Cesáreo Jarabo Jordán
Aunque lejos de pretender ver en la historia una sucesión de hechos económicos que condicionan fatalmente el devenir de la misma, parece interesante y necesario observar también la cuestión económica, máxime cuando hay sistemas preponderantes que, efectivamente, subordinan toda su acción a los intereses económicos.
De hecho, la destrucción de España, gestada por sus enemigos muy especialmente en los siglos XVII y XVIII, se perfeccionó en el siglo XIX basándose muy principalmente en tratados de comercio.
Vamos a intentar nadar entre esas dos concepciones; por una parte la visión humanista de la Historia, y por otra, la prostitución de la Historia por quienes implantan conceptos estrictamente economicistas.
Otro factor que evidentemente influye en el desarrollo de la economía es el poblacional. A ese respecto, y como nota previa, es conveniente señalar la distribución de la población en 1825; lo que es facilitado por Sebastián Miñano en su Diccionario geográfico y estadístico de España y Portugal
Hab. en po- Hab. en el Totales.
Provincias. blación. campo.
Andalucía 608.000 935.000 1,543.000
Murcia 179.000 279.000 458.
000
Islas Baleares 98.000 152.000 250.000
Málaga 300.000 808.000 1.108.000
Valencia 255.000 793.000 1.048.000
Castilla la Nueva 301.000 1,314.000 1.615.000
Cataluña 219.000 906.000 1,125.000
Aragón 123.000 647.000 770.000
Vizcaya, Guipúzcoa 45.000 300.000 345.000
Navarra 34.000 238.000 272.000
Extremadura 86.000 584.000 670.000
León 98.000 979.000 1,077.000
Castilla la Vieja 70.000 990.000 1,060.000
Galicia. 114.000 1,687.000 1,801.000
Asturias 22.000 398.000 420.000
TOTALES 2,552.000 11,010.000 13,562.000
Eclesiásticos. 150.000
POBLACION TOTAL 13,712.000 habitantes
Distribución de la población en 1803:
Población agrícola……. 5,615.000
industrial ........................1,035.000
productiva ..................... 6,650.000
improductiva ..................3,617.000 (Moreau 1835: 65)
Señala Alexandre Moreau que desde 1723 a 1834 se había duplicado la población española, habiendo pasado de 7,5 millones a quince, y añade:
Excluyendo la provincia de Madrid, los puntos de más población de España son: Guipúzcoa, que tiene 2.100 habitantes por legua cuadrada como la Alsacia y los Paises-Bajos; Valencia, que tiene 1.540 corno las provincias de Venecia, la Bretaña y la Irlanda; Navarra, que tiene 1.400 como la Moravia, Bohemia e Inglaterra; las islas Baleares, que tienen 1.300 como las islas Británicas y el reino de Nápoles; Asturias , que tiene 1.200 como Francia; Sevilla y Granada, que tienen 1.100 como la Silesia y la Toscana: pero la Mancha y la Extremadura solo tienen 350 , como la Valaquia y las provincias de la Turquía europea. (Moreau 1835: 48)
El aumento de la población, señala, puede ser debido, entre otras causas, al cese de la emigración y la limitación del celibato.
La mortalidad, dice, ha disminuido en España como en los demás países de la Europa civilizada, y la población progresa con rapidez. (Moreau 1835: 53)
Baremos que, a pesar de las circunstancias sufridas, resultan razonables.
Por otra parte, el desarrollo de la actividad económica ha existido siempre, pero ciertamente, a mediados del siglo XVIII se produjo la conocida como Revolución Industrial, y es con ese espíritu economicista, grotescamente conocido como “ilustrado”, con el que se acosaría y acabaría derribando a las Españas.
Pero, ¿es cierto que la industria era inexistente en las Españas antes de la invasión británica llevada a cabo en el siglo XIX sobre las mismas? Ciertamente no. Existía una industria manufacturera que servía las necesidades de la población y que posibilitaba la vida a grandes sectores humanos. Su éxito, en territorios tan vastos, lógicamente tenía un desarrollo desigual, pero es el caso que a finales del siglo XVIII, los Virreinatos americanos se encontraban a la cabeza de todo desarrollismo, con un nivel de vida, de libertad y de seguridad ciudadana que enardecían la codicia del mercantilismo europeo en general, y muy especialmente del inglés, que sería actor definitivo en su propio beneficio.
La destrucción metódica de la industria española fue llevada a cabo, en la península, durante la conocida como “Guerra de la Independencia”, aún sin existir enemigo militar al que batir, y en América conforme avanzaba el dominio de los “libertadores”, y siempre estaban detrás las baterías británicas.
Acabado el conflicto bélico con los franceses en la Península, se inició la recuperación económica que, como consecuencia de los subsiguientes conflictos bélicos peninsulares no alcanzaría el nivel de evolución que se estaba siguiendo en países como Francia o como Inglaterra.
En lo económico, el comercio era prácticamente inexistente, mientras la industria estaba paralizada y la previamente existente había sido metódicamente bombardeada por las tropas inglesas con el claro objetivo de eliminar competencias. Los campos estaban devastados por la guerra.
No obstante, en 1820 se pusieron a punto nuevas técnicas de conservación de alimentos, consistente en la esterilización y el envasado hermético. Se desplaza así a los antiguos salazones. La implantación de estas técnicas se remonta a 1828 (Gijón) y 1836 (Coruña), pero la aplicación a escala industrial no se llevó a cabo hasta 1880 debido a múltiples factores, tales como la falta de capitales y las conocidas como “Guerras Carlistas”. Sólo se superó ese obstáculo después del conflicto cantonalista, cuando conserveros catalanes se instalaron en Galicia.
En 1825 se procedió a actualizar la legislación sobre explotación minera, que hasta la fecha se regía por las ordenanzas dictadas por Felipe II el 22 de Agosto de 1584. El artículo 4.º de la mencionada ley establecía claramente que “Todo español o extranjero…” podía realizar libremente “calas o catas para descubrir, reconocer y adquirir recursos minerales” en igualdad de circunstancias. Ese principio seguiría apareciendo inexorablemente hasta 1868, cuando alcanzó rango de ley.
El Real Decreto de 4 de Julio de 1825 sobre explotación minera se completaba con una instrucción provisional de 18 de diciembre, que introducía serias contradicciones.
En este año de 1825,
minería y metalurgia del cobre del suroeste (Río Tinto), van alcanzando un creciente protagonismo en la minería-metalurgia española. Inicialmente estas minas estaban controladas por el Estado hasta su desamortización en 1873, las cuales terminan en manos de capital inglés que las compró por casi 93 millones de pesetas, construyendo una sociedad que se denominaría Río Tinto C.L., y que se convertiría en una de las mayores multinacionales inglesas, y cuya rentabilidad alcanzó cifras inimaginables en las décadas siguientes. Esta compañía obtuvo unos beneficios de alrededor de unos 800 millones de pesetas entre 1880-1914, y que en su mayor parte se exportarían a Inglaterra. Cifra que equivalía al valor del mineral de hierro producido en Vizcaya entre 1876-1900, y que fue un factor decisivo del desarrollo industrial de la provincia. (González 1998: 208)
En 1866 un grupo de fabricantes ingleses de sosa cáustica y otro de metalúrgicos del cobre arrendaron las minas de Tharsis a la sociedad francesa Compagnie des Mines de Cuivre de Huelva, creando The Tharsis Sulphur and Copper Co. Ltd., empresa concentrada verticalmente con sus factorías británicas. Siete años más tarde, un consorcio financiero anglo-alemán compró el establecimiento estatal de Río Tinto, constituyendo The Río Tinto Ca. Ltd. Ambas sociedades realizaron inversiones necesarias para la producción y comercialización a gran escala de las piritas: laboreo a cielo abierto, multiplicación de teleras, construcción de ferrocarriles mineros y también compras de buques que salían de Gran Bretaña con carbón y regresaban con piritas en bruto, desulfuradas o descobrizadas. (Sánchez Picón: 54)
En resumen, en el segundo tercio del siglo XIX, se había producido un importante avance en el proceso industrializador de Andalucía, que será cercenado a partir de la década setenta. La dominación del capital extranjero de la industria minero-metalúrgica andaluza fue casi total para la década ochenta, la incidencia de su explotación sobre el territorio y el tejido social fue escasa al exportarse los beneficios y el mineral o el metal en bruto (no transformado). (González 1998: 208)
Por lo que respecta a Cuba, esta legislación tardó cinco años en llegar. No sería hasta 1830, año en que se firmó el Tratado de Comercio con Inglaterra, cuando se implantó en Cuba la legislación sobre minería de 1825.
A partir de esta fecha se produce la entrada masiva de capitales foráneos, que tomaron el relevo en el control de la extracción en la isla. Entre las empresas que se formaron destaca sobre todo Consolidated Copper Mines of Cobre Association, constituida en Londres en 1835 con un capital bastante elevado para la época (480.000 libras esterlinas) y que lideró el laboreo de esta zona durante bastantes años. (Pérez 2014:15)
Poco después se iniciaría también en Cuba la construcción de la primera línea de ferrocarril española. El principal promotor de este proyecto fue Claudio Martínez de Pinillo, el Conde de Villanueva, nacido en La Habana, quien en 1832 se inició como Presidente de la Real Junta de Fomento de La Habana. Esta entidad llevaría a cabo la construcción del ferrocarril consiguiendo un empréstito de 2 millones de pesos negociado en Inglaterra. La construcción de la línea tuvo al norteamericano Alfred Cruger, como ingeniero principal. El 19 de noviembre de 1837, la Compañía Caminos de Hierro de La Habana abrió su primer tramo de 27,5 kilómetros desde la capital cubana hasta Bejucal, sólo 12 años después del primer servicio de ferrocarril público inglés.
En 1849, Cuba contaba con 100 kilómetros de vía ferroviaria, duplicándose en una década, y siguiendo su construcción, que en 1879 había alcanzado los 333 kilómetros.
Y en la Península,
Puede calcularse, para todo el sigo XIX, una inversión ferroviaria efectiva de 3.188 millones de pesetas, de las cuales 2.422 millones procedieron de la inversión particular y 766 millones —un 24%— de subvenciones del Estado. En 1869, había 336 millones de pesetas concedidas en subvenciones. Dentro del capital privado, la mayor parte de la inversión realizada se hizo a través de obligaciones o títulos de renta fija, en un 65% del total, frente al 35% restante en acciones. El capital extranjero, casi todo francés —en acciones y obligaciones—, representó cerca del 60% de la inversión total privada en los ferrocarriles españoles durante la segunda mitad del siglo XIX. (Tedde)
También en la Península podemos encontrar el efecto del Tratado de Libre Comercio cuando en 1833 se constituyó la Real Compañía Asturiana de Minas…que contaba con la participación de capitales belgas.
Como queda señalado, desde 1825 todo español o extranjero podía realizar libremente calas o catas para descubrir, reconocer y adquirir recursos minerales. Una dejación que, forzosamente debía ser consecuencia de algo…
Ese “algo” puede vislumbrase si atendemos los “servicios” prestados por potencias extranjeras como Inglaterra en la lucha contra Napoleón, y que no podían quedarse reducidas a la destrucción de la incipiente industria nacional; así,
Durante el reinado de Fernando VII, el 28 de octubre de 1828, se reconoció una Deuda con Gran Bretaña de 60 millones de reales en concepto de presos e indemnizaciones procedentes de la época de las guerras anteriores a esta fecha, siendo Ministro de Hacienda López Ballesteros.
La Comisión de Tenedores de Bonos Españoles (Spanish Bond Holders) se formó en el año 1844 y estaba compuesta por aquellos súbditos ingleses que en el año 1828 habían adquirido Deuda pública española, con el fin de, según sus propias palabras, «haber intentado coadyuvar al establecimiento de un gobierno constitucional en España» (Alonso 1995: 86)
Durante este tiempo, la actividad de Inglaterra, y como viene siendo costumbre, tenía varios frentes, que si en tiempos anteriores habían sido neutralizados, como en el caso de la piratería, ahora habían tomado otras formas con las que Inglaterra estaba obteniendo todos sus objetivos a ambos lados del Atlántico, y siempre utilizando los Tratados de Libre comercio al alimón con el apoyo directo a acciones militares. Así, mientras organizaba ejércitos con personal y material de guerra británicos que acabaron rompiendo la unidad nacional creando republiquetas títeres de su voluntad al otro lado del Atlántico, con la España peninsular hacía lo propio manteniendo una monarquieta también títere de sus intereses. Todas maniatadas con Tratados de Libre comercio que permitían todo tipo de actividad a los británicos y maniataban a los estados que con ellos subordinaba.
Nada que objetar; el perro muerde, el gato araña… Y la acción de los agentes británicos, sometidos todos al mandato de una institución británica al servicio de los intereses británicos (la Masonería), sometía a la voluntad británica a las distintas poblaciones que habían perdido el espíritu que los hizo grandes, y daban por bueno todo lo que viniese de la que hasta el momento había sido considerada la Pérfida Albión.
La extraordinaria idea británica materializada en la creación de una organización como la masonería llevaba ya décadas triunfando en sus objetivos de someter a España, pero para 1830 todavía le faltaba materializar el medio que ha demostrado ser ideal en el control social: El Tratado de Comercio.
los primeros pasos de la campaña británica para llegar a la firma de un tratado de comercio con España se dieron en la década de 1830 y concretamente podemos decir que se iniciaron aun en vida de Femando VII con una carta dirigida a Zea Bermúdez en la que desde la perspectiva británica y recogiendo argumentos de la clase mercantil de aquel país que se irán repitiendo con insistencia en documentos posteriores, se intentaba convencer al gobierno español para que abandonase el sistema prohibitivo. En realidad todo este documento refleja la orientación de la política comercial británica encaminada a conseguir con todos los países un tipo de relaciones que no frenaran su propia expansión. (Nadal : 189)
Ante el giro neo liberal de “el deseado” se abrieron las posibilidades al capitalismo extranjero, que supo entrar, con intermediarios, para hacerse con las riquezas del país, y muy en concreto con las minas de Almadén, cuya productividad cayó en manos de la familia Rothschild.
No obstante, algunos sectores se vieron favorecidos con el Tratado de Libre Comercio, merced a que se les reservó una especial protección. La consolidación del sector textil catalán esta en relación directa con el proteccionismo del mercado interior español. Es la política proteccionista la que permitió consolidar y arraigar en estas regiones una actividad industrial de tipo moderno, en la que todo el país y no solo estas regiones tuvieran que ver con ese tema.
La mecanización y los cambios estructurales que conoció la industria textil catalana entre 1833-1860, mejoraron la capacidad productiva y su competitividad, lo que se tradujo en un descenso de los costos y precios por unidad. La producción de la industria textil algodonera del trienio de 1834-36 al de 1876-78 se había multiplicado por casi 11, para el trienio de 1888-90 por 15, según los datos de las importaciones de algodón en rama. Cataluña, a través del puerto de Barcelona, iba a recibir el 85% del algodón en rama importado español en el quinquenio de 1861-65 y el 94% en el de 1891-95. (González 1998: 210)
Por definir están las ventajas que aportó a España el Tratado de Libre Comercio. Algo más podrá decir la familia Rothschild y en conjunto el capitalismo británico. Y es que,
el Tesoro, mientras tanto, volvía a estar sin un real a fines de 1833, con un déficit de 200 millones y unas necesidades previstas a corto plazo cercanas a los 400 millones, que no podría cubrir el Banco de San Fernando, porque hacía meses que bordeaba el límite legal para sus adelantos al Tesoro. (López Morell: 603)
Otros aspectos, como la construcción de carreteras y caminos con sentido moderno, no se iniciaría hasta 1840, tras la finalización de la Primera Guerra Carlista. El impulso mas importante se produce a partir de 1851 con la Ley General de Carreteras, en la que se establece un modelo que en líneas generales es el que se ha mantenido hasta nuestros días. La red se clasifica en carreteras nacionales, de titularidad estatal; carreteras provinciales, que dependen de la diputación y carreteras locales, que dependen de los ayuntamientos.
A lo largo de ese siglo (1842-1940). se modifica el peso de las regiones en el conjunto económico nacional como consecuencia de la consolidación de la industrialización del eje norte, acentuándose por otra parte los desequilibrios económicos interiores en términos de desarrollo comparativo. (González 1998: 213).
La separación de la España americana comportó una seria de problemas, también económicos, en unos momentos en los que se hacía más necesario el apoyo financiero; así, la falta de plata generó una escasez de oferta monetaria, lo que llevó, de inmediato, a una subida de tipos de interés que frenó la actividad financiera y, a renglón seguido, la empresarial. (Velarde 2005)
La evidencia del servicio que prestaba a España el Tratado de Libre Comercio tuvo una de sus primeras expresiones el 16 de febrero de 1836, cuando Mendizábal liquidó y declaró nulos todos los créditos a cargo del estado que no fuesen presentados a reconocimiento antes de 31 de diciembre del mismo año. Una argucia liberal que sirvió para despojar de sus derechos a los prestamistas menos avispados, que no eran precisamente banqueros.
