viernes, 15 de enero de 2021

EL CANTONALISMO





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Conflictividad social……………………………………………………….. 2

Conspiraciones, pronunciamientos y sublevaciones antes de 1873……….. 13

Aspectos económicos en la España previa al movimiento cantonal………. 35

Una aproximación al año 1873………………………………………….… 59

Caldeando el ambiente para la sublevación………………………….……..68

La revolución cantonal……………………………………………….…….73

Tras la revuelta cantonalista.………………………………………….…  107

Anexos


Constitución federalista ……………………………………...……110


Llamamiento del Comité de Salud Pública de Madrid en 1873…... 125


Proclama del cantón de Cartagena...………………………………..125


Ofrecimiento de Cartagena a los EEUU..……………………...…....126


Manifiesto de la Junta Revolucionaria de Valencia….……………...127


Proclamación del cantón castellano.…………………………….…..128


Bibliografía………………………………………………………………….130




















CONFLICTIVIDAD SOCIAL



Desde la asonada francesa no se conoció la tranquilidad en las Españas; y si la actividad separatista americana, auspiciada directísimamente por los británicos había acabado rompiendo la patria en trozos fácilmente dirigidos por sus agentes y generando una inestabilidad inenarrable en América, en 1835 los motines también se sucedían en Madrid y en otros puntos de la geografía nacional controlada por los liberales.


Las revueltas generalizadas en toda España ocasionaron que Mendizábal fuese llamado al gobierno en el mes de septiembre. A finales de octubre volvía Francisco Espoz y Mina a Barcelona como capitán general.


Los amotinados arremetían especialmente contra las órdenes religiosas, a las que acusaban de connivencia con el carlismo, y se produjeron durante el verano de 1835, especialmente en Aragón y en Cataluña dentro del contexto de las sublevaciones de la revolución liberal que pretendían poner fin al régimen del Estatuto Real de 1834. 


En el verano de 1835, las juntas y milicias progresistas provocaron numerosas revueltas urbanas en Andalucía y Barcelona (revuelta de los bullangues con la quema de conventos y el incendio de fábricas como la de Bonaplata) y alcanzaron la importancia que representa el asesinato del general Bassa, gobernador militar de Barcelona, el 5 de agosto, sin que la milicia urbana ni la tropa hicieran nada por defenderlo. Luego su cadáver fue arrojado desde un balcón, arrastrado por las calles y quemado.


Una espiral de cochambre aseguraba el predominio del liberalismo, que se alimentaba con crímenes propios de su esencia, si bien los autores liberales, y como es costumbre, se pierden en palabrería; así, los sucesos de Basa son comentados aprovechando la oportunidad para atacar gloriosas instituciones como la Santa Inquisición, haciendo uso del arma que tan bien justifican los sofistas: la mentira.


El crimen de agosto en Barcelona, no lo fue del liberalismo. Los horrores que siguieron a la muerte de Bassa, arrastrado por las calles, quemado en una hoguera, no los cometió el partido liberal como veremos, no; cometiólos una turba desenfrenada y ebria, un bando de incendiarios que, llamándose liberales y aclamando la libertad, la profanaban con sus impuros labios. …/…Los asesinos, los tostadores de Bassa se desbandaron por la ciudad como un elemento destructor, asaltan las oficinas de los comisarios de policía, arrojan por los balcones todos los muebles y legajos, y los queman. ¡Tal era su afición a los autos de fe! ¡Y aclaman a la patria y a la libertad!  (Pirala 1868 II: 148)


Pero por los actos llevados a cabo, no servían las turbas tan sólo las más bajas pasiones, sino que aprovecharon el momento para servir los intereses materiales de los británicos, interesados en la aniquilación de la industria española. Así, los amotinados quemaron la fábrica de Bonaplata, que representaba competencia para la industria algodonera británica.


La fábrica de Bonaplata y compañía empezó a montarse el año de 1832: es la primera que armó telares de tejer mecánicamente, y que introdujo asimismo el uso del hierro colado planteando la fundición v construcción de máquinas. Esta Sociedad tuvo también la primera máquina de pintar indianas ahora pues no solamente pueden construirse todas las máquinas necesarias para sus talleres, sino que recibiendo el algodón de Motril en rama, sale de ellos pintado y dispuesto a ser cortado para vestidos en competencia con los estranjeros. (Moreau 1835: 194)


Tras esas tropelías, en las que las milicias tenían parte esencial, conseguidos sus objetivos, el mismo liberalismo puso solución a sus desmanes acuchillando a las turbas y reubicándose en los puestos de control social, no dudando en pasar por las armas a los cabecillas de la revuelta que posibilitaron el rearme liberal. Las mismas circunstancias se reprodujeron en Tarragona, Valencia, Murcia, Aragón… 


Pero nada sucedió de improviso, porque las fuerzas que debían haber evitado semejante situación estaban perfectamente identificadas según informes no demasiado alejados en el tiempo que, si existían en el bando carlista, evidentemente debían existir en el bando liberal.


En la exposición elevada por el brigadier Samsó a don Carlos el 31 de enero de 1835, pidiéndole que enviase una expedición a Cataluña, hacia la siguiente observación sobre los urbanos: “su total número se juzga llega a unos quince mil hombres en toda la Provincia; cuya fuerza urbana debe clasificarse de esta

forma: tres mil de buenos realistas, que les han obligado a tomar las armas, los cuales no dudo harían el mejor uso de ellas, siempre que se viesen apoyados de una fuerza realista que no le falte los auxilios necesarios para sostenerles; cinco mil de Indiferentes, que al peligro más mínimo tirarían el fusil; y los restantes siete mil de acérrimo liberales y asesinos” (Bullón 2002: 213)


Tras los acontecimientos de agosto, en Zaragoza, Barcelona, Valencia, se produjo una importante sublevación que reclamaba la república.


La revolución en Aragón mostró la naturaleza radical de que estaba hecha el 8 de septiembre, cuando la Junta se constituyo como Superior Gubernativa. Esto significaba la ruptura decidida con el gobierno central. (Rújula 2008: 215)


Para reprimir este movimiento republicano acudió un ejército asentado en Andalucía al mando del general Latre, que a su llegada a Despeñaperros el 17 de septiembre pasaron con armas y bagajes a engrosar las filas del brigadier Villapadierna dando vítores a la constitución.

En ese orden, el 24 de Septiembre de este año 1835, la Junta Gubernativa de Barcelona hacía publica (suplemento 517 del “Eco del Comercio”)  una lista de demandas que incluían la exigencia de ministros responsables, orden administrativo, Guardia Nacional, institución de ayuntamientos y diputaciones, regulación de los juzgados y libertad de prensa.


Lógicamente, los observadores extranjeros no perdían la atención. Así, Jorge Villiers, el embajador británico, señalaba en estos momentos:


Puede que España resulte ser, al final, un Fénix que renazca de sus cenizas, pero pienso si no será éste el último incendio…/… La gran masa del pueblo es honrada, pero es carlista; odia todo lo que suene a gobierno liberal…/… en lo que tú y otros extranjeros se equivocan principalmente es en creer que el pueblo español es víctima de la tiranía o de la esclavitud. No hay en Europa un pueblo tan libre: las instituciones municipales en España son republicanas; en ningún país existe una igualdad comparable a la de aquí. El pueblo se gobierna mediante unas pocas costumbres, le importan muy poco las leyes y los reales decretos y hace lo que le apetece. No hay distinción de clases, y todo está abierto a todos. Todo lo que quiere es que se le robe menos por parte del intendente y que el alcalde no les fastidie; si esto lo consigue, se siente completamente dichoso. (Rodríguez 1985: 58)


Pero esas instituciones que tanto encomia el embajador británico, curiosamente, no se correspondían con los aires y las formas del liberalismo, sino que eran la tradición hispánica, hecha durante la Reconquista.


El mismo embajador británico, señala la general aversión del pueblo español al liberalismo de cuyos miembros dice:


Estos hombres, incluyendo unos 2000 que volvieron de la emigración, han ocasionado todos los movimientos revolucionarios ocurridos últimamente, primero por medio de las sociedades secretas, y más recientemente con la ayuda de la Milicia Nacional, la cual, gracias a la desdichada indecisión con que Martínez y su gobierno actuaban, acabó por convertirse en simples proletarios armados, dispuestos siempre a promover desórdenes. (Rodríguez 1985: 59)


Las bullangas de 1835 tendrían su secuela; así, a principios de 1836 se produjo la tercera bullanga, que acabó con el asesinato de los carlistas presos en la Ciudadela y con el intento de proclamación de la Constitución de 1812.


Como consecuencia, la lucha armada que se venía manteniendo en los campos tuvo su reflejo también en el terreno de los manifiestos cuando el 20 de febrero de 1836, el pretendiente hace referencia a las persecuciones llevadas a cabo en el campo liberal y ordena que no se realicen represalias en la España Apostólica:


Los execrables asesinatos cometidos últimamente en Barcelona a vista y con el consentimiento de las autoridades constituidas por aquel gobierno rebelde (si es que hay gobierno donde se perpetran tales atentados) violando los pactos más solemnes garantizados por potencias respetables, y ejecutando aún con los cadáveres atrocidades indignas de mencionarse, y sólo propias de gente bárbara e inhumana… Vosotros os llenáis de indignación, y es justa; pero estos ejemplos no se imitan: si ellos no tienen ni gobierno ni leyes ni religión ni humanidad, vosotros tenéis virtudes heroicas; y los prisioneros que custodiáis en los depósitos, y los que estos días habéis hecho en San Sebastián, Valmaseda y Mercadillo podrán decir si mi ejército tiene disciplina, y si mi pueblo guarda las leyes. (Pirala 1868 III: 19)


Pero no eran esos los principios que seguiría el liberalismo, ajeno como es a lo que no le resulte directamente beneficioso y fiel creyente en el principio que afirma que el fin justifica los medios.


Al respecto, en estas fechas diría el pensador Donoso Cortés:


En todos los grandes períodos en que la historia moderna se divide, las guerras y las alianzas son determinadas por un principio dominante. Desde la destrucción del imperio romano hasta la paz de Westphalia, el dominante es el principio religioso. Desde la paz de Westphalia hasta la revolución francesa, los intereses materiales son los que predominan, y las alianzas y las guerras tienen por objeto resolver la cuestión del equilibrio del mundo. Desde la revolución francesa el principio político prevalece sobre la cuestión religiosa y sobre la del equilibrio europeo, y las guerras y las alianzas tienen por .objeto resolver si las sociedades se han de constituir monárquica o democráticamente, si ha de triunfar la historia o la filosofía. (Donoso 1848: 151)


Parece que el análisis del gran pensador era exacto. Los principios religiosos y los principios humanos no son reconocidos por el pensamiento liberal, que todo lo somete a la utilidad del momento. Tan es así que en los momentos que nos ocupan, los liberales no se ruborizaban al definirse a sí mismos como patriotas… Era algo que les convenía dado que no habían conseguido implantar, todavía, el electroencefalograma plano en la mayor parte de la sociedad, que sin rubor abrazaba las armas para combatir al régimen liberal en defensa de los valores hispánicos.


Pero como evidentemente tenía razón Donoso Cortés, predominaban los intereses materiales, y éstos convertían a los liberales en servidores fieles de sus referentes, los británicos, a quienes debían servir en bandeja de plata la pieza de caza que les habían asignado: España. La España europea, porque la España americana ya estaba siendo deglutida a placer, entregada, también en bandeja de plata, por los “libertadores”.


La cuestión, en lo que quedaba de España, se dirimía no sólo entre los apostólicos y los liberales, sino también, dentro del campo liberal, entre los que querían llevar una progresión lenta, los conocidos como conservadores, y los que pretendían un descuartizamiento rápido, los progresistas, lo que provocó que aquellos, finalmente, acabasen disolviendo la fuerza de choque que los progresistas tenían en la temida Milicia Nacional, organización paramilitar legal, pagada (se les conocía como peseteros), que ejercía funciones de policía política.


Fue en 1841 cuando el barón de Meer, por su cuenta, procedió a desarmar la milicia nacional en Barcelona, lo que ocasionó graves críticas por parte de los sectores progresistas partidarios de Espartero, que era regente desde el año 1840.


Pero no por ello se redujo la conflictividad; así, en 1842 se produce una importante 

protesta en Barcelona contra la reforma arancelaria que amenazaba el monopolio de los productos textiles en España al abrirse los mercados a productos ingleses. 

Entonces, el progresista Espartero ordenó el bombardeo de la ciudad condal, orden que fue cumplida escrupulosamente por parte de Juan Van Halen, también conspicuo masón que, desde su posición de progresista tomó importantes medidas coercitivas sobre las asociaciones laborales.

Con la sublevación que se produjo en Barcelona en noviembre de 1842, que acabó con el bombardeo de la ciudad por parte de las tropas del gobierno, el capitán general de Cataluña acusó a la Sociedad de Tejedores de muchos de los sucesos, disolviéndose el 16 de enero de 1843, y además se prohibió la formación de cualquier asociación obrera. (Tormo: 10)


Pero como esta actuación, si algo tenía era el ser impopular, la antigua e incomprensible admiración por el ayacucho que no estuvo presente en tan deplorable “batalla”, acabó desapareciendo, y con ello acabó reportándole el exilio. Y es que pronto los mismos progresistas, entre ellos Prim, tomarían posiciones contrarias a Espartero, levantándose en armas y haciéndolo huir… a Inglaterra, donde recibió honores de jefe de estado. Lógicamente, sería resarcido de algún modo: en 1848 sería nombrado senador y  embajador plenipotenciario en Londres, para ser nuevamente presidente del Consejo de Ministros en 1854. 

La conflictividad social seguía, y sólo remitía en tanto en cuanto crecía la conflictividad militar; así desde 1843 no se producen actos reseñables hasta que en 1848, se produjeron en España como en toda Europa, levantamientos, manifestaciones y protestas revolucionarias.


En el caso español se debieron más a la crisis económica con sus secuelas de hambre y miseria, si bien es cierto que los causantes de las mismas, en su versión de progresistas y republicanos (tengamos en cuenta que todos son ramas del mismo árbol, escisiones de partidos precedentes) estuvieron detrás. La respuesta del gobierno, liberal conservador, fue la suspensión de garantías constitucionales, acompañada de una durísima represión que culminó en docenas de fusilamientos.


El fracasado intento revolucionario acentuó la división del Partido Progresista, del cual surgió en 1849 el Partido demócrata.


En 1854, ya con Espartero recalificado, aunque durmiente en Logroño desde 1848, se produjeron estallidos revolucionarios en Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid en la que fue conocida como “revolución de las barricadas”. En Barcelona se protestaba por la modernización de la industria textil, consiguiendo que fuesen desmontadas varias máquinas de reciente instalación.


La revolución prendió en otras ciudades como Valladolid, y la Reina Isabel II se vio obligada a llamar al general Espartero, quien compartió el poder con el general O’Donnell, en lo que se vino a llamar el Bienio Progresista, dando lugar a la convocatoria de Cortes, que se inauguraron el 8 de noviembre con el objeto de elaborar un nuevo cuerpo constitucional que finalmente sería truncado en septiembre de 1856 cuando Isabel disolvió las cortes, dio el poder al general O’Donnell y restableció la constitución de 1845.


Las críticas más certeras al progresismo las lanzaba en este momento Jaime Balmes, asegurando que:


Los hombres partidarios de innovaciones se agrupan en el partido progresista. Progresar es marchar hacia la perfección, que algunas veces será antidemocrática. Para el partido progresista progresar significa limitar las facultades de la corona y combatir las clases antiguas. Parecen demócratas porque invocan el pueblo, pero sólo invocan el pueblo que participa de sus ideas. (Balmes 1950: 57 vol 6)


Pero había otro tipo de críticas menos cultas; así, con ocasión del sorteo de quintas, el 6 de abril de 1856, se produce un motín en Valencia en contra del mismo, que es reprimido con una violencia extrema. El motín es ocasionado por los milicianos nacionales, que ya llevaban un rosario de incidentes de todo tipo, y que ya a primeros de este año, se amotinaron el 7 de enero, actitud que era aprobada por sectores del parlamento, que no dudaban en manifestar que:

Cuando se le quita a la Milicia el derecho de discutir; cuando se le cierra la boca, no le queda más que una boca abierta, y esa debe procurarse que esté siempre cerrada, -salvo cuando puede peligrar el orden público o la libertad; no le queda más boca abierta queja de su fusil, y yo quiero que antes que esa boca se presente a decir lo que desea, lo diga la boca del ciudadano, del hombre honrado. (Urquijo 1981: 42)


Y, ciertamente el fusil tuvo que hablar. El ambiente era tenso, y cuando circuló el rumor de que la ley había sido aprobada, el gentío se congregó en los alrededores del Congreso gritando ¡Viva la Milicia Nacional! y ¡Muera O'Donnell! 


La milicia había sido definitiva para aupar al poder a los progresista en numerosas ocasiones: En 1822, 1835, 1836, 1840... y evidentemente, en el mismo año 1854, cuando Espartero era reconocido como el símbolo de la revolución. Incluso en Barcelona, ciudad que no olvidaba el bombardeo inicuo perpetrado dieciséis años antes, lo proclamaba como héroe, y los revoltosos gritaban vivas a Espartero. Y cuando se declaró la huelga general en 1855 y una delegación obrera se preparaba para salir hacia Madrid, se elaboró un manifiesto que concluía con un «¡Viva Espartero! ¡Viva la Milicia Nacional! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libre asociación, orden, trabajo y pan.


“Desde 1830 aparecieron en Cataluña sociedades de resistencia entre los obreros de la industria textil, las cuales tuvieron una vida incierta, más o menos complicada por las alteraciones políticas de la época. El momento de mayor auge del societarismo catalán corresponde a 1854-1855. El ímpetu ideológico subversivo fue una adaptación del utopismo de un Cabet y, sobre todo, del individualismo antiestatal proudhoniano. Ello explica la aceptación del credo bakuniniano, difundido por Fanelli, discípulo de Bakunin, en 1869, y la fundación en Barcelona de la Federación Regional Española de la Internacional (1870), de declarada tendencia anarquista. Esta corriente se difundió por Valencia, Murcia y Andalucía, mientras que el grupo madrileño se orientaba, conforme a un espíritu burocrático y ordenancista, hacia la posición autoritaria marxista. Disuelta la Internacional en 1874, este último grupo engendró, sucesivamente, el Partido Socialista Obrero Español (1879) y la Unión General de Trabajadores (1888). Su organizador fue Pablo Iglesias. El socialismo logró escasos adherentes en la periferia mediterránea y andaluza; en cambio, los obtuvo en la zona de la industria pesada del Norte (Vizcaya y Asturias).” (Vicens 1997: 65)


El bienio progresista fracasó, entre otras cosas, por la permanente conflictividad social a la que se unieron otras causas: epidemia de cólera, alza de precios del trigo, malas cosechas, tensiones entre obreros y patronos en las fábricas, incumplimiento de promesas hechas por el gobierno…


Durante el primer trimestre de 1855 los tumultos se suceden de forma ininterrumpida, y en casi todos ellos la motivación profunda radica en el malestar social que domina el país. (Urquijo 1981: 20)


El 21 de julio de 1855, el capitán general de Cataluña, Juan Zapatero, promulgó la prohibición de todas las asociaciones obreras, lo que ocasionó la convocatoria de una huelga general que sería la primera convocatoria de este tipo en la historia de España.


Cataluña asistió a la primera huelga general, declarada por los trabajadores para arrancar del gobierno —donde de nuevo se hallaba Espartero— el derecho de asociación (1855); Andalucía y Castilla contemplaron extensas manifestaciones de campesinos, en son de protesta por la terrible condición en que habían caído desde que la Iglesia había perdido sus bienes y éstos habían pasado a manos de capitalistas sin escrúpulos. El gobierno de Espartero no pudo resistir ni las presiones de base ni las intrigas de altura. Y así se esfumó el bienio de la Vicalvarada. (Vicens 1997: 61)


La larvada y creciente conflictividad social surgiría nuevamente con fuerza seis años más tarde, en 1861, con la sublevación de los campesinos en Loja, que obtuvo una cruel respuesta del gobierno, que acabó llevando a efecto fusilamientos en masa, y llevaría una marcha creciente hasta 1868, el año de la Gloriosa.

 

Al amparo de la septembrina, el obrerismo catalán empezó a movilizarse con la intención de crear una amplia plataforma que representara sus intereses de clase: la Dirección Central de las Sociedades Obreras de Barcelona, que meses después pasará a llamarse Centro Federal de las Sociedades Obreras de Barcelona. A animarlos llegaría Giuseppe Fanelli, enviado por Bakunin como representante de la AIT. La Asociación Internacional de los Trabajadores había sido fundada en Londres (otra vez, curiosamente Inglaterra), el año 1864, como iniciativa de anarquistas, sindicalistas y socialistas. 


Por su parte, Bakunin, en septiembre, había fundado en Ginebra la Alianza de la Democracia Socialista


Sus miembros más destacados fueron Eliseo Reclús, Giuseppe Fanelli, Alberto Tucci, Arístides Rey y Nikolai Jukovsky. Esta organización pidió posteriormente su ingreso en la AIT. El Consejo General denegó esta solicitud, disolviéndose la Alianza como organización internacional e indicando a sus secciones el ingreso en las respectivas federaciones nacionales y locales de la Internacional. Teniendo en cuenta estas premisas, el Consejo General aceptó la entrada de la Alianza a la AIT en julio de 1869. (Tormo: 7)


Y ¿qué influencia tuvieron estos acontecimientos en España?


Con la revolución de septiembre de 1868 y el inicio del Sexenio Democrático se abrió una nueva etapa para el obrerismo español, decretando el Gobierno Provisional la libertad de asociación. En aquella época ya se habían producido los primeros contactos con la AIT, fundándose la Dirección Central de las Sociedades Obreras de Barcelona, formada por sociedades de distintas profesiones, que hicieron pública una llamada “a los obreros de Cataluña”, convocando la celebración de un congreso obrero que se celebraría en diciembre de 1868 en Barcelona, donde estarían representadas un total de 61 sociedades. En aquel congreso se acordó apoyar la instauración de una República Federal, la participación de la clase obrera en las elecciones y al cooperativismo, y a la publicación del periódico La Federación, que llegaría a ser el periódico internacionalista más relevante de España, acordándose también la creación de comisiones mixtas de patronos y obreros en las que se tratarían sus reivindicaciones. (Tormo: 13)


Giuseppe Fanelli da pie, el 24 de enero de 1869, a la creación de la AIT en Madrid, que en 1872 acabará expulsando a la federación madrileña, de tendencia marxista, y que finalmente será el germen del PSOE y de la UGT.


Alcoy se convirtió en la segunda federación en número de afiliados de toda España, siendo superada tan sólo por Barcelona. La Comisión Federal celebraría en Alcoy, cuatro años más tarde, su primera sesión el siete de enero de 1873.


A partir de este momento se denota un importante activismo revolucionario:


El 21 de marzo hubo una gran manifestación en Barcelona, al frente de la cual iba Pascual Madoz, en protesta por las políticas aduaneras.

El 21 de diciembre de 1869 se publica el primer Manifiesto de los Trabajadores internacionales de la sección de Madrid a los trabajadores de toda España, en el que entre otros asuntos se señalaba:  

La república federal, como forma política, es a nuestro entender la menos mala de todas las formas de gobierno; pero, entendedlo bien, bajo el punto de vista político. La república federal deja a todos los ciudadanos que tienen medios, por otro nombre capital, una esfera más ancha donde poder desarrollar su actividad absorbente, pero es igualmente impotente, como lo son todos, absolutamente todos los sistemas políticos, para resolver el problema de nuestra emancipación. Poco conseguiría el pobre pajarillo, preso en estrecha jaula, con tener delante de su vista un dilatado espacio: dejadle en cambio sólo el sitio para salir y él se extenderá hasta escalar las nubes.

En el verano de 1870 se organiza el Primer Congreso Obrero Español en Barcelona y se crea la Federación Regional Española de la AIT.

