Cesáreo Jarabo Jordán
A partir de finales del siglo XVIII, la política de España estuvo hipotecada en manos de los gobiernos francés y, preferentemente, inglés. Este hecho supuso una dependencia total de París y Londres.
Las relaciones comerciales entre España e lnglaterra se desarrollaron durante todo el siglo XIX bajo el signo de las presiones agresivas de ésta última para conseguir tratados comerciales y liberación arancelaria (Nadal: 188)
En este contexto, el 18 de Octubre de 1830, y animado por la revolución del mes de julio en Francia, se produjo el pronunciamiento del general Francisco Espoz y Mina, gestado en Francia y en Inglaterra, y que fracasó a manos del general Llauder.
Tres años más tarde, en 1833, el embajador británico en Madrid, Jorge Villiers, realizaría una función esencial en la defensa de los intereses británicos:
Las razones aparecen claras: por una parte el acceso de la burguesía liberal al poder y concretamente de ministros dispuestos a realizar concesiones a Gran Bretaña, y por otra la creciente influencia de la diplomacia británica en la política española sobre todo en función de la guerra carlista que obligó al gobiemo español a obtener ayuda y crédito de Londres. (Nadal : 191)
No obstante, en estos momentos, el gabinete de Cea Bermúdez defendía la causa de D. Miguel en Portugal, mientras Inglaterra apoyaba la causa de María de la Gloria, motivo por el cual,
Gran Bretaña interviene en el pleito portugués con tal decisión que, sin participar abiertamente en la guerra contra don Miguel, hace entender a Cea Bermúdez que su política portuguesa estaba llamada al fracaso, pues estaba dispuesto a utilizar la bayoneta, una vez comprobada la ineficacia de la pluma. (Rodríguez 1985: 54)
Finalmente, la política británica consiguió que Cea Bermúdez se apartase del apoyo a don Miguel, y a finales de agosto de 1833, el embajador británico, Addington, pudo señalar que la política de España estaba distanciándose de don Miguel.
En el asunto no andaba lejos Juan Álvarez Mendizábal, quién en su estancia en Londres supo coordinar las aspiraciones de los británicos con las de don Pedro, quién organizó la campaña a las órdenes de Inglaterra. Así lo reconoce la misma reina María de la Gloria en carta remitida a Mendizábal el 17 de agosto de 1835 por la que le concede la gran Cruz de la orden de la Torre y Espada, en la que dice:
Considerando que a vuestros incansables esfuerzos, a vuestro talento y celo por el restablecimiento de la carta constitucional para el bien de esta nación, se debe en muy gran parte al apresto de la escuadra y de la expedición que salió de los puertos de Inglaterra, que se reunió en Belle-Ille y de allí partió capitaneada por mi augusto padre, de feliz memoria… (Pirala 1868 II: 270)
Mientras tanto, y en relación con la guerra dinástica que estaba asolando España, la actuación de las potencias europeas, como no podía esperarse menos, era ambivalente. Lo que resulta curioso es comprobar que esa actuación es comprendida y aplaudida por las propias víctimas, como se hacía en aquellos mismos momentos, tal vez, por algún agente británico que, son siempre quienes encuentran justificación a las acciones llevadas a cabo contra España.
En ese orden, F. Cabello señala que
Los comerciantes ingleses y franceses se dice, vendían armas y vestuarios a los Carlistas y a los liberales. Sus Gobiernos debieron castigarlos; de otro modo probaban con su conducta, que lo que querían era esquilmar a los combatientes, fomentando sus fábricas y enriqueciendo a sus mercaderes. Los que esto decían pudieron considerar, que el estado floreciente de esas Naciones se debe, mas que a todo, a la libertad de su comercio, y a la seguridad que tienen los fabricantes de que nunca, ni por nadie les será impedida la venta de sus productos; y que por muy amigos nuestros que fueran esos Gobiernos, lo eran mas de sus súbditos, cuya felicidad debían procurar, como la procuraríamos los Españoles, y como la procuran todos los hombres amantes de su patria. Pensar que los Ingleses y Franceses habían de defender nuestros derechos con grave perjuicio de sus intereses, es una tontería; decir que no hicieron en la guerra lo que puede esperarse de leales aliados, es una ingratitud ¡Ojalá que nunca necesitemos mediación de extranjeros para arreglar o transigir nuestras disensiones interiores, si por desgracia las tenemos! Pero ojalá también, que si la llegamos a necesitar, la hallemos siempre tan cordial como nos la han prestado en la pasada guerra las tres Naciones que contrataron con la España la Cuádruple Alianza. (Cabello 1846 II: 214)
El once de enero de 1834, Cea Bermúdez dejaba en claro su dependencia:
Nos pondremos en manos de Inglaterra –decía a Villiers- para que nos garantice que Portugal se mantendría en términos de buena vecindad con nosotros en el futuro; y por lo que se refiere al presente, consideramos la llegada de tropas británicas a Portugal como la salvación de la península de una cadena sin fin de desastres. (Rodríguez 1985: 55)
Paralelamente, por este tiempo habían sido creadas juntas independientes en Cataluña, Valencia, Zaragoza, Andalucía… cuya primera misión era exterminar a los religiosos y crear constantes desmanes. La descomposición de lo que quedaba de España.
se tiene noticia de la existencia de las Juntas de Pamplona, Valencia, Murcia, Málaga, Hellín, Granada, Sevilla, Carmona, Cartagena, Córdoba, Bujalance, Gibraltar, Lisboa, Bayona, Manzanares o de la Mancha, y de las Comisiones de La Coruña, Santiago, Bilbao, Asturias, Salamanca, Ledesma, Valladolid, Zaragoza, Cuenca, Peñas de San Pedro, Badajoz, Alicante, Cartagena (puede ser la junta anteriormente citada), Murcia, Jaén, Manzanares, Granada, Málaga, Valencia, Ciudad Rodrigo, Pamplona, La Roda, Quintanar de la Orden, Belmonte, Sevilla. La conspiración se extiende por todos los puntos de la geografía peninsular. (Gil 1984: 286)
Todas las juntas dependían de la “General de Emigrados de Londres”.
representaba en el exilio de Londres el intento de unión de masones, comuneros y carbonarios, según una especie de Constitución publicada en 1826 con el título de «Sistema adoptado para instalación y progresos de la gran fortaleza peninsular de españoles emigrados. Al oriente de Madrid». (Gil 1984: 290)
Y cumplían la función que les había sido asignada por Inglaterra, que no era otra que la de consagrar la situación creada tras la batalla de Ayacucho, reafirmando la fragmentación de la España americana en los trozos que para su dominio, consideraba oportuno la Pérfida Albión; así,
La Junta adopta también otra importante decisión: la de buscar el apoyo de los nuevos países hispanoamericanos, ofreciendo a cambio el reconocimiento de la independencia. (Gil 1984: 293)
En ese orden de cosas, y como consecuencia del conflicto sucesorio de Portugal, el 22 de abril de 1834 se procedía a la firma del Tratado de Cuádruple Alianza que sería ratificado el 31 de mayo, por el que en su artículo segundo se obligaba España a enviar tropas a Portugal para combatir a don Miguel, mientras Inglaterra, por el artículo tercero se comprometía a prestar apoyo naval al operativo. Todo, para mayor gloria de Inglaterra.
El tratado de la Cuádruple Alianza llevaría anexo un tratado con Inglaterra por el que se facilitaba a los fenicios del mar del Norte la introducción en España de sus manufacturas de algodón, objetivo que todavía no habían conseguido. También traía anexo un empréstito, también británico, por supuesto, garantizado por las rentas de aduanas de España, que de hecho se trasladaban a Londres. (Pirala 1868 II: 202)
Las mismas ofertas hacía Londres al pretendiente D. Carlos, a quién le aconsejó acceder a la independencia de los territorios que dominaba, para lo que ofrecía su colaboración, independientemente del tratado de la Cuádruple Alianza que tenían firmado.