Y es que Juan Álvarez Mendizábal era un liberal radical procedente, curiosamente, de Gran Bretaña, donde se dedicaba a los negocios. Fue reclutado por la regente Maria Cristina para solucionar la situación militar, política y sobre todo económica, creada por los liberales moderados encabezados por Cea Bermúdez y Martínez de la Rosa, y era tenido por los liberales como la panacea.
En lo económico, el agradecimiento de los liberales al apoyo inglés posibilitó la crisis del textil de 1837 en Barcelona, lo que conllevó una importante revuelta que fue duramente reprimida por Espartero en 1842. El autor del bombardeo, el jefe de la masonería barcelonesa y militar a las órdenes de Espartero, Juan Van Halen, llegó a derribar más de cuatrocientos edificios con las bombas que para el caso le proporcionó el ejército inglés.
La situación provocó un malestar generalizado que acabaría con la regencia de Espartero en 1843.
E, este periodo, no obstante, tomaría auge el sistema crediticio, siendo que el año 1838 se crea la primera Caja de Ahorros de España, la de Jerez de la Frontera, que dará lugar en 1839 a que se ordene la creación de cajas provinciales, ligadas a los Montes de Piedad de la Iglesia.
Pero la situación de crisis generalizada era manifiesta; a la crisis del conflicto carlista se unía la crisis económica, así como la falta de sentido solidario que había posibilitado el predominio mundial de España en los siglos anteriores. Y de ello se daban cuenta también en el extranjero; así,
En su Diario de un Turista, de 1839, Stendhal, el maestro de la novela realista, recoge con la perspicacia propia de su talento sus impresiones tras un viaje de Perpiñán a Barcelona: «Los catalanes quieren leyes justas –anota–, a excepción de la ley de aduana, que debe ser hecha a su medida. Quieren que cada español que necesite algodón pague cuatro francos la vara, por el hecho de que Cataluña está en el mundo. El español de Granada, de Málaga o de La Coruña no puede comprar paños de algodón ingleses, que son excelentes, y que cuestan un franco la vara». Stendhal, que amén de escritor era también un ducho conocedor de la administración napoleónica, para la que había trabajado, capta al instante la anomalía: el arancel proteccionista, implantado por los gobiernos de España en atención a la perpetua queja –y excelente diplomacia– catalana, ha convertido al resto de España en un mercado cautivo del textil catalán, cuando es notorio que es más caro y peor que el inglés. (Ventoso 2014: 3)
No recaía sólo en los conflictos señalados la responsabilidad del maremagno del siglo XIX. El desorden administrativo, que si venía siendo endémico se encontraba particularmente agudizado en estos tristes tiempos, llevó al barón de Meer, a la sazón capitán general de Cataluña, a
alterar el orden administrativo de aquellas provincias , solo en virtud de un bando, variar la división de su territorio, hecha por una ley, suprimir intendencias, quitar las autoridades puestas por el gobierno, y sustituirlas en fin con otras nombradas militarmente por él mismo. Excesos que irritaban a sus administrados, que se veían vejados además con destierros, prisiones y otros malos tratamientos , que llamaron la atención de las cortes, y por último del gobierno, quien se vio precisado a separarle, por decreto del 1.° de junio, remplazándole con el general D. Jerónimo Valdés. (Flórez 1844 II: 585)
Algo similar sucedía en Sevilla y Granada, de donde fueron cesados los capitanes generales Juan Palarea y el conde de Cleonard.
El 31 de Agosto de 1839 se produce el acuerdo de Vergara entre Espartero y Maroto, dando por finalizada la Primera Guerra Carlista, que sin embargo seguiría en activo en el Maestrazgo y Cataluña, y al calor de esta situación surgen o se amplían dos importantes núcleos industriales: el vasco y el andaluz.
No andaba lejos de esta activación Joaquín Baldomero Fernández Espartero, que el 1 de Agosto de 1840 se pronunció, y tras exilio de Maria Cristina asumió las funciones de Regente, que las mantendría hasta 1843.
A su amparo, empresas y tecnología extranjeras se instalan en España, abarcando los más variados ámbitos; así, capitales franceses y británicos, y en segundo término alemanes e italianos, desarrollan actividad bancaria; capitales británicos (Domeq, Osborne), y en segundo término capitales franceses, monopolizan la agricultura; capitales ingleses, franceses, belgas… se apropian de la explotación minera, y el ferrocarril se desarrolla también a base de capitales principalmente ingleses y británicos.
Y su ámbito…
A mediados del siglo XIX, la posible industrialización española giraba en torno a dos ejes: la cuenca mediterránea y el eje norte que es el que terminará consolidándose durante un siglo (1840-1940). La factible industrialización del eje mediterráneo partía de las potencialidades demostradas por Cataluña y Andalucía en el segundo tercio del siglo XIX, y que terminará fracasando por el retroceso industrializador que vive Andalucía al final del período. (González 1998: 202)
¿Y cómo repercutía esta situación en el factor humano?
En 1860 el sector industrial sólo ocupaba el 17% de la población activa, frente al 64% en la agricultura. Las actividades primarias generaban entonces el 40% del producto interior mientras que correspondía a la industria el 17%. Cataluña era, entre 1850 v 1870 la región industrial más avanzada; en realidad la única que podía calificarse como propiamente industrial. Otras zonas de cierta densidad manufacturera estaban situadas entonces en Vizcaya, Asturias y Andalucía. (Tedde)
En cuanto a la alfabetización, hay que señalar que el 27 por ciento de la población estaba alfabetizada, cifra inferior a la media europea.
En cambio, el número de estudiantes de enseñanza secundaria y universitaria, en relación a la población escolarizada, era mayor en España que en Francia o Italia. La educación técnica superior, con un número relativamente reducido de alumnos, fue capaz de responder, sin embargo, a los dos grandes sectores que demandaban ingenieros a mediados del siglo XIX: las obras públicas y la minería. (Tedde)
En cuanto al capital, los capitales nacionales se limitarían a nutrirse con las desamortizaciones, las concesiones de servicios públicos, los suministros al ejército o las concesiones administrativas (ferrocarril, banca, comercio) con las que eran ganados para la causa liberal.
En esta situación, la economía española muestra un desfase radical con respecto a la europea. Con una agricultura oscilante entre el latifundio y el minifundio, de rendimientos bajos, y mantenida por el proteccionismo estatal en provecho de la oligarquía nacional y extranjera. De hecho, en muchos aspectos, como venimos señalando, la economía española resulta ser una economía colonial en manos del capital extranjero.
Estas actuaciones, cobijadas bajo el paraguas del todopoderoso librecambismo, se aplicaban siguiendo las ideas de Juan Álvarez Mendizábal, que a su vez seguía las instrucciones recibidas a través de la embajada británica, lo que ocasionó que Espartero fuese acusado de “haberse vendido a los ingleses”. Pero como viene siendo habitual en este siglo XIX que ya lleva durando doscientos dieciséis años, las críticas eran rechazadas y sus autores condenados al ostracismo, acusados de “serviles”, “ultras” y similares adjetivos.
La única solución era la guerra… Pero ahí también llegaban los largos dedos del liberalismo.
Espartero sería apartado de la Regencia en 1843, cuando un movimiento militar compuesto exclusivamente por liberales (los partidos progresista y moderado), encabezados por los generales Ramón María Narváez, Francisco Serrano y Leopoldo O’Donnell, llevaron a cabo un pronunciamiento que obligó a Espartero a marchar al exilio y declaró la mayoría de edad de Isabel II, que contaba trece años.
Con este acto dio comienzo la Década Moderada, que vio el inicio de la revolución de las comunicaciones en España.
Con la nueva situación, con el gobierno moderado en el poder, el 31 de diciembre de 1844 se promulga la Real Orden que da pie a la implantación del ferrocarril en España; algo que venía siendo tratado desde 1829, cuando el empresario gaditano José Díez planteó una línea de 5,83 kilómetros entre Jerez y la localidad de El Portal donde, sobre el río Guadalete, se construiría un muelle. El proyecto no se llevaría a término al no haber obtenido fondos suficientes. Tampoco tendría éxito, como consecuencia de la guerra, el proyecto Bilbao-Burgos de 1831, siendo en Cuba como hemos visto (entre La Habana y Güimes) donde en 1837 se construyó la primera línea española de ferrocarriles. (Alcaide)
Es la cuestión del ferrocarril un asunto que levantó ampollas en su momento y que incluso en la actualidad es objeto de comentarios jocosos, en concreto relativos al ancho de vía, que difería del que se venía usando en Francia. Se ha comentado hasta la saciedad que el motivo de la diferencia de ancho no era otro que el evitar invasiones por ferrocarril; algo que todos hemos escuchado en alguna ocasión, siendo que, a la luz del conocimiento, no pasa de ser un grano más en el granero de la historia negra que contra España se viene urdiendo desde hace siglos. ¿Cómo es posible pensar que tal motivo sea cierto cuando todos los políticos eran dependientes intelectuales y económicos de los supuestos posibles autores de esa supuesta invasión?
La invasión ya no se iba a producir por una intervención militar. La invasión ya se había producido, y las fuerzas vivas, del gobierno y de oposición, eran y son sus ejércitos, y la falacia del motivo del ancho de vía, muy probablemente fue propalada por ellos mismos para contentar a quienes se aprestaban a una nueva guerra contra ellos.
La prosaica verdad de la lenta evolución del ferrocarril en España, señala Rafael Alcalde, no fue otra que la dificultad que presentaba el relieve peninsular y el mal estado de las finanzas. Aspectos que son señalados en los documentos gubernamentales del momento.
Resulta ilustrativo para el caso mirar un mapa físico de Europa. Son muy llamativas las inmensas llanuras que la pueblan, y que en épocas posteriores permitieron, por ejemplo, que el ejército alemán emprendiese la II Guerra Mundial como una guerra relámpago; algo impensable en España.
Otro factor que retardó, no sólo la industrialización, sino la propia extensión del tendido del ferrocarril era el estado de guerra, donde se desarrollaban acciones aisladas, alejadas de los fuertes núcleos de conflicto, amén del gasto que comportaba el propio mantenimiento de la guerra.
En cuanto a las otras vías de comunicación, en 1802 se había acometido la remodelación de los caminos, pero primero la guerra detuvo el desarrollo de la obra y luego la restauración de Fernando VII llevó al cierre de la Escuela de Ingenieros Civiles y al apartamiento de Agustín de Bethencourt y Molina, alma del proyecto, que no volvería a ser efectiva, merced a la permanente conflictividad militar.
También en 1835 se había creado el Cuerpo de Ingenieros Civiles y el de Ingenieros de Minas, pero como queda dicho, el desarrollo de la guerra significó también en este caso una importante ralentización que tendría fin desde el final de la primera guerra carlista.
Así, finalizada la guerra, en 1840 se acometió una profunda reestructuración de los caminos y en 1843 se procedió a la construcción de la línea férrea Barcelona-Mataró al tiempo que se planteaba la línea Madrid-Cádiz y Madrid-Avilés. Eso sí, con capital francés e inglés respectivamente.
Pero otros proyectos quedaron sin realizarse hasta que en 1855 se reguló la estructura mediante la Ley General de Ferrocarriles, que garantizaba rentabilidad para los capitales invertidos y autorizaba la libre importación de los productos relacionados con su construcción, lo que significó una mayor dependencia del capital extranjero, que acabó trastocando el proyecto, ya que no se cumplió la idea nacional de enlazar la periferia, sino más bien la idea economicista de los grupos inversores, que estaban más interesados en conectar las zonas productoras de materias primas con los puertos, lo que dio lugar al aislamiento de importantes sectores, como Galicia.
La Hacienda había dilapidado los fondos recaudados con la desamortización, se encontraba endeudada con sus protectores, especialmente ingleses, e incapaz de atender los pagos se mostraba exhausta, por lo que en 1845 procedió el gobierno a modificar el sistema impositivo, sin por ello hacer mejorar sensiblemente la situación.
La recaudación de tributos, a pesar de la reforma fiscal de 1845, resultó insuficiente para cubrir las necesidades de la Hacienda, y su discurrir más bien se vinculó a la evolución de la renta. Los gastos estuvieron, por su parte, condicionados por el pago de intereses de esa deuda, que representó entre el 20 y el 60 por cien de los desembolsos. (López Morell: 599)
Era el momento para que los Rothschild, que ya tenían parte de la tarta, derivasen sus objetivos hacia los ferrocarriles y hacia la minería.
Y es que había jugo que sacar…
De la importancia de la producción plumbífera baste decir que figuró en cabeza de nuestras exportaciones minerales durante todo el siglo XIX, seguida del cobre y el hierro, y no superada por este último hasta la centuria siguiente. (Vilar 1983:111)
La irrupción del plomo español en el mercado internacional arruinó la hegemonía detentada hasta entonces por el metal inglés. Tal primacía se mantuvo hasta los años de 1880 en que los excedentes norteamericanos desbancaran a la producción peninsular.
La comercialización del metal español –exportado generalmente en barras- fue controlada, empero, por compañías británicas y francesas. (Vilar 1983:112)
El control del mercado internacional del plomo fue ejercido por Inglaterra desde medíados del siglo XVIII, sustituyendo en gran medida a Francia [Chastagnaret, 1992]. Este control británico se organiza desde los centros de consumo, a partir de la principal ciudad importadora, Newcastle-on-Tyne y, en menor medida, de Swansea y Londres. (Álvarez 2014: 982)
La superproducción existente y los precios bajos, de un lado, y el dominio cuasimonopsónico ejercido por los importadores ingleses que controlaban gran parte del mercado, exigiendo descuentos ruinosos, de otro, dieron lugar a una situación muy precaria de los productores de plomo de bastantes países, entre ellos España. (Álvarez 2014: 983)
La dependencia de Inglaterra queda manifiesta en estos datos de 1922, donde los cálculos, por lógica, se efectúan en libras esterlinas:
Tomando como ejemplo la reseña de 8-1-1922 [RM, enero de 1922: 241, el esquema de cálculo de la tarifa para el mes corriente es el que sigue:
Plomo: al contado, 25.6.5.114 £; a plazos, 24.12.9.314 £; precio medio,
24.19.7.112 £; en decimales, 24,98 £.
Cambio medio de la libra en el mes de diciembre de 1921: 28,365 pesetas.
Deducciones de mercado: por comisión, 1 por 100; por seguro 112 por 100.
Por derechos de ría y ensayos: 4 chelines por tonelada inglesa.
Fletes: 11 chelines por tonelada inglesa. (Álvarez 2014: 975)
Pero ni el plomo ni ningún otro producto natural sacaría a España de la situación de postración. La crisis económica acabaría en dos años con el recientemente creado Banco de Isabel II, que sería absorbido por el Banco de San Fernando el año 1846
Crisis financiera que no era exclusiva de España, sino que tenía carácter internacional. No obstante, no era sufrida la crisis por todos en la misma medida; así,
el 13 de julio de 1847, apareció en el periódico «Times» un artículo que decía: «Anuncio nuevo empréstito español de 100 millones de reales, sin producir ninguna alteración material en el valor de los fondos peninsulares, quedando estacionario durante el día» (Alonso 1995: 88)
Todo sucedía cuando el gobierno liberal de España no podía atender la amortización de la deuda anteriormente asumida, lo que ocasionó una sucesión de insultos hacia España procedentes de todos los ámbitos británicos, que llegaron a insinuar la posibilidad de una guerra, mientras por otra parte suavizaban la situación al tiempo que consolidaban su posición de dominio.
Pero la evolución continuaba sin remedio… En 1848 comienza a funcionar el primer alto horno de coque, y en 1855 se funda la sociedad Maquinista Terrestre y Marítima, dedicada a la industria mecánica. El proceso de industrialización va unido a una concentración geográfica intensa. En el norte se ubicará la industria del carbón, del hierro y del papel. En Cataluña la industria textil, atrayendo gran cantidad de inmigrantes.
En Asturias, la primera fábrica que entró en funcionamiento fue la de Mieres, en 1848, construida por una compañía británica. Se mantuvo en funcionamiento tan sólo un año. En 1852 de nuevo entró en funcionamiento, ahora con capital francés.
En ese proceso, España no hacía sino facilitar la colonización eliminando las cargas arancelarias y abriendo crecientemente las puertas a la entrada de capital extranjero.
Bajo esa sumisión acaba inaugurándose en 1848 la línea ferroviaria Barcelona-Mataró y se desarrolla el resto de la línea, así como la mejora y apertura de nuevas carreteras. A la par se desarrolla la instalación del telégrafo.
Llegado el año 1849 fue en el distrito de Linares-La Carolina donde se asentaron de forma más estable y organizada una serie de sociedades inglesas, que protagonizaron el aprovechamiento de los yacimientos mineros.