El Congreso de la Primera Internacional se inició el 19 de junio (de 1870) en el teatro del Circo de Barcelona, siendo inaugurado el comicio por Rafael Farga y Pellicer en nombre del Centro Federal de Sociedades Obreras, pronunciándose Farga en contra del imperio del capital, del Estado y de la Iglesia, y a favor del desarrollo de la Anarquía y la libre Federación de libreas asociaciones obreras. Al congreso asistió un centenar de delegaciones de Andalucía, Valencia, Aragón Castilla y Cataluña. (Tormo: 16)

Ya en su primera sesión se acordó la adhesión a la AIT siendo, así, la fecha de  fundación de la Federación Regional Española de la Primera Internacional (FRE).

 “En Cataluña, Valencia y Andalucía continuó prevaleciendo el ideal sindicalista, pero sobre él se sobrepusieron grupos de anarquistas de varias procedencias, dispuestos a liquidar el mundo burgués medíante actos de violencia personal. Entre 1892 y 1897 Barcelona fue teatro de una endémica manifestación terrorista, que mucho antes de la guerra callejera de 1917 a 1922 le dieron triste fama en los anales del subversivismo mundíal. Esta expansión anarquista costó la vida a don Antonio Cánovas, primero de los presidentes del Consejo que había de ser inmolado en el ara de la batalla social.” (Vicens 1997: 66)


Una agitación sociopolítica derivada de los efectos de la Comuna de Paris y de la difusión de los principios de la I Internacional en España. El miedo a la revolución proletaria empujó a tomar medidas represivas contra las organizaciones obreras, que se vieron plasmadas el año 1871 en un plan de persecución de la Internacional llevado a cabo por Sagasta, quién concedió poderes ilimitados a los gobernadores civiles para perseguirla.


Mientras, los gobiernos caían y en octubre de 1871 hubo en las Cortes una serie de debates en torno a la Internacional, donde Pi y Margall, Castelar y Salmerón declamaron en su defensa, si bien: 


El 10 de noviembre de 1871, tras los acontecimientos de la Comuna de París, se decidió en las Cortes ilegalizar a las dependientes de la Asociación Internacional de Trabajadores, por considerar que incumplían el decreto de 20 de noviembre de 1868, al ser vistas como contrarias a la moralidad pública. No obstante, en la práctica, la tolerancia hacia las asociaciones obreras se mantuvo durante el resto del Sexenio Democrático. (Orozco 2013: 194)


Pero la  Federación de la Región Española de la AIT convocó un congreso en Córdoba entre finales de 1872 y principios de 1873.


En este año, el paro derivado de la crisis económica apenas había remitido con respecto a 1869. Si a ello unimos que para las capas populares República significaba revolución social, tendremos la atmósfera en que se vio envuelta la llegada del régimen republicano que, sin pensarlo nadie, sin haber laborado nadie por él, se vio instaurado el once de febrero de 1873. 


El clima era de puro desasosiego, no por la desaparición de la monarquía, a la que nadie parecía echar en falta después de un siglo de incalificables actuaciones, sino por la actuación llevada por el liberalismo en ese tiempo, que había proletarizado a la población y la había dejado huérfana de todos los principios que la habían constituido.


En Andalucía la lucha por la tierra había estallado en motines y violentas ocupaciones de propiedades agrícolas. Después de proclamada la república, los comerciantes madrileños decidieron armarse en defensa de sus propiedades por considerarlas en peligro. Los alfonsinos, los constitucionales de Sagasta y los radicales de Ruiz Zorrilla recurrieron a la vieja fórmula abstencionista con el fin de cuestionar la representatividad del nuevo régimen el retraimiento es decir la no participación en la consulta electoral, para negar posteriormente la legitimidad del sistema.


En Alcoy, ciudad con una importante industria manufacturera que ocupaba a un buen número de obreros, se había instalado la sede de la Comisión Federal de la Federación Regional Española de la Primera Internacional. El 9 de julio, una huelga general organizada por los bakuninistas derivó hacía una situación de violencia que acabó con el asesinato del alcalde y el incendio de una fábrica.

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En Barcelona, mientras tanto, se convocó una huelga general para el día 14, pero la situación se aceleraría, ya que


El 15 de junio, una semana después de haber sido proclamada la República Federal, el boletín de la Federación Alcoyana publicaba una “Protesta”, afirmando que carlistas y republicanos eran la misma cosa, alentando al pueblo a la acción revolucionaria contra la sociedad y la política burguesa. (Tormo: 30)


Alcoy era una de las pocas ciudades españolas que se había industrializado. Un tercio de sus 30.000 habitantes, incluyendo mujeres y niños, trabajaba en la industria —5.500 en 175 empresas textiles y 2.500 en 74 industrias papeleras—. Sus condiciones de vida eran muy duras, como lo demostraba el hecho de que el 42% de los niños morían antes de haber cumplido los cinco años.


En Alcoy, ahora sede de la Comisión Federal y del aliancismo más exaltado, se veía con buenos ojos toda desafección que la República pudiera originar, ya que se consideraba un fenomenal caldo de cultivo para la revolución social. Según las actas del 2 de marzo de 1873, vemos como incluso se recomendaba el armamento de los trabajadores por lo que pudiera suceder, considerando la situación política. (Ruiz 2013: 21)


El 7 de julio de 1873, se convoca en Alcoy huelga general y se exige la dimisión de la corporación municipal, que sería relevada por una comisión de internacionalistas, lo que acabó ocasionando un enfrentamiento armado en el que los guardias municipales ocasionaron un  muerto y varios heridos, tras lo cual 


Comenzaron a construirse barricadas para aislar al ayuntamiento, mientras los que se encontraban en el interior de éste se preparaban también para su defensa…/… los internacionalistas también fueron a casas de fabricantes y propietarios para confiscar armas, dinero y alimentos. Además, el petróleo comenzó a ser recogido de las distintas tiendas para incendiar el edificio del ayuntamiento y exigir la rendición de Albors y de quienes le acompañaban…/… (Jordá 2013: 4)


El alcalde, Agustín Albors, era republicano revolucionario, pero se opuso a las exigencias de los amotinados, que acabaron asaltando el ayuntamiento y asesinándolo.


Lo que empezó en una manifestación pacífica terminó en graves disturbios en la ciudad, incitados por la Comisión Federal con el ánimo de encender una chispa revolucionaria. Aunque los acontecimientos son algo difusos vistos en retrospectiva y las versiones difieren de las causas y los resultados, es sabido que el 7 de julio se convocó una huelga masiva demandando mejoras laborales. A los dos días, viendo el tono que alcanzaban las protestas, los propietarios se reunieron negándose a ceder ante las peticiones. El alcalde, superado por la situación, hizo llamar a las tropas del gobernador que se enfrentaron a los manifestantes, al parecer llegándoles a disparar. El motín que se produjo a continuación se saldó con la quema de fábricas, propiedades y hasta el ayuntamiento. El día 12, justo antes de llegar el ejército, muchos de los insurrectos abandonaron la ciudad. En esos pocos días se inició un proceso colectivista, eliminando la propiedad privada. Fue la revuelta española más fiel a los ideales de la Comuna de París. (Ruiz 2013: 22)


Sin duda, la causa que hizo posible la insurrección popular fue el complejo proceso de lucha que se inició en las fábricas alcoyanas con la destrucción de máquinas el año 1821.


La huelga general contó con el apoyo mayoritario de los trabajadores, y la comisión federal se encargó de propagar el levantamiento en los pueblos de la comarca. Fue una de estas comisiones la que acabó gestando el asesinato del alcalde Agustín Albors, cuando, al comunicarle las reivindicaciones de los revolucionarios, las estimó exageradas y puso el asunto en conocimiento de los patronos.


El día 8 de julio la conflictividad fue general; siguiendo los dictados de la Internacional, los piquetes impidieron que aquellos trabajadores que querían acudir al trabajo cumpliesen su objetivo. Fue entonces cuando Agustín Albors telegrafió al gobernador civil pidiéndole tropas al tiempo que emitía un bando exigiendo a los trabajadores su vuelta al trabajo, al tiempo que denunciaba las manipulaciones políticas de los agentes de la Internacional.


Como consecuencia, el día nueve, en asamblea celebrada en la plaza de toros, se solicitó la dimisión del ayuntamiento y su sustitución por una junta, para lo que, apoyando esta imposición, una gran manifestación ocupó la plaza del ayuntamiento mientras diversos piquetes apresaban a quienes consideraban desafectos, a quienes utilizaban para forzar la rendición de quienes, desde el ayuntamiento se les enfrentaban.


Finalmente acabaron provocando un incendio en las casas que rodeaban el ayuntamiento, siendo que el día 10 por la mañana, los guardias municipales que resistían desde el campanario de la iglesia de Santa María, rindieron las armas al haberse quedado sin munición.


Dueños los revoltosos de la ciudad, procedieron al asesinato de quienes se habían rendido, logrando finalmente hacerse con el ayuntamiento, tomando preso al alcalde Albors. Finalmente el alcalde sería asesinado por los huelguistas, que arrastrarían su cadáver por las calles mientras asesinaban a un total de dieciséis personas y secuestraban a otras.


Ante estos hechos, numerosos diputados de la fracción intransigente que formaban parte de la Junta de Madrid abandonaron la capital y se marcharon a Cartagena, ciudad de fácil defensa que en fechas anteriores ya había protagonizado acciones de revueltas con el firme propósito de iniciar una sublevación cantonal.


Fue necesaria la intervención del ejército, quién al mando del general Velarde restableció el orden el día trece. Cuando Alcoy fue sometida estalló la insurrección en Cartagena, objeto de otro capítulo.


Llegado el año 1874, con el golpe de Pavía en enero, la AIT en España quedó oficialmente disuelta y, hasta el 1881, todas las sociedades obreras serían ilegales.


Con el decreto del 10 de enero de 1874, la Internacional pasaba a ser una organización clandestina  hasta el año 1881, momento en el que llegaron al poder los liberales, que permitieron el resurgimiento de la Internacional, que se transformaría en una nueva organización: la Federación de Trabajadores de la Región Española. (Tormo: 26)







CONSPIRACIONES, PRONUNCIAMIENTOS Y SUBLEVACIONES


Los primeros cien años del siglo XIX (sostengo que hasta el momento España no ha salido del siglo XIX), son un hervidero de muchas cosas, y casi ninguna agradable, y la inestabilidad y el conflicto que ya hemos analizado en otro trabajo en el reinado de Fernando VII, no sólo no iba a desaparecer con su muerte, sino que, bien al contrario, tomaría fuerzas inusitadas. Las convulsiones de muerte padecidas por España hasta este mismo momento, se presentaban como definitivas, de manera creciente, en el periodo que nos ocupa.


El siglo XIX, los doscientos dieciséis años que ocupa este aciago periodo, tiene pocos momentos de los que un español pueda sentirse orgulloso. Más de dos mil pronunciamientos, levantamientos, revoluciones…


Los pronunciamientos y levantamientos más destacados producidos durante el periodo que nos ocupa son los siguientes:


19-3-1808 Motín de Aranjuez.

2-5-1808 Levantamiento del 2 de mayo a cargo de los Capitanes Luis Daoíz y Pedro Velarde. 

17-4-1814 Pronunciamiento de Valencia a cargo del General Francisco Javier de Elío, y del General Francisco Milans del Bosch.

25-9-1814 Pronunciamiento de Pamplona General Francisco Espoz y Mina, y del Coronel Francisco Javier Mina.

19-9-1815 Pronunciamiento de la Coruña Mariscal Juan Díaz Porlier. 

21-2-1816 Conspiración del triángulo General Vicente Richard. 

4-4-1817 Levantamiento de Caldetas a cargo del General Luis Lacy y Gautier, General Francisco Milans del Bosch, General José María de Torrijos y Uriarte. 

21-9-1817 Conspiración del General Juan Van Halen.

1-1-1819 Intentona liberal de Valencia a cargo del Coronel Joaquín Vidal, Félix Bertrán de Lis y Diego María Calatrava.

08-7-1819 Conjuración del Palmar a cargo de Evaristo San Miguel y Valledor. 

1-1-1820 Levantamiento de Cabeza de San Juan a cargo del teniente coronel Rafael Riego (Luego general), y del coronel Antonio Quiroga.

21-2-1820 Levantamiento en la Coruña a cargo del Coronel Azevedo. 

1-3-1820 Sublevación de Ocaña a cargo del Conde de La Bisbal.

21-2-1821 Conspiración absolutista. 

30-5-1822 Sublevación en Valencia a favor del general Elío, y por la monarquía absoluta.

7-7-1822 Sublevación de la guardia real.

3-8-1824 Sublevación del Coronel Francisco Valdés, que se apoderó de Tarifa.

1-9-1827 Levantamiento en Cataluña del Coronel Rafi Vidal.

23-7-1828 Levantamiento absolutista de la Mancha.

18-10-1830 Pronunciamiento del General Francisco Espoz y Mina.

28-1-1831 Pronunciamiento del General José María de Torrijos y Uriarte. 

03-10-1833 Rebelión Carlista.

21-10-1833 Levantamiento Carlista de Talavera de la Reina.

18-1-1835 Alzamiento liberal del subteniente Cayetano Cardero, en Madrid.

13-8-1836 Motín de la Granja de San Ildefonso.

4-1-1838 Rebelión de Andalucía General Latre.

1-8-1840 Pronunciamiento del General Joaquín Baldomero Fernández Espartero Álvarez de Toro.

1841 Rebelión frustrada en Zaragoza a cargo del General Emilio Borso di Carminati, que significó su  fusilamiento el 11 de octubre.

27-9-1841 Rebelión del General Leopoldo O'Donnell, Montes de Oca, General Diego León, y General Manuel Gutiérrez de la Concha.

7-10-1841 Pronunciamiento de Leopoldo O’Donnell.

15-11-1842 Alzamiento de Barcelona.

27-5-1843 Pronunciamiento del Coronel Juan Prim.

20-7-1843 Pronunciamiento del General Ramón María Narváez y General Serrano, Coronel Juan Prim. 

28-1-1844 Pronunciamiento del comandante Pantaleón Boné en Alicante

1-11-1844 Pronunciamiento del General Martín Zurbano.

2-4-1846 Pronunciamiento de Miguel Solís en Lugo.

1-1-1847 Pronunciamiento de Eroles.

7-5-1848 Rebelión del regimiento España.

28-6-1854 Proclamación de Aranjuez ó Vicalvarada General a cargo de Leopoldo O'Donnell, General Domingo Dulce y Garay, General Baldomero Espartero y General Antonio Ros de Olano. 

14-7-1856 Golpe de Estado del general Leopoldo O'Donnell y la Corona.

12-10-1856 Golpe de estado de Narváez contra O’Donnell.

3-1-1866 Sublevación de Villarejo de Salvanés a cargo del General Juan Prim y del general Lorenzo Milans del Bosch.

22-6-1866 Sublevación del Cuartel de San Gil a cargo del capitán Baltasar Hidalgo de Quintana.

08-9-1868 La Gloriosa, a cargo del General Juan Prim, General Francisco Serrano y Domínguez, Comandante Juan Bautista Topete y General Francisco Serrano Bedoya. 

3-1-1874 Golpe de estado del General Manuel Pavía.

29-12-1875 Pronunciamiento militar del General Arsenio Martínez Campos Antón.

19-9-1886 Pronunciamiento del General Villacampa.


Cuarenta y siete pronunciamientos en 78 años.


Desde la muerte de Fernando VII en 1833 y hasta el final del periodo que nos ocupa, 1874, final de la revolución cantonalista, no desentona el número de pronunciamientos si tenemos en cuenta que también hubo casi sesenta gobiernos, casi una media de uno y medio por año. No tenía así, nada que envidiar el número de gobiernos al número de pronunciamientos. Pero aquí, lo que queremos es hablar de los pronunciamientos y las sublevaciones.


Lo vamos a hacer dedicando nuestra atención a las acaecidas a partir del año 1820, dejando de lado, y tan sólo citando la sublevación de Riego de este año, por haber sido tratada en otro lugar.  Sólo señalar que el 1 de Enero de 1820, en Cabezas de San Juan (Sevilla), Rafael de Riego se negó a encabezar la expedición a América. Durante dos meses el ejército de Riego permaneció sublevado recorriendo Andalucía sin que el gobierno pudiera impedirlo, ya que por todo el país se multiplicaban los pronunciamientos liberales y los levantamientos campesinos. El 3 de enero, el coronel Antonio Quiroga, designado para encabezar el movimiento, tomaba San Fernando y se disponía a entrar en Cádiz, que era el objetivo más importante.


Casi dos  meses después de la asonada de Riego, y cuando ya se encontraba derrotado y fugitivo, el 21 de Febrero, el coronel Azevedo siguió los pasos de aquel en la Coruña, y O’Donnell (masón), que partía con un ejército para reprimir a Riego, en Ocaña el 1 de marzo. Siguieron Zaragoza el 5 de marzo, Barcelona el 10 y Pamplona el 11. La España de pandereta…


Rafael de Riego sería ejecutado el 7 de noviembre de 1823, entre el desprecio y los insultos del populacho; del mismo populacho que antes lo había jaleado.


Pero con la ejecución de quién fue el responsable visible de la hecatombe americana, que no era otra que la hecatombe nacional, no acabarían las trifulcas, ni en la España peninsular ni en la España americana, ya disuelta en republiquetas que, como la monarquieta peninsular servían mejor a los intereses de los británicos.


Si en 1823 se acababa con la vida de esa pobre marioneta llamada Rafael de Riego, no se iba a acabar también con la inestabilidad en ningún punto de la Hispanidad. Ahora nos centraremos en exclusiva en la parte del territorio nacional que conservó el nombre sacrosanto de la Patria, y veremos que no había pasado un año desde la ejecución de Riego, cuando el tres de agosto de 1824 se produce lo que podemos considerar como el primer conato liberal, el protagonizado por el Coronel Francisco Valdés, quien partiendo de Gibraltar el 3 de agosto de 1824 se apoderó de Tarifa. Derrotado por inconexión con los conjurados del interior, Valdés pudo salvar la vida, y volverá a tener cierto protagonismo en la expedición de Vera en 1830.


Si el número de ejecuciones que ocasionaban estos movimientos eran altamente llamativos, no era menor el número de los exiliados, que recalaban principalmente en Inglaterra.


Así, el 29 de Noviembre de 1826, Baldomero Espartero (otro que también tenía su cuartel general en Londres), comunicó reservadamente al Gobierno que algunos españoles emigrados (de los que tanto daño han hecho al Rey y a la Patria) le enteró uno de ellos que en Londres se había formado una Junta presidida por Mina que trabajaba una nueva conspiración.


Esa conspiración sería neutralizada, pero como queda señalado en la relación inicial, 1827, 1828, 1830, 1831 y 1833 nos recordarán que el sainete no se había acabado.


En 1833, con la muerte de Fernando VII, se produce el levantamiento carlista; para combatirlo, el ejército isabelino contaba con un total de 115.000 hombres. Distribuidos en las capitales de provincia y en 150 plazas fuertes.


Santos Ladrón, que fue el organizador de las primeras partidas carlistas, y el primero en proclamar como rey a Carlos María Isidro, tras la muerte de Fernando VII,  sería fusilado el día 14 de octubre de 1833 tras haber sido vencido en la batalla de Viana.


La primera guerra carlista ya estaba incendiando España, cuando el año 1835 se iniciaba con conspiraciones varias. El principal motivo de la conspiración: el general Manuel Llauder, a la sazón ministro de la Guerra. 


Previsto un alzamiento liberal por el subteniente Cayetano Cardero, el día 18 de enero, el 2º batallón de Voluntarios de Aragón se amotinó ocupando el edificio de Correos, Puerta del Sol y calles adyacentes, en Madrid. En principio parecía que había algún que otro motivo político, se especulaba con el descontento con el Estatuto Real, con el gobierno y con la marcha de la guerra, pero parece que el motivo principal era librarse de Llauder, enfrentado con sus compañeros del gabinete de Martínez de la Rosa y con la oposición liberal avanzada. Se trataba, así, de un alzamiento de los liberales contra los liberales.


El general José de Canterac, uno de los firmantes de la capitulación de Ayacucho, pretendió pararlo y fue tiroteado y muerto, y este hecho paralizó a los mismos conspiradores, que se vieron acometidos por el general Llauder, apoyado por otros generales. Tras unos cañonazos se dio el indulto a los sublevados, que al son del himno de Riego marcharon a combatir a los carlistas.


“El Eco del Comercio” de 19 de enero de 1835 relataba así el hecho:

Toda la guarnición y la Milicia Urbana, que se habían puesto sobre las armas empezaron a aproximarse hacia las avenidas de la casa de Correos, pero solo hizo fuego la infantería de la guardia, y sola a ella los hacían los encerrados. La compañía de granaderos del 4º batallón de urbanos mandada por su capitán Berrueta, se aproximó por la calle de Carretas, mas al oír que desde correos gritaban viva Isabel II, viva la libertad, se abstuvo de hacer fuego a los que daban sus mismos gritos. 

En seguida se acercaron algunos parlamentarios, que por las rejas hablaron con el comandante Cardero, y últimamente se presentó el general Solá, anunciando á nombre de S M. el perdón para todos. En su consecuencia á las tres de la tarde han salido los voluntarios de Aragón a tambor batiente y tocando patrióticas por las calles de la Montera y de Fuencarral con dirección a Alcobendas; y las cinco de la tarde ya se habían retirado a sus cuarteles las tropas y la Milicia a sus casas.

Los muertos y heridos de resultas de las descargas han sido tres de los de correos, ocho ó diez de la guardia, un aguador y otro paisano. 


Un acontecimiento que no calmó la situación, sino que no fue sino un hito más, de menor importancia, premonitorio de lo que ocurriría año y medio después en el que la Guardia Nacional tuvo una especial significación, con una consecuencia subsiguiente: el triunfo de la rama liberal-progresista.


El 12 de Agosto de 1836 tuvo ocasión el motín de los sargentos de la Granja, donde los sublevados, al parecer utilizando todo tipo de vejaciones, incluida la agresión sexual a la regente María Cristina, consiguieron restablecer la Constitución de 1812. Este levantamiento tuvo su causa en los problemas de tipo económico y social, sobre todo en la industria textil de Barcelona. Los liberales implantaron la Constitución de 1812 de manera provisional, siendo que la guardia real se manifestó con vivas a la constitución, a Mina y a Inglaterra…. (Pirala 1868 III: 301), y siendo que en Barcelona, donde Mina ejercía sus funciones de capitán general, estaba siendo asistido por el jefe de la armada británica, comandante Parker.


A estos actos le siguieron varios pronunciamientos, siendo los primeros los habidos en Zaragoza y Málaga, con soflamas en la prensa que, como “El Español” de 19 de agosto de 1836,  decía: 

Se toman disposiciones para alejar de la provincia aquellas personas que por su manifiesta opinión contraria a la causa de la libertad, pueden influir perniciosamente en el espíritu de los pueblos, y en este punto interesante a vuestra seguridad, la junta tiene muy presente que cualquiera tolerancia es perjudicial a la marcha de revolución que hemos emprendido. Se ha mandado establecer una comisión militar, y otra de seguridad pública, compuesta de tres individuos de la junta. En suma os asegura que emplea todos sus esfuerzos para llenar el grande objeto de su alta misión: con ellos y con vuestra decisión y entusiasmo, el triunfo es cierto, no lo dudéis, y vuestra será la gloria. Ciudadanos: VIVA LA CONSTITUCIÓN, VIVA LA LIBERTAD, VIVA ISABEL II CONSTITUCIONAL. Córdoba I3 de agosto de 1836.


Y en la provincia de Jaén:

La Guardia Nacional de vuestra capital, identificada en sentimientos con las demás clases de su población, ha unido su pronunciamiento al que sucesivamente han hecho en Cádiz, Zaragoza, Málaga, Sevilla, Granada y otras ciudades populosas de esta monarquía. El convencimiento irresistible de los males en que nos tiene envueltos una política ministerial, vaga y cautelosa , reclama ya esta firmeza en nuestra decisión , y al ejemplo de esas otras capitales debemos sostenerla invocando la Constitución política de la monarquía española, en que se salva verdaderamente el trono y sus prerrogatívas, en que se afianza la corona en las sienes augustas de nuestra inocente REINA, y de la que emana nuestra libertad y se robustece con los derechos de una segura representación nacional.