Finalmente Inglaterra aportó la legión británica, que tuvo una triste actuación, y por la cual, el gobierno títere pagó doscientos millones de reales; Francia aportó a la causa liberal la legión francesa, y Portugal la legión portuguesa.
La mayor parte de los componentes de la legión francesa eran alemanes, de las provincias renanas y de Suabia, y la legión inglesa se componía de gentes incapaces para el servicio. Era la escoria de las calles de Londres; apenas sabían manejar sus armas y era preciso embriagarlos para hacerles entrar en fuego. Al respecto,
La Inglaterra se prestaba a todo, pero era a costa de nuestra naciente industria.
El coste que supuso para España el mantenimiento de la legión puede estimarse en algo más de 200 millones de reales, cantidad en teoría muy superior al valor de los servicios prestados, ya que con ella el gobierno español podría haber equipado cuerpos más eficaces, pero su contribución convenia a los liberales por ser la prueba más palpable del apoyo que recibían de Inglaterra. (Bullón 2002: 621)
Ya en 1835, Agustín Argüelles fue impuesto como ministro por Gran Bretaña, de cuyo ascenso se preocupó el ministro británico Villiers.
Según la historiografía, el nombramiento de Mendizábal fue fruto de los consejos del embajador inglés Villiers a María Cristina, por considerar que era «la única persona de este país que goza de la total confianza de los mercados financieros extranjeros, cosa absolutamente indispensable para enfrentar la presente crisis financiera. (López Morell: 605)
El 7 de septiembre de 1835 hacía su entrada Mendizábal en Madrid. Junto a sus soluciones económicas, Mendizábal aportó ayuda militar inglesa para perpetuar la guerra civil mantenida por Isabel contra su tío Carlos. A estas fuerzas inglesas se unió la legión extranjera francesa y un ejército portugués, mientras en la Cámara de los Comunes de Londres, en sesión parlamentaria del 5 de agosto de 1836, lord Palmerston reiteró la firme resolución del gobierno inglés de sostener a todo trance la causa isabelina y mantenerse fiel al tratado de la Cuádruple Alianza.
Pero no se limitaban a esas actuaciones las políticas desarrolladas por Inglaterra, que llegaron a proponer al pretendiente Carlos V la creación de un estado independiente que comprendiese las Provincias Vascongadas y Navarra, ante la negativa dada por el lado carlista.
Una tentativa que dejaba al descubierto, una vez más, las verdaderas intenciones británicas, que, una vez más, eran suavizadas por sus agentes masónicos, enquistados en todos los ámbitos de la sociedad española; así, José Segundo Flórez, de la logia Igualdad, exoneraba a los ingleses asegurando que
no consiguieron la proyectada independencia del país vasco-navarro, ni las aduanas en el Ebro, ni menos la introducción de los algodones ingleses en España, según fue propuesto por una comisión, no del gobierno británico sino de individuos del comercio de aquella nación , que pasó al campo carlista a ofrecer al Pretendiente su apoyo, halagándole con el fin de que accediese a su demanda. (Flórez 1845 tomo III: 24)
Por su parte, los agentes británicos en España cumplían fielmente con su misión, poniendo como ejemplo a Inglaterra, siempre y en todo lugar, como foco de todos los bienes. Así, el diario El Español, ensuciando el gentilicio, definía a Inglaterra no como crisol de la piratería y el genocidio (que por cierto estaba llevando a cabo en esos momentos en su propia población, a la que expedía a Australia y a Nueva Zelanda como ganado al matadero), sino como antigua cuna y escudo de la libertad del mundo.
Lógicamente, si la prensa se mostraba como fiel vasallo de Inglaterra, los partidos políticos no quedaban atrás
Las rivalidades de los partidos españoles habían llegado hasta los gabinetes extranjeros, y la Inglaterra y la Francia eran el apoyo de los exaltados o moderados. La poderosa Albión contaba preponderar con los primeros; nuestra vecina con los segundos; de aquí su intervención en nuestras cuestiones; de aquí la abdicación de nuestra nacionalidad, abdicación vergonzosa y que por esto sólo hace dignos a los partidos de la eterna censura de la historia. (Pirala 1868 III: 284)
Con esta situación, no es de extrañar que, en 1837, fuese Villiers, el embajador británico quién impusiese a Mendizábal como ministro de Hacienda, ya que se encontraba
Dotado de tantas y tan brillantes cualidades para un momento de crisis como el presente, gozando como gozaba de gran reputación en el extranjero (Rodríguez 1985: 62)
Esta situación de absoluta dependencia no pasaba desapercibida para los intelectuales españoles; así, en 1839, en la Revista de Madrid, denunciaba Donoso Cortés en su comentario sobre el estado de las relaciones diplomáticas entre Francia y España:
Si el fallecimiento de Fernando VII hubiera acaecido antes de la revolución de julio, la cuestión española hubiera sido resuelta sin duda ninguna de la manera siguiente por las grandes potencias de la Europa. La Francia no hubiera vacilado un momento en apoyar directa o indirectamente las pretensiones del príncipe rebelde, representante de su interés dinástico, y símbolo de sus principios políticos. El Austria también se hubiera puesto de su parte, movida por sus intereses políticos y a pesar de sus intereses dinásticos, Las demás potencias del Norte hubieran seguido probablemente su ejemplo. La Inglaterra por el contrario se hubiera declarado sin vacilar por Isabel II, no solo como representante de principios políticos análogos a los suyos, sino también y mas principalmente porque su elevación al trono era un golpe dirigido contra la dinastía reinante en Francia. De todo lo cual se deduce que si Fernando VII hubiera fallecido antes de la revolución de julio, la causa del príncipe rebelde hubiera encontrado un vigoroso apoyo en los intereses y en los principios a la sazón dominantes en la diplomacia europea. (Donoso 1848: 465)
para la Francia es indiferente el triunfo del rebelde Carlos o el de Isabel II, porque aun entonces se vería obligado a intervenir en los asuntos de España si no demostraba otra cosa imposible: conviene a saber, que siéndole indiferente que reine Isabel o reine Carlos, le es indiferente también que haya o no haya un gobierno pacífico y asentado en la nación española, porque si no demostraba esto también, demostrando que la anarquía en España le es de todo punto indiferente, estaba obligado a intervenir si no en favor de ninguno de los ejércitos beligerantes, a lo menos para sofocar en ambos campamentos la anarquía. Para demostrar esta segunda cosa imposible, es decir, que le es indiferente que en España haya anarquía o haya gobierno, estaba obligado a demostrar antes otra tercer cosa imposible: conviene a saber , que puede ser indiferente a una nación todo lo que suceda en una nación vecina. Solo demostrando todas estas cosas, puede justificar el gabinete francés su absoluta indiferencia en los asuntos de España. (Donoso 1848: 479)
También los agentes británicos señalaban esta realidad, en este caso centrándose en el armamento utilizado en la guerra por los carlistas, remarcando que
Desde los primeros años de la guerra notábase que el cureñage construido en Oñate lo estaba con arreglo a la forma, dimensiones etc. del nuevo modelo francés. Las piezas de grueso calibre tomadas por nuestras tropas a los rebeldes en el último sitio de Bilbao, tenían igualmente cureñas del nuevo modelo de sitio francés, y estaban perfectamente construidas. Circunstancia que no deja de ser muy notable cuando en aquella sazón, no solo nosotros, pero ni los prusianos, ni aun los ingleses los tenían aun. Mas fuera interminable si hubiéramos de hacer una reseña de los infinitos recursos que percibían los carlistas de Francia, puesto que todo les venia de allí, o por conducto y con el pláceme o refrendo de aquella nación. (Flórez 1845 tomo III: 45)
La jugada a dos bandas por parte de las potencias europeas quedaba manifiesta. Cual era el objetivo es algo que habrá que determinarse en otros ámbitos fuera este repaso histórico. Lo cierto es que ante las desventuras de España, las bolsas europeas respondían con alzas generalizadas, algo que sucede justamente al revés en 2016, cuando Inglaterra plantea la posibilidad de retirarse de la zona euro.
