El Consejo de Ciento de Barcelona

La aparición de la municipalidad en el mundo hispánico fue dispar, con semejanzas y divergencias notables entre uno y otros municipios.

Su desarrollo en el entorno de Barcelona, al que nos vamos a centrar, y aunque como tal no podemos hablar en propiedad hasta el siglo XIII, cuando queda perfectamente diseñado el régimen municipal, debemos señalar que empezó a gestarse desde el mismo momento de la reconquista, que tuvo lugar el año 801, de la mano de Luis el Piadoso, tras 84 años de dominación árabe. 

Posteriormente sería nombrado conde de Barcelona el godo Bera, que también era conde de Gerunda (Gerona), Bisuldunum (Besalú), Rhedae (Rasés) y Confluens (Conflent). 

Ya en el siglo XIII, bajo el reinado de Jaime I y como venía sucediendo en el resto de reinos hispánicos, se consolidaron los municipios dentro de la Corona de Aragón.

Se trata de un proceso cuya referencia más cercana la encontramos en el Fuero de Jaca, concedido por Sancho Ramírez en 1077, siguiendo una tradición iniciada en Asturias el año 824 con la concesión del Fuero de Brasoñera.

Así, la equivalencia de los fueros asturianos, son en Aragón las cartas de población. Se trata de concesiones a los repobladores de territorios recién reconquistados, que en el caso de Barcelona tuvieron ya reflejo en 1025 cuando fue rehabilitada la ciudad tras haber sido destruida por Almanzor. 

En ese orden, el año 1117 el conde Ramón Berenguer III, en premio por la ayuda recibida en el sitio del castillo de Fos en Occitania, otorgó a Barcelona el primer privilegio comercial, consistente en la supresión del pago del quinto real por botín de guerra.

Pero en Barcelona no se creó una nobleza urbana capaz de intervenir en la vida pública. 

Las élites comerciales se adueñaron de la estructura social de la ciudad, y los nobles cedieron el terreno retirándose a sus propiedades rústicas. 

Creció el comercio, creció el crédito y creció la especulación, y las élites comerciales y los grandes propietarios acabaron conformando una oligarquía que tendía al control de la ciudad al margen de los intereses del condado; característica que se alargaría más allá del condado de Ramón Berenguer IV, a pesar de los intentos por controlar su actuación centrífuga.

La naciente oligarquía barcelonesa se caracterizaba por el mercantilismo, donde primaba el poder económico que, bien gestionado, con alianzas familiares estratégicas, serviría para someter primero al conde, y andando los años a la Corona Aragonesa.

Esa actuación al margen de la nobleza acabó significando el retiro de ésta a sus predios rústicos para continuar la Reconquista dejando Barcelona para los mercaderes, si bien, merced a la actuación de la Corona, la ciudad no llegó a convertirse en una república mercantil independiente, aunque siempre fue una fuente de conflictos basados esencialmente en la defensa de sus intereses, mientras el conde debía centrarse exclusivamente en el control fiscal, que se veía permanentemente cuestionado.

La situación tiene una doble lectura, ya que esa actuación también tenía una doble vertiente. Debemos considerar que para estas fechas reinaba en el condado de Barcelona el derecho feudal, que no fue abolido sino en 1486, en el reinado de Fernando II de Aragón, llamado el Católico. 

Haciendo frente a ese derecho feudal, y durante el segundo cuarto del siglo XIII, los vecinos de Barcelona, reunidos en universitas, se opusieron a la aplicación de impuestos por parte de los nobles. Y llegado que fue el siglo XV, la guerra de los remensas contó con la participación de Barcelona, pero no como parte del conflicto, sino como mediadora entre campesinos y señores.

Y es que en estas fechas no existía nobleza urbana en Barcelona, que se mantenía bajo control condal de forma nominal.

El conde mantenía el poder jurisdiccional sobre la ciudad a cambio de su patrimonio, que fue adquirido por la oligarquía barcelonesa, entre la que destacaba Berenguer Ramón de Castellet, que se enfrentó a Ramón Berenguer III, de quién arrancó nuevos usatges que daban a Berenguer Ramón los derechos sobre panaderías, tabernas y mercadeo de cereales y animales.