Justificaban el pronunciamiento echando la culpa de todos los males a los apostólicos, que se habían levantado en armas contra el absolutismo liberal, argumentando del siguiente modo: 

cuando los enemigos rompiendo esas decantadas líneas han atravesado sin obstáculos ni resistencia desde Álava hasta Galicia: desde Navarra hasta el corazón de Castilla la Vieja. Observando que las facciones del bajo Aragón ocupan y dominan el reino entero de Valencia, a excepción de la capital y de algunos puntos fortificados que nuestras tropas menos en Cataluña, parecen simples espectadores de los adelantos de los rebeldes; en fin que la virgen Andalucía ha sido invadida y manchado su suelo con la sangre de sus hijos, mientras por la parte de Murcia se muestran igualmente orgullosos y feroces los sicarios del absolutismo.


En esta situación, la Junta de Zaragoza proclamó la constitución de 1812, marcando lo que puede entenderse el principio del movimiento cantonalista. Argumentaba la Junta: 


Separada esta provincia del actual Gobierno necesitaban acogerse a una bandera legal y conocida .y que otra mas noble pudiéramos buscar, ¿qué otra ofrece recuerdos mas grandiosos, acciones mas distinguidas, mas digna de los hijos de esta Patria? Sin embargo, los escritores que acusan a las provincias de haberse sublevado en obsequio de la Constitución, padecen un insigne error o se empeñan en sostener un sofisma desvanecido por si mismo. Es un sentimiento de reprobación hacia los actos del Gobierno lo que produjo el alzamiento: no era precisamente el amor a la Constitución por respetable que sea a los ojos de los españoles. La emancipación de las provincias, es el acto principal, el restablecimiento de la Constitución el secundario, y es tanto más cierta esta aserción cuanto hemos declarado del modo mas solemne que nos gobernaremos con arreglo a esta ley fundamental, mientras los Diputados de la Nación, no decidan sobre las que deben definitivamente gobernarle.” (El español 19-8-1836)


Las convulsiones dominaban la totalidad de la vida nacional, y como venía siendo costumbre, el Ejército no se libraba de las mismas. Unos sargentos pusieron en fuera de juego a toda la jerarquía militar. Algo que resultaría inaudito si no tuviésemos en consideración los intereses foráneos más arriba señalados. Parece que la inteligencia británica y su principal arma en España, la masonería, no andaba lejos de esos movimientos.


Una acción desjerarquizada de un grupo de sargentos consiguió que la cúpula militar se tambalease; varios generales optaron por abandonar el mando de sus unidades ante las consecuencias de la sargentada; Narváez abandonó su puesto en Aragón para adentrarse en Castilla con la excusa de perseguir al caudillo carlista Basilio García, que había iniciado una campaña de captación de voluntarios. Es, tal vez, el hecho más significativo por tratarse de la figura histórica que representa Narváez, pero 


El resto de las brigadas quedaron muy afectadas por la desorganización y sin un general en jefe de quien recibir instrucciones. (Rújula 2008: 233)


En una concatenación de hechos, el 13 de enero de 1837, se produce una sublevación republicana en Barcelona, siendo sofocada y deportados sus instigadores. El 4 de mayo, nueva sublevación que provocó enfrentamientos con las tropas del ejército. 


Su principal cabecilla, Ramón Xaudaró, sería detenido y dos días después fusilado por orden del gobierno presidido por el liberal José Mª Calatrava. (Rolandi 2005: 5)

Pero los acontecimientos de Barcelona no era un hecho aislado. Las intrigas en el campo isabelino llegaron al asesinato de varios generales, lo que conllevó que, en 1837, Espartero mandase pasar por las armas a los responsables de los motines acaecidos, sin que ello significase el fin de las intrigas. Tan es así que el 4 de Enero de 1838, el general Manuel de Latre se sublevaba en Andalucía.

Pero el pronunciamiento que tuvo mayores consecuencias  tendría lugar el 1 de Agosto de 1840 cuando el general Joaquín Baldomero Fernández Espartero Álvarez de Toro, liberal progresista, se sublevaba  contra el gobierno del conservador Evaristo Pérez de Castro y provocaba el exilio de la reina Maria Cristina, terminando así su regencia. También se produjo la rebelión de Zaragoza encabezada por el general Emilio Borso di Carminati. Espartero era nombrado regente mientras en Barcelona se producía una nueva sublevación republicana.


Entre pronunciamiento y pronunciamiento, las conspiraciones eran la constante de la vida nacional. Constante que se recrudecería con la frustración de las esperanzas suscitadas por la revolución de Espartero, que derivó en la ruptura política o el desencuentro del progresismo oficial, que apoyaba a Espartero, y el llamado “partido republicano”, que decía defender el “verdadero liberalismo” contra los “falsos liberales de septiembre”.


Así,  en 1841 tiene lugar una rebelión frustrada en Zaragoza a cargo del General Emilio Borso di Carminati, que significó su  fusilamiento el 11 de octubre. No sería la única de este año, ya que el 27 de septiembre, los generales Leopoldo O'Donnell, Montes de Oca, Diego León, y Manuel Gutiérrez de la Concha llevan a cabo su particular intentona, que tiene nueva réplica con protagonismo de O’Donnell el siete de octubre. En el curso de esta intentona, los generales Ochoa y Diego de León, intentan secuestrar a Isabel II. 


¿Quién olvida la mañana del 2 de octubre [de 1841] en Pamplona? Sólo podrá hacerlo quien fuese bastante insensible para no haber participado de aquella profunda impresión que causó en todos los ánimos la difusión de la noticia de la sublevación de O'Donnell, circulando de boca en boca con la rapidez del rayo la nueva de que O'Donnell se había apoderado de la ciudadela de Pamplona proclamando la regencia de María Cristina. Los pronunciamientos de Bilbao y de Vitoria y los sucesos de Zaragoza se miraron como consecuencias naturales de la insurrección de O'Donnell como el desarrollo de un plan que debía de, estar combinado de antemano. (Balmes 1950: 134 vol 6)


Estas intentonas eran fruto del permanente ambiente conspiratorio auspiciado por una junta anti esparteriana radicada en París en la que tomaba parte O’Donnell y un núcleo de liberales moderados, al amparo del gobierno francés. La intentona acabaría en fracaso, si bien en esta ocasión las represalias no fueron tan sangrientas como en otras ocasiones.


Tras la llegada de Espartero a Vitoria el 22 de octubre con 32.000 hombres, ya con la insurrección derrotada completamente, la estrategia del regente habría sido de relativa clemencia, liberando a prisioneros y permitiendo al poco tiempo el regreso de los desterrados a otros puntos de España, así como de soldados rasos y militares de poca graduación emigrados a Francia. (Mikelarena 2009: 244)


Pero el enemigo era, sin lugar a dudas, el Carlismo, y en él convergían todas las diatribas, tanto del gobierno como de quienes conspiraban contra él. Tan es así que el sistema, presumiblemente con el único objetivo de insultar, como en nuestros tiempos hacen apellidando fascista todo lo que muestra insumisión con el poder establecido, hacían lo propio en el momento, apellidando carlista a todo aquel que criticaba el sistema del momento.


Coincidiendo con esa especulación, y siendo conocido el exilio carlista en Francia, donde se encontraba refugiado un importante contingente carlista, en el que figuraban altos funcionarios, miembros del clero, unos 1000 oficiales y jefes y gran número de personal de tropa, se utilizaba semejante afirmación, siendo que acerca de la participación carlista en estas conspiraciones, las crónicas liberales se contradicen manifiestamente… aunque tal vez lo hiciesen siguiendo la doctrina liberal que marca como honorable el uso de la mentira si ésta encamina a la obtención de sus objetivos.


Sea como fuere, 


Flórez asegura que la junta conspiratoria de París estaba formada por «varios personajes emigrados de los dos bandos absolutistas vencidos en 1839 y 1840», si bien a continuación afirma que no todos los carlistas estuvieron implicados, negándose a colaborar los más consecuentes. (Mikelarena 2009: 246)


El problema, como señalaba Jaime Bálmes era otro:


Hasta ahora, preciso es confesarlo, ninguno de nuestros gobiernos ha acertado a cerrar el cráter de las revoluciones, y por eso se han reproducido sin cesar y más terribles cada vez, y se reproducirán en adelante, si la máquina de gobierno no se asienta sobre una base que, con su anchura y solidez, pueda asegurarnos de que no bastará un empuje cualquiera para sumirnos en nuevas catástrofes. (Balmes 1950: 81 vol 6)


¿Cuáles son hasta ahora los beneficios que nos ha traído la libertad?.../… Yo creo que nadie podrá decírnoslo, y así es que no ha de parecer extraño que el pueblo español no se tome por las nuevas formas políticas el interés que algunos quisieran…/…(Balmes 1950: 76 vol 6)


Pero lo que acabaría con la regencia de Espartero es el Tratado de Libre Comercio firmado  con Inglaterra  en 1841, que permitía la entrada libre de tejidos de algodón ingleses y perjudicaba a la industria textil y a la burguesía catalana, hasta entonces uno de los baluartes del progresismo. Como consecuencia de esa alianza de Espartero, el 75% de la industria textil se vio forzada a cerrar.


Como consecuencia prodigaron las conspiraciones contra Espartero, lo que dio lugar a movimientos populares de protesta en Barcelona en el que tomaron parte republicanos y obreros de la industria textil. Espartero prohibió las asociaciones de obreros, al tiempo que prodigaban las acciones violentas.


Abundaron las barricadas y las luchas callejeras contra las tropas del gobierno presidido por el marqués de Rodil, creándose una Junta Popular Directiva Provisional, que fue liderada por los republicanos locales. (Rolandi 2005: 7)


La anarquía se apoderó finalmente de la situación, Una junta revolucionaria se hizo cargo de la ciudad mientras los miembros de la junta saliente emitieron un comunicado en el que informaban:


La junta ha cesado ya, y Barcelona está en la anarquía. Los que firman no saben si su vida durará dos minutos. A las dos y cuarto de la tarde del 2 de Diciembre de 1842.—Juan de Zafont, Antonio Giberga, Laureano Figuerola.

Las turbas frenéticas que dominaban la ciudad, quisieron exigir del venerable abad Zafont y de sus compañeros que les prestasen sus nombres para una resistencia loca; pero se negaron á ello con entereza, y en medio de aquella confusión, se formó una junta provisional de gobierno, compuesta de nueve hombres totalmente desconocidos en Barcelona. (Orellana, II: 124)

Estos enfrentamientos conllevaron finalmente un bombardeo de la ciudad, protagonizado por las tropas de Espartero, que tuvo lugar durante el 3 de diciembre de 1842 y se inicio a las 11:30 de la mañana, desde el castillo de Montjuich, concluyendo alrededor de las 12 de la noche con la rendición de la Junta Revolucionaria a las tropas gubernamentales, comandadas por el Capitán General Van Halen. Concluyó con 400 edificios destruidos y causando centenares de muertos.

Un total de 1014 proyectiles cayeron sobre la ciudad antes de que desapareciese la junta tras haber desvalijado la Diputación, de la que desaparecieron 36.000 duros. (Orellana, II: 128)


El día 4 entraron en Barcelona Van Halen y Espartero. La Ciudadela y los edificios más emblemáticos habían sido tomados militarmente, y Van Halen, capitán general y reconocido masón, declaró la ciudad en estado de sitio por tiempo indefinido. Las medidas de castigo fueron muy duras, aplicándose la pena de muerte para los cabecillas de la revolución, deportando a Filipinas a otros responsables de la revuelta. La milicia fue disuelta y fueron condenados a muerte trece componentes de las patuleas que habían protagonizado la revuelta.


Los sucesos de Barcelona, a la que como castigo la obligó a pagar una contribución extraordinaria, supusieron el comienzo del final de la Regencia de Espartero.


El gobierno de Espartero comenzaba a experimentar un desprestigio tan rápido como completo. Odiado por las clases conservadoras, en el pueblo tenía su principal apoyo, y sin embargo, hacía lo posible para divorciarse de éste. (Blasco 1892: 28)


Alarmado él mismo por los acontecimientos que había provocado, acabó disolviendo las Cortes el 3 de enero de 1843, y es que


Espartero temía que las Cortes, a las cuales debía la regencia, le pidieran estrecha cuenta de sus actos, y por evitarse un voto de censura, se apresuró a disolverlas, convocando la reunión de un nuevo Parlamento para el 3 de abril de 1843. (Blasco 1892: 45)


Pero las subdivisiones de los republicanos se producían también en la otra rama, surgiendo la rama radical y la rama revolucionaria. Esta última rama, encabezada por Abdón Terradas, francmasón, que en 1842 había sido nombrado alcalde de Figueras, proclamaría en 1843 la república en esta ciudad, lo que significó que fuese enviado al exilio, aunque esto no significó la paralización de su actividad, ya que en agosto del mismo año provocó una insurrección en Barcelona que acabó con un nuevo bombardeo de la ciudad por orden del presidente del gobierno, Luis González Bravo.


Todo quedaba, pues, listo para una nueva asonada que podía producirse en cualquier momento. Éste llegó el 27 de Mayo de 1843, con un pronunciamiento del coronel Juan Prim, en Reus. Consecuencia inmediata del mismo fue que Mendizábal partió nuevamente al exilio.


El fin de la regencia de Espartero era un objetivo firmemente sostenido por sus adversarios, y en ese sentido, Juan Prim y Lorenzo Milans del Bosch promovieron el alzamiento en Reus. En el manifiesto publicado el día 30 de mayo de 1843 señalaban:


el porvenir de nuestra España es negro; a cara descubierta se le prepara la precaria y envilecida existencia de una colonia extranjera, y esto no es un misterio; tres años ha, y nadie lo ignora, que la voluntad extraña rige el país. No, españoles, basta de decepciones, no más envilecimiento. Hora es llegada ya de cortar de raíz los males que nos agobian. Hora es llegada ya de que pongamos los medios de coger el fruto de tanto afán. Hora es llegada ya de acabar con tanto obstáculo. Hora, en fin, es llegada ya de que, irguiendo la cabeza, nos proclamemos españoles y derroquemos para siempre y de una vez tanta falacia, tanta astucia, tanta traición. Para ello tenéis que hacer otro esfuerzo; grande, sí, pero el último. Unánimes levantad brazo y voz contra esta funesta falange de traidores, que a la dicha y prosperidad nacional se oponen. Levantémonos contra esos hombres de maldición, que ensayados en el Nuevo Mundo, lo entregaron al enemigo, y que ahora completarán su obra, si no los atajamos, vendiendo la madre patria al extranjero. (Orellana, II: 157)


Barcelona se uniría al alzamiento el 8 de junio; Igualada lo hacía el día 6; Lérida y Mataró el día 7; Manresa, Cardona, Cervera, Granollers… el día 9; Gerona el día 10… Mientras Zurbano sitiaba a Prim en Reus, donde el día once los gritos de los sitiados y de los sitiadores se sumaban en vivas a la constitución y a Isabel II.


Mientras Zurbano iniciaba un sitio de Barcelona que era finalmente abortado, el 15 de Julio de 1843.


En el curso de este pronunciamiento, el 20 de julio de 1843, se pronuncian los moderados Narváez y Serrano. En Torrejón de Ardoz, las tropas de Narváez tuvieron un enfrentamiento con Seoane, jefe de las fuerzas de Espartero, quién acabó abandonando el campo, y las tropas, confraternizando, entraron juntas en Madrid el 23 de julio, dejando la expedita la entrada de Prim y de Serrano.


Narváez, que junto a Maria Cristina y a O’Donnell, no habían cejado en sus conspiraciones, habían venido protagonizando diversas revueltas cuya culminación es este pronunciamiento. Los cabecillas de este pronunciamiento estaban exiliados desde octubre de 1841, cuando fracasó el intento de golpe de estado contra Espartero, excepto Narváez, que había emigrado en 1838, a consecuencia de los acontecimientos ocurridos en Sevilla. Inmediatamente se pusieron al frente del ejército. 


El general Serrano se unió a Prim en Barcelona el 27 de Julio, con quién se presentó en público y en compañía de González Bravo mientras la gente gritaba: ¡abajo el tirano!, refiriéndose a Espartero. Ese mismo día desembarcaba en Valencia Ramón María Narváez; llegaba acompañado de Manuel de la Concha y de Juan de Pezuela…


En un vapor fletado públicamente, por el que se pagaron 30,000 francos, y contando con la protección decidida de las autoridades francesas. (Orellana, II: 197)


A esta situación se sumaron sublevaciones de los generales progresistas e incluso moderados en Zaragoza, Málaga, Granada, Valencia, Sevilla y Madrid que acabaron forzando la dimisión de Espartero y su exilio a Inglaterra, desde donde organizaría la facción progresista de los conocidos como “anglo-ayacuchos”, que se enfrentaría a otras facciones progresistas lideradas cada una por Joaquín Mª López, Salustiano Olazaga y Manuel Cortina.


El día 30, en el Puerto de Santa María embarcaría para el exilio el regente, conde de Luchana, duque de la Victoria y de Morella, Baldomero Espartero, acompañado del general Van Hallen... en un navío inglés, el Malabar, naturalmente con destino Londres.


A partir del uno de septiembre se produce una nueva insubordinación de tropas en Barcelona y otras ciudades del principado, lo que acaba ocasionando un nuevo bombardeo de la ciudad que, iniciado el 1 de octubre, se prolongará hasta bien avanzado noviembre. La junta acaba capitulando el día 20 de noviembre.


En la lucha entre las distintas facciones o ramas masónicas se alza Prim quien ordena un segundo bombardeo de Barcelona. Se inició éste desde la Ciudadela y se lanzaron cerca de 3000 bombas durante los dos meses que duró el asedio. (Orte 2015: 4)

Finalmente, progresistas y moderados, en amistoso consorcio, declararon mayor de edad a la Reina Doña Isabel II, en Cortes ordinarias celebradas en septiembre de 1843, en un acto que por sí mismo era una derogación del artículo constitucional que prefijaba la edad de 14 años para la mayoría de la Reina, lo cual sólo podían hacer unas Cortes constituyentes.


Los moderados tomarían el poder dando lugar a la década moderada (1843-1853), bajo los gobiernos de Luis González Bravo (5-12-1843 a 3-5-1844) y de Ramón María Narváez (3-5-1844 a 12-2-1846).


La broma no terminaba ni con los cambios de gobierno ni con los fusilamientos; así, el 24 de Octubre de 1844 se descubre conspiración para asesinar a Narváez (la conspiración de los trabucos). Los detenidos involucraron al general Prim, que fue detenido tres días más tarde, y para quién el fiscal pediría pena de muerte, y de cuyo caso salió libre el acusado… en unos momentos en los que el fusilamiento se producía casi antes de haberse cometido el delito… Todo hace indicar que la acusación fue también una conspiración contra Prim. 


La situación de auténtico esperpento no desentonaba, al fin, con el conjunto de actuaciones que marcan todo el siglo XIX en España, hasta hoy mismo, y en ese orden, una semana después, el 1 de Noviembre  de 1844 se pronunció uno de los incondicionales de Espatrtero, Martín Zurbano, proclamando la Constitución de 1837 y reclamando el regreso de Espartero. El levantamiento fue neutralizado, y Zurbano fusilado por orden de Narváez.


Era Zurbano un contrabandista reconvertido en guerrillero al servicio de los liberales que en la primera guerra carlista dio lugar a acciones de gran audacia.


Poco después, en Alicante eran fusilados cincuenta y cinco carabineros y revolucionarios progresistas y republicanos los cuales, mediante la rebelión encabezada por el coronel Pantaleón Boné en enero de 1844, habían intentado poner de nuevo en estado de excitación revolucionaria.


Tras estos fusilamientos, la actividad redujo notablemente su intensidad hasta el 2 de Abril de 1846, cuando se sublevó en Lugo el segundo batallón del Zamora, dirigiendo la sublevación el coronel Miguel Solís y Cuetos, que sería derrotado el día 23 en Santiago, en la batalla de Cacheiras, tras lo que las tropas gubernamentales saquearon Santiago y fusilaron a Solís y a once oficiales.


Nuevamente reinó la calma en los cuarteles durante ocho meses, gracias a la represión y al soborno, armas utilizadas magistralmente a lo largo de los doscientos dieciséis años de este malhadado siglo XIX. Pero como la estructura para la desintegración de España no la tenían perfectamente diseñada a estas alturas, el 1 de Enero de 1847 se produjo un nuevo pronunciamiento por parte del general de Eroles.


En medio de todo este embrollo, la corona no era ajena, y las críticas más ponderadas a la situación eran presentadas en mayo de 1847 por Jaime Balmes, uno de los pocos pensadores que sobrevivían en la hecatombe, como sigue: 


La reina está en minoría, la Constitución es reciente, grandes y antiguas instituciones o han desaparecido del todo o han sufrido considerable menoscabo, la administración está completamente desorganizada, la legislación es un caos, el déficit un abismo, la guerra civil ha dejado en pos de sí horribles regueros de sangre y de ceniza, las revueltas y los escándalos han esparcido por doquiera abundante germen de inmoralidad y desorden” (Balmes 1950: 30 vol 6)


Las nuevas instituciones políticas se falsean más o menos en todas las revoluciones; pero la española en particular ha ofrecido en este punto ejemplos tan singulares que bien puede asegurarse no hay otra que pueda disputarle la ventaja. Por no extenderme demasiado me ceñiré a un solo ejemplo. ¿Qué puede haber de más amplio en pro de las facultades populares que la Constitución de 1812? ¿Qué código le lleva la delantera en asentar y aplicar doctrinas democráticas, en consignar derechos, en disposiciones a propósito para revolver las masas y llamarlas a tomar parte en materias de gobierno? Y, sin embargo, está fuera de duda para todo hombre imparcial y entendido, que nunca fue menos consultada la voluntad del pueblo español y nunca fue menor su influencia en los negocios públicos que en las breves épocas en que ha estado en vigor aquel código. (Balmes 1950: 28 vol 6)


Treinta años de inquietud y de revueltas, tanta huella de sangre y tantos montones de ruinas, manifiestan bien a las claras que hay en España alguna gravísima causa de enfermedad: causa profundamente arraigada, ya que es tan duradera; causa poderosa y muy dañina, cuando se ha señalado con tan terribles estragos. No es menos evidente que los remedios hasta ahora empleados para combatirla, o han sido mal escogidos o al menos mal aplicados; puesto que no sólo no ha desaparecido el mal, pero ni siquiera ha menguado en fuerza; antes al contrario, ha ido tomando siempre creces, presentando en cada época de su nuevo desarrollo síntomas más alarmantes y destrozos más terribles. O se ha de cortar el mal en su raíz o la nación perecerá. (Balmes 1950: 31 vol 6)


Análisis desolador. ¿Análisis derrotista? Análisis exacto, a lo que vamos viendo. Pero el mal, lejos de cortarse, se ha ido fortaleciendo con el paso de los años y con la complacencia de las potencias… “amigas”.


Que el 4 de Mayo de 1847 Isabel II sufriese un atentado frustrado no tiene nada de particular atendiendo las circunstancias.


El tres de septiembre de 1847 es amnistiado Espartero, que vuelve a España y es nombrado senador vitalicio.


Ramón Mª Narváez implanta una dictadura. El 4 de octubre de 1847 da un golpe de estado contra el gobierno de Francisco García Goyena, que durará tres años (con el breve paréntesis del gabinete de Cleonard).

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Durante su mandato sofocó los motines callejeros y los pronunciamientos militares, que se dieron a lo largo del siguiente año, y cuyos momentos más relevantes se concretaron, el 26 de marzo de 1848 en Barcelona, y el 7 de mayo en Madrid, donde se produjeron sendas sublevaciones republicanas que fueron duramente reprimidas, naturalmente con el colofón de un rosario de fusilamientos.


Dos años de salutífera discordia pasaron sin conspiraciones de menor índole hasta que el 2 de Febrero de 1852 se produjo un atentado contra Isabel II por parte del cura Martín Merino, que nada tiene que ver con con Jerónimo Merino Cob (Burgos, 1769 - Alençon 1844 ) héroe nacional y guerrillero  en la lucha contra los franceses durante la guerra de la Independencia. Isabel II salvó la vida gracias a que el corsé le sirvió de coraza en una puñalada que apuntaba ser mortal.