Una jugada a dos bandas que tenía claros apoyos en el gobierno de España, y que en 1840 se materializó en una propuesta de Evaristo Pérez de Castro, a la sazón presidente del Consejo de Ministros, en la que se planteaba al Senado, la venta de Fernando Poo y Annobon a Inglaterra. Propuesta que, misteriosamente, no prosperó al no encontrar acuerdo en el precio que debía pagar Inglaterra.
Con la Regencia de Espartero, iniciada el 9 de mayo de 1841, se vio reforzada más si cabe la influencia inglesa en Madrid; algo que directamente llevaba implícita la pérdida de la influencia francesa, como contrapartida a la acogida que Luis Felipe había brindado a Maria Cristina y a Cea Bermúdez, exiliados en Francia.
Desde el primer momento de hacerse cargo Espartero de la Regencia provisional, el apoyo británico se hizo cada vez más patente y público. Por su parte, el gobierno español procuró, en todo momento, tener perfectamente informado al representante español en Londres, para que éste comunicase al gabinete británico las decisiones de gobierno del Regente. (Armario 1984: 148)
Es de destacar el aumento, dentro de lo posible, de la importancia que tomó el embajador británico en Madrid, Sir Arthur Aston, que mantenía comunicación directa con el Regente, consultándose en todo momento los asuntos que ocurrían en España. (Armario 1984: 149)
Como contrapartida,
El gobierno británico apoyaba la gestión del Regente Espartero, a la vez que Sir Arthur Aston le aconsejaba en aquellos asuntos de difícil decisión, llegándose a convertir el embajador británico en un auténtico consejero privado del Regente. A su vez, el ministro de Estado español encargaba la inserción de artículos a favor de la situación española, en los periódicos oficiales de Londres el «Times» y el «Morning Chronicle», con el visto bueno del gabinete británico. (Armario 1984: 149)
Una dependencia que podemos calificar sin rubor como propia de una colonia.
Y como colonia, de Inglaterra se importaba todo: algodón, lacre, papel, normas de actuación, reglamentos…
Nuevamente, el 5 de febrero de 1842, el ministro de Estado, don Antonio González, solicitó a don Vicente Sancho que procurase enviar a España los reglamentos, ordenanzas o leyes publicadas en Inglaterra sobre su sistema sanitario, ya que en España había una Junta con el objeto de hacer un proyecto de ley de Sanidad y de Higiene Pública. El representante español lo solicitó del ministro de Negocios Extranjeros, el conde Aberdeen, el cual le envió el 26 de marzo, un volumen impreso que contenía el Acta del Parlamento de 1825 y las órdenes del Consejo, determinando el modo de hacer la cuarentena en Inglaterra; además, lo acompañó de un memorandun donde se encontraban las variaciones que se habían realizado, desde 1825 hasta la fecha. (Armario 1984: 154)
Y esa condición de dependencia como colonia era reconocida sin rubor por la propia administración colonial, siendo que su secretario del Consejo de Ministros,
Don Vicente Sancho, testificó que la actitud inglesa representada por el secretario de Negocios Extranjeros, el conde de Aberdeen, fue de total conciliación entre los reinos de España y Portugal, a los que consideraba sus protegidos. (Armario 1984: 156)
El 30 de julio de 1843 Espartero embarcaba en Cádiz para el exilio. Se dirigió, lógicamente, y como venía siendo habitual en todos los agentes británicos, empezando por San Martín o Bolívar, a Inglaterra, donde fue recibido con honores de jefe de estado. En estos momentos, aplicaría Inglaterra unas acciones que, sin que implicasen deterioro en su condición de metrópoli, eran un claro rapapolvo a los nuevos gobernantes.
Durante la década moderada Gran Bretaña tuvo una destacada intervención en la cuestión de los matrimonios reales, apoyó a las partidas republicanas y carlistas, intentó en 1848 una democratización del gobierno español aprovechando la coyuntura creada por la revolución francesa de 1848 y lo que para nosotros es más importante contraatacó con represalias arancelarias al arancel español de 1841. (Nadal: 195)
En 1855, el nuevo gobierno Espartero seguiría, como los demás gobiernos, sometido a las influencias británicas, de quienes dependían también económicamente. La dependencia era de un nivel que consagraba la dependencia colonial que venimos señalando, y que se extiende hasta nuestros días. El medio utuilizado en estos momentos era la liquidez de los bonos españoles.
El Gobierno británico siempre consideró, como suyo propio, el problema de los tenedores de bonos y por ello hizo un gran hincapié en resaltar y aumentar la posición que ocupaba España en aquella época (1855) entre los demás países europeos. Su finalidad era obligar a las autoridades españolas a zanjar el tema de los Tenedores de Certificados que se suscitó en 1851, al convertir la mitad de la Deuda original firmada en 1828. (Alonso 1995: 104)
En medio de esta dependencia, en 1859 el prestigio del gobierno y la monarquía liberales ya era tan negativo como hoy mismo. El nacimiento del príncipe Alfonso (futuro Alfonso XII) sirvió para levantar alguna simpatía, pero el hecho más significativo no tenía nada que ver con la naturaleza: El gobierno, con el permiso de Inglaterra, inició la Guerra de Marruecos; algo que, tal vez, debía haberse producido con anterioridad si España hubiese sido independiente. Pero no fue así.
Los conflictos habían ido reproduciéndose en Ceuta y Melilla a lo largo del año, y las repuestas de Marruecos a las llamadas de atención eran dilaciones permanentes.
Desde el momento en que surgió el conflicto provocado por las feroces hordas de Anghera, el Gabinete de Londres volvió a mezclarse en el asunto; y apenas falleció el Sultán Abd El- Rahman, M. Buchanam participó a nuestro ministro de Estado, en 10 de Septiembre, que el Gobierno inglés había dado orden al comandante de la escuadra en el Mediterráneo, para que enviase inmediatamente dos navíos a Gibraltar, y que otras fuerzas navales irían a reunirse a dichos buques, añadiendo que estas disposiciones sólo tenían por objeto atender a la seguridad de los súbditos ingleses, amenazada por la anarquía que reinaba en Marruecos. (Orellana, II: 632)
En el curso de la conferencia que siguió a estas declaraciones, el representante británico halló medio de indicar que la mira principal de su Gobierno respecto al norte de África era mantener libre y expedita aquella costa, y evitar el establecimiento en ella de un poder capaz de amenguar la importancia militar de Gibraltar. (Orellana, II: 632)
Quedaba claro a qué debían atenerse las tropas españolas, y con esa premisa, el 22 de Octubre de 1859 se producía la declaración de guerra a Marruecos. Pura comedia con derramamiento de sangre para el servicio de Inglaterra durante la cual fue tomado Tetuán, acto que fue aplaudido por las cortes en pleno, mientras los arsenales, las asociaciones profesionales y el ambiente general de España era de patriotismo y apoyo a la acción, inconscientes de la banalidad de la misma.
Una acción militar ejemplar digna de mejor destino que en 1860 se materializó en la victoria del general Prim sobre los marroquíes en Castillejos.