Con Ramón Berenguer IV fueron reconquistadas Tortosa (1148) y Lérida (1149) que también obtuvieron las consiguientes cartas de población.

Con el avance de la Reconquista, fueron asentándose las ciudades de los reinos hispánicos, y con el paso de los años un reducido número de hombres buenos y caballeros iba conformando en cada municipio lo que en Castilla recibió el nombre de Regimiento, en el reino de León fue conocido como Concejo, y en la Corona de Aragón primeramente se denominó Concejo para acabar conociéndose como Consell.

En estos momentos, Barcelona contaba con unas instituciones de gobierno que se concretaban en el batlle y en el veguer, que tenían unas funciones determinadas. 

El batlle era el representante de la autoridad condal que tenía a su cargo las cuestiones administrativas, judiciales y fiscales, y el veguer era el oficial con competencias de gobierno, justicia y mantenimiento del orden público.

En lo tocante a las rentas condales, hay que significar la mermada importancia de las mismas. Así, Ramón Berenguer III sólo poseía el palacio condal y el Castell Vell, y éste, como hemos visto, lo perdió en su pugna con Berenguer Ramón de Castellet.

El control efectivo de la ciudad, así, estaba en manos de una oligarquía urbana entre la que se hacía un hueco la estructura eclesial, que por su parte fue cediendo terreno en beneficio de una cada vez más omnipotente oligarquía urbana que supo capitalizar las rentas en beneficio propio.

Se dio paso a una reconversión del derecho feudal. Caía en desuso la servidumbre y comenzaba a tomar cuerpo la enfiteusis, por la cual el señor de la tierra permitía el trabajo de la misma a cambio del pago de un precio convenido, con lo cual el labrador no quedaba sujeto jurídicamente a la tierra. Se trataba de una alternativa a la remensa.

Con Ramón Berenguer IV se sentaban las bases para la integración del condado de Barcelona en la Corona de Aragón. Y le sucedió en el condado, en junto con la corona de Aragón, cedida por Petronila, Alfonso II, que se esforzó por ejercer un mayor control territorial ampliando el poder coercitivo de los veguers, política que sería seguida por su hijo Pedro I.

Es en estos momentos del siglo XII cuando en Barcelona tienen incidencia singular los prohoms como representantes informales de la comunidad, pero su función no llegó a componer el consejo municipal que se conocería con Jaime I un siglo más tarde. El motivo no es otro que Alfonso II había dotado a los batlles de mayores poderes en lo tocante a la aplicación de la justicia, con lo que se convirtieron en el principal oficial de la administración, que no sólo gestionaban las rentas, sino que actuaban en nombre del rey, ejerciendo por tanto la jurisdicción real en los campos del derecho.

Batlles y veguers administrarían el rápido crecimiento económico al tiempo que las nuevas élites locales participaban en el desarrollo social y en la financiación de la Corona.

Capítulo especial que caía en las competencias del batlle era la financiación de la Corona, cuestión que fue creciendo en importancia hasta el extremo que a cambio acabaron recibiendo en prenda una parte no menor del patrimonio real.

En 1196 sucedió en el trono Pedro II de Aragón, bajo cuyo reinado se revitalizó la economía de Barcelona, se crearon nuevas atarazanas, y a la sombra de la iglesia de Santa María del Mar se abrieron espacios para mercaderes extranjeros.

Y la actividad del veguer permitía el desarrollo de estas actividades al garantizar el mantenimiento del orden. Pero esta labor no sería bien recibida por la nobleza, que consiguió que la actividad del veguer quedase circunscrita a la ciudad de Barcelona.

Por su parte, la Corona tenía un conflicto larvado en el Languedoc en relación a la herejía albigense, y Pedro II, habiendo obtenido el vasallaje del conde de Toulouse, Raimundo VI, y de otros poderes de la zona, desplegó una política de pacificación concertando en 1213 el matrimonio de su hijo, el futuro Jaime I, que en ese momento contaba cinco años, con la hija de Simón de Monfort, entregándole a éste, como garantía, la tutela del joven príncipe y único heredero del linaje, que permaneció en Carcasona. Así mismo negoció con Arnaud Amaury, ahora obispo de Narbona y también presente en la campaña de las Navas, la convocatoria de un sínodo para intentar la reconciliación.