Con firmeza confesó su delito, declarando que sólo él lo había meditado y que no tenía cómplices; y condenado a muerte en garrote vil, marchó al patíbulo, atravesando una inmensa concurrencia, más sereno, más impasible que todos cuantos presenciaron su suplicio. El Gobierno mandó quemar el cadáver y aventar las cenizas del regicida. (Orellana, II: 404)


Más de dos años transcurrieron sin que las permanentes algaradas y conspiraciones alcanzasen grado de mención hasta que el veintiocho de junio de 1854, los generales O'Donnell (que se había ocultado en Madrid durante las persecuciones contra liberales y diferentes sectores moderados en toda España), Dulce y Ros de Olano llevaron a cabo un pronunciamiento contra la corrupción. 


La operación  había sido planteada en su forma definitiva por O’Donnell, con la participación de Cánovas del Castillo, el 7 de julio de 1854, día en que los moderados hicieron público el Manifiesto de Manzanares.  En el mismo se postulaba una regeneración liberal y la convocatoria de cortes constituyentes, sin nombrar para nada a Isabel II. Con el objetivo de recabar el apoyo popular en base a unos principios políticos reivindicados por el partido progresista, tales como la ampliación del derecho de sufragio, el cambio de la ley de imprenta, la eliminación del impuesto de los consumos, la restauración de la Milicia Nacional, el fin de la corrupción de la camarilla palaciega, etc., el manifiesto animó los levantamientos populares en las ciudades que lograron derribar al Gobierno y hacer triunfar la revolución. El triunfo del manifiesto obligó a Isabel II a entregar el poder a Espartero, dando comienzo el bienio progresista (1854-1856).


La operación, que por haberse iniciado en el cuartel de Vicálvaro sería conocida como La Vicalvarada, respondía a una operación que estaba prevista para el día 13 del mismo mes, y que debió aplazarse por la indecisión de alguno de los principales comprometidos.


Con el pronunciamiento efectuado el 30 de junio de 1854 en Vicálvaro se inició el periodo conocido como el bienio progresista. La primera ciudad que se sumó al pronunciamiento fue Barcelona, destacando el papel que tuvieron los obreros en la sublevación que tuvo lugar en esta ciudad, con declaración de huelga indefinida. Se produjeron incendios en determinadas fábricas que utilizaban las llamadas selfactinas, que era un tipo de máquina de hilar, siendo asesinados ciertos dirigentes de estas fábrias. Dada la duración de la huelga, el capitán general de Cataluña prohibió las selfactinas. Es preciso señalar que Málaga también contó con una importante participación obrera en la sublevación que tuvo lugar con motivo de la “Vicalvarada”, produciéndose también una huelga que duró unos cuantos días. (Tormo: 11)

Este pronunciamiento dio lugar durante varios días a una verdadera revolución en Madrid con resultados muy relevantes en personas y edificios. Los revolucionarios asaltaron las casas de los nobles y de los Ministros del Gobierno. Importantes fueron los daños causados en los palacios del marqués de Salamanca y de María Cristina, que fueron asaltados e incendiados. Igualmente fueron asaltadas la casa del Ministro de Fomento, en la calle Prado con León y la del Ministro de Hacienda. Las barricadas se vieron por la zona de la Puerta del Sol, produciéndose numerosos asesinatos "populares". Destacado fue el linchamiento y maltrato público del jefe de la policía que acabó su vida siendo fusilado en la Plaza de la Cebada. 

Los moderados luchaban entre sí. Los miembros a favor del gobierno y los que estaban en contra luchaban entre sí, aunque la disputa acabó en tablas. Aprovechando el pronunciamiento, se proclamaron juntas. La reina intentó sofocar las revueltas mediante una nueva táctica: Decidió llamar a Espartero (que estaba retirado y a pesar de su fracaso anterior era recordado como una vieja gloria nacional) y le ofreció la presidencia del gobierno

¿Cómo Espartero pudo convertirse nuevamente en el salvador de la patria y en la “espada de la revolución”, como ahora le llaman? Esto habría sido sencillamente imposible si España no se hubiera hallado durante diez años bajo la cruel dictadura de Narváez y no hubiera gemido bajo el yugo del favorito de la reina. (Marx 1929: 6)

La explicación a esta pregunta acaba de darla el propio Carlos Marx, que abona con su señalamiento la evidencia de lo que realmente había sucedido. La Vicalvarada, sí, había sido capitaneada por Leopoldo O’Donnell y Domingo Dulce, y también sí que fue dirigida por los intereses de Inglaterra y de Estados Unidos, a quienes había de complacer el gobierno de Luis José Sartorius, que se mantenía desde el 19 de septiembre de 1853. Y son esos mismos intereses los que pusieron al frente a Espartero. 


Es necesario reconocer que Espartero, con la aureola de gloria tejida alrededor de su personalidad, en mayor o menor grado podía ser y debe ser considerado como el representante de los intereses británicos en España (Marx 1929: 7)


Si la década moderada puede darse por concluida el 30 de junio, no se puede hablar de inicio del bienio progresista hasta el treinta y uno de julio, cuando toma forma definitiva el Gobierno de coalición O'Donnell-Espartero. Previamente, el catorce de julio, se le suma un levantamiento progresista en Barcelona.


Carlos Marx, en su referencia de 18 de julio, señala que las noticias del levantamiento indicaban que la finalidad secreta del levantamiento era declarar vacante el trono, unificar la península en un solo estado y ofrecer la corona a Pedro V, príncipe de Sajonia-Coburgo-Gotha.


El solícito interés que el Times se toma por la insurrección española y la presencia simultánea del mencionado Don Pedro en Inglaterra parecen revelar, en efecto, que hay en juego alguna nueva trapicería de la casa de Coburgo. (Marx 1978)


Pero parece un poco peregrina esta afirmación, pues a la postre hubiese ido contra los intereses británicos, que sin lugar a dudas vieron placenteramente cómo el 29 de julio entraba Espartero en Madrid entre aclamaciones, a las que respondió: 


Me habéis llamado, madrileños, para afianzar para siempre las libertades patrias. Aquí me tenéis; y si alguno de los enemigos irreconciliables de nuestra sacrosanta libertad intentase arrancárnosla, con la espada de Luchana me pondré al frente de vosotros, de todos los españoles, y os enseñaré el camino de la gloria. (Orellana, II: 515)


De la Vicalvarada, como de tantos otros acontecimientos en este largo siglo XIX, podemos finalmente sacar, para empezar, un par de conclusiones: la primera, que al fin, no resultó otra cosa que una nueva jugada de los intereses británicos en España; la segunda la señala Luis Vives: 


El episodio de la Vicalvarada (1854), un pronunciamiento de abolengo liberal, entrañó una consecuencia inesperada: la brusca aparición de las masas urbanas en la escena política española, en un movimiento cuya amplitud sólo puede medirse por el precedente de 1808. Esto dio lugar a una nueva y breve experiencia progresista, reflejo del movimiento democrático europeo de 1848. (Vicens 1997: 61)


Algo que acabaría gestando el más esperpéntico de los acontecimientos de un siglo rebosante de esperpentos: La primera república y la Revolución Cantonalista de 1873.


Lógicamente, a pesar de su importancia, no sería la revuelta de Vicálvaro algo definitivo para calmar la situación. Nueve meses después de la Vicalvarada,  señalaba el periódico La Soberanía Nacional, de 28 de marzo de 1855: 


Hace dos noches que está la tropa sobre las armas. La de caballería tiene ensillado y pronta a montar a la primera orden.

Ayer durante todo el día corrieron rumores de próximas asonadas preparadas por los moderados y los absolutistas. La oficialidad de la mayor parte de la milicia pasó anoche a ver a sus respectivos comandantes, para significarles lo descontenta que se halla con la marcha del gabinete origen de todas las alarmas y de todos los temores. (Urquijo 1981: 26)


En julio de 1856 se produjo la primera huelga general en España, a la que sucedieron sublevaciones armadas en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Jaén, Teruel, Alicante y Murcia, y que mantendrían la oposición al nuevo gobierno de Leopoldo O’Donnell. Durante los cortos meses de gobierno de O’Donnell, se producirían fuertes tensiones sociales, huelgas y represión de los huelguistas, lo que produciría encarcelamientos, destierros y ejecuciones.


El 14 de julio de 1856 era depuesto Espartero mediando un golpe de Estado, protagonizado por el general Leopoldo O'Donnell y la Corona, mientras la milicia nacional se hacía dueña de las calles. Dos días de terrible lucha, durante los cuales, el 15 de Julio de 1856, el general Serrano bombardeó el palacio de las Cortes, dieron por fin el triunfo á O'Donnell que disolvió las cortes y abolió la milicia nacional y restableció la constitución de 1845, quedando anulado el estudio del nuevo texto constitucional.


Una generosa proliferación de fusilamientos asentó el nuevo gobierno.


Al respecto de estas revueltas, Carlos Marx dice el 18 de agosto del mismo año:


La revolución española de 1856 se distingue de todas las que la han precedido por la pérdida de todo carácter dinástico…/… La próxima revolución europea encontrará a España madura para colaborar con ella. (Marx 1978)


Pero si en julio era aventado Espartero por O’Donnell, éste sería aventado por Narváez el doce de Octubre del mismo año. Narváez completa la represión contra los progresistas, y como su partido  carecía de alternativas, la reina acabaría llamando de nuevo a O´Donnell a legislar. 


Pero antes de estos acontecimientos, en la madrugada del 12 de enero de 1857 fue hecho preso Juan  Prim, en Madrid, acusado de alteración del orden público en Barcelona en los altercados que tuvieron lugar en Barcelona en los últimos días de diciembre anterior y primeros del año 1857. Fue condenado a seis meses de castillo en Alicante, condena que finalmente quedó reducida a que viviese seis meses en Alicante. Pero en las elecciones del 26 de marzo, Prim, que ya era diputado,  salió nuevamente elegido por Reus.


Con el nuevo gobierno de O’Donnell, el conocido como gobierno largo, que tuvo lugar entre 1858 y 1865, toda la energía nacional, como ahora mismo sin solución de continuidad, se gastaba en ditirambos, insultos y actos inútiles. Dos ejemplos del esperpento los encontramos en la guerra de África de 1859 y la de Extremo Oriente, donde en ningún caso el ejército español tenía permiso de las potencias europeas para ganar posiciones seguras. ¿Qué motivos hubo, entonces, para acometerlas? Las acciones, de mera propaganda, eran criticadas por la oposición, también como mera propaganda; así Blasco Ibáñez señalaba:


En guerras imbéciles y ridículas consumió Odonell miles de millones y mucha sangre española, y para completar su despilfarro soldadesco, llegó a gastar dos mil millones en la construcción de cuarteles para aquel ejército permanente que arruinaba el país.

Gracias a Odonell, que tan rastrero y cobarde se mostraba con las potencias fuertes, España fue considerada como un verdadero azote por todos los pueblos débiles, y fuimos a los ojos de Europa una nación de fanfarrones que, sin tener para vivir, gastábamos como unos locos en absurdas empresas guerreras. (Blasco 1892: 275)


En este ambiente, que a pesar de los saltos de fechas que aquí acometemos era permanente, el 10 de Abril de 1865 ocurren los hechos de la Noche de San Daniel.


El 25 de febrero de 1865, Emilio Castelar publicó un artículo titulado “el rasgo” en el que criticaba la desamortización del patrimonio real que se estaba llevando a cabo, por el cual el 25% de los bienes desamortizados quedaban para atender los gastos de la casa real.


Hasta aquel mes de febrero de 1865, la crítica popular a la reina se ceñía a su vida privada, pero que parecía justificarse por el matrimonio forzado con Francisco de Asís, al que popularmente se tenía por homosexual, impotente o “poco hombre”. La corrupción quedaba en el imaginario popular para la reina madre María Cristina y su entorno, pero el asunto de “El rasgo” situó a Isabel II al mismo nivel que a los corruptos que se enriquecían “a costa del pueblo”. Los republicanos utilizaron aquello para reforzar la idea de que la Monarquía era un régimen corrupto e inmoral, que venía a demostrarse por aquel episodio. (Vilches 2006)


En ese ambiente de menosprecio por el pueblo español, tan semejante al existente en 2016, el 10 de abril de 1865 se produjo una manifestación de obreros y estudiantes, concentrados en la Puerta del Sol de Madrid, que fue duramente reprimida por fuerzas de la Guardia Civil y tropas a pie y a caballo, que efectuaron disparos contra la multitud, seguidos de cargas de caballería a bayoneta calada. La acción dejó catorce cadáveres tirados por las calles y 193 heridos, además de 66 fusilados. 

Muchas de las víctimas eran simples viandantes que andaban paseando en aquella primaveral noche madrileña, conocida como La noche de San Daniel. Era Narváez Presidente del Consejo, y su ministro de gobernación González Bravo, ambos del Partido Moderado.

El ambiente guerracivilista no daba tregua, motivo por el que, el tres de enero de 1866, en  Villarejo de Salvanés se produjo un nuevo levantamiento a cargo del general Juan Prim y del general Lorenzo Milans del Bosch, que resultando fracasado, significó el exilio de Prim, que desde Portugal envió un manifiesto en el que señalaba:


¿He terminado mi obra?, ¿me declaro vencido? No y mil veces no.


Casi seis meses después, el 22 de Junio de 1866, se produjo un nuevo intento revolucionario a cargo del capitán Baltasar Hidalgo de Quintana, que acabó en fracaso. Los demócratas entregaron armas al pueblo, teniendo como centro operacional el cuartel de de San Gil, que sería finalmente tomado por los zapadores de Gerona al mando de O’Donnell.


Después de una lucha encarnizada, no sólo a tiros, sino con arma blanca y cuerpo a cuerpo, el Gobierno logró vencer la Revolución y desató su sed de venganza contra los vencidos. Se declaró el estado de sitio en casi todas las provincias, y los Tribunales marciales comenzaron su tarea, haciendo fusilar treinta y cuatro sargentos, diez y nueve cabos y soldados de artillería y dos paisanos. Condenaron, además, a muerte, de la que se libraron por haber huído al extranjero, a Becerra, Aguirre, Carlos Rubio, Castelar, Sagasta, Martos y a otros muchos militares y paisanos. Cuando comenzó la represión, anunció la reina a su Gobierno que había de negarse terminantemente a firmar ningún indulto. Finalmente, un indulto del día 8 libró de ser fusilados a 118 infelices.


Dos años largos sin asonadas de envergadura pasarían hasta que el dieciocho de septiembre de 1868 sucediesen los acontecimientos de  La Gloriosa, a cargo del general Juan Prim, el general Francisco Serrano y Domínguez, el comandante Juan Bautista Topete y el general Francisco Serrano Bedoya.

Y esos dos años sin asonadas se caracterizaron por una grave crisis económica, financiera, agraria e industrial, ante las que el deterioro del sistema político monárquico no era más que una triste compañía. 

Los acontecimientos indicaban que algo debía ocurrir, dado que el clima político y social contra Isabel II venía siendo creciente, ante lo que los moderados aplicaban una dura represión, desde la supresión de las garantías constitucionales hasta los fusilamientos sumarios.


Se reclamaba libertad y soberanía, separación de la Iglesia y el Estado, supresión de las quintas, sufragio universal masculino, abolición del impuesto de consumo, elecciones a cortes constituyentes, y los sectores más radicales reclamaban el reparto de la propiedad y la proclamación de la República.


Consecuencia de esta inestabilidad fue el pronunciamiento militar de 18 de Septiembre de 1868 en Cádiz conocido como “la gloriosa”. Al alimón de la sublevación de Cádiz, en las principales ciudades, y auspiciadas por el partido democrático de Pi y Margall, se constituyen Juntas revolucionarias defensoras de los intereses burgueses que asumieron el poder local en contra del gobierno en una clara muestra de lo que el movimiento cantonalista plasmará cinco años después, y que acabarán siendo suprimidas por la acción del nuevo gobierno.


El 19 de septiembre de 1868, los generales Topete y Serrano proclaman en Cádiz el Manifiesto de España con Honra, que se inicia declarando la desobediencia al gobierno y manifestando su resolución de no deponer las armas hasta que la nación recupere su soberanía. En este momento, todas las corrientes políticas se dieron prisa por agenciarse apoyo en la isla. Los revolucionarios trataron de enganchar al capitán general Francisco Lersundi, respaldándolo como jefe de la isla. La destronada reina Isabel II, que había sido sorprendida por la revolución mientras descansaba con su familia en Lequeitio, le telegrafió rogándole y ordenándole que evitara pronunciamientos en la isla. Pero también recibió el mensaje del pretendiente carlista al trono Carlos de Borbón, quien considerándose genuino rey de España, pretendió nombrar Virrey de las Antillas a Lersundi y concederle una autonomía política a la isla. Carlos de Borbón llegó a nombrar gobernador civil a Miguel Aldama, con la evidente intención de atraer apoyos criollos. Pero Lersundi se mantuvo definitivamente leal a Isabel II, creyendo que la revolución de septiembre sería un movimiento pasajero. (Ugalde 2012: 19)


No obstante, Lersundi se equivocó en sus predicciones. Todo estaba muy bien calculado desde Inglaterra, donde se había producido una alianza entre progresistas y unionistas, con la aprobación de los demócratas.


Desde Gibraltar, y con el apoyo de la flota, que estaba controlada por masones (recordemos que desde aquí entendemos que la masonería no es más que una sección del ministerio de asuntos exteriores británico), tomaría Prim la iniciativa de derribar a Isabel II, entrando el 19 de Septiembre en Cádiz, suprimiendo, el día siguiente, la Junta Revolucionaria. Junto a Prim llegaron Práxedes Mateo Sagasta y Manuel Ruiz Zorrilla.


El vacío inicial de poder consecuente al estallido revolucionario de septiembre de 1868 dio lugar a la formación de numerosas Juntas revolucionarias, que encarnaron las aspiraciones de los liberales más radicales y de los demócratas, aún no divididos entre monárquicos y republicanos. Las Juntas sentaron las bases del nuevo régimen al tomar en sus áreas locales decisiones que serían sancionadas posteriormente por el Gobierno provisional. (Orozco 2013: 43)


Junto a la intervinieron de militares de prestigio como Prim, Serrano, Primo de Rivera, Dulce, etc., hubo una presencia destacada de civiles de las clases burguesas y medias; el objetivo era derrocar a la reina, no acabar con un gobierno; la difusión fue rápida y su éxito dio lugar a un amplio programa de reformas que se desarrollarían en el periodo a que daba lugar La Gloriosa y que será conocido como el sexenio revolucionario, en cuyo periodo, tras haber enviado al exilio a Isabel II, se daría lugar a una monarquía democrática, dos formas de República, la Federal y la Unitaria, una guerra en Cuba, dos guerras civiles en la península, levantamientos cantonales y un nuevo pronunciamiento militar que significó la vuelta de la monarquía con Alfonso XII.


Al estallar la revolución, organizáronse por todas partes juntas revolucionarias. A ejemplo de las de Cádiz y Sevilla aceptaron todas el programa de la democracia, mas ninguna se atrevió a proclamar la república. Si los vencedores de Alcolea hubiesen levantado en aquel mismo campo al nuevo rey, es más que probable que hubiesen afianzado con el nuevo monarca la monarquía. Demócratas había entonces muchos, republicanos pocos, y éstos sin la organización ni la cohesión suficientes para apoderarse de una situación traída por la escuadra y el ejército. A pesar de la falta de republicanos, habrían podido también los vencedores implantar por aquellos días la república; que no era difícil hacerla aceptar por una nación que pedía a voz en grito la caída de los Borbones y no presentaba ni tenía candidatos con que sustituirlos. Nos lo confirma el rápido e inesperado crecimiento del partido republicano a la vuelta de pocos días, partido que, cuatro meses después, enviaba setenta diputados a las Cortes, y al año ponía cuarenta mil hombres sobre las armas. Ni se estableció la república ni se alzó nuevo rey, y las dificultades fueron cada día creciendo. (Pi 1891: 3)


Triunfante la revolución,  se constituyó un gobierno provisional presidido por Serrano, quedando Práxedes Mateo Sagasta como ministro de Gobernación y Juan Prim como ministro de Guerra.


El 13 de octubre de 1868 la Junta Superior de Gobierno de Madrid pidió al Gobierno provisional que se hicieran elecciones municipales por sufragio universal. 


Pero las juntas locales, que habían manifestado su voluntad de existencia, serían suprimidas por decreto del día 21 de octubre, si bien el ya el día 20 se habían disuelto algunas, caso de Madrid, Gijón, Avilés, Aranjuez…, mientras otras acaban haciéndolo a primeros de noviembre, como en el caso de Barcelona, de Cádiz, o de Las Palmas….


La situación, no obstante, no iba a ser controlada por el gobierno, y en la madrugada del 4 de Diciembre de 1868 se inicia la insurrección en el puerto de Santa María y Cádiz. El motivo supuesto será una cuestión de jornaleros que pedían aumento de sueldo, y una resistencia armada de las milicias cívicas, la Milicia Nacional, ahora denominada Voluntarios de la Libertad, que se resistía a dejar las armas hasta que no vieran consolidada su Revolución. Al frente de esta insurrección aparecería un nuevo personaje: Fermín Salvochea (cuyo nombre masónico era Germinal), destacado anarquista que había permanecido cinco años en Inglaterra, y que fue acogido con simpatías por Paúl y Angulo y Ramón de Cala.


Pero los radicales se oponían al nombramiento, los radicales amenazaban e incitaban desde el periódico “El Combate”, al servicio de los intereses del diputado Ramón de Cala,  a acciones que llegaron a hacer creer que estuvieron implicados en el asesinato del general Prim.


La mecha prendida en la ciudad, cuna de movimientos masónicos, se propagó rápidamente a Málaga, Granada, Sevilla y Jerez. El poder central intervendría por medio del general Caballero de Rodas en una dura represión que según varios historiadores causó no menos de 3.000 muertos.


En todo el mes de diciembre no cesó la agitación manifiesta o latente que los sucesos de Cádiz produjeron en el mediodía de España. El gobierno atribuyó estos hechos y los que luego sobrevinieron a maquinaciones ocultas de la reacción. Los más activos agitadores del pueblo supusieron que era el gobierno quién promovía los tumultos, para tener ocasión de aherrojar al partido republicano… (Orellana III: 778)


El movimiento se extendió por toda España; así, el 31 de diciembre de 1868, el comité republicano federal de Oviedo lanzó un manifiesto en el que, entre otras cosas decía:


¿Queréis la regeneración de la patria? ¿Queréis las libertades que hacen la felicidad de la Suiza con un presupuesto de 50 millones, con preferencia a las menos amplias, que cuestan a la Bélgica 600? ¿O preferís seguir pagando 2.500 millones con un déficit continuado y consiguientes créditos supletorios?


Una vez aprobada la Constitución, el general Francisco Serrano fue elegido regente y Prim pasó a dirigir el gobierno, dedicándose a la búsqueda de nuevo rey, de la que excluía a toda costa a la casa Borbón.


Ese fue, tal vez el principal cometido que se marcó, consiguiendo su objetivo con la aceptación que Amadeo de Saboya hizo del cargo.


Pero Prim no pudo ver completada su obra ya que sería asesinado el 27 de Diciembre de 1870, cuando Amadeo se encontraba en camino hacia España. Prim, en principio, sobrevivió al atentado, acaecido en la madrileña en la calle del Turco, pero murió sorpresivamente tres días más tarde, el 30 de diciembre, contando 56 años de edad.


Prim recibió ocho impactos directos de bala en el hombro izquierdo dos más en el codo, que le voló la articulación y un tercer disparo en  el dedo anular derecho, que tuvo que ser amputado.


La Gaceta de Madrid de 28 de diciembre decía:

Ministerio de la Gobernación. El Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros ha sido ligeramente herido al salir de la sesión del Congreso, en la tarde de ayer, por disparos dirigidos a su coche en la calle del Turco. Se ha extraído el proyectil sin accidente alguno, y en la marcha de la herida no hay novedad ni complicación. 