Una acción de la que el único beneficiado acabó siendo Inglaterra. Y es que parece como si la campaña de África, promovida y auspiciada por Inglaterra y Francia con unas condiciones que impedían la conquista, estuviese destinada a demostrar qué capacidad real tenía el ejército español; así, comentando las operaciones del momento, comenta Carlos Marx el 8 de febrero de 1860:
Los generales españoles parecen haber perdido por completo la costumbre de manejar grandes contingentes de fuerzas, de preparar operaciones extensas, de hacer avanzar a un ejército que, después de todo, apenas iguala en número a uno de los cuerpos del ejército francés que tomaron parte en la última campaña de Italia. (Marx 1860)
Marx hace un análisis exhaustivo, y señala:
A la luz de estos hechos (los errores tácticos), es evidente que, en el ejército español, tanto las ideas como sus aplicaciones en la práctica son de un carácter muy anticuado. Con una flota de vapores y transportes a vela constantemente a la vista, esta marcha es perfectamente ridícula, y los hombres puestos fuera de combate durante ella por el cólera y la disentería fueron víctimas inmoladas a los prejuicios y a la incapacidad. (Marx 1860)
Tras la batalla de Wad–Ras el califa manifestó su voluntad de acabar con la guerra, convencido que las tropas españolas tomarían Tánger en un par de días. El califa Muley-el-Abbas aceptó todas las condiciones presentadas por O’Donnell, y dio fin a la guerra con el único beneficio de que el gobierno ganó prestigio frente al pueblo español.
Parece que Inglaterra quedó contenta de la actuación del ejército español en África, por lo que, el 31 de octubre de 1861 el gobierno de O'Donnell firmaba un convenio con Inglaterra y con Francia por el que España se comprometía a defender los intereses británicos y franceses en México, y que se circunscribían al cobro de una supuesta deuda, para lo que se organizaba una expedición militar en la que España debía aparecer como cipayo.
El contingente mayor del ejército aliado era el español, al frente del cual iba el general Juan Prim. Pronto empezaron las desavenencias entrre los aliados, siendo importante la actitud del general Prim, que contrario a la componenda, se limitaba a cumplir órdenes, y acabó reembarcando el contingente español tras la conferencia de Orizaba de 8 de abril de 1862, donde Prim fue acusado de querer coronarse rey de México.
Terminada la conferencia, el general Prim no vaciló un momento en disponer los preparativos de marcha; y convocando a los jefes de su división, les comunicó lo que había resuelto, haciéndoles una breve reseña de todo lo ocurrido con los franceses y de los motivos que le impulsaban a separarse de ellos y de su política aventurera. (Orellana, II: 1022)
ANEXOS
ANEXO 1
TRATADO DE WAITANGI
VERSIÓN BRITÁNICA
SU MAJESTAD, LA REINA VICTORIA, soberana del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, con el deseo de brindar su favor real a las Tribus y Jefes Nativos de Nueva Zelanda y de proteger su propiedad y derechos justos y asegurarles el disfrute de la paz y el buen orden, ha considerado necesario, debido al gran número de súbditos de su Majestad que ya se han establecido en Nueva Zelanda y a la rápida expansión de la emigración tanto de europeos como australianos aún vigente, constituir y nombrar a un funcionario con la autoridad necesaria para tratar con los aborígenes de Nueva Zelanda el reconocimiento de la autoridad soberana de Su Majestad sobre la totalidad o cualquier parte de esas islas.
- Su Majestad por lo tanto, desea instaurar una forma establecida de gobierno civil para evitar las consecuencias adversas que resultarían de la falta de instituciones y leyes necesarias comunes a la población nativa y a sus súbditos, y ha tenido la gentileza de nombrarme y autorizarme a mí, William Hobson, capitán de la Armada Real de Su Majestad, subgobernador de las partes de Nueva Zelanda cedidas, ahora o en futuro, a su Majestad, para invitar a los Jefes independientes y confederados de Nueva Zelanda a que firmen los siguientes Artículos y Condiciones.
Artículo Primero
Los jefes de la Confederación de las Tribus Unidas de Nueva Zelanda y los jefes independientes y separados aún no miembros de la Confederación ceden a su Majestad, la Reina de Inglaterra, totalmente y sin reserva todos los derechos y poderes de soberanía que los mencionados jefes confederados o individuales ejercen o poseen, o que se supone que ejercen o poseen sobre sus respectivos territorios como sus únicos soberanos.
Artículo Segundo
Su Majestad, la Reina de Inglaterra, confirma y garantiza a los Jefes y Tribus de Nueva Zelanda y a sus respectivas familias e individuos la posesión exclusiva e inalterable de sus tierras y estados, pesquerías y bosques y otras propiedades que pudieran poseer de forma colectiva o individual, siempre y cuando quieran y deseen mantener dichas tierras bajo su posesión; pero los jefes de las tribus unidas y jefes individuales ceden a Su Majestad el derecho exclusivo de prelación sobre las tierras cuyos propietarios estén dispuestos a enajenar al precio convenido entre los propietarios respectivos y las personas nombradas por Su Majestad para negociar con ellos a ese respecto.
Artículo Tercero
En consideración de lo mismo, Su Majestad, la Reina de Inglaterra, extiende a los nativos de Nueva Zelanda su protección real y les confiere todos los derechos y privilegios de súbditos británicos
[Firmado] William Hobson, Subgobernador.
Así, pues, Nosotros, los jefes de la Confederación de las Tribus Unidas de Nueva Zelanda congregados en congreso en Waitangi (Victoria), y Nosotros, los jefes independientes y separados de Nueva Zelanda, con autoridad sobre las tribus y territorios (especificados junto a nuestros nombres respectivos) y tras la completa clarificación de las provisiones de este tratado, aceptamos y firmamos el espíritu y significado del mismo / con todo lo que ello significa e implica; como testigo de ello adjuntamos nuestras firmas o marcas en los lugares y fechas especificados respectivamente. Firmado en Waitangi el 6 de febrero del año 1840 de Nuestro Señor.
VERSIÓN MAORÍ
El tratado de Waitangi
Traducción del Inglés Moderno de la versión maorí
Tratado de Waitangi
Victoria, Reina de Inglaterra, queriendo proteger a los jefes y subtribus de Nueva Zelanda y con el deseo de que preserven sus jefaturas y tierras y para mantener la paz y el orden, considera justo nombrar a un administrador para negociar con las gentes de Nueva Zelanda que los jefes acepten el Gobierno de la Reina sobre todas las partes de esta tierra y las islas adyacentes, y también porque muchos de sus súbditos ya se han establecido en esas tierras y hay otros aún por llegar. Así, la Reina desea establecer un gobierno para evitar las circunstancias adversas que pudieran recaer sobre los habitantes maoríes y europeos viviendo en un estado sin ley. De este modo, la Reina me ha nombrado a mí, «William Hobson», capitán de la Armada Real, Gobernador de todas las partes de Nueva Zelanda que la Reina recibirá en breve y las que recibirá con posterioridad, y presenta a los jefes de esta Confederación de subtribus de Nueva Zelanda las siguientes leyes.
Primera
Los jefes de la Confederación y todos los jefes no miembros de la Confederación ceden completa y perpetuamente el gobierno de sus tierras a la Reina de Inglaterra.
Segunda
La Reina de Inglaterra se compromete a proteger a los jefes, subtribus y a todas las personas de Nueva Zelanda durante el ejercicio absoluto de su jefatura sobre sus tierras, poblados y todos sus tesoros. Por otro lado, los jefes de la Confederación y todos los jefes venderán las tierras a la Reina al precio acordado entre la persona propietaria y la persona compradora, esta última habiendo sido nombrado “agente de compras” por la Reina.
Tercera
Por lo tanto, por medio de este acuerdo que afecta al Gobierno de la Reina, la Reina de Inglaterra protegerá a todas las personas de Nueva Zelanda y les proporcionará los mismos derechos y obligaciones de ciudadanía que a la gente de Inglaterra.
[Firmado] William Hobson, Subgobernador.
Así nosotros, los Jefes de la Confederación de las subtribus de Nueva Zelanda reunidos en Waitangi, después de haber leído el tratado, lo aceptamos y firmamos con nuestros nombres y marcas. Firmado en Waitangi el 6 de febrero del año 1840 de Nuestro Señor.