Desde 1849, año de la constitución de las primeras sociedades inglesas en Linares, la inversión foránea se va a multiplicar por la geografía peninsular, mostrando un progresivo dinamismo (Chastagnaret, 2000: 356). Se puede considerar que fue en dicha fecha cuando se produjo el pistoletazo de salida de un caudal financiero hacia los recursos nacionales que no paró de crecer a lo largo de la segunda mitad de la centuria. ¿Qué había cambiado para que se produjera este cambio de tendencia? La década de 1840 acaba con una nueva legislación minera, la Ley Minera de 1849, pero en la práctica este nuevo marco jurídico no supuso un gran cambio frente a la normativa anterior, ya que mantenía en esencia los mismos principios. (Pérez 2014: 20)
El proceso de colonización extranjera estaba maduro, así el año 1849
se constituyó la sociedad inglesa Linares Lead Co. Ltd., con una modesta inversión (45.000 libras) para explotar la mina de Pozo Ancho, bajo la dirección del ingeniero H. Thomas. Detrás de esta inversión estaba el grupo londinense Taylor, que acabará controlando la parte principal de las sociedades inglesas que actuaron en esta cuenca. A partir de la irrupción de esta compañía, se produce una reactivación tecnológica y productiva del distrito y se establece el primer gran grupo de inversión inglesa, que lideró la actividad minera y metalúrgica de Linares-La Carolina en las siguientes décadas. Los acontecimientos se sucedieron de manera rápida, destacando sobre todo en la primera etapa tres sociedades inglesas: la mencionada Linares
Lead, Fortuna Lead (1854) y The Alamillos (1863), a la que se sumará La Tortilla de Sopwith. Los inversores franceses, de los que destaca la sociedad
La Cruz, se quedaron rezagados en esta cuenca, ocupando una posición secundaria frente al dominio británico. (Pérez 2014: 21)
Es también en esta época cuando se adoptan las actuales normas de pesos y medidas, que a 2016 todavía no han sido adoptadas por algunos países.
La Ley de Pesos y Medidas de 19 de julio de 1849 introdujo en todos los dominios de España un sistema decimal de pesos y medidas cuyas unidades básicas eran, respectivamente, el kilo y el metro. Se adoptaba así un sistema uniforme, de acuerdo con el modelo implantado por vez primera en Francia en 1795. Bélgica y Holanda fueron los primeros países en seguir el ejemplo francés, en 1816, que, después de España, fue también adoptado por Portugal (1852), Italia (1871) y el Imperio alemán (1872). (Tedde)
El año 1850 se puso en marcha el servicio oficial de telégrafos.
En 1850, según nos señala Leandro Prados de la Escosura en El progreso económico de España (1850-2000), se produjo la máxima aproximación, en el período por él analizado, al grupo de los ocho países más ricos de Europa -Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Gran Bretaña y Suecia-: un 91,0 por 100. En 1860 seguía prácticamente igual: un 90,5 por 100; pero en 1870, en pleno Sexenio Revolucionario, había caído al 75,8 por 100. (Velarde 2005)
La involución, así, quedaba manifiesta. Quedaba ya lejos aquel 1820 cuando sin discusión eran las Españas las más ricas. Y lo que resulta más doloroso: no es que los otros países surgidos tras la explosión de la Patria Hispánica continuasen ocupando los más destacados puestos; bien al contrario ya no eran sino factorías que suministraban las materias primas, en condiciones de sumisión absoluta a la voluntad de sus colonizadores, principalmente británicos, que veían cumplidas finalmente las expectativas por las que habían luchado durante siglos a base principalmente de la piratería.
En 1850, la renta por habitante estaba próxima al 90% de la renta per cápita conjunta de británicos y franceses; veinte años después, dicha proporción había caído al 75%. La producción industrial en España experimentó un avance indudable entre 1840 y 1870: el producto industrial aumentó en ese período a una tasa anual media del 2,7%. Según los especialistas en historia industrial, el crecimiento de la década de 1840 y 1850, puede caracterizarse como arranque de la revolución industrial. (Tedde)
¿Y en el resto de las Españas? Ese es capítulo digno de ser tratado, no en capítulo aparte sino en trabajo aparte. Los virreinatos americanos, que a finales del siglo XVIII eran los territorios que gozaban de mayor libertad y prosperidad del mundo, estaban en estos momentos, medio siglo después de haber sido desgajados y colonizados, en el más absoluto subdesarrollo.
Sólo señalar que tan sólo dos años antes, el dos de febrero de 1848, era firmado el Tratado de Guadalupe Hidalgo, el cual establecía que México cedía los territorios de Nuevo México y la Alta California, aproximadamente 2, 378,539.45 kilómetros cuadrados de territorio, como consecuencia de haber perdido la guerra iniciada dos años antes.
Pero centrémonos en el asunto que concierne a este capítulo. ¿Qué pasaba en el trozo de las Españas que había quedado desgajado en la vieja Europa?
Hemos visto que el endeudamiento, el sometimiento y la entrega sin condiciones a los intereses británicos venía siendo efectivo, como mínimo, desde la conocida como “Guerra de la Independencia”; anteriormente se había seguido la misma marcha con relación a Francia… Pero ahora la situación era peor, porque no había forma de satisfacer la deuda externa.
No obstante el largo período de tiempo transcurrido desde 1828 hasta el año 1851, exactamente 23 años, los acreedores Ingleses no habían conseguido recuperar los 60 millones de Deuda, por lo que Howden volvió a reclamar al Gobierno español esta gran cantidad de Deuda, resaltando el gran lapso de tiempo transcurrido y el continuo incumplimiento de los acuerdos firmados por parte española; por contra, hizo hincapié en la gran moderación mostrada por los súbditos ingleses en sus continuas reclamaciones. (Alonso 1995: 99)
Pero es que la gestión de los caudales públicos, atendida por los liberales desde el mismo reinado de Fernando VII, hizo que, como viene siendo habitual hasta ahora mismo en el régimen que entonces se instauró y hoy pervive, hacía que los gastos superasen con creces a los ingresos, siendo que
En Julio de 1854 se encontró la nueva situación con catorce mil reales no completos por toda existencia en el Tesoro, con un presupuesto de gastos de 1,800 millones y con un déficit considerable por descubiertos en los ejercicios económicos de los años anteriores. (Orellana, II: 544)
Es el caso que los gobiernos liberales, hábiles en el despilfarro improductivo, no cesaban en estos momentos en la generación de legislación, no toda inútil, y en no pocas ocasiones francamente buena si hubiesen tenido capacidad intelectual para desarrollarla.
Así, en ese trabajo que en ocasiones nos preguntamos si son palos de ciego que en ocasiones aciertan, en 1851 se dio el primer Plan General para corregir la desorganización de las concesiones otorgadas hasta entonces y establecer una red radial que tuviera como centro Madrid, siguiendo y reforzando la idea centralista propia del liberalismo español. Pero el verdadero impulso a la construcción de una red de ferrocarriles se dio con la Ley General de Caminos de Hierro de 1855, dentro del programa de modernización económica defendido por los progresistas. Se pretendía imitar el ejemplo europeo. El ferrocarril fue el medio de transporte fundamental en el siglo XIX por sus ventajas: capacidad de carga, velocidad, seguridad y disminución de tiempos y costes. Además, se pensaba que la red estimularía a la industria, como había ocurrido en la Revolución Industrial inglesa.
Con esos objetivos, los gobiernos del momento promovieron una muy fuerte llegada de capitales extranjeros ligados, en más de una ocasión, a fuertes grupos financieros, como fueron, por ejemplo, los Prost, Rothschild y Pereire, y se abrieron nuevos bancos: el de Bilbao, el de Barcelona y el de Cádiz, dando lugar al desarrollo industrial.
El vapor se impone en todo el país, provocando un tirón de la gente del campo hacia la ciudad. Barcelona crece desordenadamente, en medio de asonadas y bullangas. En cambio, la industria pesada choca con mayores dificultades, ya que la hulla y el hierro están lejos y son muy insuficientes. Algunos establecimientos aparecen en la ciudad, en un alarde de entusiasmo creador. Pero ya para aquel entonces los principales centros de la industria pesada española se sitúan a lo largo de la costa cantábrica, en Asturias y Vizcaya, donde la abundancia de hulla y mineral de hierro, respectivamente, explican el funcionamiento de altos hornos y fundiciones de metal. (Vicens 1997: 62)
A lo largo del siglo XIX las exportaciones a Francia y a Inglaterra oscilaron entre el 45 y el 70 por 100, y las importaciones entre el 35 y el 60 por 100. Gran Bretaña fue el principal proveedor español de maquinaria, bienes de equipo y combustible y constituyó el principal mercado de nuestros productos mineros y metalúrgicos. En definitiva, las economías francesa e inglesa funcionaron como motor para la industrialización española; cuando estas economías ralentizaron su crecimiento, especialmente a partir de 1873, la economía española, dada su dependencia, se resintió gravemente.
Al amparo de la Ley general de ferrocarriles de 1855 se crearon unos 5000 kilómetros de red ferroviaria. El año siguiente quedaría paralizada la extensión de líneas merced a la crisis financiera, que iría incrementándose hasta 1866, cuando los inversores exigieron subvenciones al gobierno.
Los ferrocarrilles así, además de paralizados en su expansión, quedaron monopolizados por empresas de capital extranjero (sobre todo francesas y alemanas) como los Pereyre (Cia. de ferrocarriles del Norte), los Rotschild alemanes (MZA: Compañía Madrid-Zaragoza Alicante) y los Prost («Ferrocarriles andaluces y del Oeste»).
Ya en 1877, la Ley General de Ferrocarriles fomentó la ampliación de la red, que llegó a duplicarse en el último cuarto del siglo XIX, permitiendo, además, que la presencia de capital español en el ferrocarril fuera mayor.
Y mientras, ¿en qué situación se encontraba el pueblo?
El 55 se inaugura con un invierno tan duro que al cabo de los dos primeros meses se anuncia que tan sólo en Madrid han muerto más de dos mil personas de frío. Al mismo tiempo los efectos del clima se hacen sentir sobre las cosechas y, aunque por comparación con el resto de Europa, azotada por severos temporales, España obtiene mejores resultados y granos para la exportación, la carestía no se hace esperar en el interior del país. (Urquijo 1981: 20)
La Ley de Sociedades de Crédito de 1856 permitió que se establecieran en España tres grandes instituciones: el Crédito Mobiliario Español, que originaría la compañía de los Caminos del Hierro del Norte de España, pertenecía al grupo francés de los Pereire. La Sociedad Española Mercantil e Industrial, del grupo financiero de los Rotschild, y que participaría en la creación de la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante. Y la Compañía General de Crédito de España, del grupo financiero de los Prost, que participaría en otras varias compañías de ferrocarriles. Gracias a las sociedades mencionadas, en el año 1868 la inversión en este sector descendió mucho, y a partir de 1882 la participación extranjera fue menor. De las inversiones el 60% provenían de la economía francesa.
Gran capacidad legislativa, no cabe duda, que sin embargo no repercutía en la solución de los grandes problemas de financiación y ahondaba en el endeudamiento externo, en la dependencia de intereses ajenos a España, mientras los gestores de esos interese en España, los políticos, generaban enormes bolsas de personas dependientes del erario público.
Al respecto, Aparisi Guijarro manifestaba en 1859 que la deuda pública era de catorce millones de reales, y señalaba:
En España hay muchos partidos; los partidos están divididos en facciones; cada una de estas tiene al frente hombres notables; y apenas nace un ministerio, cuando se le ataca, se le hostiga, se le enflaquece, y al final se le derriba: el vencedor ocupa el puesto del vencido; y ya se ve, ha de pagar servicios, proteger afiliados, aumentar prosélitos; de aquí dejar cesantes, crear nuevos empleos, recargar tributos. (Aparisi 1859: 7)
Los males económicos, endémicos, se recrudecían en estos momentos. Se había conocido un crecimiento que tocó techo el año 1864, cuando se colapsó la actividad industrial y comercial. Nuevamente la casa Rothschild estaba ahí para salvar la situación.
Los problemas del Gobierno español en materia económica venían determinados por las grandes cantidades de dinero que se habían pagado y continuaban pagándose en concepto de subvenciones a los contratistas de Ferrocarriles. Las obligaciones del Gobierno para con los contratistas se habían estimado según el precio de mercado. Este precio estaba regulado por los de otros valores públicos producidos en el mercado y era fácilmente comprensible lo que sucedería si las obligaciones fueran admitidas a la libre circulación en las Bolsas europeas. Todo esto se traducía en un aumento de la Deuda permanente, sin ninguna necesidad y sin obtención de ventaja alguna. (Alonso 1995: 108)
En esta situación, para 1866, se destapaba por fin la crisis agraria y financiera, como continuación de la crisis industrial catalana, iniciada en 1862. La crisis del ferrocarril ocasionó la crisis bancaria, anticipo de la crisis general de 1867 y 1868, ocasionada por las malas cosechas y el paro, que significó carestía en los productos básicos, que vieron multiplicarse por seis sus precios.
Para 1868, en toda España, las compañías mineras extranjeras controlaron en torno al 20 % de la superficie y del número de concesiones demarcadas.
El capital, sobre todo inglés y francés, en la minería se incrementó gracias a la Ley de Bases de marzo de 1868, por la que se podían conceder minas a perpetuidad, tanto a nacionales como a extranjeros, mediante el pago de una cantidad al Estado.
Otros sectores, como el textil hicieron que la ciudad de Barcelona pasase de tener unos 100.000 habitantes el 1808, a cerca de 200.000 el 1868, en buena parte debido a la llegada e un gran número de inmigrantes atraídos por las oportunidades económicas que podían encontrarse en la ciudad.
Toda esta actuación reportaba otras consecuencias de carácter de confianza en la propia iniciativa.
A estas alturas de siglo, la propaganda europeizante había hecho mella en la sociedad de una manera significativa hasta el extremo que los principios éticos que habían posibilitado la preeminencia de España durante tres siglos, y con ella la supervivencia de grandes núcleos de población a lo largo del mundo, se hubiesen venido estrepitosamente abajo, ocupando su lugar un complejo de inferioridad que se incrementaría con el desastre de 1898 para continuar creciendo sin solución de continuidad hasta hoy mismo.
Y todo ello comportaba otros aspectos, como la difusión del relativismo. En ese sentido, en 1868 se decretaba la libertad de cultos, la de asociación y la de enseñanza.
¿Qué significaba esta medida si la unimos al complejo de inferioridad que acabamos de señalar?; en primer lugar, que las teorías del liberalismo económico, propagadas en las aulas, en los ateneos, en las reuniones públicas como única verdad, acabarían representando una insuperable rémora social que llevaría a despreciar lo propio en beneficio de lo foráneo sin previo análisis, a la envidia de todo lo extranjero por el mero hecho de serlo, y a la aceptación de la tiranía, mejor si venía de la mano del capital extranjero, y a la proletarización y a la ruina de medios de producción nacionales.
El poder ejecutivo no se quedaba atrás en la siembra de ese complejo, así desde su dependencia absoluta de potencias extranjeras, llevan a afirmar a Castelar que Europa:
…viéndonos más atrasados que Rusia, nos cuenta por uno de los pueblos perdidos para la libertad y la civilización, y nos entrega al ludibrio de todas las razas, a triste desprecio y humillante olvido. (Castelar 1870: 3)
En este orden de cosas, que venían desarrollándose durante la práctica totalidad del siglo XIX, se vio recrudecida en los últimos años de la década de 1860 con la crisis económica extranjera, así, la deuda pública llegó a pagarse a un 20%, mientras el avance de las sociedades extranjeras se hacía aún más evidente.
En el marco de los minerales de cobre andaluces, la presencia de intereses franceses y británicos en Huelva data de la década de 1850, decantándose la balanza por el lado inglés, que se concretará en la emblemática Tharsis Sulphur & Copper Co. (Pérez de Perceval 2012: 85)
Evidentemente, estas acciones no repercutieron en un beneficio que pudiese ser detectado por el pueblo, que durante el año 1868, el año de La Gloriosa, y hasta 1872, padeció el periodo más duro de la crisis.
Con una consideración a tener en cuenta: En los momentos más duros padecidos como consecuencia de la crisis económica, el año 1869 se creó una legislación que protegiera los intereses económicos de la burguesía y de los inversores extranjeros. Una de las medidas sería la creación de la peseta, mientras con la Ley de Minas se procedió a la desamortización del subsuelo, cuyo producto sería objeto de la misma dilapidación que anteriormente sufrió el producto de las desamortizaciones eclesiástica y municipal.
Con la desamortización del subsuelo
Se abrieron las riquezas minerales de la Península a la voracidad de las finanzas extranjeras, y el cobre, el plomo y el hierro fueron embarcados con destino a Francia, Inglaterra y Bélgica. (Vicens 1997: 64)
Y debemos considerar que entre 1861 y 1910 España aportaba casi la octava parte del plomo mundial y casi la tercera parte del cobre mundial.
Pero el Tratado de Libre Comercio, el arma tan genialmente utilizada por Inglaterra para someter toda la Hispanidad, salvaba la piel de los políticos, que entregaban España, atada de pies y manos, a sus enemigos (los de España), si bien a sus amigos o amos (los de los políticos). La dependencia económica seguía su curso: El año 1869 se llevó a cabo un empréstito de 400 millones realizado… en Londres. Al propio tiempo, quedó cedido el crédito que se tenía contra Marruecos de 144.994.000 reales por la suma de 64 millones de reales a los señores Erlanger y Cia., siendo que, como anticipasen cinco millones de francos, Hacienda les dio títulos al 22%.