Hay quien afirma que posteriormente fue estrangulado. Sospechoso del atentado fue el duque de Montpensier, padre de la futura reina, María de las Mercedes, y no lejos de la conspiración, al parecer, se encontraba Francisco Serrano, y José Paúl y Angulo, todo dentro de una trama masónica.

Los autores, masones en su mayoría los materiales, y, desde luego los intelectuales (Antonio de Orleáns, duque de Montpensier y el general Serrano), se sentían amenazados con el cambio de dinastía que había procurado Prim, la cual podía provocar la pérdida de su posición privilegiada. Últimamente una comisión de investigadores en distintas disciplinas ha retomado el estudio de las causas de la muerte del reusense llegando a conclusiones llamativas: encontró en el antiguo sumario la lista original con los doce presuntos asesinos, (presuntos por cuanto no es posible ya celebrarse el juicio), los cuales fueron contratados prácticamente todos los asesinos a sueldo disponibles en España en aquel tiempo, a los que se les ofrecía un cantidad díaria de diez pesetas, un premio de cinco mil duros (mucho dinero para la época) y la garantía de seguridad de permitirles escapar, pero la más importante de las conclusiones fue la afirmación de que según las autopsias practicadas, no murió por los disparos de los que resultó herido, sino que fue ayudado por estrangulamiento…/… Prim se había alejado de la masonería y poco antes al haberse negado a participar en reuniones con altos grados masónicos, éstos le habían amenazado. Podría ser también el resultado de la lucha entre las dos corrientes masónicas de líneas perfectamente definidas: de un lado los de ideología progresista inclinados a la República; y los del otro, los de ideología moderada, partidarios del conservadurismo y la restauración monárquica, aunque NUNCA en la persona de la derrocada Isabel II. (Orte 2015: 19-20)

El autor material del asesinato de Prim, fue el diputado jerezano Paul y Angulo, aunque el inspirador principal, y responsable histórico como inductor fue Antonio de Orleans, duque de Montpensier. El regente, general Serrano, colaboró en la preparación, ejecución y encubrimiento del asesinato con hombres de su confianza; participaron José María Pastor, el coronel Salís -ayudante de Montpensier-, y Campuzano. El matrimonio de Alfonso XII con su prima Mercedes -hija de los duques de Montpensier-, fue una de las causas por las que se sobreseyó el sumario. El general Prim, había sido amenazado públicamente por Paul y Angulo, fundador del periódico "El Combate'; calificándole de cobarde y advirtiéndole que iba a ser muerto en la calle como un perro. Otra hipótesis, apunta hacia influyentes grupos de presión, formados por plantadores españolistas de Cuba, que conociendo las gestiones de Prim para vender esta isla a los Estados Unidos, organizaron su asesinato para evitarlo. (Pérez 1990: 72)


El asesinato de Prim significó la imposibilidad de consolidación de la monarquía; el conflicto seguía creciente, lo que quedaría patente siete meses después cuando el 18 de Julio de 1872 tuvo lugar un atentado contra Amadeo de Saboya cuya autoría nunca fue aclarada.


España continuaba inmersa en una marejada política y parlamentaria que dura hasta hoy mismo.


Vióse entonces, cosa muy de lamentar, a hombres de las más opuestas doctrinas repartiéndose amistosamente los distritos de España, y trabajando por el triunfo de candidatos que aborrecían de muerte; en provincias, revueltos dinásticos y antidinásticos, radicales y moderados, federales y absolutistas; la nación toda conturbada por el rencor y el odio. (Pi 1884: 29)


Entre tanto, en Cuba y en Filipinas se sucedían altercados, y los carlistas iniciaban un levantamiento a nivel nacional, con especial incidencia en Navarra, Vascongadas y en el litoral mediterráneo.

Los movimientos populares se sucedían; el 7 de octubre se producía un motín de los tenderos de Madrid; el 11 se produjo una grave insurrección republicana en Ferrol, que no fue secundada por la población y que se mantuvo hasta el día 20, y la indisciplina en todos los campos era la nota dominante, destacando los movimientos contra las llamadas a quintas. El cuerpo de artillería, por discrepancias con el general Hidalgo de Quintana, acabó siendo dividido en dos grupos.

Los hechos tuvieron lugar del siguiente modo: Cuando se va a producir el nombramiento del General Hidalgo para un alto cargo, se produce la protesta de los jefes y oficiales de Artillería, aduciendo que el designado había intervenido años atrás en una conspiración. Los oficiales, tras haber protestado, solicitan la separación del servicio, lo que venía a suponer un acto general de indisciplina. Ante esta situación, Ruiz Zorrilla propuso a las Cortes, para su aprobación, una disposición que prácticamente equivalía a la disolución del Arma de Artillería. Finalmente, la propuesta fue aprobada, y la respuesta de los artilleros es contundente: insinúan al Rey el golpe de Estado. El Monarca se encuentra entonces en una situación enormemente difícil, puesto que si respalda la decisión política quedaría en abierta oposición al ejército, pero si decidía a favor de los artilleros los políticos le retirarían el escaso respaldo de que disponía.

Todo este cúmulo de circunstancias desemboca en la abdicación del Rey el 10 de febrero de 1873. (López 1992: 305)


Una gran conmoción se esparció por todo el territorio nacional, y en Madrid se temían dos levantamientos: uno a cargo de los “intransigentes”, dirigido por el general Nouvilas, y otro a cargo de los radicales, a favor de la república unitaria, y capitaneados por Domingo Moriones. Las masas exigían  democracia, descentralización, y medidas sociales.


Y en medio de esta conmoción tomó cuerpo el movimiento cantonalista











ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX



Aunque lejos de pretender ver en la historia una sucesión de hechos económicos que condicionan fatalmente el devenir de la misma, parece interesante y necesario observar también la cuestión económica, máxime cuando hay sistemas preponderantes que, efectivamente, subordinan toda su acción a los intereses económicos.


De hecho, la destrucción de España, gestada por sus enemigos muy especialmente en los siglos XVII y XVIII, se perfeccionó en el siglo XIX basándose muy principalmente en tratados de comercio.


Vamos a intentar nadar entre esas dos concepciones; por una parte la visión humanista de la Historia, y por otra, la prostitución de la Historia por quienes implantan conceptos estrictamente economicistas.


Otro factor que evidentemente influye en el desarrollo de la economía es el poblacional. A ese respecto, y como nota previa, es conveniente señalar la distribución de la población en 1825; lo que es facilitado por Sebastián Miñano en su Diccionario geográfico y estadístico de España y Portugal


  Hab. en po-     Hab. en el     Totales.  

Provincias.   blación.            campo. 


Andalucía       608.000    935.000 1,543.000 

Murcia            179.000    279.000    458.

000

Islas Baleares                     98.000    152.000   250.000 

Málaga                300.000    808.000 1.108.000

Valencia                255.000    793.000 1.048.000 

Castilla la Nueva             301.000    1,314.000 1.615.000 

Cataluña                  219.000    906.000 1,125.000

Aragón                123.000    647.000   770.000 

Vizcaya, Guipúzcoa              45.000    300.000   345.000 

Navarra                    34.000    238.000   272.000

Extremadura      86.000    584.000   670.000

León        98.000    979.000 1,077.000 

Castilla la Vieja    70.000    990.000 1,060.000

Galicia.              114.000    1,687.000 1,801.000 

Asturias       22.000    398.000   420.000 

TOTALES             2,552.000         11,010.000      13,562.000 

Eclesiásticos.   150.000

POBLACION TOTAL        13,712.000 habitantes


Distribución de la población en 1803:

Población agrícola……. 5,615.000 

industrial ........................1,035.000 

productiva ..................... 6,650.000 

improductiva ..................3,617.000 (Moreau 1835: 65)


Señala Alexandre Moreau que desde 1723 a 1834 se había duplicado la población española, habiendo pasado de 7,5 millones a quince, y añade:

Excluyendo la provincia de Madrid, los puntos de más población de España son: Guipúzcoa, que tiene 2.100 habitantes por legua cuadrada como la Alsacia y los Paises-Bajos; Valencia, que tiene 1.540 corno las provincias de Venecia, la Bretaña y la Irlanda; Navarra, que tiene 1.400 como la Moravia, Bohemia e Inglaterra; las islas Baleares, que tienen 1.300 como las islas Británicas y el reino de Nápoles; Asturias , que tiene 1.200 como Francia; Sevilla y Granada, que tienen 1.100 como la Silesia y la Toscana: pero la Mancha y la Extremadura solo tienen 350 , como la Valaquia y las provincias de la Turquía europea. (Moreau 1835: 48)


El aumento de la población, señala, puede ser debido, entre otras causas, al cese de la emigración y la limitación del celibato.


La mortalidad, dice, ha disminuido en España como en los demás países de la Europa civilizada, y la población progresa con rapidez. (Moreau 1835: 53)


Baremos que, a pesar de las circunstancias sufridas, resultan razonables. 


Por otra parte, el desarrollo de la actividad económica ha existido siempre, pero ciertamente, a mediados del siglo XVIII se produjo la conocida como Revolución Industrial, y es con ese espíritu economicista, grotescamente conocido como “ilustrado”, con el que se acosaría y acabaría derribando a las Españas.


Pero, ¿es cierto que la industria era inexistente en las Españas antes de la invasión británica llevada a cabo en el siglo XIX sobre las mismas? Ciertamente no. Existía una industria manufacturera que servía las necesidades de la población y que posibilitaba la vida a grandes sectores humanos. Su éxito, en territorios tan vastos, lógicamente tenía un desarrollo desigual, pero es el caso que a finales del siglo XVIII, los Virreinatos americanos se encontraban a la cabeza de todo desarrollismo, con un nivel de vida, de libertad y de seguridad ciudadana que enardecían la codicia del mercantilismo europeo en general, y muy especialmente del inglés, que sería actor definitivo en su propio beneficio.


La destrucción metódica de la industria española fue llevada a cabo, en la península, durante la conocida como “Guerra de la Independencia”, aún sin existir enemigo militar al que batir, y en América conforme avanzaba el dominio de los “libertadores”, y siempre estaban detrás las baterías británicas.


Acabado el conflicto bélico con los franceses en la Península, se inició la recuperación económica que, como consecuencia de los subsiguientes conflictos bélicos peninsulares no alcanzaría el nivel de evolución que se estaba siguiendo en países como Francia o como Inglaterra.


En lo económico, el comercio era prácticamente inexistente, mientras la industria estaba paralizada y la previamente existente había sido metódicamente bombardeada por las tropas inglesas con el claro objetivo de eliminar competencias. Los campos estaban devastados por la guerra.


No obstante, en 1820 se pusieron a punto nuevas técnicas de conservación de alimentos, consistente en la esterilización y el envasado hermético. Se desplaza así a los antiguos salazones. La implantación de estas técnicas se remonta a 1828 (Gijón) y 1836 (Coruña), pero la aplicación a escala industrial no se llevó a cabo hasta 1880 debido a múltiples factores, tales como la falta de capitales y las conocidas como “Guerras Carlistas”. Sólo se superó ese obstáculo después del conflicto cantonalista, cuando conserveros catalanes se instalaron en Galicia.


En 1825 se procedió a actualizar la legislación sobre explotación minera, que hasta la fecha se regía por las ordenanzas dictadas por Felipe II el 22 de Agosto de 1584.  El artículo 4.º de la mencionada ley establecía claramente que “Todo español o extranjero…” podía realizar libremente “calas o catas para descubrir, reconocer y adquirir recursos minerales” en igualdad de circunstancias. Ese principio seguiría apareciendo inexorablemente hasta 1868, cuando alcanzó rango de ley.


El Real Decreto de 4 de Julio de 1825 sobre explotación minera se completaba con una instrucción provisional de 18 de diciembre, que introducía serias contradicciones.


En este año de 1825,

minería y metalurgia del cobre del suroeste (Río Tinto), van alcanzando un creciente protagonismo en la minería-metalurgia española. Inicialmente estas minas estaban controladas por el Estado hasta su desamortización en 1873, las cuales terminan en manos de capital inglés que las compró por casi 93 millones de pesetas, construyendo una sociedad que se denominaría Río Tinto C.L., y que se convertiría en una de las mayores multinacionales inglesas, y cuya rentabilidad alcanzó cifras inimaginables en las décadas siguientes. Esta compañía obtuvo unos beneficios de alrededor de unos 800 millones de pesetas entre 1880-1914, y que en su mayor parte se exportarían a Inglaterra. Cifra que equivalía al valor del mineral de hierro producido en Vizcaya entre 1876-1900, y que fue un factor decisivo del desarrollo industrial de la provincia. (González 1998: 208)


En 1866 un grupo de fabricantes ingleses de sosa cáustica y otro de metalúrgicos del cobre arrendaron las minas de Tharsis a la sociedad francesa Compagnie des Mines de Cuivre de Huelva, creando The Tharsis Sulphur and Copper Co. Ltd., empresa concentrada verticalmente con sus factorías británicas. Siete años más tarde, un consorcio financiero anglo-alemán compró el establecimiento estatal de Río Tinto, constituyendo The Río Tinto Ca. Ltd. Ambas sociedades realizaron inversiones necesarias para la producción y comercialización a gran escala de las piritas: laboreo a cielo abierto, multiplicación de teleras, construcción de ferrocarriles mineros y también compras de buques que salían de Gran Bretaña con carbón y regresaban con piritas en bruto, desulfuradas o descobrizadas. (Sánchez Picón: 54)


En resumen, en el segundo tercio del siglo XIX, se había producido un importante avance en el proceso industrializador de Andalucía, que será cercenado a partir de la década setenta. La dominación del capital extranjero de la industria minero-metalúrgica andaluza fue casi total para la década ochenta, la incidencia de su explotación sobre el territorio y el tejido social fue escasa al exportarse los beneficios y el mineral o el metal en bruto (no transformado). (González 1998: 208)



Por lo que respecta a Cuba, esta legislación tardó cinco años en llegar. No sería hasta 1830, año en que se firmó el Tratado de Comercio con Inglaterra, cuando se implantó  en Cuba la legislación sobre minería de 1825.


A partir de esta fecha se produce la entrada masiva de capitales foráneos, que tomaron el relevo en el control de la extracción en la isla. Entre las empresas que se formaron destaca sobre todo Consolidated Copper Mines of Cobre Association, constituida en Londres en 1835 con un capital bastante elevado para la época (480.000 libras esterlinas) y que lideró el laboreo de esta zona durante bastantes años. (Pérez 2014:15)


Poco después se iniciaría también en Cuba la construcción de la primera línea de ferrocarril española. El principal promotor de este proyecto fue Claudio Martínez de Pinillo, el Conde de Villanueva, nacido en La Habana, quien en 1832 se inició como Presidente de la Real Junta de Fomento de La Habana. Esta entidad llevaría a cabo la construcción del ferrocarril consiguiendo un empréstito de 2 millones de pesos negociado en Inglaterra. La construcción de la línea tuvo al norteamericano Alfred Cruger, como ingeniero principal. El 19 de noviembre de 1837, la Compañía Caminos de Hierro de La Habana abrió su primer tramo de 27,5 kilómetros desde la capital cubana hasta Bejucal, sólo 12 años después del primer servicio de ferrocarril público inglés.


En 1855, Cuba contaba con 522 kilómetros de vía ferroviaria, duplicándose en una década, y siguiendo su construcción, que conoció incremento en 1871. En 1879 había 333 kilómetros construidos.


Y en la Península,

Puede calcularse, para todo el sigo XIX, una inversión ferroviaria efectiva de 3.188 millones de pesetas, de las cuales 2.422 millones procedieron de la inversión particular y 766 millones —un 24%— de subvenciones del Estado. En 1869, había 336 millones de pesetas concedidas en subvenciones. Dentro del capital privado, la mayor parte de la inversión realizada se hizo a través de obligaciones o títulos de renta fija, en un 65% del total, frente al 35% restante en acciones. El capital extranjero, casi todo francés —en acciones y obligaciones—, representó cerca del 60% de la inversión total privada en los ferrocarriles españoles durante la segunda mitad del siglo XIX. (Tedde)

También en la Península podemos encontrar el efecto del Tratado de Libre Comercio cuando en 1833 se constituyó la Real Compañía Asturiana de Minas…que contaba con la participación de capitales belgas.


Como queda señalado, desde 1825 todo español o extranjero podía realizar libremente calas o catas para descubrir, reconocer y adquirir recursos minerales. Una dejación que, forzosamente debía ser consecuencia de algo…


Ese “algo” puede vislumbrase si atendemos los “servicios” prestados por potencias extranjeras como Inglaterra en la lucha contra Napoleón, y que no podían quedarse reducidas a la destrucción de la incipiente industria nacional; así, 


Durante el reinado de Fernando VII, el 28 de octubre de 1828, se reconoció una Deuda con Gran Bretaña de 60 millones de reales en concepto de presos e indemnizaciones procedentes de la época de las guerras anteriores a esta fecha, siendo Ministro de Hacienda López Ballesteros. 

La Comisión de Tenedores de Bonos Españoles (Spanish Bond Holders) se formó en el año 1844 y estaba compuesta por aquellos súbditos ingleses que en el año 1828 habían adquirido Deuda pública española, con el fin de, según sus propias palabras, «haber intentado coadyuvar al establecimiento de un gobierno constitucional en España» (Alonso 1995: 86)


Durante este tiempo, la actividad de Inglaterra, y como viene siendo costumbre, tenía varios frentes, que si en tiempos anteriores habían sido neutralizados, como en el caso de la piratería, ahora habían tomado otras formas con las que Inglaterra estaba obteniendo todos sus objetivos a ambos lados del Atlántico, y siempre utilizando los Tratados de Libre comercio al alimón con el apoyo directo a acciones militares. Así, mientras organizaba ejércitos con personal y material de guerra británicos que acabaron rompiendo la unidad nacional creando republiquetas títeres de su voluntad al otro lado del Atlántico, con la España peninsular hacía lo propio manteniendo una monarquieta también títere de sus intereses. Todas maniatadas con Tratados de Libre comercio que permitían todo tipo de actividad a los británicos y maniataban a los estados que con ellos subordinaba.


Nada que objetar; el perro muerde, el gato araña… Y la acción de los agentes británicos, sometidos todos al mandato de una institución británica al servicio de los intereses británicos (la Masonería), sometía a la voluntad británica a las distintas poblaciones que habían perdido el espíritu que los hizo grandes, y daban por bueno todo lo que viniese de la que hasta el momento había sido considerada la Pérfida Albión.


La extraordinaria idea británica materializada en la creación de una organización como la masonería llevaba ya décadas triunfando en sus objetivos de someter a España, pero para 1830 todavía le faltaba materializar el medio que ha demostrado ser ideal en el control social: El Tratado de Comercio.


los primeros pasos de la campaña británica para llegar a la firma de un tratado de comercio con España se dieron en la década de 1830 y concretamente podemos decir que se iniciaron aun en vida de Femando VII con una carta dirigida a Zea Bermúdez en la que desde la perspectiva británica y recogiendo argumentos de la clase mercantil de aquel país que se irán repitiendo con insistencia en documentos posteriores, se intentaba convencer al gobierno español para que abandonase el sistema prohibitivo. En realidad todo este documento refleja la orientación de la política comercial británica encaminada a conseguir con todos los países un tipo de relaciones que no frenaran su propia expansión. (Nadal : 189)


Ante el giro neo liberal de “el deseado” se abrieron las posibilidades al capitalismo extranjero, que supo entrar, con intermediarios, para hacerse con las riquezas del país, y muy en concreto con las minas de Almadén, cuya productividad cayó en manos de la familia Rothschild. 


No obstante, algunos sectores se vieron favorecidos con el Tratado de Libre Comercio, merced a que se les reservó una  especial protección. La consolidación del sector textil catalán esta en relación directa con el proteccionismo del mercado interior español. Es la política proteccionista la que permitió consolidar y arraigar en estas regiones una actividad industrial de tipo moderno, en la que todo el país y no solo estas regiones tuvieran que ver con ese tema.


La mecanización y los cambios estructurales que conoció la industria textil catalana entre 1833-1860, mejoraron la capacidad productiva y su competitividad, lo que se tradujo en un descenso de los costos y precios por unidad. La producción de la industria textil algodonera del trienio de 1834-36 al de 1876-78 se había multiplicado por casi 11, para el trienio de 1888-90 por 15, según los datos de las importaciones de algodón en rama. Cataluña, a través del puerto de Barcelona, iba a recibir el 85% del algodón en rama importado español en el quinquenio de 1861-65 y el 94% en el de 1891-95. (González 1998: 210)


Por definir están las ventajas que aportó a España el Tratado de Libre Comercio. Algo más podrá decir la familia Rothschild y en conjunto el capitalismo británico. Y es que,


el Tesoro, mientras tanto, volvía a estar sin un real a fines de 1833, con un déficit de 200 millones y unas necesidades previstas a corto plazo cercanas a los 400 millones, que no podría cubrir el Banco de San Fernando, porque hacía meses que bordeaba el límite legal para sus adelantos al Tesoro. (López Morell: 603)


Otros aspectos, como la construcción de carreteras y caminos con sentido moderno, no se iniciaría hasta 1840, tras la finalización de la Primera Guerra Carlista. El impulso mas importante se produce a partir de 1851 con la Ley General de Carreteras, en la que se establece un modelo que en líneas generales es el que se ha mantenido hasta nuestros días. La red se clasifica en carreteras nacionales, de titularidad estatal; carreteras provinciales, que dependen de la diputación y carreteras locales, que dependen de los ayuntamientos.


A lo largo de ese siglo (1842-1940). se modifica el peso de las regiones en el conjunto económico nacional como consecuencia de la consolidación de la industrialización del eje norte, acentuándose por otra parte los desequilibrios económicos interiores en términos de desarrollo comparativo. (González 1998: 213).


La separación de la España americana comportó una seria de problemas, también económicos, en unos momentos en los que se hacía más necesario el apoyo financiero; así, la falta de plata generó una escasez de oferta monetaria, lo que llevó, de inmediato, a una subida de tipos de interés que frenó la actividad financiera y, a renglón seguido, la empresarial. (Velarde 2005)



La evidencia del servicio que prestaba a España el Tratado de Libre Comercio tuvo una de sus primeras expresiones el 16 de febrero de 1836, cuando Mendizábal liquidó y declaró nulos todos los créditos a cargo del estado que no fuesen presentados a reconocimiento antes de 31 de diciembre del mismo año. Una argucia liberal que sirvió para despojar de sus derechos a los prestamistas menos avispados, que no eran precisamente banqueros.


Y es que Juan Álvarez Mendizábal era un liberal radical procedente, curiosamente, de Gran Bretaña, donde se dedicaba a los negocios. Fue reclutado por la regente Maria Cristina para solucionar la situación militar, política y sobre todo económica, creada por los liberales moderados encabezados por Cea Bermúdez y Martínez de la Rosa, y era tenido por los liberales como la panacea.


En lo económico, el agradecimiento de los liberales al apoyo inglés posibilitó la crisis del textil de 1837 en Barcelona, lo que conllevó una importante revuelta que fue duramente reprimida por Espartero en 1842. El autor del bombardeo, el jefe de la masonería barcelonesa y militar a las órdenes de Espartero, Juan Van Halen, llegó a derribar más de cuatrocientos edificios con las bombas que para el caso le proporcionó el ejército inglés.


La situación provocó un malestar generalizado que acabaría con la regencia de Espartero en 1843.


En este periodo, no obstante, tomaría auge el sistema crediticio, siendo que el año 1838 se crea la primera Caja de Ahorros de España, la de Jerez de la Frontera, que dará lugar en 1839 a que se ordene la creación de cajas provinciales, ligadas a los Montes de Piedad de la Iglesia.