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A partir de finales del siglo XVIII, la política de España estuvo hipotecada en manos de los gobiernos francés y, preferentemente, inglés. Este hecho supuso una dependencia total de París y Londres.
Las relaciones comerciales entre España e lnglaterra se desarrollaron durante todo el siglo XIX bajo el signo de las presiones agresivas de ésta última para conseguir tratados comerciales y liberación arancelaria (Nadal: 188)
En este contexto, el 18 de Octubre de 1830, y animado por la revolución del mes de julio en Francia, se produjo el pronunciamiento del general Francisco Espoz y Mina, gestado en Francia y en Inglaterra, y que fracasó a manos del general Llauder.
Tres años más tarde, en 1833, el embajador británico en Madrid, Jorge Villiers, realizaría una función esencial en la defensa de los intereses británicos:
Las razones aparecen claras: por una parte el acceso de la burguesía liberal al poder y concretamente de ministros dispuestos a realizar concesiones a Gran Bretaña, y por otra la creciente influencia de la diplomacia británica en la política española sobre todo en función de la guerra carlista que obligó al gobiemo español a obtener ayuda y crédito de Londres. (Nadal : 191)
No obstante, en estos momentos, el gabinete de Cea Bermúdez defendía la causa de D. Miguel en Portugal, mientras Inglaterra apoyaba la causa de María de la Gloria, motivo por el cual,
Gran Bretaña interviene en el pleito portugués con tal decisión que, sin participar abiertamente en la guerra contra don Miguel, hace entender a Cea Bermúdez que su política portuguesa estaba llamada al fracaso, pues estaba dispuesto a utilizar la bayoneta, una vez comprobada la ineficacia de la pluma. (Rodríguez 1985: 54)
Finalmente, la política británica consiguió que Cea Bermúdez se apartase del apoyo a don Miguel, y a finales de agosto de 1833, el embajador británico, Addington, pudo señalar que la política de España estaba distanciándose de don Miguel.
En el asunto no andaba lejos Juan Álvarez Mendizábal, quién en su estancia en Londres supo coordinar las aspiraciones de los británicos con las de don Pedro, quién organizó la campaña a las órdenes de Inglaterra. Así lo reconoce la misma reina María de la Gloria en carta remitida a Mendizábal el 17 de agosto de 1835 por la que le concede la gran Cruz de la orden de la Torre y Espada, en la que dice:
Considerando que a vuestros incansables esfuerzos, a vuestro talento y celo por el restablecimiento de la carta constitucional para el bien de esta nación, se debe en muy gran parte al apresto de la escuadra y de la expedición que salió de los puertos de Inglaterra, que se reunió en Belle-Ille y de allí partió capitaneada por mi augusto padre, de feliz memoria… (Pirala 1868 II: 270)
Mientras tanto, y en relación con la guerra dinástica que estaba asolando España, la actuación de las potencias europeas, como no podía esperarse menos, era ambivalente. Lo que resulta curioso es comprobar que esa actuación es comprendida y aplaudida por las propias víctimas, como se hacía en aquellos mismos momentos, tal vez, por algún agente británico que, son siempre quienes encuentran justificación a las acciones llevadas a cabo contra España.
En ese orden, F. Cabello señala que
Los comerciantes ingleses y franceses se dice, vendían armas y vestuarios a los Carlistas y a los liberales. Sus Gobiernos debieron castigarlos; de otro modo probaban con su conducta, que lo que querían era esquilmar a los combatientes, fomentando sus fábricas y enriqueciendo a sus mercaderes. Los que esto decían pudieron considerar, que el estado floreciente de esas Naciones se debe, mas que a todo, a la libertad de su comercio, y a la seguridad que tienen los fabricantes de que nunca, ni por nadie les será impedida la venta de sus productos; y que por muy amigos nuestros que fueran esos Gobiernos, lo eran mas de sus súbditos, cuya felicidad debían procurar, como la procuraríamos los Españoles, y como la procuran todos los hombres amantes de su patria. Pensar que los Ingleses y Franceses habían de defender nuestros derechos con grave perjuicio de sus intereses, es una tontería; decir que no hicieron en la guerra lo que puede esperarse de leales aliados, es una ingratitud ¡Ojalá que nunca necesitemos mediación de extranjeros para arreglar o transigir nuestras disensiones interiores, si por desgracia las tenemos! Pero ojalá también, que si la llegamos a necesitar, la hallemos siempre tan cordial como nos la han prestado en la pasada guerra las tres Naciones que contrataron con la España la Cuádruple Alianza. (Cabello 1846 II: 214)
El once de enero de 1834, Cea Bermúdez dejaba en claro su dependencia:
Nos pondremos en manos de Inglaterra –decía a Villiers- para que nos garantice que Portugal se mantendría en términos de buena vecindad con nosotros en el futuro; y por lo que se refiere al presente, consideramos la llegada de tropas británicas a Portugal como la salvación de la península de una cadena sin fin de desastres. (Rodríguez 1985: 55)
Paralelamente, por este tiempo habían sido creadas juntas independientes en Cataluña, Valencia, Zaragoza, Andalucía… cuya primera misión era exterminar a los religiosos y crear constantes desmanes. La descomposición de lo que quedaba de España.
se tiene noticia de la existencia de las Juntas de Pamplona, Valencia, Murcia, Málaga, Hellín, Granada, Sevilla, Carmona, Cartagena, Córdoba, Bujalance, Gibraltar, Lisboa, Bayona, Manzanares o de la Mancha, y de las Comisiones de La Coruña, Santiago, Bilbao, Asturias, Salamanca, Ledesma, Valladolid, Zaragoza, Cuenca, Peñas de San Pedro, Badajoz, Alicante, Cartagena (puede ser la junta anteriormente citada), Murcia, Jaén, Manzanares, Granada, Málaga, Valencia, Ciudad Rodrigo, Pamplona, La Roda, Quintanar de la Orden, Belmonte, Sevilla. La conspiración se extiende por todos los puntos de la geografía peninsular. (Gil 1984: 286)
Todas las juntas dependían de la “General de Emigrados de Londres”.
representaba en el exilio de Londres el intento de unión de masones, comuneros y carbonarios, según una especie de Constitución publicada en 1826 con el título de «Sistema adoptado para instalación y progresos de la gran fortaleza peninsular de españoles emigrados. Al oriente de Madrid». (Gil 1984: 290)
Y cumplían la función que les había sido asignada por Inglaterra, que no era otra que la de consagrar la situación creada tras la batalla de Ayacucho, reafirmando la fragmentación de la España americana en los trozos que para su dominio, consideraba oportuno la Pérfida Albión; así,
La Junta adopta también otra importante decisión: la de buscar el apoyo de los nuevos países hispanoamericanos, ofreciendo a cambio el reconocimiento de la independencia. (Gil 1984: 293)
En ese orden de cosas, y como consecuencia del conflicto sucesorio de Portugal, el 22 de abril de 1834 se procedía a la firma del Tratado de Cuádruple Alianza que sería ratificado el 31 de mayo, por el que en su artículo segundo se obligaba España a enviar tropas a Portugal para combatir a don Miguel, mientras Inglaterra, por el artículo tercero se comprometía a prestar apoyo naval al operativo. Todo, para mayor gloria de Inglaterra.
El tratado de la Cuádruple Alianza llevaría anexo un tratado con Inglaterra por el que se facilitaba a los fenicios del mar del Norte la introducción en España de sus manufacturas de algodón, objetivo que todavía no habían conseguido. También traía anexo un empréstito, también británico, por supuesto, garantizado por las rentas de aduanas de España, que de hecho se trasladaban a Londres. (Pirala 1868 II: 202)
Las mismas ofertas hacía Londres al pretendiente D. Carlos, a quién le aconsejó acceder a la independencia de los territorios que dominaba, para lo que ofrecía su colaboración, independientemente del tratado de la Cuádruple Alianza que tenían firmado.