Pero las buenas artes fracasaron y Pedro II se declaró protector de los señoríos occitanos y de Tolosa. Reunió finalmente un ejército con el que pasó los Pirineos y junto a los aliados occitanos puso cerco a la ciudad de Muret, donde acudió Simón de Montfort, y donde Pedro II acabaría muriendo en batalla en septiembre de 1213.

La muerte del rey trajo el desorden y la desbandada entre sus fuerzas, la consiguiente derrota y abandono de las pretensiones de la Corona de Aragón sobre los territorios ultra pirenaicos. 

Pero la fallida campaña del Languedoc tenía una segunda parte. Pedro II había contraído enormes deudas, especialmente centradas en los empresarios barceloneses, a quienes entregó en prenda sustantivas partes de sus dominios, todo lo cual acabó redundando en un mayor control de Barcelona por parte de la oligarquía financiera, destacando entre ella Pere Moneder, a quien el rey debía a su muerte 72.000 sueldos que cobró en especie, materializada en una gran extensión de la costa al este de Montjuic.

A mediados del siglo XIII, la posesión de ese terreno era fundamental en un momento en el que se estaba desarrollando la zona costera y la Rambla, terrenos que estaban en disputa entre los grandes oligarcas. 

Barcelona conocía en estos momentos un crecimiento de envergadura como consecuencia de una gran afluencia de población foránea, lo cual comportaba el crecimiento del comercio y con él la necesidad de ampliar las instalaciones portuarias o la creación de nuevos barrios, todo lo cual conllevaba la ampliación de la ciudad y la necesidad de construir una nueva muralla que la defendiese de una posible invasión. Y en esta situación, los municipios se constituyeron como una Universidad, en la que los magistrados locales mencionados (Cónsols, Pahers, Jurats) ejercían funciones rectoras y ejecutivas asistidos por el asesoramiento de varios prohoms o consellers, que integraban un Consell formado por veinte, treinta o más individuos. Este Consell, resultaría el órgano fundamental de los municipios, sustituto de la asamblea vecinal, aunque ésta seguiría siendo convocada en ocasiones para tratar asuntos de excepcional importancia. De acuerdo con este esquema, los magistrados y consellers asumieron su papel de colaboradores en el ámbito local, del veguer o del batlle, que eran los representantes directos de la autoridad real en el municipio.

Es en esta situación cuando se legisló y se dio luz a una institución encargada de garantizar la seguridad del territorio. Se trata del sagramental, que fue creado por Jaime I en 1258 en la plana del Llobregat y es un anticipo del somatén, a su vez, modelo de lo que en el siglo XV sería la Santa Hermandad en Castilla.

Pero no sería sino en 1514 cuando fue creado en Barcelona un somatén dedicado a la persecución de delincuentes hasta más allá del término municipal.

En esa visión general destaca por su dinamismo el municipio de Barcelona, cuyo regimiento ha pasado a la historia como el Consell de Cent Jurats donde, contrariamente a lo acontecido en la mayoría de los municipios en los que destacaba la presencia del elemento nobiliario, no podemos decir que fuese esa la norma.

Cierto que se registra la presencia nobiliaria en el Consell, pero también cierto que la misma no era hegemónica y si minoritaria, siendo destacable además que, hasta el siglo XV sus miembros eran elegidos por cooptación, estando la representatividad al alcance de los diversos grupos sociales.

Esa circunstancia se hace efectiva a través de los tiempos, y como consecuencia de diversos y sucesivos privilegios que le fueron otorgados. Así, a principios del siglo XIII, y de forma autónoma, fueron designados los magistrados locales encargados de gobernar el municipio y de ser el nexo de unión con la Corona a través del veguer o del batlle, cuyos miembros recibieron el nombre de cónsols, paciarii o jurats.

Los cargos públicos de veguer y de batlle recaían habitualmente en comerciantes judíos, y los asuntos urbanos del conde pasaron a estar gestionados por administradores, personajes destacados de la sociedad civil, todo lo cual devino en un derecho consuetudinario que acabó significando la contrapartida del conde en favor de los prestamistas que facilitaban su actuación económica.

