tiempo de Carlos IV, y cuya condición de anciano se añadía a una supuesta falta de carácter.
El 4 de octubre, el gobierno británico se apresuró a acreditar como ministro plenipotenciario a John Hookham Frere, que llegaba con una imposición previa: el único rey reconocido por Inglaterra era Fernando VII, y a él iban dirigidas las cartas credenciales. Así se entiende por qué las Cortes de Cádiz reivindicaron la figura de quién había llevado a cabo la mayor traición a la Patria.
Inglaterra necesitaba una junta única, y Cáning había elegido como suprema la de Sevilla, pero como es evidente, y como sucedía con las otras juntas, carecía de autoridad para representar toda la nación. Menos, para firmar acuerdos internacionales.
Inglaterra, escrupulosa en lo que le beneficia, se muestra también superficial si ello le beneficia, y en esta ocasión violó una vez más los principios de respeto internacional: Ningún derecho avalaba a la Junta de Sevilla, pero en ella quiso encontrar el portillo para que la invasión militar ya en curso tuviese una vertiente política que pudiese aprovecharse para crear un mercado de subproductos y para hacerse con el comercio y la economía española. Un dominio que significaba controlar medio mundo.
Ese paraguas británico tuvo reflejo en la composición de las Cortes, ya que serían compuestas al estilo británico y con dos supuestas tendencias divergentes, ambas liberales; una denominada como tal, y una ecléctica, indefinida, encabezada por Jovellanos y por los jovellanistas cuando aquel falleció en 1811.
También figuraba una tercera posición representada por quienes fueron señalados como absolutistas.
Pero el control de la situación, manifiestamente estaba en manos de Inglaterra. Hasta el extremo que las cartas enviadas por la infanta Carlota Joaquina el 8 de noviembre de 1808 y dirigidas al conde de Floridablanca y a la Junta y Consejo de Sevilla, quedaron en poder del Cónsul británico en Cádiz Sir James Duff, y hoy se encuentran en Oxford.
Por su parte, la Junta Central mantenía en Londres de forma permanente una legación oficial que se veía reforzada con las legaciones enviadas por las juntas provinciales, y las enviadas por las Juntas de Defensa, y por los generales, y por los guerrilleros. Todos pedían y todos eran generosamente atendidos con un altruismo que llama poderosamente la atención cuando el mismo procedía del enemigo por excelencia, reconocido como tal hasta ese mismo momento.
A lo largo del mismo 1808, llegaron ayudas que superaron los 2,3 millones de libras esterlinas, y el total general aportado hasta 1814 ascendió a la suma de 9.349.359 libras esterlinas, con las que se pagó, entre otras cosas, las Cortes de Cádiz y la Constitución de corte británico, promulgada en 1812.
Las ayudas totales prestadas por Inglaterra entre 1808 y 1814 ascienden a 9.349.359 libras esterlinas, que equivalen a 364.625.001 reales de vellón, menos de lo que la Junta marcaba como necesario para el año 1809.
Sólo entre 1808 y 1810 habían llegado de América 71.616.228 pesos fuertes.
Es necesario también señalar que los fondos británicos invertidos en España fueron distribuidos por comisarios encargados al efecto, y que la medida estaba coordinada con acciones paralelas llevadas en América para la creación de núcleos separatistas, mientras creaba redes comerciales que hasta la fecha había tenido vetadas.
En el avance de la conquista británica de España, que política, económica y militarmente llevaba su curso con una actividad tan frenética que comenzó a materializarse el 4 de julio de 1808, se llevó a efecto sin que hubiese sido firmada la paz de la guerra que tuvo inicio en 1804.
El 4 de diciembre, repuesto en Madrid José I, el ejército francés acometió la campaña de invierno dando lugar al segundo sitio de Zaragoza, a la campaña de Galicia que ocasionó la derrota y muerte del general inglés John Moore, y la derrota de lo que quedaba del ejército español en Uclés y Medellín, penetrando en Portugal, donde Soult fue rechazado por Wellesley.
Y si las victorias francesas humillaban al ejército español, las victorias inglesas conseguían el mismo objetivo, lo que dio lugar a la firma del “Tratado definitivo de paz, amistad y alianza entre España y el reino unido de la Gran Bretaña e Irlanda”, que fue firmado en Londres el 14 de enero de 1809:
Su Majestad británica se obliga a continuar auxiliando con todos los medios que estén en su poder a la nación española en su lucha contra la tiranía y usurpación de Francia, y se compromete a no reconocer ningún otro rey de España y sus Indias, sino a su Majestad católica Fernando VII.
Ocho meses habían transcurrido en los que, teniendo Inglaterra declarada la guerra a España, no cejó de ayudarla en todos los campos, mientras la etérea Junta Suprema Central y Gubernativa de España e Indias, que no tenía ningún reconocimiento internacional, siendo que, incluso dentro de España es más que dudoso su reconocimiento como figura gubernativa, era reconocida por la magnánima Inglaterra.
Sólo Inglaterra reconocía la autoridad de la Junta Suprema; y fue Inglaterra quien impuso que la Junta actuaba en nombre de Fernando VII cuando inició el suministro de armas y numerario.
Y mientras Inglaterra desviaba todo el negocio portuario que desde 1492 se había concentrado en Cádiz, a un lugar seguro: Liverpul, Bristol, Londres, Portsmouth y Plymouth.
Inglaterra ya no necesitaba la piratería para hacerse con los barcos españoles. Le eran entregados graciosamente por la Regencia, que carente de numerario, el 20 de noviembre de 1809 volvía a obtener del Consulado de Cádiz un nuevo empréstito de cien millones de reales, mientras Inglaterra tramitaba un nuevo préstamo de otros cien millones, con los que no cubría las necesidades y permitía que las juntas locales continuasen solicitando empréstitos, también a Inglaterra.

0 comentarios :
Publicar un comentario