Finalmente Inglaterra aportó la legión británica, que tuvo una triste actuación, y por la cual, el gobierno títere pagó doscientos millones de reales; Francia aportó a la causa liberal la legión francesa, y Portugal la legión portuguesa.
La mayor parte de los componentes de la legión francesa eran alemanes, de las provincias renanas y de Suabia, y la legión inglesa se componía de gentes incapaces para el servicio. Era la escoria de las calles de Londres; apenas sabían manejar sus armas y era preciso embriagarlos para hacerles entrar en fuego. Al respecto,
La Inglaterra se prestaba a todo, pero era a costa de nuestra naciente industria.
El coste que supuso para España el mantenimiento de la legión puede estimarse en algo más de 200 millones de reales, cantidad en teoría muy superior al valor de los servicios prestados, ya que con ella el gobierno español podría haber equipado cuerpos más eficaces, pero su contribución convenia a los liberales por ser la prueba más palpable del apoyo que recibían de Inglaterra. (Bullón 2002: 621)
Ya en 1835, Agustín Argüelles fue impuesto como ministro por Gran Bretaña, de cuyo ascenso se preocupó el ministro británico Villiers.
Según la historiografía, el nombramiento de Mendizábal fue fruto de los consejos del embajador inglés Villiers a María Cristina, por considerar que era «la única persona de este país que goza de la total confianza de los mercados financieros extranjeros, cosa absolutamente indispensable para enfrentar la presente crisis financiera. (López Morell: 605)
El 7 de septiembre de 1835 hacía su entrada Mendizábal en Madrid. Junto a sus soluciones económicas, Mendizábal aportó ayuda militar inglesa para perpetuar la guerra civil mantenida por Isabel contra su tío Carlos. A estas fuerzas inglesas se unió la legión extranjera francesa y un ejército portugués, mientras en la Cámara de los Comunes de Londres, en sesión parlamentaria del 5 de agosto de 1836, lord Palmerston reiteró la firme resolución del gobierno inglés de sostener a todo trance la causa isabelina y mantenerse fiel al tratado de la Cuádruple Alianza.
Pero no se limitaban a esas actuaciones las políticas desarrolladas por Inglaterra, que llegaron a proponer al pretendiente Carlos V la creación de un estado independiente que comprendiese las Provincias Vascongadas y Navarra, ante la negativa dada por el lado carlista.
Una tentativa que dejaba al descubierto, una vez más, las verdaderas intenciones británicas, que, una vez más, eran suavizadas por sus agentes masónicos, enquistados en todos los ámbitos de la sociedad española; así, José Segundo Flórez, de la logia Igualdad, exoneraba a los ingleses asegurando que
no consiguieron la proyectada independencia del país vasco-navarro, ni las aduanas en el Ebro, ni menos la introducción de los algodones ingleses en España, según fue propuesto por una comisión, no del gobierno británico sino de individuos del comercio de aquella nación , que pasó al campo carlista a ofrecer al Pretendiente su apoyo, halagándole con el fin de que accediese a su demanda. (Flórez 1845 tomo III: 24)
Por su parte, los agentes británicos en España cumplían fielmente con su misión, poniendo como ejemplo a Inglaterra, siempre y en todo lugar, como foco de todos los bienes. Así, el diario El Español, ensuciando el gentilicio, definía a Inglaterra no como crisol de la piratería y el genocidio (que por cierto estaba llevando a cabo en esos momentos en su propia población, a la que expedía a Australia y a Nueva Zelanda como ganado al matadero), sino como antigua cuna y escudo de la libertad del mundo.
Lógicamente, si la prensa se mostraba como fiel vasallo de Inglaterra, los partidos políticos no quedaban atrás
Las rivalidades de los partidos españoles habían llegado hasta los gabinetes extranjeros, y la Inglaterra y la Francia eran el apoyo de los exaltados o moderados. La poderosa Albión contaba preponderar con los primeros; nuestra vecina con los segundos; de aquí su intervención en nuestras cuestiones; de aquí la abdicación de nuestra nacionalidad, abdicación vergonzosa y que por esto sólo hace dignos a los partidos de la eterna censura de la historia. (Pirala 1868 III: 284)
Con esta situación, no es de extrañar que, en 1837, fuese Villiers, el embajador británico quién impusiese a Mendizábal como ministro de Hacienda, ya que se encontraba
Dotado de tantas y tan brillantes cualidades para un momento de crisis como el presente, gozando como gozaba de gran reputación en el extranjero (Rodríguez 1985: 62)
Esta situación de absoluta dependencia no pasaba desapercibida para los intelectuales españoles; así, en 1839, en la Revista de Madrid, denunciaba Donoso Cortés en su comentario sobre el estado de las relaciones diplomáticas entre Francia y España:
Si el fallecimiento de Fernando VII hubiera acaecido antes de la revolución de julio, la cuestión española hubiera sido resuelta sin duda ninguna de la manera siguiente por las grandes potencias de la Europa. La Francia no hubiera vacilado un momento en apoyar directa o indirectamente las pretensiones del príncipe rebelde, representante de su interés dinástico, y símbolo de sus principios políticos. El Austria también se hubiera puesto de su parte, movida por sus intereses políticos y a pesar de sus intereses dinásticos, Las demás potencias del Norte hubieran seguido probablemente su ejemplo. La Inglaterra por el contrario se hubiera declarado sin vacilar por Isabel II, no solo como representante de principios políticos análogos a los suyos, sino también y mas principalmente porque su elevación al trono era un golpe dirigido contra la dinastía reinante en Francia. De todo lo cual se deduce que si Fernando VII hubiera fallecido antes de la revolución de julio, la causa del príncipe rebelde hubiera encontrado un vigoroso apoyo en los intereses y en los principios a la sazón dominantes en la diplomacia europea. (Donoso 1848: 465)
para la Francia es indiferente el triunfo del rebelde Carlos o el de Isabel II, porque aun entonces se vería obligado a intervenir en los asuntos de España si no demostraba otra cosa imposible: conviene a saber, que siéndole indiferente que reine Isabel o reine Carlos, le es indiferente también que haya o no haya un gobierno pacífico y asentado en la nación española, porque si no demostraba esto también, demostrando que la anarquía en España le es de todo punto indiferente, estaba obligado a intervenir si no en favor de ninguno de los ejércitos beligerantes, a lo menos para sofocar en ambos campamentos la anarquía. Para demostrar esta segunda cosa imposible, es decir, que le es indiferente que en España haya anarquía o haya gobierno, estaba obligado a demostrar antes otra tercer cosa imposible: conviene a saber , que puede ser indiferente a una nación todo lo que suceda en una nación vecina. Solo demostrando todas estas cosas, puede justificar el gabinete francés su absoluta indiferencia en los asuntos de España. (Donoso 1848: 479)
También los agentes británicos señalaban esta realidad, en este caso centrándose en el armamento utilizado en la guerra por los carlistas, remarcando que
Desde los primeros años de la guerra notábase que el cureñage construido en Oñate lo estaba con arreglo a la forma, dimensiones etc. del nuevo modelo francés. Las piezas de grueso calibre tomadas por nuestras tropas a los rebeldes en el último sitio de Bilbao, tenían igualmente cureñas del nuevo modelo de sitio francés, y estaban perfectamente construidas. Circunstancia que no deja de ser muy notable cuando en aquella sazón, no solo nosotros, pero ni los prusianos, ni aun los ingleses los tenían aun. Mas fuera interminable si hubiéramos de hacer una reseña de los infinitos recursos que percibían los carlistas de Francia, puesto que todo les venia de allí, o por conducto y con el pláceme o refrendo de aquella nación. (Flórez 1845 tomo III: 45)
La jugada a dos bandas por parte de las potencias europeas quedaba manifiesta. Cual era el objetivo es algo que habrá que determinarse en otros ámbitos fuera este repaso histórico. Lo cierto es que ante las desventuras de España, las bolsas europeas respondían con alzas generalizadas, algo que sucede justamente al revés en 2016, cuando Inglaterra plantea la posibilidad de retirarse de la zona euro.