Esta situación, que devino dependencia del conde con respecto a la ciudad de Barcelona, se mantuvo efectiva tras la unión del condado de Barcelona al reino de Aragón con Ramón Berenguer IV, y sería heredada por la Corona de Aragón, siendo que desde 1162 Alfonso II, rey de Aragón, heredó también los condados de Barcelona, Osona y Gerona.

Esta situación lastraba la actuación de la Corona, que acabó interviniendo en 1249, cuando el 7 de abril Jaime I, y en base al privilegio otorgado a Valencia tras su reconquista en 1245, otorgó las primeras Ordenanzas Municipales que daban pie a un régimen municipal orgánico para cuya cumplimentación se necesitarían veinticinco años y la concesión de diversos privilegios. 

Ordenanzas que determinaban la existencia de cuatro paciarii u hombres de paz, encarnados en Guillem de Lacera, Jaume Gerard, Berenguer Durfort i Arnau de Sanahuja, que debían escoger cuatro consejeros, cuya renovación debía llevarse a cabo por cooptación de los paciarii salientes, y llevada a cabo en presencia del veguer, que era la autoridad delegada del rey, con competencias equivalentes a las del corregidor en Castilla. 

Los cargos serían con carácter anual, y los consejeros serían los encargados de designar, en caso de necesidad, el ayuntamiento de los paers, el veguer y el batlle, que a su vez podían convocar asamblea general de vecinos.

Es necesario destacar que los primeros magistrados de la ciudad, los paciarii fueran tratados como paers, ya que ello implicaba que tenían la responsabilidad, en junto con el veguer, de mantener la paz, pero su función dentro de ese orden, además de la jurisdicción fiscal, se circunscribía a ejercer de consejeros, ya que la jurisdicción real estaba circunscrita al veguer.

La creación de esta nueva figura parece estar relacionada con la voluntad real de incorporar nuevos dirigentes urbanos en su lucha contra las oligarquías locales, y se dio paso a una mejora del urbanismo; se trazaron calles, se construyeron casas y almacenes, y se afincaron familias ricas como los Durfort, los Plegamans o los Burgés, que activaron el mercado. Barcelona era una ciudad activa donde se daban cita todos los sectores de producción, y el control fiscal se concentraría en manos de los paers designados por el rey.

Actuación que comportaba un fortalecimiento de la ciudad con la creación de instalaciones que agilizasen la actividad productiva. 

Es ese sentido concedió la instalación de los alfòndecs, almacenes ubicados cerca del puerto, habilitados además como residencia para mercaderes extranjeros.

Estas medidas económicas fueron aprovechadas por determinados sectores sociales para medrar; entre ellos destacaban Bernat Marquet y Berenguer de Montcada.

Ello comportó alteraciones importantes; tanto que llegaron a representar el asesinato de Bernat Marquet, que en el verano de 1257 sería lapidado por una multitud que también quemó su casa, justamente ubicada en las inmediaciones de los alfondecs.  

Este asesinado comportaría una multa colectiva a los ciudadanos de Barcelona. Y también la concesión de un nuevo privilegio que, concedido en 1258, comportaba la reforma del régimen municipal y se materializaba en la supresión de la figura de los paers, que eran sustituidos por ocho consejeros escogidos entre grupos que se encontraban enfrentados. 

Nueve años después de las primeras ordenanzas municipales, en 1258, el rey Jaime I de Aragón dio su beneplácito para la creación de un Consejo de Barcelona, que en principio estaba limitado a doscientos jurats que debían ser elegidos por los consejeros, el veguer y el batlle, entre los ciudadanos honrados, los menestrales y los mercaderes. El número de los mismos se vio reducido a la mitad en 1265, dando origen en ese momento al Consell de Cent con esa denominación.

Su función respondería a las de una asamblea consultiva destinada a aconsejar la acción de los consejeros y de los oficiales reales en asuntos relativos a intereses de la ciudad. 

Decisiva fue la actuación del rey Jaime I en la ordenación del territorio. Una cuestión que acabaría extendiéndose a otros municipios como Tárrega, Montblanc, Agramunt, Tortosa, Gerona, Lérida, Orta, Reus, Cardona, etc. 

Quedaba así señalada la diferencia de jurisdicción. El veguer era la autoridad encargada de administrar la justicia real, pero lo hacía con el consejo de los paers, que eran los responsables del gobierno del municipio, y que en un principio estaba formado por un número ilimitado de personas.