Pero como sigue pasando hoy mismo, las justificaciones que daban los políticos les exoneraban de toda responsabilidad… Las diferencias presupuestarias eran, según manifestaba el ministro de Hacienda, Laureano Figuerola, responsabilidad de las administraciones anteriores.
La realidad es que, como venimos señalando reiteradamente de forma consciente dada la reiteración del acontecimiento,
el capital extranjero, mayoritariamente inglés, había entrado con fuerza en los sectores mineros y metalúrgicos no ferrosos desde los años de 1870, que termina controlando, y con una vocación cuasi colonial y una actitud empresarial que se reducía a la exportación de los beneficios y del mineral y los metales que producían, y la importación de la tecnología y el carbón que necesitaban para su funcionamiento. En el país quedaba una pequeña parte del valor del producto en forma de bajos salarios, de casi subsistencia, y una tributación ridícula. (González 1998: 202)
¿Y cómo solucionaba el hermano masón Laureano Figuerola las diferencias presupuestarias que achacaba a sus amigos que le habían cedido el puesto? En 1870 firmó con los representantes de la casa Rotschild una operación de crédito sobre los productos de la mina de Almadén y una exclusiva de venta de dichos productos durante 30 años. Con la firma de este acuerdo los Rotschild consiguieron monopolizar la producción mundial de mercurio, ya que controlaban también los yacimientos de Idria, en Italia y las minas de Nuevo Almadén, en California.
Pero no paró ahí la labor de Figuerola, quién en 1870 propuso a las Cortes la venta de las minas de Rio Tinto. Tras dos subastas consecutivas fueron asignadas a la casa Matheson de Londres, en asociación con el Deutsche Banck y el apoyo financiero de la casa Rotschild, por un precio de 93.995.912 pesetas, pagaderas en 10 años. El dinero sirvió al gobierno español para hacer frente a las presiones de sus acreedores.
Río Tinto estuvo controlado directamente por el Estado hasta 1873. Tres años antes el gobierno había aprobado su venta a un precio excepcional para la época establecido en 92,8 millones de pesetas. El negocio se consumo con el traspaso a un consorcio ingles organizado y dirigido por el financiero británico Hugo Matheson (c. 1820-1898), que constituyo la sociedad The Rio Tinto Company Ltd (en adelante, RTCL) para la explotación de los yacimientos. Fue una operación inusual ya que en la minería española hasta entonces se explotaban “concesiones” que permitían el laboreo del subsuelo en una determinada parcela, mientras en 1873 se produjo la venta del conjunto (cerca de diez mil hectáreas) de la propiedad del suelo y del subsuelo a perpetuidad. (Martinez 2014: 3)
Pero la preocupación del gobierno no iba más allá de generar efectivo para justificar su gestión, por lo que otras cuestiones no eran tenidas en cuenta, aún a pesar de existir el conocimiento exacto de sus consecuencias, por ejemplo…
La emisión de gases con alto contenido de azufre y arsénico que las 'teleras'
emitían, un método prohibido en su país a mediados de siglo, provoco la movilización ciudadana y sobre todo de los agricultores y trabajadores de RTCL. En pleno auge minero llego a calcinarse más de dos millones de toneladas al año y desprender al día hasta 600 toneladas de gases tóxicos. (Martinez 2014: 6)
La situación alcanzó a que las protestas se generalizasen, siendo que en 1888 se produjo una protesta contra los británicos que sus agentes españoles saldaron con la muerte de doscientos manifestantes de Zalamea la Real el 4 de febrero, lo que ocasionó un informe de la Real Academia de Medicina ¡que exoneraba de culpabilidad a los británicos aseverando la inocuidad de los gases sulfurosos emitidos! La dependencia de los británicos, que desde 1808 era evidente, quedaba mortalmente sellada.
Y es que la Rio Tinto Company Limited, era una sociedad inglesa que funcionaba, no con arreglo a la legislación española sino con arreglo a la legislación británica.
Los atentados a la salud pública no eran atendidos, como quedó demostrado, siendo que eran conscientes de su existencia, y como hemos señalado, la venta del subsuelo era, en el momento de producirse, ilegal, pero como la redacción de leyes es uno de los hitos de este régimen que hoy perdura el asunto quedaría dentro de la ley al año siguiente de haber sido perpetrado, al redactarse una nueva legislación de minas.
La Ley de Minas de 1871 supuso una desamortización de los recursos naturales. Las minas fueron subastadas públicamente, siendo en muchas ocasiones compradas por empresas extranjeras.
Esta nueva ley acabaría teniendo otras consecuencias en el desarrollo industrial, ya que dio lugar al nacimiento de la siderurgia vasca, en clara relación con la explotación de las minas de hierro de Vizcaya y Santander, por parte de compañías inglesas, que a su vez crearon en la ría de Bilbao los primeros altos hornos de la zona. En 1871 la empresa inglesa The Cantabrian Iron Cia. creó en Sestao el primer alto horno (San Francisco), el éxito indujo a otros grupos capitalistas a la creación de nuevas empresas, así surgen la Vizcaya, la Iberia, los Altos Hornos, que terminaron fusionándose en 1902 con el nombre de Altos Hornos de Vizcaya S.A.
Evidentemente, estamos en unos momentos de gran desarrollismo; así, en Barcelona se montó la primera central eléctrica en el año 1873.
Sin embargo, y como consecuencia de los contratos leoninos que eran alegremente aceptados por unos gobiernos cuya dependencia de intereses extranjeros queda meridianamente plasmada en sus acuerdos y contratos, en 1873 (año de la primera república) las arcas del estado seguían vacías permanentemente, de lo que inexorablemente eran acusados los gobiernos anteriores, y para solucionar el problema, las cortes aplicaron una subida generalizada de impuestos por todos conceptos: Importación, exportación, matrículas, títulos, cédulas, documentos bancarios, carruajes…y finalmente sobre los huecos de las fachadas (puertas, ventanas), fomentando la denuncia al destinar un tercio de las multas a favor del denunciante.
¿Qué impuestos extraordinarios se crearon?: el llamado de carga y policía naval, con efectos desde el 1 de noviembre y que gravaría con un 5% las mercancías destinadas al extranjero, con un 2% las llevadas a Ultramar, y con un 1% el comercio marítimo interior. En segundo lugar, el llamado de timbre, representado por sellos de 5 y 10 céntimos de peseta con la leyenda de impuesto de guerra, y que sería el impuesto más generalizado, al gravar cartas, billetes de lotería o de espectáculos públicos y transportes, multas, papel del Estado, matriculas, documentos bancarios, títulos y cédulas en general, pólizas, libros de comercio, etc. Incluso las provincias que normalmente estaban exceptuadas del uso del sello, tuvieron que contribuir en este caso de modo excepcional.
Los productos mineros se vieron también gravados, con un 3% el hierro y la hulla, y con un 5% el resto de los minerales, que los propietarios de las minas tenían que abonar por trimestres vencidos. Curiosamente aquí Inglaterra no reaccionó como lo haría el año 1879 cuando provocó la conocida como Guerra del Salitre entre Chile por una parte (con apoyo subrepticio británico, incluida la armada, que llegó a actuar con claras formas piráticas), y Perú y Bolivia por otra. Guerra que concluiría en 1883 con un único beneficiado: Inglaterra.
Además, los Ayuntamientos tenían que entregar el 5% de su presupuesto de ingresos, pudiendo elevar éste en la cantidad del impuesto.
Pero si los políticos tienen una virtud es la de encontrar ocasión para sacar dinero, así se inventaron el impuesto de lujo, que se aplicó a los carruajes. Este impuesto no era igual para todas las ciudades; así un coche de dos caballos o más, en Madrid pagaría 250 pesetas frente a las 100 en un pueblo inferior a 5.000 habitantes.
El más llamativo de todos los impuestos creados es uno que, extrañamente no ha perdurado: el impuesto sobre los huecos de las fachadas, por el cual todas las puertas, ventanas y balcones que dieran a la vía pública eran objeto de imposición, señalándose, como en el caso de los carruajes, distintos baremos según el número de habitantes de la población, siendo que la puerta de Madrid pagaba ocho pesetas anuales, mientras que la puerta de un pueblo con menos de 1000 habitantes pagaba una.
Para evitar el fraude, se penaba con multa de 5 pesetas los casos de omisión.
Para reducir el déficit del Tesoro, previsto en la ley del 19 de agosto, se abrió suscripción pública para colocar 180 millones de pesetas en billetes hipotecarios del Tesoro, al 8 por 100 de interés y 5% de amortización anual - es decir, veinte años- con la garantía del producto de la realización de los pagarés de los bienes nacionales y de las fincas aún no vendidas. Esto suponía amortizar gran cantidad de Deuda Consolidada exterior e interior y otros valores del Tesoro y de la Caja de Depósitos.
En cuanto a las aduanas, como los carlistas ocupaban parte de la frontera con Francia, se impusieron una segundas aduanas en las líneas de la margen izquierda del Ebro y derecha del Gállego.
Con toda esta actuación, el estado, también en lo económico, se manifestaba como fallido. Y como remate, Hacienda tuvo que hacer frente a letras de cambio por valor de 400 millones de reales con el Banco de París, consiguiendo aplazar su vencimiento con unos nuevos intereses del 12 por 100, mientras el Banco de España suministró anticipos sobre las contribuciones aplicando interés del 6 y 7 por 100. La Banca Bauer también negoció con el gobierno republicano, al entregarle 44 millones de reales al 9 por 100 anual, 24 de los cuales eran sobre los rendimientos probables de las minas de Almadén.
Cierto que la República tan sólo obtuvo el reconocimiento de Suiza y de los Estados Unidos, pero también cierto que el apoyo económico suministrado por los países que no la reconocieron, fue patente.
La cuestión no se arreglaría ni con la liquidación del cantonalismo ni con la liquidación de la República. Así, en 1874 se destapa un caso de corrupción:
estafa al Estado de 3.035.392 reales, realizada mediante el doble pago de cupones del 3 por 100 interior presentados en el negociado de reconocimiento y recibo de créditos en el departamento de emisión de la dirección general de la Deuda Pública. (Toro 1997: 308)
¿Un caso de corrupción?... Tal vez. No hemos sido capaces de sacar luz sobre este asunto concreto, si bien, el devenir de los acontecimientos indica que la corrupción es, quizás, el primer motor del sistema. Las dependencias de potencias extranjeras, manifiestas, en este sentido no nos indican más que la conciencia cierta de su existencia… pero eso no basta para aseverar que era corrupción.
Quién sí queda ciertamente retratada es la regente Maria Cristina de Borbón, que se hizo célebre por su participación en operaciones de especulación con la sal, con los ferrocarriles y con la ilegal trata de esclavos.
Todas estas maquinaciones económicas, evidentemente, tenían una directísima repercusión en la deuda pública, que cuando llegamos a los inicios de la Restauración en 1876, equivalía a 17 veces el presupuesto del Estado.
En 1876, la Deuda pública sumaba la escalofriante cifra para la época de 12.130 millones de pesetas (cuando el presupuesto era de 711 millones de pesetas). A lo largo del período de 1850-1890 -40 años- el gasto público del Estado a través de los presupuestos había ascendido a 25.643 millones de pesetas, de los cuales un tercio se tuvo que destinar al pago de los intereses de la Deuda pública, el 32.3%: el equivalente a 8.270 millones de pesetas. (González 1998: 217)
Y si tenían repercusión en la deuda pública, también evidentemente tenían repercusión en las personas y en las empresas, siendo que el precio del dinero no era homogéneo, sino que el mismo dependía de las provincias.
En la década de 1880, en España, el precio del dinero podía variar de unas provincias y ciudades a otras en un 160%. En el caso del País Vasco y Andalucía las diferencias son del doble, y en el caso de algunas provincias andaluzas estas pueden oscilar entre el 100% y el 140%. Con respecto a Cataluña, la diferencia es algo menor, entre un 50-100%.(González 1998: 220)
Esta situación, también lógicamente, repercutía en la productividad. Así, en 1879 España produjo menos de 70.000 toneladas de hierro colado, lo que correspondía al 24,56% de las necesidades nacionales de consumo. Pero eso no es de extrañar si tenemos en cuenta que la Ley de Ferrocarriles de 1855 establecía en su artículo 20 la devolución a las compañías de ferrocarriles de los aranceles pagados por la importación de hierro, maquinaria, material móvil, etc.
Consiguientemente, las empresas concesionarias de los trazados, no adquirían el material nacional, sino que por el contrario, lo importaban de Inglaterra y de Francia, no incumplían la ley y condenaban a la ruina a la siderurgia radicada en España, que aunque no pueda ser considerada siderurgia nacional, y aunque sus beneficios fuesen objeto de exportación, empleaba trabajadores nacionales con los que algo de la riqueza, caso de producirse, quedaba en España.
La tercera intentona carlista había fracasado en 1876, y ya sin esta rémora, y teniendo como referencia la producción anterior, posibilitó el incremento de la industria y la proletarización del mundo laboral.
La década de 1880 supuso para España un gran crecimiento industrial y agrícola que la situó como uno de los líderes europeos en producción de hierro y cobre, con una notoria inversión extranjera. Paradójicamente, es al mismo tiempo una década de crisis. El cierre de fábricas y el despido de obreros era noticia día a día, hecho que se acentuaría en los 1890s. La brecha económica entre burguesía y proletariado, por lo tanto, fue creciendo tanto como la conflictividad social. (Ruiz 2013: 27)
En ese sentido, en 1881 se inauguró la primera línea férrea en Puerto Rico… con capital británico (con toda seguridad, como en el resto de las ocasiones, procedente del saqueo realizado en los virreinatos americanos en el primer cuarto de siglo, cuando arrasaron con los depósitos existentes)
En estos momentos, la deuda del Estado alcanzaba los 12.590 millones de pesetas y 1.162 la del Tesoro. El gobierno procedió a la emisión de 1.800 millones de pesetas en una nueva deuda, al 4 por cien de interés, que se amortizaría en 40 años. Un nuevo empréstito que ahogaba la economía nacional y la ponía a los pies de sus acreedores, el principal de los cuales, la casa Rothschild, no perdía oportunidad, siendo que
En total, desde 1830 a 1900, la Casa Rothschild prestó un total de 764 millones de pesetas al Estado español, a través del Banco de España y del Tesoro Público, colocó emisiones de deuda pública que generaron 306 millones de pesetas líquidas y transfirió un total de 348 millones de pesetas al Estado como beneficio de las ventas del mercurio de Almadén. Puede observarse, por otra parte, una clara multiplicación de las actividades durante los años de la Primera Guerra Carlista y, sobre todo, en el Sexenio Revolucionario y los primeros de la Restauración, en los que se llevan a cabo las mayores transacciones. (López: 623)
Ninguna de las circunstancias señaladas pasada desapercibida a los ingleses, que si durante siglos habían dedicado sus esfuerzos a atacar a España mediante la piratería como principal arma, ahora la veían a sus pies, hasta el extremo que, complaciente, James M. Swank. (Secretario de la AISA), en su Informe anual de la asociación, escribía en 1882.
Este país interesante y bien dotado, pero retrógrado, no hace ningún progreso notable en el desarrollo de su propia industria siderúrgica, aunque muestra energía bastante para exportar todos los años su precioso mineral de hierro para enriquecimiento de otros países. Ni aún gana España tanto como pudiera suponerse a primera vista de este saqueo de sus tesoros, porque el capital dedicado a extraer y exportar su mineral es principalmente inglés, francés, alemán y belga; los beneficios de la expoliación ni siquiera acrecen en proporción considerable a los españoles: se van con los minerales.
La situación llegó a al extremo…
el pago de los intereses de la Deuda pública y particular, motivó en el año 1883 una situación extrema que provocó la suspensión de la convertibilidad de los billetes en oro y se entró en una economía de tipo fiduciario que se extendió hasta finales del S. XIX. (Alonso 1995: 86)
Mientras, las medidas del gobierno, incapaces de controlar la situación, crean nuevos problemas cuando intentan solucionar otros mientras vigilan que el movimiento no perjudique los intereses de sus protectores. Así…
La apuesta por la industria del algodón mediterránea, que será protegida con reiterados aranceles por parte del Gobierno de España, arruina la mayor empresa de Galicia, la del lino. Los nuevos impuestos del Estado liberal, que sustituyen a los eclesiásticos, obligan al campesinado a pagar en líquido, en vez de en especie, y lo acogotan. Aislado del milagro del ferrocarril, el Noroeste languidece, lejano, ajeno a los nuevos focos fabriles, establecidos en Cataluña, con su monopolio de la industria del algodón, y en el País Vasco, cuya siderurgia pasa a ser también protegida como empresa de interés nacional. (Ventoso 2014: 2)
Huérfana España de su legislación, de su industria, de su comercio, de su ejército de su marina, languidecía en la indigencia. En este momento y en base a la encíclica “Rerum Novarum”, la Iglesia da la sensación de mover ficha para recuperar la importancia social que durante siglos había tenido en beneficio de los españoles de los dos hemisferios y crea algo que, de haber perseverado en el empeño hubiese podido generar alguna solución: los Círculos Católicos Obreros, que hasta 1905 llegaron a crear más cien gremios de labradores así como Escuelas Profesionales de Aprendizaje. Pero todo quedó en demostrar que algo se puede hacer.