Una jugada a dos bandas que tenía claros apoyos en el gobierno de España, y que en 1840 se materializó en una propuesta de Evaristo Pérez de Castro, a la sazón presidente del Consejo de Ministros, en la que se planteaba al Senado, la venta de Fernando Poo y Annobon a Inglaterra. Propuesta que, misteriosamente, no prosperó al no encontrar acuerdo en el precio que debía pagar Inglaterra.
Con la Regencia de Espartero, iniciada el 9 de mayo de 1841, se vio reforzada más si cabe la influencia inglesa en Madrid; algo que directamente llevaba implícita la pérdida de la influencia francesa, como contrapartida a la acogida que Luis Felipe había brindado a Maria Cristina y a Cea Bermúdez, exiliados en Francia.
Desde el primer momento de hacerse cargo Espartero de la Regencia provisional, el apoyo británico se hizo cada vez más patente y público. Por su parte, el gobierno español procuró, en todo momento, tener perfectamente informado al representante español en Londres, para que éste comunicase al gabinete británico las decisiones de gobierno del Regente. (Armario 1984: 148)
Es de destacar el aumento, dentro de lo posible, de la importancia que tomó el embajador británico en Madrid, Sir Arthur Aston, que mantenía comunicación directa con el Regente, consultándose en todo momento los asuntos que ocurrían en España. (Armario 1984: 149)
Como contrapartida,
El gobierno británico apoyaba la gestión del Regente Espartero, a la vez que Sir Arthur Aston le aconsejaba en aquellos asuntos de difícil decisión, llegándose a convertir el embajador británico en un auténtico consejero privado del Regente. A su vez, el ministro de Estado español encargaba la inserción de artículos a favor de la situación española, en los periódicos oficiales de Londres el «Times» y el «Morning Chronicle», con el visto bueno del gabinete británico. (Armario 1984: 149)
Una dependencia que podemos calificar sin rubor como propia de una colonia.
Y como colonia, de Inglaterra se importaba todo: algodón, lacre, papel, normas de actuación, reglamentos…
Nuevamente, el 5 de febrero de 1842, el ministro de Estado, don Antonio González, solicitó a don Vicente Sancho que procurase enviar a España los reglamentos, ordenanzas o leyes publicadas en Inglaterra sobre su sistema sanitario, ya que en España había una Junta con el objeto de hacer un proyecto de ley de Sanidad y de Higiene Pública. El representante español lo solicitó del ministro de Negocios Extranjeros, el conde Aberdeen, el cual le envió el 26 de marzo, un volumen impreso que contenía el Acta del Parlamento de 1825 y las órdenes del Consejo, determinando el modo de hacer la cuarentena en Inglaterra; además, lo acompañó de un memorandun donde se encontraban las variaciones que se habían realizado, desde 1825 hasta la fecha. (Armario 1984: 154)
Y esa condición de dependencia como colonia era reconocida sin rubor por la propia administración colonial, siendo que su secretario del Consejo de Ministros,
Don Vicente Sancho, testificó que la actitud inglesa representada por el secretario de Negocios Extranjeros, el conde de Aberdeen, fue de total conciliación entre los reinos de España y Portugal, a los que consideraba sus protegidos. (Armario 1984: 156)
El 30 de julio de 1843 Espartero embarcaba en Cádiz para el exilio. Se dirigió, lógicamente, y como venía siendo habitual en todos los agentes británicos, empezando por San Martín o Bolívar, a Inglaterra, donde fue recibido con honores de jefe de estado. En estos momentos, aplicaría Inglaterra unas acciones que, sin que implicasen deterioro en su condición de metrópoli, eran un claro rapapolvo a los nuevos gobernantes.
Durante la década moderada Gran Bretaña tuvo una destacada intervención en la cuestión de los matrimonios reales, apoyó a las partidas republicanas y carlistas, intentó en 1848 una democratización del gobierno español aprovechando la coyuntura creada por la revolución francesa de 1848 y lo que para nosotros es más importante contraatacó con represalias arancelarias al arancel español de 1841. (Nadal: 195)
En 1855, el nuevo gobierno Espartero seguiría, como los demás gobiernos, sometido a las influencias británicas, de quienes dependían también económicamente. La dependencia era de un nivel que consagraba la dependencia colonial que venimos señalando, y que se extiende hasta nuestros días. El medio utuilizado en estos momentos era la liquidez de los bonos españoles.
El Gobierno británico siempre consideró, como suyo propio, el problema de los tenedores de bonos y por ello hizo un gran hincapié en resaltar y aumentar la posición que ocupaba España en aquella época (1855) entre los demás países europeos. Su finalidad era obligar a las autoridades españolas a zanjar el tema de los Tenedores de Certificados que se suscitó en 1851, al convertir la mitad de la Deuda original firmada en 1828. (Alonso 1995: 104)
En medio de esta dependencia, en 1859 el prestigio del gobierno y la monarquía liberales ya era tan negativo como hoy mismo. El nacimiento del príncipe Alfonso (futuro Alfonso XII) sirvió para levantar alguna simpatía, pero el hecho más significativo no tenía nada que ver con la naturaleza: El gobierno, con el permiso de Inglaterra, inició la Guerra de Marruecos; algo que, tal vez, debía haberse producido con anterioridad si España hubiese sido independiente. Pero no fue así.
Los conflictos habían ido reproduciéndose en Ceuta y Melilla a lo largo del año, y las repuestas de Marruecos a las llamadas de atención eran dilaciones permanentes.
Desde el momento en que surgió el conflicto provocado por las feroces hordas de Anghera, el Gabinete de Londres volvió a mezclarse en el asunto; y apenas falleció el Sultán Abd El- Rahman, M. Buchanam participó a nuestro ministro de Estado, en 10 de Septiembre, que el Gobierno inglés había dado orden al comandante de la escuadra en el Mediterráneo, para que enviase inmediatamente dos navíos a Gibraltar, y que otras fuerzas navales irían a reunirse a dichos buques, añadiendo que estas disposiciones sólo tenían por objeto atender a la seguridad de los súbditos ingleses, amenazada por la anarquía que reinaba en Marruecos. (Orellana, II: 632)
En el curso de la conferencia que siguió a estas declaraciones, el representante británico halló medio de indicar que la mira principal de su Gobierno respecto al norte de África era mantener libre y expedita aquella costa, y evitar el establecimiento en ella de un poder capaz de amenguar la importancia militar de Gibraltar. (Orellana, II: 632)
Quedaba claro a qué debían atenerse las tropas españolas, y con esa premisa, el 22 de Octubre de 1859 se producía la declaración de guerra a Marruecos. Pura comedia con derramamiento de sangre para el servicio de Inglaterra durante la cual fue tomado Tetuán, acto que fue aplaudido por las cortes en pleno, mientras los arsenales, las asociaciones profesionales y el ambiente general de España era de patriotismo y apoyo a la acción, inconscientes de la banalidad de la misma.
Una acción militar ejemplar digna de mejor destino que en 1860 se materializó en la victoria del general Prim sobre los marroquíes en Castillejos.