El Consejo de Ciento, cuya función principal era el gobierno de la ciudad, en lo tocante a la regulación de la vida urbana, de su abastecimiento y de la regulación de asuntos mercantiles, asumió otros aspectos como la defensa, y fue adquiriendo una importante capacidad de decisión sobre los asuntos de Barcelona.

Era, sin lugar a dudas, la expresión de la autonomía municipal por excelencia; era el órgano supremo de la ciudad, y su actividad queda reflejada en los registros de deliberaciones, donde queda manifiesto que las decisiones de la Corte relativas a Barcelona debían ser sancionadas por el Consejo. 

Hasta el reinado de Jaime I el Condado de Barcelona gobernaba la ciudad como un señorío, pero a partir de este momento crecería su poder en detrimento del poder real, alcanzando su punto culminante en el último cuarto del siglo XIV, cuando el condado de Barcelona se fragmentó y la ciudad de Barcelona dejó de ser el centro político del mismo para convertirse en un señorío colegiado merced al desarrollo del Consejo de Ciento.

Los enfrentamientos en la corona de Aragón se materializaron ya en 1273 cuando el rey Jaime hubo de sufrir la rebelión de buena parte de la nobleza feudataria de los condados que acabó siendo apoyada por Ferrán Sánchez, bastardo de Jaime, que había entrado en alianza con Carlos de Anjou y aspiraba a relegar a su hermano Pedro, el futuro Pedro III. El apoyo de la ciudad de Barcelona fue decisivo para la favorable resolución del conflicto, que se pospondría y acabaría desembocando en un enfrentamiento frontal tras morir el Conquistador, cuando al subir al trono Pedro III los nobles consiguieron en 1283 el Privilegio General.

El Consell de Cent alcanzaría su estructura definitiva el año 1274, después de haber sufrido dos reformas previas que redujeron el número de consejeros a cien. 

La concesión de Jaime I era la alternativa política al enfrentamiento entre poder municipal y poder real que comenzaban a hacerse manifiestas en las relaciones entre un reino en expansión como era la Corona de Aragón, y una ciudad floreciente cuyas élites manifestaban voluntad de configurarse como una ciudad estado independiente.

El municipio apareció claramente como una iniciativa real en respuesta a la progresiva complicación del gobierno de una ciudad que crecía a un ritmo acelerado y que generaba nuevos conflictos, De esta manera, las rentas y los impuestos del patrimonio real, el batlle, el veguer, el colegio de los cinco magistrados municipales y el Consejo de Ciento forman un conjunto coherente de instituciones, plasmación de la señoría real. Y el monarca se apoyaba en las nuevas élites urbanas para gobernar la ciudad, las cuales obtenían suculentos beneficios económicos, sociales y políticos. (Ortí)

Sus amplias competencias políticas, económicas, judiciales y militares llegaron a proporcionar gran poder, hasta el extremo de poner condiciones a las actuaciones de la Corona, llegando a ejercer sus funciones con una considerable autonomía frente a los oficiales reales, aunque su actuación se desarrollaba dentro del marco político y jurídico de la Corona de Aragón.   

Un poder que exigía un número mayor de paers, lo que ya mediado el siglo XVI, significó que los cien prohombres representantes de la antigua Asamblea General viesen incrementado su número hasta los 177 sin perder por ello el título de Consell de Cent. 

Y también con el tiempo se estructuró su funcionamiento; así, se organizó en comisiones de 36 miembros (Trentenari) que tendrían la responsabilidad de analizar los asuntos que debían ser tratados por el Consejo General. 

Y en lo tocante a la elección de los paers, hasta 1445 su elección se efectuaba entre ciudadanos influyentes. Fue Fernando de Antequera quién favoreció el acceso de las clases artesanas, y fue Fernando el Católico quién en 1498 dio por finalizada la cooptación para la elección de los nuevos miembros, que pasaron a ser elegidos por insaculación.

Otro asunto tratado en 1258 al par de la creación del Consejo de Ciento, acabaría desarrollándose con su sucesor, Pedro III, y no en Barcelona, sino en Valencia. 