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Aunque lejos de pretender ver en la historia una sucesión de hechos económicos que condicionan fatalmente el devenir de la misma, parece interesante y necesario observar también la cuestión económica, máxime cuando hay sistemas preponderantes que, efectivamente, subordinan toda su acción a los intereses económicos.
De hecho, la destrucción de España, gestada por sus enemigos muy especialmente en los siglos XVII y XVIII, se perfeccionó en el siglo XIX basándose muy principalmente en tratados de comercio.
Vamos a intentar nadar entre esas dos concepciones; por una parte la visión humanista de la Historia, y por otra, la prostitución de la Historia por quienes implantan conceptos estrictamente economicistas.
Otro factor que evidentemente influye en el desarrollo de la economía es el poblacional. A ese respecto, y como nota previa, es conveniente señalar la distribución de la población en 1825; lo que es facilitado por Sebastián Miñano en su Diccionario geográfico y estadístico de España y Portugal
Hab. en po- Hab. en el Totales.
Provincias. blación. campo.
Andalucía 608.000 935.000 1,543.000
Murcia 179.000 279.000 458.
000
Islas Baleares 98.000 152.000 250.000
Málaga 300.000 808.000 1.108.000
Valencia 255.000 793.000 1.048.000
Castilla la Nueva 301.000 1,314.000 1.615.000
Cataluña 219.000 906.000 1,125.000
Aragón 123.000 647.000 770.000
Vizcaya, Guipúzcoa 45.000 300.000 345.000
Navarra 34.000 238.000 272.000
Extremadura 86.000 584.000 670.000
León 98.000 979.000 1,077.000
Castilla la Vieja 70.000 990.000 1,060.000
Galicia. 114.000 1,687.000 1,801.000
Asturias 22.000 398.000 420.000
TOTALES 2,552.000 11,010.000 13,562.000
Eclesiásticos. 150.000
POBLACION TOTAL 13,712.000 habitantes
Distribución de la población en 1803:
Población agrícola……. 5,615.000
industrial ........................1,035.000
productiva ..................... 6,650.000
improductiva ..................3,617.000 (Moreau 1835: 65)
Señala Alexandre Moreau que desde 1723 a 1834 se había duplicado la población española, habiendo pasado de 7,5 millones a quince, y añade:
Excluyendo la provincia de Madrid, los puntos de más población de España son: Guipúzcoa, que tiene 2.100 habitantes por legua cuadrada como la Alsacia y los Paises-Bajos; Valencia, que tiene 1.540 corno las provincias de Venecia, la Bretaña y la Irlanda; Navarra, que tiene 1.400 como la Moravia, Bohemia e Inglaterra; las islas Baleares, que tienen 1.300 como las islas Británicas y el reino de Nápoles; Asturias , que tiene 1.200 como Francia; Sevilla y Granada, que tienen 1.100 como la Silesia y la Toscana: pero la Mancha y la Extremadura solo tienen 350 , como la Valaquia y las provincias de la Turquía europea. (Moreau 1835: 48)
El aumento de la población, señala, puede ser debido, entre otras causas, al cese de la emigración y la limitación del celibato.
La mortalidad, dice, ha disminuido en España como en los demás países de la Europa civilizada, y la población progresa con rapidez. (Moreau 1835: 53)
Baremos que, a pesar de las circunstancias sufridas, resultan razonables.
Por otra parte, el desarrollo de la actividad económica ha existido siempre, pero ciertamente, a mediados del siglo XVIII se produjo la conocida como Revolución Industrial, y es con ese espíritu economicista, grotescamente conocido como “ilustrado”, con el que se acosaría y acabaría derribando a las Españas.
Pero, ¿es cierto que la industria era inexistente en las Españas antes de la invasión británica llevada a cabo en el siglo XIX sobre las mismas? Ciertamente no. Existía una industria manufacturera que servía las necesidades de la población y que posibilitaba la vida a grandes sectores humanos. Su éxito, en territorios tan vastos, lógicamente tenía un desarrollo desigual, pero es el caso que a finales del siglo XVIII, los Virreinatos americanos se encontraban a la cabeza de todo desarrollismo, con un nivel de vida, de libertad y de seguridad ciudadana que enardecían la codicia del mercantilismo europeo en general, y muy especialmente del inglés, que sería actor definitivo en su propio beneficio.
La destrucción metódica de la industria española fue llevada a cabo, en la península, durante la conocida como “Guerra de la Independencia”, aún sin existir enemigo militar al que batir, y en América conforme avanzaba el dominio de los “libertadores”, y siempre estaban detrás las baterías británicas.
Acabado el conflicto bélico con los franceses en la Península, se inició la recuperación económica que, como consecuencia de los subsiguientes conflictos bélicos peninsulares no alcanzaría el nivel de evolución que se estaba siguiendo en países como Francia o como Inglaterra.
En lo económico, el comercio era prácticamente inexistente, mientras la industria estaba paralizada y la previamente existente había sido metódicamente bombardeada por las tropas inglesas con el claro objetivo de eliminar competencias. Los campos estaban devastados por la guerra.
No obstante, en 1820 se pusieron a punto nuevas técnicas de conservación de alimentos, consistente en la esterilización y el envasado hermético. Se desplaza así a los antiguos salazones. La implantación de estas técnicas se remonta a 1828 (Gijón) y 1836 (Coruña), pero la aplicación a escala industrial no se llevó a cabo hasta 1880 debido a múltiples factores, tales como la falta de capitales y las conocidas como “Guerras Carlistas”. Sólo se superó ese obstáculo después del conflicto cantonalista, cuando conserveros catalanes se instalaron en Galicia.
En 1825 se procedió a actualizar la legislación sobre explotación minera, que hasta la fecha se regía por las ordenanzas dictadas por Felipe II el 22 de Agosto de 1584. El artículo 4.º de la mencionada ley establecía claramente que “Todo español o extranjero…” podía realizar libremente “calas o catas para descubrir, reconocer y adquirir recursos minerales” en igualdad de circunstancias. Ese principio seguiría apareciendo inexorablemente hasta 1868, cuando alcanzó rango de ley.
El Real Decreto de 4 de Julio de 1825 sobre explotación minera se completaba con una instrucción provisional de 18 de diciembre, que introducía serias contradicciones.
En este año de 1825,
minería y metalurgia del cobre del suroeste (Río Tinto), van alcanzando un creciente protagonismo en la minería-metalurgia española. Inicialmente estas minas estaban controladas por el Estado hasta su desamortización en 1873, las cuales terminan en manos de capital inglés que las compró por casi 93 millones de pesetas, construyendo una sociedad que se denominaría Río Tinto C.L., y que se convertiría en una de las mayores multinacionales inglesas, y cuya rentabilidad alcanzó cifras inimaginables en las décadas siguientes. Esta compañía obtuvo unos beneficios de alrededor de unos 800 millones de pesetas entre 1880-1914, y que en su mayor parte se exportarían a Inglaterra. Cifra que equivalía al valor del mineral de hierro producido en Vizcaya entre 1876-1900, y que fue un factor decisivo del desarrollo industrial de la provincia. (González 1998: 208)
En 1866 un grupo de fabricantes ingleses de sosa cáustica y otro de metalúrgicos del cobre arrendaron las minas de Tharsis a la sociedad francesa Compagnie des Mines de Cuivre de Huelva, creando The Tharsis Sulphur and Copper Co. Ltd., empresa concentrada verticalmente con sus factorías británicas. Siete años más tarde, un consorcio financiero anglo-alemán compró el establecimiento estatal de Río Tinto, constituyendo The Río Tinto Ca. Ltd. Ambas sociedades realizaron inversiones necesarias para la producción y comercialización a gran escala de las piritas: laboreo a cielo abierto, multiplicación de teleras, construcción de ferrocarriles mineros y también compras de buques que salían de Gran Bretaña con carbón y regresaban con piritas en bruto, desulfuradas o descobrizadas. (Sánchez Picón: 54)
En resumen, en el segundo tercio del siglo XIX, se había producido un importante avance en el proceso industrializador de Andalucía, que será cercenado a partir de la década setenta. La dominación del capital extranjero de la industria minero-metalúrgica andaluza fue casi total para la década ochenta, la incidencia de su explotación sobre el territorio y el tejido social fue escasa al exportarse los beneficios y el mineral o el metal en bruto (no transformado). (González 1998: 208)
Por lo que respecta a Cuba, esta legislación tardó cinco años en llegar. No sería hasta 1830, año en que se firmó el Tratado de Comercio con Inglaterra, cuando se implantó en Cuba la legislación sobre minería de 1825.
A partir de esta fecha se produce la entrada masiva de capitales foráneos, que tomaron el relevo en el control de la extracción en la isla. Entre las empresas que se formaron destaca sobre todo Consolidated Copper Mines of Cobre Association, constituida en Londres en 1835 con un capital bastante elevado para la época (480.000 libras esterlinas) y que lideró el laboreo de esta zona durante bastantes años. (Pérez 2014:15)
Poco después se iniciaría también en Cuba la construcción de la primera línea de ferrocarril española. El principal promotor de este proyecto fue Claudio Martínez de Pinillo, el Conde de Villanueva, nacido en La Habana, quien en 1832 se inició como Presidente de la Real Junta de Fomento de La Habana. Esta entidad llevaría a cabo la construcción del ferrocarril consiguiendo un empréstito de 2 millones de pesos negociado en Inglaterra. La construcción de la línea tuvo al norteamericano Alfred Cruger, como ingeniero principal. El 19 de noviembre de 1837, la Compañía Caminos de Hierro de La Habana abrió su primer tramo de 27,5 kilómetros desde la capital cubana hasta Bejucal, sólo 12 años después del primer servicio de ferrocarril público inglés.
En 1849, Cuba contaba con 100 kilómetros de vía ferroviaria, duplicándose en una década, y siguiendo su construcción, que en 1879 había alcanzado los 333 kilómetros.
Y en la Península,
Puede calcularse, para todo el sigo XIX, una inversión ferroviaria efectiva de 3.188 millones de pesetas, de las cuales 2.422 millones procedieron de la inversión particular y 766 millones —un 24%— de subvenciones del Estado. En 1869, había 336 millones de pesetas concedidas en subvenciones. Dentro del capital privado, la mayor parte de la inversión realizada se hizo a través de obligaciones o títulos de renta fija, en un 65% del total, frente al 35% restante en acciones. El capital extranjero, casi todo francés —en acciones y obligaciones—, representó cerca del 60% de la inversión total privada en los ferrocarriles españoles durante la segunda mitad del siglo XIX. (Tedde)
También en la Península podemos encontrar el efecto del Tratado de Libre Comercio cuando en 1833 se constituyó la Real Compañía Asturiana de Minas…que contaba con la participación de capitales belgas.
Como queda señalado, desde 1825 todo español o extranjero podía realizar libremente calas o catas para descubrir, reconocer y adquirir recursos minerales. Una dejación que, forzosamente debía ser consecuencia de algo…
Ese “algo” puede vislumbrase si atendemos los “servicios” prestados por potencias extranjeras como Inglaterra en la lucha contra Napoleón, y que no podían quedarse reducidas a la destrucción de la incipiente industria nacional; así,
Durante el reinado de Fernando VII, el 28 de octubre de 1828, se reconoció una Deuda con Gran Bretaña de 60 millones de reales en concepto de presos e indemnizaciones procedentes de la época de las guerras anteriores a esta fecha, siendo Ministro de Hacienda López Ballesteros.
La Comisión de Tenedores de Bonos Españoles (Spanish Bond Holders) se formó en el año 1844 y estaba compuesta por aquellos súbditos ingleses que en el año 1828 habían adquirido Deuda pública española, con el fin de, según sus propias palabras, «haber intentado coadyuvar al establecimiento de un gobierno constitucional en España» (Alonso 1995: 86)
Durante este tiempo, la actividad de Inglaterra, y como viene siendo costumbre, tenía varios frentes, que si en tiempos anteriores habían sido neutralizados, como en el caso de la piratería, ahora habían tomado otras formas con las que Inglaterra estaba obteniendo todos sus objetivos a ambos lados del Atlántico, y siempre utilizando los Tratados de Libre comercio al alimón con el apoyo directo a acciones militares. Así, mientras organizaba ejércitos con personal y material de guerra británicos que acabaron rompiendo la unidad nacional creando republiquetas títeres de su voluntad al otro lado del Atlántico, con la España peninsular hacía lo propio manteniendo una monarquieta también títere de sus intereses. Todas maniatadas con Tratados de Libre comercio que permitían todo tipo de actividad a los británicos y maniataban a los estados que con ellos subordinaba.
Nada que objetar; el perro muerde, el gato araña… Y la acción de los agentes británicos, sometidos todos al mandato de una institución británica al servicio de los intereses británicos (la Masonería), sometía a la voluntad británica a las distintas poblaciones que habían perdido el espíritu que los hizo grandes, y daban por bueno todo lo que viniese de la que hasta el momento había sido considerada la Pérfida Albión.
La extraordinaria idea británica materializada en la creación de una organización como la masonería llevaba ya décadas triunfando en sus objetivos de someter a España, pero para 1830 todavía le faltaba materializar el medio que ha demostrado ser ideal en el control social: El Tratado de Comercio.
los primeros pasos de la campaña británica para llegar a la firma de un tratado de comercio con España se dieron en la década de 1830 y concretamente podemos decir que se iniciaron aun en vida de Femando VII con una carta dirigida a Zea Bermúdez en la que desde la perspectiva británica y recogiendo argumentos de la clase mercantil de aquel país que se irán repitiendo con insistencia en documentos posteriores, se intentaba convencer al gobierno español para que abandonase el sistema prohibitivo. En realidad todo este documento refleja la orientación de la política comercial británica encaminada a conseguir con todos los países un tipo de relaciones que no frenaran su propia expansión. (Nadal : 189)
Ante el giro neo liberal de “el deseado” se abrieron las posibilidades al capitalismo extranjero, que supo entrar, con intermediarios, para hacerse con las riquezas del país, y muy en concreto con las minas de Almadén, cuya productividad cayó en manos de la familia Rothschild.
No obstante, algunos sectores se vieron favorecidos con el Tratado de Libre Comercio, merced a que se les reservó una especial protección. La consolidación del sector textil catalán esta en relación directa con el proteccionismo del mercado interior español. Es la política proteccionista la que permitió consolidar y arraigar en estas regiones una actividad industrial de tipo moderno, en la que todo el país y no solo estas regiones tuvieran que ver con ese tema.
La mecanización y los cambios estructurales que conoció la industria textil catalana entre 1833-1860, mejoraron la capacidad productiva y su competitividad, lo que se tradujo en un descenso de los costos y precios por unidad. La producción de la industria textil algodonera del trienio de 1834-36 al de 1876-78 se había multiplicado por casi 11, para el trienio de 1888-90 por 15, según los datos de las importaciones de algodón en rama. Cataluña, a través del puerto de Barcelona, iba a recibir el 85% del algodón en rama importado español en el quinquenio de 1861-65 y el 94% en el de 1891-95. (González 1998: 210)
Por definir están las ventajas que aportó a España el Tratado de Libre Comercio. Algo más podrá decir la familia Rothschild y en conjunto el capitalismo británico. Y es que,
el Tesoro, mientras tanto, volvía a estar sin un real a fines de 1833, con un déficit de 200 millones y unas necesidades previstas a corto plazo cercanas a los 400 millones, que no podría cubrir el Banco de San Fernando, porque hacía meses que bordeaba el límite legal para sus adelantos al Tesoro. (López Morell: 603)
Otros aspectos, como la construcción de carreteras y caminos con sentido moderno, no se iniciaría hasta 1840, tras la finalización de la Primera Guerra Carlista. El impulso mas importante se produce a partir de 1851 con la Ley General de Carreteras, en la que se establece un modelo que en líneas generales es el que se ha mantenido hasta nuestros días. La red se clasifica en carreteras nacionales, de titularidad estatal; carreteras provinciales, que dependen de la diputación y carreteras locales, que dependen de los ayuntamientos.
A lo largo de ese siglo (1842-1940). se modifica el peso de las regiones en el conjunto económico nacional como consecuencia de la consolidación de la industrialización del eje norte, acentuándose por otra parte los desequilibrios económicos interiores en términos de desarrollo comparativo. (González 1998: 213).
La separación de la España americana comportó una seria de problemas, también económicos, en unos momentos en los que se hacía más necesario el apoyo financiero; así, la falta de plata generó una escasez de oferta monetaria, lo que llevó, de inmediato, a una subida de tipos de interés que frenó la actividad financiera y, a renglón seguido, la empresarial. (Velarde 2005)
La evidencia del servicio que prestaba a España el Tratado de Libre Comercio tuvo una de sus primeras expresiones el 16 de febrero de 1836, cuando Mendizábal liquidó y declaró nulos todos los créditos a cargo del estado que no fuesen presentados a reconocimiento antes de 31 de diciembre del mismo año. Una argucia liberal que sirvió para despojar de sus derechos a los prestamistas menos avispados, que no eran precisamente banqueros.