Pero la situación de crisis generalizada era manifiesta; a la crisis del conflicto carlista se unía la crisis económica, así como la falta de sentido solidario que había posibilitado el predominio mundial de España en los siglos anteriores. Y de ello se daban cuenta también en el extranjero; así, 


En su Diario de un Turista, de 1839, Stendhal, el maestro de la novela realista, recoge con la perspicacia propia de su talento sus impresiones tras un viaje de Perpiñán a Barcelona: «Los catalanes quieren leyes justas –anota–, a excepción de la ley de aduana, que debe ser hecha a su medida. Quieren que cada español que necesite algodón pague cuatro francos la vara, por el hecho de que Cataluña está en el mundo. El español de Granada, de Málaga o de La Coruña no puede comprar paños de algodón ingleses, que son excelentes, y que cuestan un franco la vara». Stendhal, que amén de escritor era también un ducho conocedor de la administración napoleónica, para la que había trabajado, capta al instante la anomalía: el arancel proteccionista, implantado por los gobiernos de España en atención a la perpetua queja –y excelente diplomacia– catalana, ha convertido al resto de España en un mercado cautivo del textil catalán, cuando es notorio que es más caro y peor que el inglés. (Ventoso 2014: 3)


No recaía sólo en los conflictos señalados la responsabilidad del maremagno del siglo XIX. El desorden administrativo, que si venía siendo endémico se encontraba particularmente agudizado en estos tristes tiempos, llevó al barón de Meer, a la sazón capitán general de Cataluña, a


alterar el orden administrativo de aquellas provincias , solo en virtud de un bando, variar la división de su territorio, hecha por una ley, suprimir intendencias, quitar las autoridades puestas por el gobierno, y sustituirlas en fin con otras nombradas militarmente por él mismo. Excesos que irritaban a sus administrados, que se veían vejados además con destierros, prisiones y otros malos tratamientos , que llamaron la atención de las cortes, y por último del gobierno, quien se vio precisado a separarle, por decreto del 1.° de junio, remplazándole con el general D. Jerónimo Valdés. (Flórez 1844 II: 585)


Algo similar sucedía en Sevilla y Granada, de donde fueron cesados los capitanes generales Juan Palarea y el conde de Cleonard.


El 31 de Agosto de 1839 se produce el acuerdo de Vergara entre Espartero y Maroto, dando por finalizada la Primera Guerra Carlista, que sin embargo seguiría en activo en el Maestrazgo y Cataluña, y al calor de esta situación surgen o se amplían dos importantes núcleos industriales: el vasco y el andaluz. 


No andaba lejos de esta activación Joaquín Baldomero Fernández Espartero, que  el 1 de Agosto de 1840 se pronunció, y tras exilio de Maria Cristina asumió las funciones de Regente, que las mantendría hasta 1843. 


A su amparo, empresas y tecnología extranjeras se instalan en España, abarcando los más variados ámbitos; así, capitales franceses y británicos, y en segundo término alemanes e italianos, desarrollan actividad bancaria; capitales británicos (Domeq, Osborne), y en segundo término capitales franceses, monopolizan la agricultura; capitales ingleses, franceses, belgas… se apropian de la explotación minera, y el ferrocarril se desarrolla también a base de capitales principalmente ingleses y británicos.


Y su ámbito…

A mediados del siglo XIX, la posible industrialización española giraba en torno a dos ejes: la cuenca mediterránea y el eje norte que es el que terminará consolidándose durante un siglo (1840-1940). La factible industrialización del eje mediterráneo partía de las potencialidades demostradas por Cataluña y Andalucía en el segundo tercio del siglo XIX, y que terminará fracasando por el retroceso industrializador que vive Andalucía al final del período. (González 1998: 202)


¿Y cómo repercutía esta situación en el factor humano?

En 1860 el sector industrial sólo ocupaba el 17% de la población activa, frente al 64% en la agricultura. Las actividades primarias generaban entonces el 40% del producto interior mientras que correspondía a la industria el 17%. Cataluña era, entre 1850 v 1870 la región industrial más avanzada; en realidad la única que podía calificarse como propiamente industrial. Otras zonas de cierta densidad manufacturera estaban situadas entonces en Vizcaya, Asturias y Andalucía. (Tedde)

En cuanto a la alfabetización, hay que señalar que el 27 por ciento de la población estaba alfabetizada, cifra inferior a la media europea.

En cambio, el número de estudiantes de enseñanza secundaria y universitaria, en relación a la población escolarizada, era mayor en España que en Francia o Italia. La educación técnica superior, con un número relativamente reducido de alumnos, fue capaz de responder, sin embargo, a los dos grandes sectores que demandaban ingenieros a mediados del siglo XIX: las obras públicas y la minería. (Tedde)

En cuanto al capital, los capitales nacionales se limitarían a nutrirse con las desamortizaciones, las concesiones de servicios públicos, los suministros al ejército o las concesiones administrativas (ferrocarril, banca, comercio) con las que eran ganados para la causa liberal.


En esta situación, la economía española muestra un desfase radical con respecto a la europea. Con una agricultura oscilante entre el latifundio y el minifundio, de rendimientos bajos, y mantenida por el proteccionismo estatal en provecho de la oligarquía nacional y extranjera. De hecho, en muchos aspectos, como venimos señalando, la economía española resulta ser una economía colonial en manos del capital extranjero.


Estas actuaciones, cobijadas bajo el paraguas del todopoderoso librecambismo, se aplicaban siguiendo las ideas de Juan Álvarez Mendizábal, que a su vez seguía las instrucciones recibidas a través de la embajada británica, lo que ocasionó que  Espartero fuese acusado  de “haberse vendido a los ingleses”. Pero como viene siendo habitual en este siglo XIX que ya lleva durando doscientos dieciséis años, las críticas eran rechazadas y sus autores condenados al ostracismo, acusados de “serviles”, “ultras” y similares adjetivos.


La única solución era la guerra… Pero ahí también llegaban los largos dedos del liberalismo.


Espartero sería apartado de la Regencia en 1843, cuando un movimiento militar compuesto exclusivamente por liberales (los partidos progresista y moderado), encabezados por los generales Ramón María Narváez, Francisco Serrano y Leopoldo O’Donnell, llevaron a cabo un pronunciamiento que obligó a Espartero a marchar al exilio y declaró la mayoría de edad de Isabel II, que contaba trece años.


Con este acto dio comienzo la Década Moderada, que vio el inicio de la revolución de las comunicaciones en España.


Con la nueva situación, con el gobierno moderado en el poder, el 31 de diciembre de 1844 se promulga la Real Orden que da pie a la implantación del ferrocarril en España; algo que venía siendo tratado desde 1829, cuando el empresario gaditano José Díez planteó una línea de 5,83 kilómetros entre Jerez y la localidad de El Portal donde, sobre el río Guadalete, se construiría un muelle.  El proyecto no se llevaría a término al no haber obtenido fondos suficientes. Tampoco tendría éxito, como consecuencia de la guerra, el proyecto Bilbao-Burgos de 1831, siendo en Cuba como hemos visto (entre La Habana y Güimes) donde en 1837 se construyó la primera línea española de ferrocarriles. (Alcaide)


Es la cuestión del ferrocarril un asunto que levantó ampollas en su momento y que incluso en la actualidad es objeto de comentarios jocosos, en concreto relativos al ancho de vía, que difería del que se venía usando en Francia. Se ha comentado hasta la saciedad que el motivo de la diferencia de ancho no era otro que el evitar invasiones por ferrocarril; algo que todos hemos escuchado en alguna ocasión, siendo que, a la luz del conocimiento, no pasa de ser un grano más en el granero de la historia negra que contra España se viene urdiendo desde hace siglos. ¿Cómo es posible pensar que tal motivo sea cierto cuando todos los políticos eran dependientes intelectuales y económicos de los supuestos posibles autores de esa supuesta invasión?


La invasión ya no se iba a producir por una intervención militar. La invasión ya se había producido, y las fuerzas vivas, del gobierno y de oposición, eran y son sus ejércitos, y la falacia del motivo del ancho de vía, muy probablemente fue propalada por ellos mismos para contentar a quienes se aprestaban a una nueva guerra contra ellos.


La prosaica verdad de la lenta evolución del ferrocarril en España, señala Rafael Alcalde, no fue otra que la dificultad que presentaba el relieve peninsular y el mal estado de las finanzas. Aspectos que son señalados en los documentos gubernamentales del momento.


Resulta ilustrativo para el caso mirar un mapa físico de Europa. Son muy llamativas las inmensas llanuras que la pueblan, y que en épocas posteriores permitieron, por ejemplo, que el ejército alemán emprendiese la II Guerra Mundial como una guerra relámpago; algo impensable en España.


Otro factor que retardó, no sólo la industrialización, sino la propia extensión del tendido del ferrocarril era el estado de guerra, donde se desarrollaban acciones aisladas, alejadas de los fuertes núcleos de conflicto, amén del gasto que comportaba el propio mantenimiento de la guerra.


En cuanto a las otras vías de comunicación, en 1802 se había acometido la remodelación de los caminos, pero primero la guerra detuvo el desarrollo de la obra y luego la restauración de Fernando VII llevó al cierre de la Escuela de Ingenieros Civiles y al apartamiento de Agustín de Bethencourt y Molina, alma del proyecto, que no volvería a ser efectiva, merced a la permanente conflictividad militar.


También en 1835 se había creado el Cuerpo de Ingenieros Civiles y el de Ingenieros de Minas, pero como queda dicho, el desarrollo de la guerra significó también en este caso una importante ralentización que tendría fin desde el final de la primera guerra carlista.


Así,  finalizada la guerra, en 1840 se acometió una profunda reestructuración de los caminos y en 1843 se procedió a la construcción de la línea férrea Barcelona-Mataró al tiempo que se planteaba la línea Madrid-Cádiz y Madrid-Avilés. Eso sí, con capital francés e inglés respectivamente.


Pero otros proyectos quedaron sin realizarse hasta que en 1855 se reguló la estructura mediante la Ley General de Ferrocarriles, que garantizaba rentabilidad para los capitales invertidos y autorizaba la libre importación de los productos relacionados con su construcción, lo que significó una mayor dependencia del capital extranjero, que acabó trastocando el proyecto, ya que no se cumplió la idea nacional de enlazar la periferia, sino más bien la idea economicista de los grupos inversores, que estaban más interesados en conectar las zonas productoras de materias primas con los puertos, lo que dio lugar al aislamiento de importantes sectores, como Galicia.


La Hacienda había dilapidado los fondos recaudados con la desamortización, se encontraba endeudada con sus protectores, especialmente ingleses, e incapaz de atender los pagos se mostraba exhausta, por lo que en 1845 procedió el gobierno a modificar el sistema impositivo, sin por ello hacer mejorar sensiblemente la situación.


La recaudación de tributos, a pesar de la reforma fiscal de 1845, resultó insuficiente para cubrir las necesidades de la Hacienda, y su discurrir más bien se vinculó a la evolución de la renta. Los gastos estuvieron, por su parte, condicionados por el pago de intereses de esa deuda, que representó entre el 20 y el 60 por cien de los desembolsos. (López Morell: 599)


Era el momento para que los Rothschild, que ya tenían parte de la tarta, derivasen sus objetivos hacia los ferrocarriles y hacia la minería. 

Y es que había jugo que sacar…


De la importancia de la producción plumbífera baste decir que figuró en cabeza de nuestras exportaciones minerales durante todo el siglo XIX, seguida del cobre y el hierro, y no superada por este último hasta la centuria siguiente. (Vilar 1983:111)


La irrupción del plomo español en el mercado internacional arruinó la hegemonía detentada hasta entonces por el metal inglés. Tal primacía se mantuvo hasta los años de 1880 en que los excedentes norteamericanos desbancaran a la producción peninsular.

La comercialización del metal español –exportado generalmente en barras- fue controlada, empero, por compañías británicas y francesas. (Vilar 1983:112)


El control del mercado internacional del plomo fue ejercido por Inglaterra desde medíados del siglo XVIII, sustituyendo en gran medida a Francia [Chastagnaret, 1992]. Este control británico se organiza desde los centros de consumo, a partir de la principal ciudad importadora, Newcastle-on-Tyne y, en menor medida, de Swansea y Londres. (Álvarez 2014: 982)


La superproducción existente y los precios bajos, de un lado, y el dominio cuasimonopsónico ejercido por los importadores ingleses que controlaban gran parte del mercado, exigiendo descuentos ruinosos, de otro, dieron lugar a una situación muy precaria de los productores de plomo de bastantes países, entre ellos España. (Álvarez 2014: 983)


La dependencia de Inglaterra queda manifiesta en estos datos de 1922, donde los cálculos, por lógica, se efectúan en libras esterlinas: 


Tomando como ejemplo la reseña de 8-1-1922 [RM, enero de 1922: 241, el esquema de cálculo de la tarifa para el mes corriente es el que sigue:

Plomo: al contado, 25.6.5.114 £; a plazos, 24.12.9.314 £; precio medio,

24.19.7.112 £; en decimales, 24,98 £.

Cambio medio de la libra en el mes de diciembre de 1921: 28,365 pesetas.

Deducciones de mercado: por comisión, 1 por 100; por seguro 112 por 100.

Por derechos de ría y ensayos: 4 chelines por tonelada inglesa. 

Fletes: 11 chelines por tonelada inglesa. (Álvarez 2014: 975)



Pero ni el plomo ni ningún otro producto natural sacaría a España de la situación de postración. La crisis económica acabaría en dos años con el recientemente creado Banco de Isabel II, que sería absorbido por el Banco de San Fernando el año 1846


Crisis financiera que no era exclusiva de España, sino que tenía carácter internacional. No obstante, no era sufrida la crisis por todos en la misma medida; así,


el 13 de julio de 1847, apareció en el periódico «Times» un artículo que decía: «Anuncio nuevo empréstito español de 100 millones de reales, sin producir ninguna alteración material en el valor de los fondos peninsulares, quedando estacionario durante el día» (Alonso 1995: 88)


Todo sucedía cuando el gobierno liberal de España no podía atender la amortización de la deuda anteriormente asumida, lo que ocasionó una sucesión de insultos hacia España procedentes de todos los ámbitos británicos, que llegaron a insinuar la posibilidad de una guerra, mientras por otra parte suavizaban la situación al tiempo que consolidaban su posición de dominio.


Pero la evolución continuaba sin remedio… En 1848 comienza a funcionar el primer alto horno de coque, y en 1855 se funda la sociedad Maquinista Terrestre y Marítima, dedicada a la industria mecánica. El proceso de industrialización va unido a una concentración geográfica intensa. En el norte se ubicará la industria del carbón, del hierro y del papel. En Cataluña la industria textil, atrayendo gran cantidad de inmigrantes.


En Asturias, la primera fábrica que entró en funcionamiento fue la de Mieres, en 1848, construida por una compañía británica. Se mantuvo en funcionamiento tan sólo un año. En 1852 de nuevo entró en funcionamiento, ahora con capital francés.


En ese proceso, España no hacía sino facilitar la colonización eliminando las cargas arancelarias y abriendo crecientemente las puertas a la entrada de capital extranjero.

Bajo esa sumisión acaba inaugurándose en 1848 la línea ferroviaria Barcelona-Mataró y se desarrolla el resto de la línea, así como la mejora y apertura de nuevas carreteras. A la par se desarrolla la instalación del telégrafo.


Llegado el año 1849 fue en el distrito de Linares-La Carolina donde se asentaron de forma más estable y organizada una serie de sociedades inglesas, que protagonizaron el aprovechamiento de los yacimientos mineros.


Desde 1849, año de la constitución de las primeras sociedades inglesas en Linares, la inversión foránea se va a multiplicar por la geografía peninsular, mostrando un progresivo dinamismo (Chastagnaret, 2000: 356). Se puede considerar que fue en dicha fecha cuando se produjo el pistoletazo de salida de un caudal financiero hacia los recursos nacionales que no paró de crecer a lo largo de la segunda mitad de la centuria. ¿Qué había cambiado para que se produjera este cambio de tendencia? La década de 1840 acaba con una nueva legislación minera, la Ley Minera de 1849, pero en la práctica este nuevo marco jurídico no supuso un gran cambio frente a la normativa anterior, ya que mantenía en esencia los mismos principios. (Pérez 2014: 20)


El proceso de colonización extranjera estaba maduro, así el año 1849

se constituyó la sociedad inglesa Linares Lead Co. Ltd., con una modesta inversión (45.000 libras) para explotar la mina de Pozo Ancho, bajo la dirección del ingeniero H. Thomas. Detrás de esta inversión estaba el grupo londinense Taylor, que acabará controlando la parte principal de las sociedades inglesas que actuaron en esta cuenca. A partir de la irrupción de esta compañía, se produce una reactivación tecnológica y productiva del distrito y se establece el primer gran grupo de inversión inglesa, que lideró la actividad minera y metalúrgica de Linares-La Carolina en las siguientes décadas. Los acontecimientos se sucedieron de manera rápida, destacando sobre todo en la primera etapa tres sociedades inglesas: la mencionada Linares

Lead, Fortuna Lead (1854) y The Alamillos (1863), a la que se sumará La Tortilla de Sopwith. Los inversores franceses, de los que destaca la sociedad

La Cruz, se quedaron rezagados en esta cuenca, ocupando una posición secundaria frente al dominio británico. (Pérez 2014: 21)


Es también en esta época cuando se adoptan las actuales normas de pesos y medidas, que a 2016 todavía no han sido adoptadas por algunos países.

La Ley de Pesos y Medidas de 19 de julio de 1849 introdujo en todos los dominios de España un sistema decimal de pesos y medidas cuyas unidades básicas eran, respectivamente, el kilo y el metro. Se adoptaba así un sistema uniforme, de acuerdo con el modelo implantado por vez primera en Francia en 1795. Bélgica y Holanda fueron los primeros países en seguir el ejemplo francés, en 1816, que, después de España, fue también adoptado por Portugal (1852), Italia (1871) y el Imperio alemán (1872). (Tedde)

El año 1850 se puso en marcha el servicio oficial de telégrafos.


En 1850, según nos señala Leandro Prados de la Escosura en El progreso económico de España (1850-2000), se produjo la máxima aproximación, en el período por él analizado, al grupo de los ocho países más ricos de Europa -Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Gran Bretaña y Suecia-: un 91,0 por 100. En 1860 seguía prácticamente igual: un 90,5 por 100; pero en 1870, en pleno Sexenio Revolucionario, había caído al 75,8 por 100. (Velarde 2005)


La involución, así, quedaba manifiesta. Quedaba ya lejos aquel 1820 cuando sin discusión eran las Españas las más ricas. Y lo que resulta más doloroso: no es que los otros países surgidos tras la explosión de la Patria Hispánica continuasen ocupando los más destacados puestos; bien al contrario ya no eran sino factorías que suministraban las materias primas, en condiciones de sumisión absoluta a la voluntad de sus colonizadores, principalmente británicos, que veían cumplidas finalmente las expectativas por las que habían luchado durante siglos a base principalmente de la piratería.


En 1850, la renta por habitante estaba próxima al 90% de la renta per cápita conjunta de británicos y franceses; veinte años después, dicha proporción había caído al 75%. La producción industrial en España experimentó un avance indudable entre 1840 y 1870: el producto industrial aumentó en ese período a una tasa anual media del 2,7%. Según los especialistas en historia industrial, el crecimiento de la década de 1840 y 1850, puede caracterizarse como arranque de la revolución industrial. (Tedde)


¿Y en el resto de las Españas? Ese es capítulo digno de ser tratado, no en capítulo aparte sino en trabajo aparte. Los virreinatos americanos, que a finales del siglo XVIII eran los territorios que gozaban de mayor libertad y prosperidad del mundo, estaban en estos momentos, medio siglo después de haber sido desgajados y colonizados, en el más absoluto subdesarrollo.


Sólo señalar que tan sólo dos años antes, el dos de febrero de 1848, era firmado el Tratado de Guadalupe Hidalgo, el cual establecía que México cedía los territorios de Nuevo México y la Alta California, aproximadamente 2, 378,539.45 kilómetros cuadrados de territorio, como consecuencia de haber perdido la guerra iniciada dos años antes.


Pero centrémonos en el asunto que concierne a este capítulo. ¿Qué pasaba en el trozo de las Españas que había quedado desgajado en la vieja Europa?


Hemos visto que el endeudamiento, el sometimiento y la entrega sin condiciones a los intereses británicos venía siendo efectivo, como mínimo, desde la conocida como “Guerra de la Independencia”; anteriormente se había seguido la misma marcha con relación a Francia… Pero ahora la situación era peor, porque no había forma de satisfacer la deuda externa.


No obstante el largo período de tiempo transcurrido desde 1828 hasta el año 1851, exactamente 23 años, los acreedores Ingleses no habían conseguido recuperar los 60 millones de Deuda, por lo que Howden volvió a reclamar al Gobierno español esta gran cantidad de Deuda, resaltando el gran lapso de tiempo transcurrido y el continuo incumplimiento de los acuerdos firmados por parte española; por contra, hizo hincapié en la gran moderación mostrada por los súbditos ingleses en sus continuas reclamaciones. (Alonso 1995: 99)


Pero es que la gestión de los caudales públicos, atendida por los liberales desde el mismo reinado de Fernando VII, hizo que, como viene siendo habitual hasta ahora mismo en el régimen que entonces se instauró y hoy pervive, hacía que los gastos superasen con creces a los ingresos, siendo que 


En Julio de 1854 se encontró la nueva situación con catorce mil reales no completos por toda existencia en el Tesoro, con un presupuesto de gastos de 1,800 millones y con un déficit considerable por descubiertos en los ejercicios económicos de los años anteriores. (Orellana, II: 544)


Es el caso que los gobiernos liberales, hábiles en el despilfarro improductivo, no cesaban en estos momentos en la generación de legislación, no toda inútil, y en no pocas ocasiones francamente buena si hubiesen tenido capacidad intelectual para desarrollarla.  


Así, en ese trabajo que en ocasiones nos preguntamos si son palos de ciego que en ocasiones aciertan, en 1851 se dio el primer Plan General para corregir la desorganización de las concesiones otorgadas hasta entonces y establecer una red radial que tuviera como centro Madrid, siguiendo y reforzando la idea centralista propia del liberalismo español. Pero el verdadero impulso a la construcción de una red de ferrocarriles se dio con la Ley General de Caminos de Hierro de 1855, dentro del programa de modernización económica defendido por los progresistas. Se pretendía imitar el ejemplo europeo. El ferrocarril fue el medio de transporte fundamental en el siglo XIX por sus ventajas: capacidad de carga, velocidad, seguridad y disminución de tiempos y costes. Además, se pensaba que la red estimularía a la industria, como había ocurrido en la Revolución Industrial inglesa.


Con esos objetivos, los gobiernos del momento promovieron una muy fuerte llegada de capitales extranjeros ligados, en más de una ocasión, a fuertes grupos financieros, como fueron, por ejemplo, los Prost, Rothschild y Pereire, y se abrieron nuevos bancos: el de Bilbao, el de Barcelona y el de Cádiz, dando lugar al desarrollo industrial.


El vapor se impone en todo el país, provocando un tirón de la gente del campo hacia la ciudad. Barcelona crece desordenadamente, en medio de asonadas y bullangas. En cambio, la industria pesada choca con mayores dificultades, ya que la hulla y el hierro están lejos y son muy insuficientes. Algunos establecimientos aparecen en la ciudad, en un alarde de entusiasmo creador. Pero ya para aquel entonces los principales centros de la industria pesada española se sitúan a lo largo de la costa cantábrica, en Asturias y Vizcaya, donde la abundancia de hulla y mineral de hierro, respectivamente, explican el funcionamiento de altos hornos y fundiciones de metal. (Vicens 1997: 62)


A lo largo del siglo XIX las exportaciones a Francia y a Inglaterra oscilaron entre el 45 y el 70 por 100, y las importaciones entre el 35 y el 60 por 100. Gran Bretaña fue el principal proveedor español de maquinaria, bienes de equipo y combustible y constituyó el principal mercado de nuestros productos mineros y metalúrgicos. En definitiva, las economías francesa e inglesa funcionaron como motor para la industrialización española; cuando estas economías ralentizaron su crecimiento, especialmente a partir de 1873, la economía española, dada su dependencia, se resintió gravemente.


Al amparo de la Ley general de ferrocarriles de 1855 se crearon unos 5000 kilómetros de red ferroviaria. El año siguiente quedaría paralizada la extensión de líneas merced a la crisis financiera, que iría incrementándose hasta 1866, cuando los inversores exigieron subvenciones al gobierno.