Una acción de la que el único beneficiado acabó siendo Inglaterra. Y es que parece como si la campaña de África, promovida y auspiciada por Inglaterra y Francia con unas condiciones que impedían la conquista, estuviese destinada a demostrar qué capacidad real tenía el ejército español; así, comentando las operaciones del momento, comenta Carlos Marx el 8 de febrero de 1860:
Los generales españoles parecen haber perdido por completo la costumbre de manejar grandes contingentes de fuerzas, de preparar operaciones extensas, de hacer avanzar a un ejército que, después de todo, apenas iguala en número a uno de los cuerpos del ejército francés que tomaron parte en la última campaña de Italia. (Marx 1860)
Marx hace un análisis exhaustivo, y señala:
A la luz de estos hechos (los errores tácticos), es evidente que, en el ejército español, tanto las ideas como sus aplicaciones en la práctica son de un carácter muy anticuado. Con una flota de vapores y transportes a vela constantemente a la vista, esta marcha es perfectamente ridícula, y los hombres puestos fuera de combate durante ella por el cólera y la disentería fueron víctimas inmoladas a los prejuicios y a la incapacidad. (Marx 1860)
Tras la batalla de Wad–Ras el califa manifestó su voluntad de acabar con la guerra, convencido que las tropas españolas tomarían Tánger en un par de días. El califa Muley-el-Abbas aceptó todas las condiciones presentadas por O’Donnell, y dio fin a la guerra con el único beneficio de que el gobierno ganó prestigio frente al pueblo español.
Parece que Inglaterra quedó contenta de la actuación del ejército español en África, por lo que, el 31 de octubre de 1861 el gobierno de O'Donnell firmaba un convenio con Inglaterra y con Francia por el que España se comprometía a defender los intereses británicos y franceses en México, y que se circunscribían al cobro de una supuesta deuda, para lo que se organizaba una expedición militar en la que España debía aparecer como cipayo.
El contingente mayor del ejército aliado era el español, al frente del cual iba el general Juan Prim. Pronto empezaron las desavenencias entrre los aliados, siendo importante la actitud del general Prim, que contrario a la componenda, se limitaba a cumplir órdenes, y acabó reembarcando el contingente español tras la conferencia de Orizaba de 8 de abril de 1862, donde Prim fue acusado de querer coronarse rey de México.
Terminada la conferencia, el general Prim no vaciló un momento en disponer los preparativos de marcha; y convocando a los jefes de su división, les comunicó lo que había resuelto, haciéndoles una breve reseña de todo lo ocurrido con los franceses y de los motivos que le impulsaban a separarse de ellos y de su política aventurera. (Orellana, II: 1022)
ANEXOS
ANEXO 1
TRATADO DE WAITANGI
VERSIÓN BRITÁNICA
SU MAJESTAD, LA REINA VICTORIA, soberana del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, con el deseo de brindar su favor real a las Tribus y Jefes Nativos de Nueva Zelanda y de proteger su propiedad y derechos justos y asegurarles el disfrute de la paz y el buen orden, ha considerado necesario, debido al gran número de súbditos de su Majestad que ya se han establecido en Nueva Zelanda y a la rápida expansión de la emigración tanto de europeos como australianos aún vigente, constituir y nombrar a un funcionario con la autoridad necesaria para tratar con los aborígenes de Nueva Zelanda el reconocimiento de la autoridad soberana de Su Majestad sobre la totalidad o cualquier parte de esas islas.
- Su Majestad por lo tanto, desea instaurar una forma establecida de gobierno civil para evitar las consecuencias adversas que resultarían de la falta de instituciones y leyes necesarias comunes a la población nativa y a sus súbditos, y ha tenido la gentileza de nombrarme y autorizarme a mí, William Hobson, capitán de la Armada Real de Su Majestad, subgobernador de las partes de Nueva Zelanda cedidas, ahora o en futuro, a su Majestad, para invitar a los Jefes independientes y confederados de Nueva Zelanda a que firmen los siguientes Artículos y Condiciones.
Artículo Primero
Los jefes de la Confederación de las Tribus Unidas de Nueva Zelanda y los jefes independientes y separados aún no miembros de la Confederación ceden a su Majestad, la Reina de Inglaterra, totalmente y sin reserva todos los derechos y poderes de soberanía que los mencionados jefes confederados o individuales ejercen o poseen, o que se supone que ejercen o poseen sobre sus respectivos territorios como sus únicos soberanos.
Artículo Segundo
Su Majestad, la Reina de Inglaterra, confirma y garantiza a los Jefes y Tribus de Nueva Zelanda y a sus respectivas familias e individuos la posesión exclusiva e inalterable de sus tierras y estados, pesquerías y bosques y otras propiedades que pudieran poseer de forma colectiva o individual, siempre y cuando quieran y deseen mantener dichas tierras bajo su posesión; pero los jefes de las tribus unidas y jefes individuales ceden a Su Majestad el derecho exclusivo de prelación sobre las tierras cuyos propietarios estén dispuestos a enajenar al precio convenido entre los propietarios respectivos y las personas nombradas por Su Majestad para negociar con ellos a ese respecto.
Artículo Tercero
En consideración de lo mismo, Su Majestad, la Reina de Inglaterra, extiende a los nativos de Nueva Zelanda su protección real y les confiere todos los derechos y privilegios de súbditos británicos
[Firmado] William Hobson, Subgobernador.
Así, pues, Nosotros, los jefes de la Confederación de las Tribus Unidas de Nueva Zelanda congregados en congreso en Waitangi (Victoria), y Nosotros, los jefes independientes y separados de Nueva Zelanda, con autoridad sobre las tribus y territorios (especificados junto a nuestros nombres respectivos) y tras la completa clarificación de las provisiones de este tratado, aceptamos y firmamos el espíritu y significado del mismo / con todo lo que ello significa e implica; como testigo de ello adjuntamos nuestras firmas o marcas en los lugares y fechas especificados respectivamente. Firmado en Waitangi el 6 de febrero del año 1840 de Nuestro Señor.
VERSIÓN MAORÍ
El tratado de Waitangi
Traducción del Inglés Moderno de la versión maorí
Tratado de Waitangi
Victoria, Reina de Inglaterra, queriendo proteger a los jefes y subtribus de Nueva Zelanda y con el deseo de que preserven sus jefaturas y tierras y para mantener la paz y el orden, considera justo nombrar a un administrador para negociar con las gentes de Nueva Zelanda que los jefes acepten el Gobierno de la Reina sobre todas las partes de esta tierra y las islas adyacentes, y también porque muchos de sus súbditos ya se han establecido en esas tierras y hay otros aún por llegar. Así, la Reina desea establecer un gobierno para evitar las circunstancias adversas que pudieran recaer sobre los habitantes maoríes y europeos viviendo en un estado sin ley. De este modo, la Reina me ha nombrado a mí, «William Hobson», capitán de la Armada Real, Gobernador de todas las partes de Nueva Zelanda que la Reina recibirá en breve y las que recibirá con posterioridad, y presenta a los jefes de esta Confederación de subtribus de Nueva Zelanda las siguientes leyes.
Primera
Los jefes de la Confederación y todos los jefes no miembros de la Confederación ceden completa y perpetuamente el gobierno de sus tierras a la Reina de Inglaterra.
Segunda
La Reina de Inglaterra se compromete a proteger a los jefes, subtribus y a todas las personas de Nueva Zelanda durante el ejercicio absoluto de su jefatura sobre sus tierras, poblados y todos sus tesoros. Por otro lado, los jefes de la Confederación y todos los jefes venderán las tierras a la Reina al precio acordado entre la persona propietaria y la persona compradora, esta última habiendo sido nombrado “agente de compras” por la Reina.
Tercera
Por lo tanto, por medio de este acuerdo que afecta al Gobierno de la Reina, la Reina de Inglaterra protegerá a todas las personas de Nueva Zelanda y les proporcionará los mismos derechos y obligaciones de ciudadanía que a la gente de Inglaterra.
[Firmado] William Hobson, Subgobernador.
Así nosotros, los Jefes de la Confederación de las subtribus de Nueva Zelanda reunidos en Waitangi, después de haber leído el tratado, lo aceptamos y firmamos con nuestros nombres y marcas. Firmado en Waitangi el 6 de febrero del año 1840 de Nuestro Señor.
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