Y es que Juan Álvarez Mendizábal era un liberal radical procedente, curiosamente, de Gran Bretaña, donde se dedicaba a los negocios. Fue reclutado por la regente Maria Cristina para solucionar la situación militar, política y sobre todo económica, creada por los liberales moderados encabezados por Cea Bermúdez y Martínez de la Rosa, y era tenido por los liberales como la panacea.
En lo económico, el agradecimiento de los liberales al apoyo inglés posibilitó la crisis del textil de 1837 en Barcelona, lo que conllevó una importante revuelta que fue duramente reprimida por Espartero en 1842. El autor del bombardeo, el jefe de la masonería barcelonesa y militar a las órdenes de Espartero, Juan Van Halen, llegó a derribar más de cuatrocientos edificios con las bombas que para el caso le proporcionó el ejército inglés.
La situación provocó un malestar generalizado que acabaría con la regencia de Espartero en 1843.
E, este periodo, no obstante, tomaría auge el sistema crediticio, siendo que el año 1838 se crea la primera Caja de Ahorros de España, la de Jerez de la Frontera, que dará lugar en 1839 a que se ordene la creación de cajas provinciales, ligadas a los Montes de Piedad de la Iglesia.
Pero la situación de crisis generalizada era manifiesta; a la crisis del conflicto carlista se unía la crisis económica, así como la falta de sentido solidario que había posibilitado el predominio mundial de España en los siglos anteriores. Y de ello se daban cuenta también en el extranjero; así,
En su Diario de un Turista, de 1839, Stendhal, el maestro de la novela realista, recoge con la perspicacia propia de su talento sus impresiones tras un viaje de Perpiñán a Barcelona: «Los catalanes quieren leyes justas –anota–, a excepción de la ley de aduana, que debe ser hecha a su medida. Quieren que cada español que necesite algodón pague cuatro francos la vara, por el hecho de que Cataluña está en el mundo. El español de Granada, de Málaga o de La Coruña no puede comprar paños de algodón ingleses, que son excelentes, y que cuestan un franco la vara». Stendhal, que amén de escritor era también un ducho conocedor de la administración napoleónica, para la que había trabajado, capta al instante la anomalía: el arancel proteccionista, implantado por los gobiernos de España en atención a la perpetua queja –y excelente diplomacia– catalana, ha convertido al resto de España en un mercado cautivo del textil catalán, cuando es notorio que es más caro y peor que el inglés. (Ventoso 2014: 3)
No recaía sólo en los conflictos señalados la responsabilidad del maremagno del siglo XIX. El desorden administrativo, que si venía siendo endémico se encontraba particularmente agudizado en estos tristes tiempos, llevó al barón de Meer, a la sazón capitán general de Cataluña, a
alterar el orden administrativo de aquellas provincias , solo en virtud de un bando, variar la división de su territorio, hecha por una ley, suprimir intendencias, quitar las autoridades puestas por el gobierno, y sustituirlas en fin con otras nombradas militarmente por él mismo. Excesos que irritaban a sus administrados, que se veían vejados además con destierros, prisiones y otros malos tratamientos , que llamaron la atención de las cortes, y por último del gobierno, quien se vio precisado a separarle, por decreto del 1.° de junio, remplazándole con el general D. Jerónimo Valdés. (Flórez 1844 II: 585)
Algo similar sucedía en Sevilla y Granada, de donde fueron cesados los capitanes generales Juan Palarea y el conde de Cleonard.
El 31 de Agosto de 1839 se produce el acuerdo de Vergara entre Espartero y Maroto, dando por finalizada la Primera Guerra Carlista, que sin embargo seguiría en activo en el Maestrazgo y Cataluña, y al calor de esta situación surgen o se amplían dos importantes núcleos industriales: el vasco y el andaluz.
No andaba lejos de esta activación Joaquín Baldomero Fernández Espartero, que el 1 de Agosto de 1840 se pronunció, y tras exilio de Maria Cristina asumió las funciones de Regente, que las mantendría hasta 1843.
A su amparo, empresas y tecnología extranjeras se instalan en España, abarcando los más variados ámbitos; así, capitales franceses y británicos, y en segundo término alemanes e italianos, desarrollan actividad bancaria; capitales británicos (Domeq, Osborne), y en segundo término capitales franceses, monopolizan la agricultura; capitales ingleses, franceses, belgas… se apropian de la explotación minera, y el ferrocarril se desarrolla también a base de capitales principalmente ingleses y británicos.
Y su ámbito…
A mediados del siglo XIX, la posible industrialización española giraba en torno a dos ejes: la cuenca mediterránea y el eje norte que es el que terminará consolidándose durante un siglo (1840-1940). La factible industrialización del eje mediterráneo partía de las potencialidades demostradas por Cataluña y Andalucía en el segundo tercio del siglo XIX, y que terminará fracasando por el retroceso industrializador que vive Andalucía al final del período. (González 1998: 202)
¿Y cómo repercutía esta situación en el factor humano?
En 1860 el sector industrial sólo ocupaba el 17% de la población activa, frente al 64% en la agricultura. Las actividades primarias generaban entonces el 40% del producto interior mientras que correspondía a la industria el 17%. Cataluña era, entre 1850 v 1870 la región industrial más avanzada; en realidad la única que podía calificarse como propiamente industrial. Otras zonas de cierta densidad manufacturera estaban situadas entonces en Vizcaya, Asturias y Andalucía. (Tedde)
En cuanto a la alfabetización, hay que señalar que el 27 por ciento de la población estaba alfabetizada, cifra inferior a la media europea.
En cambio, el número de estudiantes de enseñanza secundaria y universitaria, en relación a la población escolarizada, era mayor en España que en Francia o Italia. La educación técnica superior, con un número relativamente reducido de alumnos, fue capaz de responder, sin embargo, a los dos grandes sectores que demandaban ingenieros a mediados del siglo XIX: las obras públicas y la minería. (Tedde)
En cuanto al capital, los capitales nacionales se limitarían a nutrirse con las desamortizaciones, las concesiones de servicios públicos, los suministros al ejército o las concesiones administrativas (ferrocarril, banca, comercio) con las que eran ganados para la causa liberal.
En esta situación, la economía española muestra un desfase radical con respecto a la europea. Con una agricultura oscilante entre el latifundio y el minifundio, de rendimientos bajos, y mantenida por el proteccionismo estatal en provecho de la oligarquía nacional y extranjera. De hecho, en muchos aspectos, como venimos señalando, la economía española resulta ser una economía colonial en manos del capital extranjero.
Estas actuaciones, cobijadas bajo el paraguas del todopoderoso librecambismo, se aplicaban siguiendo las ideas de Juan Álvarez Mendizábal, que a su vez seguía las instrucciones recibidas a través de la embajada británica, lo que ocasionó que Espartero fuese acusado de “haberse vendido a los ingleses”. Pero como viene siendo habitual en este siglo XIX que ya lleva durando doscientos dieciséis años, las críticas eran rechazadas y sus autores condenados al ostracismo, acusados de “serviles”, “ultras” y similares adjetivos.
La única solución era la guerra… Pero ahí también llegaban los largos dedos del liberalismo.
Espartero sería apartado de la Regencia en 1843, cuando un movimiento militar compuesto exclusivamente por liberales (los partidos progresista y moderado), encabezados por los generales Ramón María Narváez, Francisco Serrano y Leopoldo O’Donnell, llevaron a cabo un pronunciamiento que obligó a Espartero a marchar al exilio y declaró la mayoría de edad de Isabel II, que contaba trece años.
Con este acto dio comienzo la Década Moderada, que vio el inicio de la revolución de las comunicaciones en España.
Con la nueva situación, con el gobierno moderado en el poder, el 31 de diciembre de 1844 se promulga la Real Orden que da pie a la implantación del ferrocarril en España; algo que venía siendo tratado desde 1829, cuando el empresario gaditano José Díez planteó una línea de 5,83 kilómetros entre Jerez y la localidad de El Portal donde, sobre el río Guadalete, se construiría un muelle. El proyecto no se llevaría a término al no haber obtenido fondos suficientes. Tampoco tendría éxito, como consecuencia de la guerra, el proyecto Bilbao-Burgos de 1831, siendo en Cuba como hemos visto (entre La Habana y Güimes) donde en 1837 se construyó la primera línea española de ferrocarriles. (Alcaide)
Es la cuestión del ferrocarril un asunto que levantó ampollas en su momento y que incluso en la actualidad es objeto de comentarios jocosos, en concreto relativos al ancho de vía, que difería del que se venía usando en Francia. Se ha comentado hasta la saciedad que el motivo de la diferencia de ancho no era otro que el evitar invasiones por ferrocarril; algo que todos hemos escuchado en alguna ocasión, siendo que, a la luz del conocimiento, no pasa de ser un grano más en el granero de la historia negra que contra España se viene urdiendo desde hace siglos. ¿Cómo es posible pensar que tal motivo sea cierto cuando todos los políticos eran dependientes intelectuales y económicos de los supuestos posibles autores de esa supuesta invasión?
La invasión ya no se iba a producir por una intervención militar. La invasión ya se había producido, y las fuerzas vivas, del gobierno y de oposición, eran y son sus ejércitos, y la falacia del motivo del ancho de vía, muy probablemente fue propalada por ellos mismos para contentar a quienes se aprestaban a una nueva guerra contra ellos.
La prosaica verdad de la lenta evolución del ferrocarril en España, señala Rafael Alcalde, no fue otra que la dificultad que presentaba el relieve peninsular y el mal estado de las finanzas. Aspectos que son señalados en los documentos gubernamentales del momento.
Resulta ilustrativo para el caso mirar un mapa físico de Europa. Son muy llamativas las inmensas llanuras que la pueblan, y que en épocas posteriores permitieron, por ejemplo, que el ejército alemán emprendiese la II Guerra Mundial como una guerra relámpago; algo impensable en España.
Otro factor que retardó, no sólo la industrialización, sino la propia extensión del tendido del ferrocarril era el estado de guerra, donde se desarrollaban acciones aisladas, alejadas de los fuertes núcleos de conflicto, amén del gasto que comportaba el propio mantenimiento de la guerra.
En cuanto a las otras vías de comunicación, en 1802 se había acometido la remodelación de los caminos, pero primero la guerra detuvo el desarrollo de la obra y luego la restauración de Fernando VII llevó al cierre de la Escuela de Ingenieros Civiles y al apartamiento de Agustín de Bethencourt y Molina, alma del proyecto, que no volvería a ser efectiva, merced a la permanente conflictividad militar.
También en 1835 se había creado el Cuerpo de Ingenieros Civiles y el de Ingenieros de Minas, pero como queda dicho, el desarrollo de la guerra significó también en este caso una importante ralentización que tendría fin desde el final de la primera guerra carlista.
Así, finalizada la guerra, en 1840 se acometió una profunda reestructuración de los caminos y en 1843 se procedió a la construcción de la línea férrea Barcelona-Mataró al tiempo que se planteaba la línea Madrid-Cádiz y Madrid-Avilés. Eso sí, con capital francés e inglés respectivamente.
Pero otros proyectos quedaron sin realizarse hasta que en 1855 se reguló la estructura mediante la Ley General de Ferrocarriles, que garantizaba rentabilidad para los capitales invertidos y autorizaba la libre importación de los productos relacionados con su construcción, lo que significó una mayor dependencia del capital extranjero, que acabó trastocando el proyecto, ya que no se cumplió la idea nacional de enlazar la periferia, sino más bien la idea economicista de los grupos inversores, que estaban más interesados en conectar las zonas productoras de materias primas con los puertos, lo que dio lugar al aislamiento de importantes sectores, como Galicia.
La Hacienda había dilapidado los fondos recaudados con la desamortización, se encontraba endeudada con sus protectores, especialmente ingleses, e incapaz de atender los pagos se mostraba exhausta, por lo que en 1845 procedió el gobierno a modificar el sistema impositivo, sin por ello hacer mejorar sensiblemente la situación.
La recaudación de tributos, a pesar de la reforma fiscal de 1845, resultó insuficiente para cubrir las necesidades de la Hacienda, y su discurrir más bien se vinculó a la evolución de la renta. Los gastos estuvieron, por su parte, condicionados por el pago de intereses de esa deuda, que representó entre el 20 y el 60 por cien de los desembolsos. (López Morell: 599)
Era el momento para que los Rothschild, que ya tenían parte de la tarta, derivasen sus objetivos hacia los ferrocarriles y hacia la minería.
Y es que había jugo que sacar…
De la importancia de la producción plumbífera baste decir que figuró en cabeza de nuestras exportaciones minerales durante todo el siglo XIX, seguida del cobre y el hierro, y no superada por este último hasta la centuria siguiente. (Vilar 1983:111)
La irrupción del plomo español en el mercado internacional arruinó la hegemonía detentada hasta entonces por el metal inglés. Tal primacía se mantuvo hasta los años de 1880 en que los excedentes norteamericanos desbancaran a la producción peninsular.
La comercialización del metal español –exportado generalmente en barras- fue controlada, empero, por compañías británicas y francesas. (Vilar 1983:112)
El control del mercado internacional del plomo fue ejercido por Inglaterra desde medíados del siglo XVIII, sustituyendo en gran medida a Francia [Chastagnaret, 1992]. Este control británico se organiza desde los centros de consumo, a partir de la principal ciudad importadora, Newcastle-on-Tyne y, en menor medida, de Swansea y Londres. (Álvarez 2014: 982)
La superproducción existente y los precios bajos, de un lado, y el dominio cuasimonopsónico ejercido por los importadores ingleses que controlaban gran parte del mercado, exigiendo descuentos ruinosos, de otro, dieron lugar a una situación muy precaria de los productores de plomo de bastantes países, entre ellos España. (Álvarez 2014: 983)
La dependencia de Inglaterra queda manifiesta en estos datos de 1922, donde los cálculos, por lógica, se efectúan en libras esterlinas:
Tomando como ejemplo la reseña de 8-1-1922 [RM, enero de 1922: 241, el esquema de cálculo de la tarifa para el mes corriente es el que sigue:
Plomo: al contado, 25.6.5.114 £; a plazos, 24.12.9.314 £; precio medio,
24.19.7.112 £; en decimales, 24,98 £.
Cambio medio de la libra en el mes de diciembre de 1921: 28,365 pesetas.
Deducciones de mercado: por comisión, 1 por 100; por seguro 112 por 100.
Por derechos de ría y ensayos: 4 chelines por tonelada inglesa.
Fletes: 11 chelines por tonelada inglesa. (Álvarez 2014: 975)
Pero ni el plomo ni ningún otro producto natural sacaría a España de la situación de postración. La crisis económica acabaría en dos años con el recientemente creado Banco de Isabel II, que sería absorbido por el Banco de San Fernando el año 1846
Crisis financiera que no era exclusiva de España, sino que tenía carácter internacional. No obstante, no era sufrida la crisis por todos en la misma medida; así,
el 13 de julio de 1847, apareció en el periódico «Times» un artículo que decía: «Anuncio nuevo empréstito español de 100 millones de reales, sin producir ninguna alteración material en el valor de los fondos peninsulares, quedando estacionario durante el día» (Alonso 1995: 88)
Todo sucedía cuando el gobierno liberal de España no podía atender la amortización de la deuda anteriormente asumida, lo que ocasionó una sucesión de insultos hacia España procedentes de todos los ámbitos británicos, que llegaron a insinuar la posibilidad de una guerra, mientras por otra parte suavizaban la situación al tiempo que consolidaban su posición de dominio.
Pero la evolución continuaba sin remedio… En 1848 comienza a funcionar el primer alto horno de coque, y en 1855 se funda la sociedad Maquinista Terrestre y Marítima, dedicada a la industria mecánica. El proceso de industrialización va unido a una concentración geográfica intensa. En el norte se ubicará la industria del carbón, del hierro y del papel. En Cataluña la industria textil, atrayendo gran cantidad de inmigrantes.
En Asturias, la primera fábrica que entró en funcionamiento fue la de Mieres, en 1848, construida por una compañía británica. Se mantuvo en funcionamiento tan sólo un año. En 1852 de nuevo entró en funcionamiento, ahora con capital francés.
En ese proceso, España no hacía sino facilitar la colonización eliminando las cargas arancelarias y abriendo crecientemente las puertas a la entrada de capital extranjero.
Bajo esa sumisión acaba inaugurándose en 1848 la línea ferroviaria Barcelona-Mataró y se desarrolla el resto de la línea, así como la mejora y apertura de nuevas carreteras. A la par se desarrolla la instalación del telégrafo.
Llegado el año 1849 fue en el distrito de Linares-La Carolina donde se asentaron de forma más estable y organizada una serie de sociedades inglesas, que protagonizaron el aprovechamiento de los yacimientos mineros.