Trece años después de los “furs nous”, el 1 de diciembre de 1283, Pedro III decreta la creación del que sería el primer tribunal mercantil de las Españas, el Tribunal del Consolat del Mar, cuya misión sería atender y juzgar los asuntos que pudiesen surgir entre mercaderes y hombres de mar. Con una particularidad: La normativa especial del mar debía prevalecer sobre la normativa general del Reino. 

Tras el de Valencia fueron creándose en Mallorca en 1326, en Barcelona en 1347, en Tortosa en 1363, en Gerona en 1385, en Perpiñan en 1387, en San Feliu de Guixols en 1443 y en Alicante en 1785, y su influencia se extendió a Sevilla, Bilbao, Burgos, San Sebastián o Málaga.

El desarrollo del consulado del Mar de Barcelona tuvo lugar de la mano de Pedro IV que, en 1348, tras haber derrotado militarmente a los nobles de la Unión en las batallas de Epila y Mislata, lo dotó de nuevas funciones. También en 1394, Juan I creaba dos instituciones que reforzaban el peso político y social de los comerciantes: los Defensores de la Mercadería, que velaban por los intereses del mundo mercantil, y el Consejo de la Mercadería o de los Veinte, que se ocuparía de la gestión de la Lonja, sede del Consulado del Mar de Barcelona.

Entre tanto se desarrollaba este importante tribunal, la Corona estaba involucrada en otros asuntos como la anexión del condado de Urgel, que tendría efecto bajo el reinado de Pedro III, en una situación de conflictos bélicos que exigían la presencia de grandes efectivos en Sicilia, en Mallorca, en Cerdeña, en el Rosellón y en Mallorca. También estaba en curso un enfrentamiento general con el rey de Francia, que contaba con el apoyo del papa Martín IV.

En 1282, la isla de Sicilia ofreció el trono a Pedro III. Era la culminación de un proceso histórico iniciado dos siglos atrás, cuando los normandos conquistaron la isla a los musulmanes en 1091. 

Pedro III entraba sin enfrentamiento en Mesina el 2 de octubre, y el 14 siguiente, la flota de Carlos de Anjou se enfrentaba a la flota aragonesa, que al mando de Pedro de Queralt infligió una dura derrota a los angevinos. Sicilia quedaba ligada a la Corona de Aragón y escindida de Nápoles, que continuaba bajo poder angevino.

Pero no era Francia el único enemigo. El papa Martín IV excomulgó a Pedro III y levantó contra él una cruzada encabezada por Felipe III, rey de Francia, al tiempo que investía como rey a su hijo, Carlos de Valois, quién llegó a tomar Gerona. Una victoria naval llevada a cabo por Roger de Lauria sobre la flota francesa hizo que los franceses tuviesen que retirarse dejando expedito el camino para que las tropas aragonesas, con los almogávares a la cabeza, llevasen a cabo acciones que posibilitasen el alzamiento generalizado contra Carlos de Anjou. Capitaneados por Guillem Galcerán de Cartellà vencieron en las batallas de Catona, Solano y Seminara, y tomaron Catanzaro, en territorio peninsular. 

Para atender las necesidades suscitadas por esta situación, fueron convocadas cortes, en las que el Consejo de Ciento, aprovechando la situación de debilidad de la Corona, forzó la concesión de nuevos privilegios.

La situación económica de la Corona, como consecuencia de todos esos frentes era precaria, lo que comportó la petición de ayuda, que fue concedida por el Consejo a cambio de la liquidación del patrimonio real en Barcelona, y de las rentas generadas por impuestos. Todos esos bienes acabarían siendo absorbidos por la oligarquía financiera barcelonesa, la misma que ejercía un control efectivo sobre el Consejo de Ciento.

Y el poder del Consejo de Ciento crecía a costa de la Corona y gracias a la acción de la Corona, que no se conformaba con liquidar sus bienes en beneficio de la oligarquía local, sino que concedía privilegios añadidos, especialmente fiscales, con motivos varios. 

En ese orden de cosas, el once de enero de 1284 Pedro III concedió el privilegio denominado “Recognoverunt Proceres” que establecía a perpetuidad un estatuto jurídico por el cual se marca la preeminencia de los consellers sobre la autoridad real representada por el veguer. 