Los ferrocarrilles así, además de paralizados en su expansión, quedaron monopolizados por empresas de capital extranjero (sobre todo francesas y alemanas) como los Pereyre (Cia. de ferrocarriles del Norte), los Rotschild alemanes (MZA: Compañía Madrid-Zaragoza Alicante) y los Prost («Ferrocarriles andaluces y del Oeste»). 


Ya en 1877, la Ley General de Ferrocarriles fomentó la ampliación de la red, que llegó a duplicarse en el último cuarto del siglo XIX, permitiendo, además, que la presencia de capital español en el ferrocarril fuera mayor.


Y mientras, ¿en qué situación se encontraba el pueblo?


El 55 se inaugura con un invierno tan duro que al cabo de los dos primeros meses se anuncia que tan sólo en Madrid han muerto más de dos mil personas de frío. Al mismo tiempo los efectos del clima se hacen sentir sobre las cosechas y, aunque por comparación con el resto de Europa, azotada por severos temporales, España obtiene mejores resultados y granos para la exportación, la carestía no se hace esperar en el interior del país. (Urquijo 1981: 20)


La Ley de Sociedades de Crédito de 1856 permitió que se establecieran en España tres grandes instituciones: el Crédito Mobiliario Español, que originaría la compañía de los Caminos del Hierro del Norte de España, pertenecía al grupo francés de los Pereire. La Sociedad Española Mercantil e Industrial, del grupo financiero de los Rotschild, y que participaría en la creación de la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante. Y la Compañía General de Crédito de España, del grupo financiero de los Prost, que participaría en otras varias compañías de ferrocarriles. Gracias a las sociedades mencionadas, en el año 1868 la inversión en este sector descendió mucho, y a partir de 1882 la participación extranjera fue menor. De las inversiones el 60% provenían de la economía francesa.


Gran capacidad legislativa, no cabe duda, que sin embargo no repercutía en la solución de los grandes problemas de financiación y ahondaba en el endeudamiento externo, en la dependencia de intereses ajenos a España, mientras los gestores de esos intereses en España, los políticos, generaban enormes bolsas de personas dependientes del erario público. 


Al respecto, Aparisi Guijarro manifestaba en 1859 que la deuda pública era de catorce millones de reales, y señalaba:


En España hay muchos partidos; los partidos están divididos en facciones; cada una de estas tiene al frente hombres notables; y apenas nace un ministerio, cuando se le ataca, se le hostiga, se le enflaquece, y al final se le derriba: el vencedor ocupa el puesto del vencido; y ya se ve, ha de pagar servicios, proteger afiliados, aumentar prosélitos; de aquí dejar cesantes, crear nuevos empleos, recargar tributos. (Aparisi 1859: 7)


Los males económicos, endémicos, se recrudecían en estos momentos. Se había conocido un crecimiento que tocó techo el año 1864, cuando se colapsó la actividad industrial y comercial. Nuevamente la casa Rothschild estaba ahí para salvar la situación.


Los problemas del Gobierno español en materia económica venían determinados por las grandes cantidades de dinero que se habían pagado y continuaban pagándose en concepto de subvenciones a los contratistas de Ferrocarriles. Las obligaciones del Gobierno para con los contratistas se habían estimado según el precio de mercado. Este precio estaba regulado por los de otros valores públicos producidos en el mercado y era fácilmente comprensible lo que sucedería si las obligaciones fueran admitidas a la libre circulación en las Bolsas europeas. Todo esto se traducía en un aumento de la Deuda permanente, sin ninguna necesidad y sin obtención de ventaja alguna. (Alonso 1995: 108)


En esta situación, para 1866, se destapaba por fin la crisis agraria y financiera, como continuación de la crisis industrial catalana, iniciada en 1862. La crisis del ferrocarril ocasionó la crisis bancaria, anticipo de la crisis general de 1867 y 1868, ocasionada por las malas cosechas y el paro, que significó carestía en los productos básicos, que vieron multiplicarse por seis sus precios. 


Para 1868, en toda España, las compañías mineras extranjeras controlaron en torno al 20 % de la superficie y del número de concesiones demarcadas.


El capital, sobre todo inglés y francés, en la minería se incrementó gracias a la Ley de Bases de marzo de 1868, por la que se podían conceder minas a perpetuidad, tanto a nacionales como a extranjeros, mediante el pago de una cantidad al Estado.


Otros sectores, como el textil hicieron que la ciudad de Barcelona pasase de tener unos 100.000 habitantes el 1808, a cerca de 200.000 el 1868, en buena parte debido a la llegada e un gran número de inmigrantes atraídos por las oportunidades económicas que podían encontrarse en la ciudad.


Toda esta actuación reportaba otras consecuencias de carácter de confianza en la propia iniciativa.


A estas alturas de siglo, la propaganda europeizante había hecho mella en la sociedad de una manera significativa hasta el extremo que los principios éticos que habían posibilitado la preeminencia de España durante tres siglos, y con ella la supervivencia de grandes núcleos de población a lo largo del mundo, se hubiesen venido estrepitosamente abajo, ocupando su lugar un complejo de inferioridad que se incrementaría con el desastre de 1898 para continuar creciendo sin solución de continuidad hasta hoy mismo.


Y todo ello comportaba otros aspectos, como la difusión del relativismo. En ese sentido,  en 1868 se decretaba la libertad de cultos, la de asociación y la de enseñanza.


¿Qué significaba esta medida si la unimos al complejo de inferioridad que acabamos de señalar?; en primer lugar, que las teorías del liberalismo económico, propagadas en las aulas, en los ateneos, en las reuniones públicas como única verdad, acabarían representando una insuperable rémora social que llevaría a despreciar lo propio en beneficio de lo foráneo sin previo análisis, a la envidia de todo lo extranjero por el mero hecho de serlo, y a la aceptación de la tiranía, mejor si venía de la mano del capital extranjero, y a la proletarización y a la ruina de medios de producción nacionales.


El poder ejecutivo no se quedaba atrás en la siembra de ese complejo, así desde su dependencia absoluta de potencias extranjeras, llevan a afirmar a Castelar que Europa:


…viéndonos más atrasados que Rusia, nos cuenta por uno de los pueblos perdidos para la libertad y la civilización, y nos entrega al ludibrio de todas las razas, a triste desprecio y humillante olvido. (Castelar 1870: 3)


En este orden de cosas, que venían desarrollándose durante la práctica totalidad del siglo XIX, se vio recrudecida en los últimos años de la década de 1860 con la crisis económica extranjera, así, la deuda pública llegó a pagarse a un 20%, mientras el avance de las sociedades extranjeras se hacía aún más evidente.


En el marco de los minerales de cobre andaluces, la presencia de intereses franceses y británicos en Huelva data de la década de 1850, decantándose la balanza por el lado inglés, que se concretará en la emblemática Tharsis Sulphur & Copper Co. (Pérez de Perceval 2012: 85)


Evidentemente, estas acciones no repercutieron en un beneficio que pudiese ser detectado por el pueblo, que durante el año 1868, el año de La Gloriosa, y hasta 1872, padeció el periodo más duro de la crisis.


Con una consideración a tener en cuenta: En los momentos más duros padecidos como consecuencia de la crisis económica, el año 1869 se creó una legislación que protegiera los intereses económicos de la burguesía y de los inversores extranjeros. Una de las medidas sería la creación de la peseta, mientras con la Ley de Minas se procedió a la desamortización del subsuelo, cuyo producto sería objeto de la misma dilapidación que anteriormente sufrió el producto de las desamortizaciones eclesiástica y municipal.


Con la desamortización del subsuelo


Se abrieron las riquezas minerales de la Península a la voracidad de las finanzas extranjeras, y el cobre, el plomo y el hierro fueron embarcados con destino a Francia, Inglaterra y Bélgica. (Vicens 1997: 64)


Y debemos considerar que entre 1861 y 1910 España aportaba casi la octava parte del plomo mundial y casi la tercera parte del cobre mundial.

Pero el Tratado de Libre Comercio, el arma tan genialmente utilizada por Inglaterra para someter toda la Hispanidad, salvaba la piel de los políticos, que entregaban España, atada de pies y manos, a sus enemigos (los de España), si bien a sus amigos o amos (los de los políticos). La dependencia económica seguía su curso: El año 1869 se llevó a cabo un empréstito de 400 millones realizado… en Londres. Al propio tiempo, quedó cedido el crédito que se tenía contra Marruecos de 144.994.000 reales por la suma de 64 millones de reales a los señores Erlanger y Cia., siendo que, como anticipasen cinco millones de francos, Hacienda les dio títulos al 22%.

Pero como sigue pasando hoy mismo, las justificaciones que daban los políticos les exoneraban de toda responsabilidad… Las diferencias presupuestarias eran, según manifestaba el ministro de Hacienda, Laureano Figuerola, responsabilidad de las administraciones anteriores.

La realidad es que, como venimos señalando reiteradamente de forma consciente dada la reiteración del acontecimiento, 


el capital extranjero, mayoritariamente inglés, había entrado con fuerza en los sectores mineros y metalúrgicos no ferrosos desde los años de 1870, que termina controlando, y con una vocación cuasi colonial y una actitud empresarial que se reducía a la exportación de los beneficios y del mineral y los metales que producían, y la importación de la tecnología y el carbón que necesitaban para su funcionamiento. En el país quedaba una pequeña parte del valor del producto en forma de bajos salarios, de casi subsistencia, y una tributación ridícula. (González 1998: 202)


¿Y cómo solucionaba el hermano masón Laureano Figuerola las diferencias presupuestarias que achacaba a sus amigos que le habían cedido el puesto? En 1870 firmó con los representantes de la casa Rotschild una operación de crédito sobre los productos de la mina de Almadén y una exclusiva de venta de dichos productos durante 30 años. Con la firma de este acuerdo los Rotschild consiguieron monopolizar la producción mundial de mercurio, ya que controlaban también los yacimientos de Idria, en Italia y las minas de Nuevo Almadén, en California.


Pero no paró ahí la labor de Figuerola, quién en 1870 propuso a las Cortes la venta de las minas de Rio Tinto. Tras dos subastas consecutivas fueron asignadas a la casa Matheson de Londres, en asociación con el Deutsche Banck y el apoyo financiero de la casa Rotschild, por un precio de 93.995.912 pesetas, pagaderas en 10 años. El dinero sirvió al gobierno español para hacer frente a las presiones de sus acreedores.


Río Tinto estuvo controlado directamente por el Estado hasta 1873. Tres años antes el gobierno había aprobado su venta a un precio excepcional para la época establecido en 92,8 millones de pesetas. El negocio se consumo con el traspaso a un consorcio ingles organizado y dirigido por el financiero británico Hugo Matheson (c. 1820-1898), que constituyo la sociedad The Rio Tinto Company Ltd (en adelante, RTCL) para la explotación de los yacimientos. Fue una operación inusual ya que en la minería española hasta entonces se explotaban “concesiones” que permitían el laboreo del subsuelo en una determinada parcela, mientras en 1873 se produjo la venta del conjunto (cerca de diez mil hectáreas) de la propiedad del suelo y del subsuelo a perpetuidad. (Martinez 2014: 3)


Pero la preocupación del gobierno no iba más allá de generar efectivo para justificar su gestión, por lo que otras cuestiones no eran tenidas en cuenta, aún a pesar de existir el conocimiento exacto de sus consecuencias, por ejemplo…


La emisión de gases con alto contenido de azufre y arsénico que las 'teleras'

emitían, un método prohibido en su país a mediados de siglo, provoco la movilización ciudadana y sobre todo de los agricultores y trabajadores de RTCL. En pleno auge minero llego a calcinarse más de dos millones de toneladas al año y desprender al día hasta 600 toneladas de gases tóxicos. (Martinez 2014: 6)


La situación alcanzó a que las protestas se generalizasen, siendo que en 1888 se produjo una protesta contra los británicos que sus agentes españoles saldaron con la muerte de doscientos manifestantes de Zalamea la Real el 4 de febrero, lo que ocasionó un informe de la Real Academia de Medicina ¡que exoneraba de culpabilidad a los británicos aseverando la inocuidad de los gases sulfurosos emitidos! La dependencia de los británicos, que desde 1808 era evidente, quedaba mortalmente sellada.


Y es que la Rio Tinto Company Limited, era una sociedad inglesa que funcionaba, no con arreglo a la legislación española sino con arreglo a la legislación británica.


Los atentados a la salud pública no eran atendidos, como quedó demostrado, siendo que eran conscientes de su existencia, y como hemos señalado, la venta del subsuelo era, en el momento de producirse, ilegal, pero como la redacción de leyes es uno de los hitos de este régimen que hoy perdura el asunto quedaría dentro de la ley al año siguiente de haber sido perpetrado, al redactarse una nueva legislación de minas.


La Ley de Minas de 1871 supuso una desamortización de los recursos naturales. Las minas  fueron subastadas públicamente, siendo en muchas ocasiones compradas por empresas extranjeras. 


Esta nueva ley acabaría teniendo otras consecuencias en el desarrollo industrial, ya que dio lugar al nacimiento de la siderurgia vasca, en clara relación con la explotación de las minas de hierro de Vizcaya y Santander, por parte de compañías inglesas, que a su vez crearon en la ría de Bilbao los primeros altos hornos de la zona. En 1871 la empresa inglesa The Cantabrian Iron Cia. creó en Sestao el primer alto horno (San Francisco), el éxito indujo a otros grupos capitalistas a la creación de nuevas empresas, así surgen la Vizcaya, la Iberia, los Altos Hornos, que terminaron fusionándose en 1902 con el nombre de Altos Hornos de Vizcaya S.A.


Evidentemente, estamos en unos momentos de gran desarrollismo; así, en Barcelona se montó la primera central eléctrica en el año 1873.


Sin embargo, y como consecuencia de los contratos leoninos que eran alegremente aceptados por unos gobiernos cuya dependencia de intereses extranjeros queda meridianamente plasmada en sus acuerdos y contratos, en 1873 (año de la primera república) las arcas del estado seguían vacías permanentemente, de lo que inexorablemente eran acusados los gobiernos anteriores, y para solucionar el problema, las cortes aplicaron una subida generalizada de impuestos por todos conceptos: Importación, exportación, matrículas, títulos, cédulas, documentos bancarios, carruajes…y finalmente sobre los huecos de las fachadas (puertas, ventanas), fomentando la denuncia al destinar un tercio de las multas a favor del denunciante.


¿Qué impuestos extraordinarios se crearon?: el llamado de carga y policía naval, con efectos desde el 1 de noviembre y que gravaría con un 5% las mercancías destinadas al extranjero, con un 2% las llevadas a Ultramar, y con un 1% el comercio marítimo interior. En segundo lugar, el llamado de timbre, representado por sellos de 5 y 10 céntimos de peseta con la leyenda de impuesto de guerra, y que sería el impuesto más generalizado, al gravar cartas, billetes de lotería o de espectáculos públicos y transportes, multas, papel del Estado, matriculas, documentos bancarios, títulos y cédulas en general, pólizas, libros de comercio, etc. Incluso las provincias que normalmente estaban exceptuadas del uso del sello, tuvieron que contribuir en este caso de modo excepcional.


Los productos mineros se vieron también gravados, con un 3% el hierro y la hulla, y con un 5% el resto de los minerales, que los propietarios de las minas tenían que abonar por trimestres vencidos. Curiosamente aquí Inglaterra no reaccionó como lo haría el año 1879 cuando provocó la conocida como Guerra del Salitre entre Chile por una parte (con apoyo subrepticio británico, incluida la armada, que llegó a actuar con claras formas piráticas), y Perú y Bolivia por otra. Guerra que concluiría en 1883 con un único beneficiado: Inglaterra.


Además, los Ayuntamientos tenían que entregar el 5% de su presupuesto de ingresos, pudiendo elevar éste en la cantidad del impuesto. 


Pero si los políticos tienen una virtud es la de encontrar ocasión para sacar dinero, así se inventaron el impuesto de lujo, que se aplicó a los carruajes. Este impuesto no era igual para todas las ciudades; así un coche de dos caballos o más, en Madrid pagaría 250 pesetas frente a las 100 en un pueblo inferior a 5.000 habitantes. 


El más llamativo de todos los impuestos creados es uno que, extrañamente no ha perdurado: el impuesto sobre los huecos de las fachadas, por el cual  todas las puertas, ventanas y balcones que dieran a la vía pública eran objeto de imposición, señalándose, como en el caso de los carruajes, distintos baremos según el número de habitantes de la población, siendo que la puerta de Madrid pagaba ocho pesetas anuales, mientras que la puerta de un pueblo con menos de 1000 habitantes pagaba una.


Para evitar el fraude, se penaba con multa de 5 pesetas los casos de omisión.


Para reducir el déficit del Tesoro, previsto en la ley del 19 de agosto, se abrió suscripción pública para colocar 180 millones de pesetas en billetes hipotecarios del Tesoro, al 8 por 100 de interés y 5% de amortización anual - es decir, veinte años- con la garantía del producto de la realización de los pagarés de los bienes nacionales y de las fincas aún no vendidas. Esto suponía amortizar gran cantidad de Deuda Consolidada exterior e interior y otros valores del Tesoro y de la Caja de Depósitos.


En cuanto a las aduanas, como los carlistas ocupaban parte de la frontera con Francia, se impusieron una segundas aduanas en las líneas de la margen izquierda del Ebro y derecha del Gállego.1


Con toda esta actuación, el estado, también en lo económico, se manifestaba como fallido. Y como remate, Hacienda tuvo que hacer frente a letras de cambio por valor de 400 millones de reales con el Banco de París,  consiguiendo aplazar su vencimiento con unos nuevos intereses del 12 por 100, mientras el Banco de España suministró anticipos sobre las contribuciones aplicando interés del 6 y 7 por 100. La Banca Bauer también negoció con el gobierno republicano, al entregarle 44 millones de reales al 9 por 100 anual, 24 de los cuales eran sobre los rendimientos probables de las minas de Almadén.


Cierto que la República tan sólo obtuvo el reconocimiento de Suiza y de los Estados Unidos, pero también cierto que el apoyo económico suministrado por los países que no la reconocieron, fue patente.


La cuestión no se arreglaría ni con la liquidación del cantonalismo ni con la liquidación de la República. Así, en 1874 se destapa un caso de corrupción:


estafa al Estado de 3.035.392 reales, realizada mediante el doble pago de cupones del 3 por 100 interior presentados en el negociado de reconocimiento y recibo de créditos en el departamento de emisión de la dirección general de la Deuda Pública. (Toro 1997: 308)


¿Un caso de corrupción?... Tal vez. No hemos sido capaces de sacar luz sobre este asunto concreto, si bien, el devenir de los acontecimientos indica que la corrupción es, quizás, el primer motor del sistema. Las dependencias de potencias extranjeras, manifiestas, en este sentido no nos indican más que la conciencia cierta de su existencia… pero eso no basta para aseverar que era corrupción. 


Quién sí queda ciertamente retratada es la regente Maria Cristina de Borbón, que se hizo célebre por su participación en operaciones de especulación con la sal, con los ferrocarriles y con la ilegal trata de esclavos. 


Todas estas maquinaciones económicas, evidentemente, tenían una directísima repercusión en la deuda pública, que cuando llegamos a los inicios de la Restauración en 1876, equivalía a 17 veces el presupuesto del Estado. 


En 1876, la Deuda pública sumaba la escalofriante cifra para la época de 12.130 millones de pesetas (cuando el presupuesto era de 711 millones de pesetas). A lo largo del período de 1850-1890 -40 años- el gasto público del Estado a través de los presupuestos había ascendido a 25.643 millones de pesetas, de los cuales un tercio se tuvo que destinar al pago de los intereses de la Deuda pública, el 32.3%: el equivalente a 8.270 millones de pesetas. (González 1998: 217)


Y si tenían repercusión en la deuda pública, también evidentemente tenían repercusión en las personas y en las empresas, siendo que el precio del dinero no era homogéneo, sino que el mismo dependía de las provincias.


En la década de 1880, en España, el precio del dinero podía variar de unas provincias y ciudades a otras en un 160%. En el caso del País Vasco y Andalucía las diferencias son del doble, y en el caso de algunas provincias andaluzas estas pueden oscilar entre el 100% y el 140%. Con respecto a Cataluña, la diferencia es algo menor, entre un 50-100%.(González 1998: 220)


Esta situación, también lógicamente, repercutía en la productividad. Así, en 1879 España produjo menos de 70.000 toneladas de hierro colado, lo que correspondía al 24,56% de las necesidades nacionales de consumo. Pero eso no es de extrañar si tenemos en cuenta que la Ley de Ferrocarriles de 1855 establecía en su artículo 20 la devolución a las compañías de ferrocarriles de los aranceles pagados por la importación de hierro, maquinaria, material móvil, etc.


Consiguientemente, las empresas concesionarias de los trazados, no adquirían el material nacional, sino que por el contrario, lo importaban de Inglaterra y de Francia, no incumplían la ley y condenaban a la ruina a la siderurgia radicada en España, que aunque no pueda ser considerada siderurgia nacional, y aunque sus beneficios fuesen objeto de exportación, empleaba trabajadores nacionales con los que algo de la riqueza, caso de producirse, quedaba en España.


La tercera intentona carlista había fracasado en 1876, y ya sin esta rémora, y teniendo como referencia la producción anterior, posibilitó el incremento de la industria y la proletarización del mundo laboral.


La década de 1880 supuso para España un gran crecimiento industrial y agrícola que la situó como uno de los líderes europeos en producción de hierro y cobre, con una notoria inversión extranjera. Paradójicamente, es al mismo tiempo una década de crisis. El cierre de fábricas y el despido de obreros era noticia día a día, hecho que se acentuaría en los 1890s. La brecha económica entre burguesía y proletariado, por lo tanto, fue creciendo tanto como la conflictividad social. (Ruiz 2013: 27)


En ese sentido, en 1881 se inauguró la primera línea férrea en Puerto Rico… con capital británico (con toda seguridad, como en el resto de las ocasiones, procedente del saqueo realizado en los virreinatos americanos en el primer cuarto de siglo, cuando arrasaron con los depósitos existentes)


En estos momentos, la deuda del Estado alcanzaba los 12.590 millones de pesetas y 1.162 la del Tesoro. El gobierno procedió a la emisión de 1.800 millones de pesetas en una nueva deuda, al 4 por cien de interés, que se amortizaría en 40 años. Un nuevo empréstito que ahogaba la economía nacional y la ponía a los pies de sus acreedores, el principal de los cuales, la casa Rothschild, no perdía oportunidad, siendo que


En total, desde 1830 a 1900, la Casa Rothschild prestó un total de 764 millones de pesetas al Estado español, a través del Banco de España y del Tesoro Público, colocó emisiones de deuda pública que generaron 306 millones de pesetas líquidas y transfirió un total de 348 millones de pesetas al Estado como beneficio de las ventas del mercurio de Almadén. Puede observarse, por otra parte, una clara multiplicación de las actividades durante los años de la Primera Guerra Carlista y, sobre todo, en el Sexenio Revolucionario y los primeros de la Restauración, en los que se llevan a cabo las mayores transacciones. (López: 623)


Ninguna de las circunstancias señaladas pasada desapercibida a los ingleses, que si durante siglos habían dedicado sus esfuerzos a atacar a España mediante la piratería como principal arma, ahora la veían a sus pies, hasta el extremo que, complaciente, James M. Swank. (Secretario de la AISA), en su  Informe anual de la asociación, escribía en 1882.


Este país interesante y bien dotado, pero retrógrado, no hace ningún progreso notable en el desarrollo de su propia industria siderúrgica, aunque muestra energía bastante para exportar todos los años su precioso mineral de hierro para enriquecimiento de otros países. Ni aún gana España tanto como pudiera suponerse a primera vista de este saqueo de sus tesoros, porque el capital dedicado a extraer y exportar su mineral es principalmente inglés, francés, alemán y belga; los beneficios de la expoliación ni siquiera acrecen en proporción considerable a los españoles: se van con los minerales. 