Desde 1849, año de la constitución de las primeras sociedades inglesas en Linares, la inversión foránea se va a multiplicar por la geografía peninsular, mostrando un progresivo dinamismo (Chastagnaret, 2000: 356). Se puede considerar que fue en dicha fecha cuando se produjo el pistoletazo de salida de un caudal financiero hacia los recursos nacionales que no paró de crecer a lo largo de la segunda mitad de la centuria. ¿Qué había cambiado para que se produjera este cambio de tendencia? La década de 1840 acaba con una nueva legislación minera, la Ley Minera de 1849, pero en la práctica este nuevo marco jurídico no supuso un gran cambio frente a la normativa anterior, ya que mantenía en esencia los mismos principios. (Pérez 2014: 20)
El proceso de colonización extranjera estaba maduro, así el año 1849
se constituyó la sociedad inglesa Linares Lead Co. Ltd., con una modesta inversión (45.000 libras) para explotar la mina de Pozo Ancho, bajo la dirección del ingeniero H. Thomas. Detrás de esta inversión estaba el grupo londinense Taylor, que acabará controlando la parte principal de las sociedades inglesas que actuaron en esta cuenca. A partir de la irrupción de esta compañía, se produce una reactivación tecnológica y productiva del distrito y se establece el primer gran grupo de inversión inglesa, que lideró la actividad minera y metalúrgica de Linares-La Carolina en las siguientes décadas. Los acontecimientos se sucedieron de manera rápida, destacando sobre todo en la primera etapa tres sociedades inglesas: la mencionada Linares
Lead, Fortuna Lead (1854) y The Alamillos (1863), a la que se sumará La Tortilla de Sopwith. Los inversores franceses, de los que destaca la sociedad
La Cruz, se quedaron rezagados en esta cuenca, ocupando una posición secundaria frente al dominio británico. (Pérez 2014: 21)
Es también en esta época cuando se adoptan las actuales normas de pesos y medidas, que a 2016 todavía no han sido adoptadas por algunos países.
La Ley de Pesos y Medidas de 19 de julio de 1849 introdujo en todos los dominios de España un sistema decimal de pesos y medidas cuyas unidades básicas eran, respectivamente, el kilo y el metro. Se adoptaba así un sistema uniforme, de acuerdo con el modelo implantado por vez primera en Francia en 1795. Bélgica y Holanda fueron los primeros países en seguir el ejemplo francés, en 1816, que, después de España, fue también adoptado por Portugal (1852), Italia (1871) y el Imperio alemán (1872). (Tedde)
El año 1850 se puso en marcha el servicio oficial de telégrafos.
En 1850, según nos señala Leandro Prados de la Escosura en El progreso económico de España (1850-2000), se produjo la máxima aproximación, en el período por él analizado, al grupo de los ocho países más ricos de Europa -Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Gran Bretaña y Suecia-: un 91,0 por 100. En 1860 seguía prácticamente igual: un 90,5 por 100; pero en 1870, en pleno Sexenio Revolucionario, había caído al 75,8 por 100. (Velarde 2005)
La involución, así, quedaba manifiesta. Quedaba ya lejos aquel 1820 cuando sin discusión eran las Españas las más ricas. Y lo que resulta más doloroso: no es que los otros países surgidos tras la explosión de la Patria Hispánica continuasen ocupando los más destacados puestos; bien al contrario ya no eran sino factorías que suministraban las materias primas, en condiciones de sumisión absoluta a la voluntad de sus colonizadores, principalmente británicos, que veían cumplidas finalmente las expectativas por las que habían luchado durante siglos a base principalmente de la piratería.
En 1850, la renta por habitante estaba próxima al 90% de la renta per cápita conjunta de británicos y franceses; veinte años después, dicha proporción había caído al 75%. La producción industrial en España experimentó un avance indudable entre 1840 y 1870: el producto industrial aumentó en ese período a una tasa anual media del 2,7%. Según los especialistas en historia industrial, el crecimiento de la década de 1840 y 1850, puede caracterizarse como arranque de la revolución industrial. (Tedde)
¿Y en el resto de las Españas? Ese es capítulo digno de ser tratado, no en capítulo aparte sino en trabajo aparte. Los virreinatos americanos, que a finales del siglo XVIII eran los territorios que gozaban de mayor libertad y prosperidad del mundo, estaban en estos momentos, medio siglo después de haber sido desgajados y colonizados, en el más absoluto subdesarrollo.
Sólo señalar que tan sólo dos años antes, el dos de febrero de 1848, era firmado el Tratado de Guadalupe Hidalgo, el cual establecía que México cedía los territorios de Nuevo México y la Alta California, aproximadamente 2, 378,539.45 kilómetros cuadrados de territorio, como consecuencia de haber perdido la guerra iniciada dos años antes.
Pero centrémonos en el asunto que concierne a este capítulo. ¿Qué pasaba en el trozo de las Españas que había quedado desgajado en la vieja Europa?
Hemos visto que el endeudamiento, el sometimiento y la entrega sin condiciones a los intereses británicos venía siendo efectivo, como mínimo, desde la conocida como “Guerra de la Independencia”; anteriormente se había seguido la misma marcha con relación a Francia… Pero ahora la situación era peor, porque no había forma de satisfacer la deuda externa.
No obstante el largo período de tiempo transcurrido desde 1828 hasta el año 1851, exactamente 23 años, los acreedores Ingleses no habían conseguido recuperar los 60 millones de Deuda, por lo que Howden volvió a reclamar al Gobierno español esta gran cantidad de Deuda, resaltando el gran lapso de tiempo transcurrido y el continuo incumplimiento de los acuerdos firmados por parte española; por contra, hizo hincapié en la gran moderación mostrada por los súbditos ingleses en sus continuas reclamaciones. (Alonso 1995: 99)
Pero es que la gestión de los caudales públicos, atendida por los liberales desde el mismo reinado de Fernando VII, hizo que, como viene siendo habitual hasta ahora mismo en el régimen que entonces se instauró y hoy pervive, hacía que los gastos superasen con creces a los ingresos, siendo que
En Julio de 1854 se encontró la nueva situación con catorce mil reales no completos por toda existencia en el Tesoro, con un presupuesto de gastos de 1,800 millones y con un déficit considerable por descubiertos en los ejercicios económicos de los años anteriores. (Orellana, II: 544)
Es el caso que los gobiernos liberales, hábiles en el despilfarro improductivo, no cesaban en estos momentos en la generación de legislación, no toda inútil, y en no pocas ocasiones francamente buena si hubiesen tenido capacidad intelectual para desarrollarla.
Así, en ese trabajo que en ocasiones nos preguntamos si son palos de ciego que en ocasiones aciertan, en 1851 se dio el primer Plan General para corregir la desorganización de las concesiones otorgadas hasta entonces y establecer una red radial que tuviera como centro Madrid, siguiendo y reforzando la idea centralista propia del liberalismo español. Pero el verdadero impulso a la construcción de una red de ferrocarriles se dio con la Ley General de Caminos de Hierro de 1855, dentro del programa de modernización económica defendido por los progresistas. Se pretendía imitar el ejemplo europeo. El ferrocarril fue el medio de transporte fundamental en el siglo XIX por sus ventajas: capacidad de carga, velocidad, seguridad y disminución de tiempos y costes. Además, se pensaba que la red estimularía a la industria, como había ocurrido en la Revolución Industrial inglesa.
Con esos objetivos, los gobiernos del momento promovieron una muy fuerte llegada de capitales extranjeros ligados, en más de una ocasión, a fuertes grupos financieros, como fueron, por ejemplo, los Prost, Rothschild y Pereire, y se abrieron nuevos bancos: el de Bilbao, el de Barcelona y el de Cádiz, dando lugar al desarrollo industrial.
El vapor se impone en todo el país, provocando un tirón de la gente del campo hacia la ciudad. Barcelona crece desordenadamente, en medio de asonadas y bullangas. En cambio, la industria pesada choca con mayores dificultades, ya que la hulla y el hierro están lejos y son muy insuficientes. Algunos establecimientos aparecen en la ciudad, en un alarde de entusiasmo creador. Pero ya para aquel entonces los principales centros de la industria pesada española se sitúan a lo largo de la costa cantábrica, en Asturias y Vizcaya, donde la abundancia de hulla y mineral de hierro, respectivamente, explican el funcionamiento de altos hornos y fundiciones de metal. (Vicens 1997: 62)
A lo largo del siglo XIX las exportaciones a Francia y a Inglaterra oscilaron entre el 45 y el 70 por 100, y las importaciones entre el 35 y el 60 por 100. Gran Bretaña fue el principal proveedor español de maquinaria, bienes de equipo y combustible y constituyó el principal mercado de nuestros productos mineros y metalúrgicos. En definitiva, las economías francesa e inglesa funcionaron como motor para la industrialización española; cuando estas economías ralentizaron su crecimiento, especialmente a partir de 1873, la economía española, dada su dependencia, se resintió gravemente.
Al amparo de la Ley general de ferrocarriles de 1855 se crearon unos 5000 kilómetros de red ferroviaria. El año siguiente quedaría paralizada la extensión de líneas merced a la crisis financiera, que iría incrementándose hasta 1866, cuando los inversores exigieron subvenciones al gobierno.
Los ferrocarrilles así, además de paralizados en su expansión, quedaron monopolizados por empresas de capital extranjero (sobre todo francesas y alemanas) como los Pereyre (Cia. de ferrocarriles del Norte), los Rotschild alemanes (MZA: Compañía Madrid-Zaragoza Alicante) y los Prost («Ferrocarriles andaluces y del Oeste»).
Ya en 1877, la Ley General de Ferrocarriles fomentó la ampliación de la red, que llegó a duplicarse en el último cuarto del siglo XIX, permitiendo, además, que la presencia de capital español en el ferrocarril fuera mayor.
Y mientras, ¿en qué situación se encontraba el pueblo?
El 55 se inaugura con un invierno tan duro que al cabo de los dos primeros meses se anuncia que tan sólo en Madrid han muerto más de dos mil personas de frío. Al mismo tiempo los efectos del clima se hacen sentir sobre las cosechas y, aunque por comparación con el resto de Europa, azotada por severos temporales, España obtiene mejores resultados y granos para la exportación, la carestía no se hace esperar en el interior del país. (Urquijo 1981: 20)
La Ley de Sociedades de Crédito de 1856 permitió que se establecieran en España tres grandes instituciones: el Crédito Mobiliario Español, que originaría la compañía de los Caminos del Hierro del Norte de España, pertenecía al grupo francés de los Pereire. La Sociedad Española Mercantil e Industrial, del grupo financiero de los Rotschild, y que participaría en la creación de la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante. Y la Compañía General de Crédito de España, del grupo financiero de los Prost, que participaría en otras varias compañías de ferrocarriles. Gracias a las sociedades mencionadas, en el año 1868 la inversión en este sector descendió mucho, y a partir de 1882 la participación extranjera fue menor. De las inversiones el 60% provenían de la economía francesa.
Gran capacidad legislativa, no cabe duda, que sin embargo no repercutía en la solución de los grandes problemas de financiación y ahondaba en el endeudamiento externo, en la dependencia de intereses ajenos a España, mientras los gestores de esos interese en España, los políticos, generaban enormes bolsas de personas dependientes del erario público.
Al respecto, Aparisi Guijarro manifestaba en 1859 que la deuda pública era de catorce millones de reales, y señalaba:
En España hay muchos partidos; los partidos están divididos en facciones; cada una de estas tiene al frente hombres notables; y apenas nace un ministerio, cuando se le ataca, se le hostiga, se le enflaquece, y al final se le derriba: el vencedor ocupa el puesto del vencido; y ya se ve, ha de pagar servicios, proteger afiliados, aumentar prosélitos; de aquí dejar cesantes, crear nuevos empleos, recargar tributos. (Aparisi 1859: 7)
Los males económicos, endémicos, se recrudecían en estos momentos. Se había conocido un crecimiento que tocó techo el año 1864, cuando se colapsó la actividad industrial y comercial. Nuevamente la casa Rothschild estaba ahí para salvar la situación.
Los problemas del Gobierno español en materia económica venían determinados por las grandes cantidades de dinero que se habían pagado y continuaban pagándose en concepto de subvenciones a los contratistas de Ferrocarriles. Las obligaciones del Gobierno para con los contratistas se habían estimado según el precio de mercado. Este precio estaba regulado por los de otros valores públicos producidos en el mercado y era fácilmente comprensible lo que sucedería si las obligaciones fueran admitidas a la libre circulación en las Bolsas europeas. Todo esto se traducía en un aumento de la Deuda permanente, sin ninguna necesidad y sin obtención de ventaja alguna. (Alonso 1995: 108)
En esta situación, para 1866, se destapaba por fin la crisis agraria y financiera, como continuación de la crisis industrial catalana, iniciada en 1862. La crisis del ferrocarril ocasionó la crisis bancaria, anticipo de la crisis general de 1867 y 1868, ocasionada por las malas cosechas y el paro, que significó carestía en los productos básicos, que vieron multiplicarse por seis sus precios.
Para 1868, en toda España, las compañías mineras extranjeras controlaron en torno al 20 % de la superficie y del número de concesiones demarcadas.
El capital, sobre todo inglés y francés, en la minería se incrementó gracias a la Ley de Bases de marzo de 1868, por la que se podían conceder minas a perpetuidad, tanto a nacionales como a extranjeros, mediante el pago de una cantidad al Estado.
Otros sectores, como el textil hicieron que la ciudad de Barcelona pasase de tener unos 100.000 habitantes el 1808, a cerca de 200.000 el 1868, en buena parte debido a la llegada e un gran número de inmigrantes atraídos por las oportunidades económicas que podían encontrarse en la ciudad.
Toda esta actuación reportaba otras consecuencias de carácter de confianza en la propia iniciativa.
A estas alturas de siglo, la propaganda europeizante había hecho mella en la sociedad de una manera significativa hasta el extremo que los principios éticos que habían posibilitado la preeminencia de España durante tres siglos, y con ella la supervivencia de grandes núcleos de población a lo largo del mundo, se hubiesen venido estrepitosamente abajo, ocupando su lugar un complejo de inferioridad que se incrementaría con el desastre de 1898 para continuar creciendo sin solución de continuidad hasta hoy mismo.
Y todo ello comportaba otros aspectos, como la difusión del relativismo. En ese sentido, en 1868 se decretaba la libertad de cultos, la de asociación y la de enseñanza.
¿Qué significaba esta medida si la unimos al complejo de inferioridad que acabamos de señalar?; en primer lugar, que las teorías del liberalismo económico, propagadas en las aulas, en los ateneos, en las reuniones públicas como única verdad, acabarían representando una insuperable rémora social que llevaría a despreciar lo propio en beneficio de lo foráneo sin previo análisis, a la envidia de todo lo extranjero por el mero hecho de serlo, y a la aceptación de la tiranía, mejor si venía de la mano del capital extranjero, y a la proletarización y a la ruina de medios de producción nacionales.
El poder ejecutivo no se quedaba atrás en la siembra de ese complejo, así desde su dependencia absoluta de potencias extranjeras, llevan a afirmar a Castelar que Europa:
…viéndonos más atrasados que Rusia, nos cuenta por uno de los pueblos perdidos para la libertad y la civilización, y nos entrega al ludibrio de todas las razas, a triste desprecio y humillante olvido. (Castelar 1870: 3)
En este orden de cosas, que venían desarrollándose durante la práctica totalidad del siglo XIX, se vio recrudecida en los últimos años de la década de 1860 con la crisis económica extranjera, así, la deuda pública llegó a pagarse a un 20%, mientras el avance de las sociedades extranjeras se hacía aún más evidente.
En el marco de los minerales de cobre andaluces, la presencia de intereses franceses y británicos en Huelva data de la década de 1850, decantándose la balanza por el lado inglés, que se concretará en la emblemática Tharsis Sulphur & Copper Co. (Pérez de Perceval 2012: 85)
Evidentemente, estas acciones no repercutieron en un beneficio que pudiese ser detectado por el pueblo, que durante el año 1868, el año de La Gloriosa, y hasta 1872, padeció el periodo más duro de la crisis.
Con una consideración a tener en cuenta: En los momentos más duros padecidos como consecuencia de la crisis económica, el año 1869 se creó una legislación que protegiera los intereses económicos de la burguesía y de los inversores extranjeros. Una de las medidas sería la creación de la peseta, mientras con la Ley de Minas se procedió a la desamortización del subsuelo, cuyo producto sería objeto de la misma dilapidación que anteriormente sufrió el producto de las desamortizaciones eclesiástica y municipal.
Con la desamortización del subsuelo
Se abrieron las riquezas minerales de la Península a la voracidad de las finanzas extranjeras, y el cobre, el plomo y el hierro fueron embarcados con destino a Francia, Inglaterra y Bélgica. (Vicens 1997: 64)
Y debemos considerar que entre 1861 y 1910 España aportaba casi la octava parte del plomo mundial y casi la tercera parte del cobre mundial.
Pero el Tratado de Libre Comercio, el arma tan genialmente utilizada por Inglaterra para someter toda la Hispanidad, salvaba la piel de los políticos, que entregaban España, atada de pies y manos, a sus enemigos (los de España), si bien a sus amigos o amos (los de los políticos). La dependencia económica seguía su curso: El año 1869 se llevó a cabo un empréstito de 400 millones realizado… en Londres. Al propio tiempo, quedó cedido el crédito que se tenía contra Marruecos de 144.994.000 reales por la suma de 64 millones de reales a los señores Erlanger y Cia., siendo que, como anticipasen cinco millones de francos, Hacienda les dio títulos al 22%.