Situación de sumisión real que se vería agudizada a partir de 1299, cuando Barcelona se vio eximida de cualquier tipo de contribución real, al tiempo que el Consell incrementaba paulatinamente su importancia recaudadora, hasta llegar a constituir un auténtico sistema fiscal que fue efectivo mediado el siglo XIV.

Un sistema fiscal que acumularía poder económico suficiente para destacar como financiador de la Corona en sus movimientos de expansión territorial por el Mediterráneo, cuyos éxitos reportarían nuevos y sustanciosos ingresos a las arcas del Consell.

El Consejo de Ciento había conquistado un poder que le permitía enfrentarse con éxito a la Corona, cuyo poder y cuyas demandas eran rechazadas sistemáticamente, lo que necesariamente comportaría una reacción que debía ir encaminada contra la oligarquía que controlaba el Consell.

A finales del siglo XIV, el desinterés por los asuntos públicos se había generalizado entre quienes tenían acceso a los cargos, hasta el extremo que era común el absentismo de los miembros del Consejo, que no acudían a las reuniones por diversos motivos, entre los que destacaba el hecho de que los asuntos tratados llegaban prácticamente cerrados, sin que fuese posible cambiar el sentido de las resoluciones presentadas.

Pasaron a ser comunes las renuncias, siendo que las excusas para eludir responsabilidades alcanzaban todas las posibilidades imaginables; así, podemos destacar que:

El 3 de agosto de 1396, el señor Mateu Desquer expuso al Consejo que, como Guillem Pere Dusay no quería ocuparse de la misión que le había sido encomendada, tampoco él quería hacerlo y pidió ser excusado. El Consell de Centes se negó a aceptar la renuncia y decidió que si Guillem Pere Dusay no quería ejercer el cargo que le había sido confiado, quedase inhabilitado para cualquier oficio o beneficio de la ciudad; en este caso debía procederse a escoger a otra persona que, si se negaba, recibiría el mismo castigo que Dusay. (Ferrer)

Esta desidia generalizada ocasionó el endurecimiento de la disciplina contra quienes eludían las responsabilidades, llegando a producirse el destacable caso de 

Guerau de Palou, que había sido elegido conseller tercer el 30 de noviembre de 1396. Renunció al cargo en diciembre de ese año alegando haber sido nombrado vicealmirante de Aragón por el rey Martín I el Humano. El Consejo de Ciento le obligó a reasumir el cargo de consejero.

Reinando Alfonso V el Magnánimo, se procedió a reorganizar la estructura del Consejo de Ciento, cuya condición oligárquica, siempre enfrentada a la autoridad real y nunca dominada, pretendía corregir aplicando la reforma de 1455.

Procurando la representación de todos los estamentos sociales, fue aumentado el número de los Jurados del Consejo de Ciento, cuyo número se amplió hasta los ciento veintiocho, treinta y dos por cada uno de los estamentos de ciudadanos honrados, mercaderes, artistas y menestrales. Los consellers eran cinco, dos de los cuales representarían a los ciudadanos, y uno a cada uno de los otros tres estamentos, manteniendo el mandato de un año, y actuarían como una junta ejecutiva o Savi Consell, presidida por el primer Conseller o Conseller en cap.

El Consejo de Ciento se renovaba por mitad todos los años, y la elección de los nuevos miembros se realizaba por insaculación desde 1498. Operación que tenía lugar cada 30 de noviembre, cuando se insaculaban los nuevos consejeros y la mitad de los miembros del Consejo de Ciento. 

Barcelona gozaba de unos derechos que destacaban sobre el resto de poblaciones, y en 1690 se añadió el privilegio de que los consellers pudiesen permanecer cubiertos ante el monarca.

Eran tales las competencias del Consejo de Ciento, y tales las presiones sobre la monarquía, que el duque de Vendôme, comandante del ejército de Felipe V en la Guerra de Sucesión, decía que «nunca había visto una ciudad con tantos privilegios […] con capacidad de burlarse a menudo de las órdenes del rey de España».

Pero esa era una situación arrastrada desde el mismo momento de la creación del Consejo de Ciento, que entre sus múltiples privilegios tenía la capacidad de crear ciudadanos honrados. 

En 1714, y como consecuencia de la Guerra de Sucesión fue disuelto el Consejo de Ciento, que dio paso a la instauración del Ayuntamiento.

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