Pero como sigue pasando hoy mismo, las justificaciones que daban los políticos les exoneraban de toda responsabilidad… Las diferencias presupuestarias eran, según manifestaba el ministro de Hacienda, Laureano Figuerola, responsabilidad de las administraciones anteriores.
La realidad es que, como venimos señalando reiteradamente de forma consciente dada la reiteración del acontecimiento,
el capital extranjero, mayoritariamente inglés, había entrado con fuerza en los sectores mineros y metalúrgicos no ferrosos desde los años de 1870, que termina controlando, y con una vocación cuasi colonial y una actitud empresarial que se reducía a la exportación de los beneficios y del mineral y los metales que producían, y la importación de la tecnología y el carbón que necesitaban para su funcionamiento. En el país quedaba una pequeña parte del valor del producto en forma de bajos salarios, de casi subsistencia, y una tributación ridícula. (González 1998: 202)
¿Y cómo solucionaba el hermano masón Laureano Figuerola las diferencias presupuestarias que achacaba a sus amigos que le habían cedido el puesto? En 1870 firmó con los representantes de la casa Rotschild una operación de crédito sobre los productos de la mina de Almadén y una exclusiva de venta de dichos productos durante 30 años. Con la firma de este acuerdo los Rotschild consiguieron monopolizar la producción mundial de mercurio, ya que controlaban también los yacimientos de Idria, en Italia y las minas de Nuevo Almadén, en California.
Pero no paró ahí la labor de Figuerola, quién en 1870 propuso a las Cortes la venta de las minas de Rio Tinto. Tras dos subastas consecutivas fueron asignadas a la casa Matheson de Londres, en asociación con el Deutsche Banck y el apoyo financiero de la casa Rotschild, por un precio de 93.995.912 pesetas, pagaderas en 10 años. El dinero sirvió al gobierno español para hacer frente a las presiones de sus acreedores.
Río Tinto estuvo controlado directamente por el Estado hasta 1873. Tres años antes el gobierno había aprobado su venta a un precio excepcional para la época establecido en 92,8 millones de pesetas. El negocio se consumo con el traspaso a un consorcio ingles organizado y dirigido por el financiero británico Hugo Matheson (c. 1820-1898), que constituyo la sociedad The Rio Tinto Company Ltd (en adelante, RTCL) para la explotación de los yacimientos. Fue una operación inusual ya que en la minería española hasta entonces se explotaban “concesiones” que permitían el laboreo del subsuelo en una determinada parcela, mientras en 1873 se produjo la venta del conjunto (cerca de diez mil hectáreas) de la propiedad del suelo y del subsuelo a perpetuidad. (Martinez 2014: 3)
Pero la preocupación del gobierno no iba más allá de generar efectivo para justificar su gestión, por lo que otras cuestiones no eran tenidas en cuenta, aún a pesar de existir el conocimiento exacto de sus consecuencias, por ejemplo…
La emisión de gases con alto contenido de azufre y arsénico que las 'teleras'
emitían, un método prohibido en su país a mediados de siglo, provoco la movilización ciudadana y sobre todo de los agricultores y trabajadores de RTCL. En pleno auge minero llego a calcinarse más de dos millones de toneladas al año y desprender al día hasta 600 toneladas de gases tóxicos. (Martinez 2014: 6)
La situación alcanzó a que las protestas se generalizasen, siendo que en 1888 se produjo una protesta contra los británicos que sus agentes españoles saldaron con la muerte de doscientos manifestantes de Zalamea la Real el 4 de febrero, lo que ocasionó un informe de la Real Academia de Medicina ¡que exoneraba de culpabilidad a los británicos aseverando la inocuidad de los gases sulfurosos emitidos! La dependencia de los británicos, que desde 1808 era evidente, quedaba mortalmente sellada.
Y es que la Rio Tinto Company Limited, era una sociedad inglesa que funcionaba, no con arreglo a la legislación española sino con arreglo a la legislación británica.
Los atentados a la salud pública no eran atendidos, como quedó demostrado, siendo que eran conscientes de su existencia, y como hemos señalado, la venta del subsuelo era, en el momento de producirse, ilegal, pero como la redacción de leyes es uno de los hitos de este régimen que hoy perdura el asunto quedaría dentro de la ley al año siguiente de haber sido perpetrado, al redactarse una nueva legislación de minas.
La Ley de Minas de 1871 supuso una desamortización de los recursos naturales. Las minas fueron subastadas públicamente, siendo en muchas ocasiones compradas por empresas extranjeras.
Esta nueva ley acabaría teniendo otras consecuencias en el desarrollo industrial, ya que dio lugar al nacimiento de la siderurgia vasca, en clara relación con la explotación de las minas de hierro de Vizcaya y Santander, por parte de compañías inglesas, que a su vez crearon en la ría de Bilbao los primeros altos hornos de la zona. En 1871 la empresa inglesa The Cantabrian Iron Cia. creó en Sestao el primer alto horno (San Francisco), el éxito indujo a otros grupos capitalistas a la creación de nuevas empresas, así surgen la Vizcaya, la Iberia, los Altos Hornos, que terminaron fusionándose en 1902 con el nombre de Altos Hornos de Vizcaya S.A.
Evidentemente, estamos en unos momentos de gran desarrollismo; así, en Barcelona se montó la primera central eléctrica en el año 1873.
Sin embargo, y como consecuencia de los contratos leoninos que eran alegremente aceptados por unos gobiernos cuya dependencia de intereses extranjeros queda meridianamente plasmada en sus acuerdos y contratos, en 1873 (año de la primera república) las arcas del estado seguían vacías permanentemente, de lo que inexorablemente eran acusados los gobiernos anteriores, y para solucionar el problema, las cortes aplicaron una subida generalizada de impuestos por todos conceptos: Importación, exportación, matrículas, títulos, cédulas, documentos bancarios, carruajes…y finalmente sobre los huecos de las fachadas (puertas, ventanas), fomentando la denuncia al destinar un tercio de las multas a favor del denunciante.
¿Qué impuestos extraordinarios se crearon?: el llamado de carga y policía naval, con efectos desde el 1 de noviembre y que gravaría con un 5% las mercancías destinadas al extranjero, con un 2% las llevadas a Ultramar, y con un 1% el comercio marítimo interior. En segundo lugar, el llamado de timbre, representado por sellos de 5 y 10 céntimos de peseta con la leyenda de impuesto de guerra, y que sería el impuesto más generalizado, al gravar cartas, billetes de lotería o de espectáculos públicos y transportes, multas, papel del Estado, matriculas, documentos bancarios, títulos y cédulas en general, pólizas, libros de comercio, etc. Incluso las provincias que normalmente estaban exceptuadas del uso del sello, tuvieron que contribuir en este caso de modo excepcional.
Los productos mineros se vieron también gravados, con un 3% el hierro y la hulla, y con un 5% el resto de los minerales, que los propietarios de las minas tenían que abonar por trimestres vencidos. Curiosamente aquí Inglaterra no reaccionó como lo haría el año 1879 cuando provocó la conocida como Guerra del Salitre entre Chile por una parte (con apoyo subrepticio británico, incluida la armada, que llegó a actuar con claras formas piráticas), y Perú y Bolivia por otra. Guerra que concluiría en 1883 con un único beneficiado: Inglaterra.
Además, los Ayuntamientos tenían que entregar el 5% de su presupuesto de ingresos, pudiendo elevar éste en la cantidad del impuesto.
Pero si los políticos tienen una virtud es la de encontrar ocasión para sacar dinero, así se inventaron el impuesto de lujo, que se aplicó a los carruajes. Este impuesto no era igual para todas las ciudades; así un coche de dos caballos o más, en Madrid pagaría 250 pesetas frente a las 100 en un pueblo inferior a 5.000 habitantes.
El más llamativo de todos los impuestos creados es uno que, extrañamente no ha perdurado: el impuesto sobre los huecos de las fachadas, por el cual todas las puertas, ventanas y balcones que dieran a la vía pública eran objeto de imposición, señalándose, como en el caso de los carruajes, distintos baremos según el número de habitantes de la población, siendo que la puerta de Madrid pagaba ocho pesetas anuales, mientras que la puerta de un pueblo con menos de 1000 habitantes pagaba una.
Para evitar el fraude, se penaba con multa de 5 pesetas los casos de omisión.
Para reducir el déficit del Tesoro, previsto en la ley del 19 de agosto, se abrió suscripción pública para colocar 180 millones de pesetas en billetes hipotecarios del Tesoro, al 8 por 100 de interés y 5% de amortización anual - es decir, veinte años- con la garantía del producto de la realización de los pagarés de los bienes nacionales y de las fincas aún no vendidas. Esto suponía amortizar gran cantidad de Deuda Consolidada exterior e interior y otros valores del Tesoro y de la Caja de Depósitos.
En cuanto a las aduanas, como los carlistas ocupaban parte de la frontera con Francia, se impusieron una segundas aduanas en las líneas de la margen izquierda del Ebro y derecha del Gállego.
Con toda esta actuación, el estado, también en lo económico, se manifestaba como fallido. Y como remate, Hacienda tuvo que hacer frente a letras de cambio por valor de 400 millones de reales con el Banco de París, consiguiendo aplazar su vencimiento con unos nuevos intereses del 12 por 100, mientras el Banco de España suministró anticipos sobre las contribuciones aplicando interés del 6 y 7 por 100. La Banca Bauer también negoció con el gobierno republicano, al entregarle 44 millones de reales al 9 por 100 anual, 24 de los cuales eran sobre los rendimientos probables de las minas de Almadén.
Cierto que la República tan sólo obtuvo el reconocimiento de Suiza y de los Estados Unidos, pero también cierto que el apoyo económico suministrado por los países que no la reconocieron, fue patente.
La cuestión no se arreglaría ni con la liquidación del cantonalismo ni con la liquidación de la República. Así, en 1874 se destapa un caso de corrupción:
estafa al Estado de 3.035.392 reales, realizada mediante el doble pago de cupones del 3 por 100 interior presentados en el negociado de reconocimiento y recibo de créditos en el departamento de emisión de la dirección general de la Deuda Pública. (Toro 1997: 308)
¿Un caso de corrupción?... Tal vez. No hemos sido capaces de sacar luz sobre este asunto concreto, si bien, el devenir de los acontecimientos indica que la corrupción es, quizás, el primer motor del sistema. Las dependencias de potencias extranjeras, manifiestas, en este sentido no nos indican más que la conciencia cierta de su existencia… pero eso no basta para aseverar que era corrupción.
Quién sí queda ciertamente retratada es la regente Maria Cristina de Borbón, que se hizo célebre por su participación en operaciones de especulación con la sal, con los ferrocarriles y con la ilegal trata de esclavos.
Todas estas maquinaciones económicas, evidentemente, tenían una directísima repercusión en la deuda pública, que cuando llegamos a los inicios de la Restauración en 1876, equivalía a 17 veces el presupuesto del Estado.
En 1876, la Deuda pública sumaba la escalofriante cifra para la época de 12.130 millones de pesetas (cuando el presupuesto era de 711 millones de pesetas). A lo largo del período de 1850-1890 -40 años- el gasto público del Estado a través de los presupuestos había ascendido a 25.643 millones de pesetas, de los cuales un tercio se tuvo que destinar al pago de los intereses de la Deuda pública, el 32.3%: el equivalente a 8.270 millones de pesetas. (González 1998: 217)
Y si tenían repercusión en la deuda pública, también evidentemente tenían repercusión en las personas y en las empresas, siendo que el precio del dinero no era homogéneo, sino que el mismo dependía de las provincias.
En la década de 1880, en España, el precio del dinero podía variar de unas provincias y ciudades a otras en un 160%. En el caso del País Vasco y Andalucía las diferencias son del doble, y en el caso de algunas provincias andaluzas estas pueden oscilar entre el 100% y el 140%. Con respecto a Cataluña, la diferencia es algo menor, entre un 50-100%.(González 1998: 220)
Esta situación, también lógicamente, repercutía en la productividad. Así, en 1879 España produjo menos de 70.000 toneladas de hierro colado, lo que correspondía al 24,56% de las necesidades nacionales de consumo. Pero eso no es de extrañar si tenemos en cuenta que la Ley de Ferrocarriles de 1855 establecía en su artículo 20 la devolución a las compañías de ferrocarriles de los aranceles pagados por la importación de hierro, maquinaria, material móvil, etc.
Consiguientemente, las empresas concesionarias de los trazados, no adquirían el material nacional, sino que por el contrario, lo importaban de Inglaterra y de Francia, no incumplían la ley y condenaban a la ruina a la siderurgia radicada en España, que aunque no pueda ser considerada siderurgia nacional, y aunque sus beneficios fuesen objeto de exportación, empleaba trabajadores nacionales con los que algo de la riqueza, caso de producirse, quedaba en España.
La tercera intentona carlista había fracasado en 1876, y ya sin esta rémora, y teniendo como referencia la producción anterior, posibilitó el incremento de la industria y la proletarización del mundo laboral.
La década de 1880 supuso para España un gran crecimiento industrial y agrícola que la situó como uno de los líderes europeos en producción de hierro y cobre, con una notoria inversión extranjera. Paradójicamente, es al mismo tiempo una década de crisis. El cierre de fábricas y el despido de obreros era noticia día a día, hecho que se acentuaría en los 1890s. La brecha económica entre burguesía y proletariado, por lo tanto, fue creciendo tanto como la conflictividad social. (Ruiz 2013: 27)
En ese sentido, en 1881 se inauguró la primera línea férrea en Puerto Rico… con capital británico (con toda seguridad, como en el resto de las ocasiones, procedente del saqueo realizado en los virreinatos americanos en el primer cuarto de siglo, cuando arrasaron con los depósitos existentes)
En estos momentos, la deuda del Estado alcanzaba los 12.590 millones de pesetas y 1.162 la del Tesoro. El gobierno procedió a la emisión de 1.800 millones de pesetas en una nueva deuda, al 4 por cien de interés, que se amortizaría en 40 años. Un nuevo empréstito que ahogaba la economía nacional y la ponía a los pies de sus acreedores, el principal de los cuales, la casa Rothschild, no perdía oportunidad, siendo que
En total, desde 1830 a 1900, la Casa Rothschild prestó un total de 764 millones de pesetas al Estado español, a través del Banco de España y del Tesoro Público, colocó emisiones de deuda pública que generaron 306 millones de pesetas líquidas y transfirió un total de 348 millones de pesetas al Estado como beneficio de las ventas del mercurio de Almadén. Puede observarse, por otra parte, una clara multiplicación de las actividades durante los años de la Primera Guerra Carlista y, sobre todo, en el Sexenio Revolucionario y los primeros de la Restauración, en los que se llevan a cabo las mayores transacciones. (López: 623)
Ninguna de las circunstancias señaladas pasada desapercibida a los ingleses, que si durante siglos habían dedicado sus esfuerzos a atacar a España mediante la piratería como principal arma, ahora la veían a sus pies, hasta el extremo que, complaciente, James M. Swank. (Secretario de la AISA), en su Informe anual de la asociación, escribía en 1882.
Este país interesante y bien dotado, pero retrógrado, no hace ningún progreso notable en el desarrollo de su propia industria siderúrgica, aunque muestra energía bastante para exportar todos los años su precioso mineral de hierro para enriquecimiento de otros países. Ni aún gana España tanto como pudiera suponerse a primera vista de este saqueo de sus tesoros, porque el capital dedicado a extraer y exportar su mineral es principalmente inglés, francés, alemán y belga; los beneficios de la expoliación ni siquiera acrecen en proporción considerable a los españoles: se van con los minerales.
La situación llegó a al extremo…
el pago de los intereses de la Deuda pública y particular, motivó en el año 1883 una situación extrema que provocó la suspensión de la convertibilidad de los billetes en oro y se entró en una economía de tipo fiduciario que se extendió hasta finales del S. XIX. (Alonso 1995: 86)
Mientras, las medidas del gobierno, incapaces de controlar la situación, crean nuevos problemas cuando intentan solucionar otros mientras vigilan que el movimiento no perjudique los intereses de sus protectores. Así…
La apuesta por la industria del algodón mediterránea, que será protegida con reiterados aranceles por parte del Gobierno de España, arruina la mayor empresa de Galicia, la del lino. Los nuevos impuestos del Estado liberal, que sustituyen a los eclesiásticos, obligan al campesinado a pagar en líquido, en vez de en especie, y lo acogotan. Aislado del milagro del ferrocarril, el Noroeste languidece, lejano, ajeno a los nuevos focos fabriles, establecidos en Cataluña, con su monopolio de la industria del algodón, y en el País Vasco, cuya siderurgia pasa a ser también protegida como empresa de interés nacional. (Ventoso 2014: 2)
Huérfana España de su legislación, de su industria, de su comercio, de su ejército de su marina, languidecía en la indigencia. En este momento y en base a la encíclica “Rerum Novarum”, la Iglesia da la sensación de mover ficha para recuperar la importancia social que durante siglos había tenido en beneficio de los españoles de los dos hemisferios y crea algo que, de haber perseverado en el empeño hubiese podido generar alguna solución: los Círculos Católicos Obreros, que hasta 1905 llegaron a crear más cien gremios de labradores así como Escuelas Profesionales de Aprendizaje. Pero todo quedó en demostrar que algo se puede hacer.
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