La situación llegó a al extremo…


el pago de los intereses de la Deuda pública y particular, motivó en el año 1883 una situación extrema que provocó la suspensión de la convertibilidad de los billetes en oro y se entró en una economía de tipo fiduciario que se extendió hasta finales del S. XIX. (Alonso 1995: 86)


Mientras, las medidas del gobierno, incapaces de controlar la situación, crean nuevos problemas cuando intentan solucionar otros mientras vigilan que el movimiento no perjudique los intereses de sus protectores. Así…


La apuesta por la industria del algodón mediterránea, que será protegida con reiterados aranceles por parte del Gobierno de España, arruina la mayor empresa de Galicia, la del lino. Los nuevos impuestos del Estado liberal, que sustituyen a los eclesiásticos, obligan al campesinado a pagar en líquido, en vez de en especie, y lo acogotan. Aislado del milagro del ferrocarril, el Noroeste languidece, lejano, ajeno a los nuevos focos fabriles, establecidos en Cataluña, con su monopolio de la industria del algodón, y en el País Vasco, cuya siderurgia pasa a ser también protegida como empresa de interés nacional. (Ventoso 2014: 2)


Huérfana España de su legislación, de su industria, de su comercio, de su ejército de su marina, languidecía en la indigencia. En este momento y en base a la encíclica “Rerum Novarum”, la Iglesia da la sensación de mover ficha para recuperar la importancia social que durante siglos había tenido en beneficio de los españoles de los dos hemisferios y crea algo que, de haber perseverado en el empeño hubiese podido generar alguna solución: los Círculos Católicos Obreros, que hasta 1905 llegaron a crear más cien gremios de labradores así como Escuelas Profesionales de Aprendizaje. Pero todo quedó en demostrar que algo se puede hacer.














































UNA APROXIMACIÓN AL AÑO 1873


El reinado de Isabel II se inició el 29 de septiembre de 1833 bajo la regencia de su madre Maria Cristina de Borbón dos Sicilias, quién hasta el 15 de mayo de 1836 tendría cinco presidentes del Consejo de Ministros.


El 22 de mayo de 1836, siendo Javier Istúriz presidente del Consejo de ministros desde una semana antes, son disueltas las cortes por la regente. La medida significó el renacimiento de las juntas. La primera de ellas, la de Málaga, que duró pocos días, parece que se hizo para proteger algún trapicheo de contrabando. También se sublevaron Granada y Cartagena.


Es necesario señalar que las Juntas, que desde el principio de la guerra anglo francesa (conocida misteriosamente como Guerra de la Independencia) habían servido para distintos asuntos, en ocasiones favorecedores de los intereses de España, y en conjunto en beneficio de los intereses de la Gran Bretaña, aparecían tras la muerte de Fernando VII, y serían, al fin, el sustrato del que acabaría surgiendo el esperpento cantonalista de 1873.


En agosto de 1836 el estallido revolucionario parecía el colofón a la serie de avances carlistas que se habían producido de manera continuada hasta ese momento, y José María Calatrava sucedía a Istúriz. En Málaga asesinaban al gobernador militar Saint Just (familiar del terrible fiscal que tanta importancia tuvo durante “el Terror” en Francia), por lo que el gobierno nombraba comandante general a Juan Antonio Escalante, que logró controlar el motín proclamando la constitución de 1812.  Pero era toda España la que se sublevaba.


De los conflictos acaecidos culpaba el embajador británico a Espartero, que acabaría ocupando el puesto de Calatrava el 18 de agosto de 1837, aunque sería apartado del mismo dos meses más tarde, sucediéndose siete nuevos presidentes hasta 1840, año en que el propio Espartero era nombrado regente.


Treinta y seis nuevos presidentes ocuparían el cargo hasta 1866 cuando, siendo presidente Ramón María Narváez, el 18 de septiembre, se constituyó en Cádiz una Junta Provisional Revolucionaria, 


que proclamó de inmedíato las libertades de enseñanza, imprenta, reunión y comercio, el desestanco del tabaco y de la sal y la supresión de los derechos de consumo. (Orozco 2013: 43)


Era el crisol de lo se venía cociendo sin éxito hasta el momento, pero que estaba a siete años de mostrar su máximo esplendor.


Mientras tanto, entre Leopoldo O’Donnel y Ramón María Narváez, se repartían los años de gobierno que les separaba del momento de la revolución de 1868, que tuvo una multiplicidad de orígenes que podemos sintetizar en:


* Crisis Económica (financiera, industrial y de subsistencia)

* Difusión de ideologías democráticas

* Crisis política con marcado deterioro de la monarquía

* Multiplicidad de fraudes con implicación de políticos.

* Fraccionamiento de los partidos


Ante esta situación, marcadamente producida por la acción británica, que se mostraba triunfante en su proceso de descomposición de España ya marcado en 1711 en el manifiesto “Una propuesta para humillar a España”, y llevado a término de forma brillante en los procesos separatistas de América así como en la anarquía sembrada en la España peninsular desde el mismo momento de la guerra franco-británica mal llamada de Independencia, tuvo lugar el Pacto de Ostende (por la ciudad holandesa en el que se formalizó), por el que progresistas y demócratas exiliados acordaron una acción revolucionaria anti-isabelina.


La revolución de 1868 tendría el siguiente desarrollo:


* Pronunciamiento en Cádiz el 17 de Septiembre de 1868."Viva España con honra", la escuadra española se subleva al mando de Topete en contra de Isabel II.

* Destronamiento de Isabel II. 

* Creación de Juntas en las principales ciudades.

* Formación de un Gobierno Provisional con políticos como Sagasta y Ruiz Zorrilla (O’Donnell y Narváez ya habían fallecido).

* Proclamación del sufragio universal y de la libertad de expresión sin ninguna sumisión (ni a la verdad ni al respeto)

* Política económica librecambista.

* Convocatoria a elecciones a cortes constituyentes.


El pronunciamiento de Cádiz arrastró a las demás ciudades. Tras Sevilla, Málaga, Almería y Cartagena, otras muchas ciudades se sumaron a la revuelta mientras las fuerzas leales a Isabel II se organizaban, y un ejército al mando del marqués de Novaliches se enfrentaba a los revolucionarios que desde el sur marchaban hacía Madrid. Eso sucedió el 28 de septiembre de1868 en la que se conoce como Batalla de Alcolea (Córdoba), con resultado victorioso para los sublevados; el 29 triunfó el alzamiento en Madrid, y el 30, Isabel II, que se encontraba en San Sebastián, abandonaba España.


Un gobierno provisional presidido por Pascual Madoz regiría los destinos de España durante cuatro días, cediendo el paso a Joaquín Aguirre el día tres octubre, quién el mismo día cedería a su vez el paso a Francisco Serrano, que se mantendría hasta el 18 de junio de 1869, cuando pasó a ser nombrado Regente, cediendo la presidencia a Juan Prim.


En el desarrollo de estos movimientos, el uno de enero de 1869 comenzó con la prosecución del conflicto de Málaga, donde empezaron a tronar los cañones, siendo que el ejército sufrió 40 muertos y 174 heridos, siendo doble el número entre los sublevados, que sufrieron además 1000 prisioneros.


Mientras, los republicanos federales se dividen en dos tendencias: 


1. Moderados. (Pi  Margall, Figueras, Castelar) partidarios de avanzar hacia la república dentro de la legalidad. 

2. Radicales. (José María Orense y Francisco Sunyer) favorables a la sublevación de las Juntas republicanas y de hacer un revolución de abajo arriba. Los radicales darán lugar al cantonalismo. 

A pesar de esa subdivisión, el dieciocho de mayo de 1869, los republicanos federales de los antiguos territorios de la Corona de Aragón firman el Pacto de Tortosa, en favor del establecimiento de vínculos entre ellos en el marco de una España federal. El pacto estaba promovido por Valentín Almirall y un grupo de republicanos intransigentes y radicales, entre los que se encontraban Baldomero Lostau, Rafael Farga Pellicer, José Anselmo Clavé, Feliú y Codina, Aguiló, Folch y otros. Tutau, Figueras, Castelar y Pi y Margall, todos ellos diputados a Cortes se unieron con posterioridad al proyecto.

Al rebufo del movimiento, el 15 de junio de 1869 se firma el Pacto de Valladolid, por el que 17 provincias, (Santander, Burgos, León, Zamora, Salamanca, Logroño, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid, Palencia, Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Albacete) conforman la Confederación castellana.

Dicho pacto reafirmaba la necesidad de un cambio de régimen y la de garantizar que el nuevo sistema político reconociese institucionalmente la identidad de Castilla como pueblo diferenciado.

No tardaron en reproducirse estos pactos. El de Valladolid había sido precedido por el de Córdoba, que agrupaba las provincias de Andalucía, Extremadura y Murcia; ahora surgían el de Eibar, para las Vascongadas y Navarra y el de La Coruña, que incluía Galicia y Asturias.

Todos estos pactos, no obstante, tenían como meta la República Federal. Finalmente se pusieron de acuerdo en redactar un único pacto nacional, de cuya redacción se encargaría Francisco Pi y Margall.


Al alimón con el movimiento federalista se generalizaban los alzamientos populares: contra el llamamiento a quintas, produciéndose en marzo de 1869 enfrentamientos armados en Jerez, mientras en Barcelona, el día 21 se llevaba a cabo una manifestación en la que todos, sin distinción política, se oponían a la política económica.


El movimiento se mostraba creciente, destacando por su importancia en diversos puntos. Como consecuencia, a comienzos de octubre de 1869 existía gran agitación con movimientos revolucionarios en la provincia de Sevilla, algunos sofocados por el ejército y las fuerzas del orden, otros no. Los  grupos de revoltosos de cada pueblo trataban de hacerse fuertes uniéndose a los del pueblo vecino para poder enfrentarse a las autoridades. Se organizaban apropiándose del dinero del ayuntamiento e incautaban las armas que encontraban en la población.


En medio de esta situación se produjo una nueva intentona carlista, esta vez a cargo de  Carlos VII, nieto de D. Carlos, que acabaría en rotundo fracaso. 


Pero paralelamente la vida política seguiría en su particular “normalidad”. Durante la Regencia, que resistiría hasta enero de 1871, se redactó la constitución de 1869 y se materializó el triunfo de los progresistas, apoyados de los unionistas, mientras carlistas, moderados y republicanos quedaban en minoría.


Esta situación propició la proclamación de derechos y libertades, soberanía nacional y división de poderes… Papel mojado que no solucionaba nada y embrollaba más el panorama nacional.


La aparente voluntad por hacer cosas venía siendo manifiesta desde la subida al trono de Isabel II, pero ni la dependencia personal de poderes extranjeros ni la calidad de los gobiernos supieron hacer otra cosa que demostrar la locuacidad de los parlamentarios y su sumisión a la voluntad de Inglaterra, sí, pero también parcialmente a la de Francia..


Con el gobierno de Prim parecía que iban a cambiar las cosas. La sensación que se saca del personaje es, a pesar de su militancia masónica (que al parecer había abandonado cuando fue asesinado) y a pesar de sus intereses personales en México y el resultado de su participación en la invasión anglo francesa de la antigua Nueva España, considerablemente más amable que la que se saca de los otros personajes sufridos por la España del siglo XIX.


En esas luces y sombras de Prim nos encontramos con que abordó una política económica librecambista y abrió el mercado español a las intervenciones extranjeras, más al gusto de Gran Bretaña; fijó la peseta como unidad monetaria; elevó considerablemente la deuda pública incrementando la dependencia exterior de la minería… y se dedicó a la búsqueda de un rey no Borbón. Las circunstancias le llevaron a elegir a otro masón, Amadeo de Saboya, cuya coronación no pudo verificar al haber sido asesinado el 27 de Diciembre de 1870, cuando aquel se dirigía a España para ser coronado.

El breve reinado de Amadeo, como no podía ser menos, fue una opereta. Las broncas en todos los ámbitos, la música de acompañamiento. Finalmente, tras las conflictivas cortes de los días 22 a 24 de enero de 1872, fueron disueltas las cortes y convocadas nuevas elecciones para el 24 de abril.

Es en estos momentos cuando Roque Bárcia presenta la República Federal, curiosamente, con un espíritu humanista, atendiendo a la persona, a la familia, a la aldea, a la ciudad, a la provincia, al cantón, y a la nación, como una cadena de humanismo (Barcia 1872: 34); eso sí, renunciando a la trascendencia y buscando la “universalidad del hombre” (Barcia 1872: 36). El espíritu de la Ilustración, la bondad natural del hombre, el espíritu rousonianiano es el sustrato de la república federal propugnada por Bárcia, que atacaba así a la monarquía:


Si se pudiera averiguar, que es imposible, lo que los reyes españoles han dilapidado desde los godos hasta el día de hoy, hallaríamos con infinito escándalo que podrían hacerse tres o cuatro países como el nuestro.  (Barcia 1872: 39)


Bárcia aboga por la desaparición del ejército permanente, la liberalización del comercio; la abolición de las hipotecas, los timbres, abolición del impuesto sobre el trabajo, desamortización de los bienes nacionales y de la Iglesia, establecimiento de bancos agrícolas, industriales y comerciales; libertad de bancos…(Barcia 1872: 42)


También se da a conocer una espuria constitución atribuida a Emilio Castelar, en cuyo artículo 1º decía así: 


Componen la Nación española los Estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia y Regiones Vascongadas”, y el segundo: “Las islas Filipinas, de Fernando Póo, Annobón, Corisco, y los establecimientos de África, componen territorios que, a medida de sus progresos, se elevarán a Estados por los poderes públicos”.


Se proclamaba la libertad de culto, la separación Iglesia Estado, la abolición de los títulos de nobleza.


Art. 92. Los Estados tienen completa autonomía económico-administrativa y toda la autonomía política compatible con la exigencia de la Nación.

Art. 93. Los Estados tienen la facultad de darse una Constitución política, que no podrá en ningún caso contradecir a la presente Constitución.

El ambiente estaba lo suficiente caldeado como para que Amadeo de Saboya presentase su dimisión como rey y se refugiase en la embajada de Italia., caso inaudito, el diez de febrero de 1873, dejando una situación social, política y militar de puro esperpento… Pero la máxima expresión del mismo, del esperpento, tardaría poco en llegar.

En su carta de renuncia, Amadeo señalaba: 


Dos años largos ha que ciño la corona de España, y la España vive en constante lucha, viendo cada día más lejana la era de paz y de ventura que tan ardientemente anhelo. Si fuesen extranjeros los enemigos de su dicha, entonces, al frente de estos soldados, tan valiente como sufridos, sería el primero en combatirlos; pero todos los que con  la espada, con la pluma, con la palabra agravan y perpetúan los males de la nación, son españoles, todos invocan el dulce nombre de la patria, todos pelean y se agitan por su bien; y entre el fragor del combate, entre el confuso, atronador y contradictorio clamor de los partidos, entre tantas y tan opuestas manifestaciones de la opinión pública, es imposible atinar cuál es la verdadera, y más imposible todavía hallar el remedio para tamaños males. (Pi 1884: 267)

Tal fue la sorpresa que causó en todos que corrió un bulo que aseguraba que el abandono de Amadeo I había sido decidido, no por él, sino por el parlamento.

La tradición madrileña asegura que al mediodía del 11 de febrero de 1873 al rey Amadeo I le comunicaron su “despido” mientras esperaba su comida en el restaurante del Café de Fornos. De inmedíato, anuló el pedido, recogió a su familia, renunció al trono y, sin esperar la autorización de los diputados (según exigía el artículo 74.4 de la Constitución de 1869) se refugió en la embajada italiana. (Orte 2015: 20)

Lo curioso es que la monarquía cayó y vino la república sin que nadie hiciese nada para que eso sucediera… ni para evitarlo. Sencillamente era tal el esperpento que todo parecía normal; una cosa y su contraria. La locura alcanzaba todos los órganos y todos los partidos.


El partido republicano –federal–, que se había fundado en noviembre de 1868 y conseguido una representación parlamentaria apreciable en las siguientes elecciones, no había hecho sino decaer desde entonces. “Nadie ha destruido la Monarquía en España, nadie la ha matado; la Monarquía ha muerto por una descomposición interior”, declararía el republicano Emilio Castelar. (Dardé 2014)


Reforzando esa idea, hay que señalar que para la proclamación de la República hubo de alterarse la legalidad, ya que el artículo 47 de la constitución vigente no autorizaba la reunión conjunta de las cámaras, el artículo 74.4 señalaba que la abdicación del rey debía ser sometida a autorización legal, y el artículo 110 y siguientes impedían semejante alteración. Al respecto señalaba Pi y Margall:


A pesar de tratarse de un cambio tan radical en nuestras instituciones, no dio la proposición lugar a rudos ni acalorados debates; los más acérrimos enemigos de la República doblaban la cabeza ante la inexorable ley de las circunstancias, y se circunscribían a salvar sus opiniones o manifestar el temor de que no correspondiera la nueva forma de gobierno a las esperanzas de los que con tanto calor la habían defendido y estaban llamados a regirla. Eran sosegados y patrióticos, así los discursos de los que defendían la proposición, como las breves arengas de los que las combatían, y la discusión llevaba todo aquel sello de majestad que desde un principio caracterizó sesión tan grandiosa.


Lo único cierto es que al haber quedado vacante el trono, el 12 de febrero se proclamaba la república, siendo designado presidente Estanislao Figueras, que procedió a convocar cortes constituyentes y afrontar los problemas que acosaban: La guerra carlista; la sublevación de Cuba; las revueltas sociales. Su forma de solucionar los problemas se centró en promulgar una amnistía y en suprimir las quintas.


Lo que también parece cierto es que la situación cogió a todos por sorpresa, y al fin fue el resultado de una maniobra política improvisada sobre la marcha.


Los progresistas radicales encabezados por Ruiz Zorrilla pactaron con la dirección del republicanismo federal la proclamación de la primera República en una decisión inconstitucional de las Cortes, el once de febrero de 1873. El régimen republicano se constituyó en una Europa en la que la mayor parte de las potencias eran monarquías. La III República francesa, instaurada en 1871, estaba dirigida por políticos conservadores, y Suiza era la excepción que confirma la regla. (Pich 2012)


Es el caso que en la sesión del 11 de febrero de 1873 Pi y Margall  presentaba una moción, apoyada por Salmerón y Figueras, en la que se proclamaba: «La Asamblea Nacional reasume todos los poderes y declara como forma de gobierno la República, dejando a las Cortes constituyentes la organización de esta forma de gobierno». Fue aprobada la proposición por 258 votos contra 32.


Quedaba evidenciado que la huída del rey puso en vigor lo que los republicanos se habían mostrado incapaces de instaurar: la República, que como culminación del esperpento venía a señorearse en la desmembración de España; algo que, dada su inutilidad, no podrían conseguir… de momento.

Y es que es necesario tener en consideración que

En Europa antes de 1789 -y en Hispanoamérica antes de la Emancipación-la noción de patria estuvo íntimamente ligada a la persona -simbólica-del monarca, que individualmente podía ser odiado o atacado, sin afectar la idea misma de la monarquía. Este concepto integraba la sociedad en un todo organizado, con una jerarquía de dominación y subordinación, teniendo al monarca en la cúspide de tal sociedad. Por consiguiente, a través de esta relación común, los súbditos de un monarca pertenecían a una misma patria, los que no lo eran resultaban extraños a esta patria. Pero cuando el monarca desaparece, ¿sobre qué se funda el concepto de nación? (Bonilla 1972: 62)

La realidad, ante esta situación, se presentaba con todas las divisiones, incluso en el seno de la división de los progresistas. Todo hacía indicar que la llegada al gobierno de los más inútiles entre los inútiles no iba a solucionar los problemas que acuciaban a España. 

Las cortes aprobaron la república, sí, el 11 de febrero de 1873, pero los federalistas no se conformaban con eso; así,  “La España Federal” de 14-3-1873 proclamaba: 


El principio fundamental de la democracia en la forma de gobierno, es la República. Pero no un simulacro de República, sino la República verdadera, la que mejor garantice los derechos naturales del hombre y la soberana independencia de los organismos políticos; por eso la proclamamos todos; pero no meramente y por si misma, como si teniendo la República, todo lo demás, justicia y libertad, importara poco.


También señalaba la creación de comités revolucionarios en multitud de localidades, que en ocasiones organizaban importantes asonadas; así, el once de febrero, el mismo día que fue proclamada la República, José García Viñas, junto a un grupo de internacionalistas, ocupó el ayuntamiento de Barcelona proclamando la República Social y el Municipio Comunista. Algo que se salía del metódico programa británico para la destrucción de España y que como consecuencia significaba una contrariedad en sus organizadores.


El cantonalismo supuso un fenómeno que hizo tambalearse a la Internacional, ya que una parte de sus miembros intervino en el conflicto cantonalista en ciudades como Cartagena, Valencia, Sevilla, Granada o Málaga, pero en otras zonas no apoyaron el cantonalismo. Tal y como afirmaba Francisco Tomás, secretario de la Comisión Federal en aquel momento, en el boletín de la Federación del Jura, sección anarquista más importante de la Primera Internacional, la participación de los internacionalistas al movimiento cantonalista fue totalmente espontánea y sin acuerdo previo, y por eso, en cada lugar se actuó de diferente manera. 

Engels criticó duramente la actuación de la Internacional en el movimiento cantonalista, responsabilizándola de la aparición de este fenómeno, y afirmando que el cantonalismo era un claro ejemplo de cómo no debía hacerse una revolución. (Tormo: 26)


Manifiestamente, la República nació con problemas, y a pesar de su corta vida conoció varias fases:


El primer presidente, Estanislao Figueras, estuvo al frente de su gobierno desde el once de febrero hasta el once de junio. De los siete ministros de Figueras, cuatro lo habían sido ya con la monarquía. Pi y Margall desempeñó la cartera de Gobernación y su hermano la de Ultramar. 

A los seis días de haberse proclamado la República, fue publicada la Ley del 17 de febrero de 1873 relativa a la constitución de la fuerza militar encargaba la defensa nacional a soldados voluntarios, y creaba una reserva, quedando abolidas las quintas. 

En su artículo tercero señalaba: El Ejército activo, cuya fuerza se fijará anualmente, según el precepto constitucional, se formará de soldados voluntarios, retribuidos con una peseta diaria sobre su haber, pagada semanal o mensualmente. Este decreto dio lugar a que muchos soldados abandonaran sus unidades.


En Barcelona se preparaba un levantamiento a favor del hijo de Isabel II, pero a los diez días de la proclamación republicana, el 21 febrero de 1873, se produjo un motín federalista en Barcelona que ocasionó que todos los jefes del ejército, incluido el Capitán General, Eugenio de Gaminde, abandonasen la ciudad y dejasen la tropa a su albedrío.


En esta situación, Baldomero Lostau se convirtió en dictador y estableció un gobierno provisional que decretó la disolución del ejército en Cataluña y la creación de otro para combatir a los carlistas, tras lo cual  proclamó el Estado Catalán el 8 de marzo. El ayuntamiento de Barcelona, principal impulsor de la insurrección, llegó a izar la bandera separatista, con dos franjas coloradas llenas de pequeñas estrellitas.


Federico Engels decía sobre este asunto:

Los mismos que desconociendo los acuerdos tomados en el congreso general de La Haya sobre la acción política de la clase trabajadora…/…se han lanzado en esta ocasión a hacer política; pero la peor de las políticas, la política burguesa. (Engels 1873)


Durante los acontecimientos de Barcelona, el 24 de febrero de 1873 dimitió el gobierno en pleno, mientras se expresaba que la asamblea podía deliberar con calma “porque las circunstancias, aunque extrañas, no eran graves”, pero se eligió un nuevo gobierno en el que continuaban Figueras, Castelar, Pi y Salmerón.


El 10 de marzo, el nuevo Gobierno central, atendiendo a las exigencias separatistas decidió disolver el Ejército de Cataluña (que como hemos visto ya estaba disuelto), mientras Estanislao Figueras se trasladaba a Barcelona, evitando la proclamación del estado catalán.


Mientras tanto, las dificultades internacionales no eran resueltas convenientemente; la república sólo fue reconocida por EE.UU, Suiza, Costa Rica y Guatemala, siendo además, que una de las medidas estrella del gobierno estaba resultando un fiasco. 


Entre otras cosas, las expectativas para formar un ejército asalariado no se cumplieron; no pudieron crear los 80 batallones que habían previsto, ya que no aparecieron los 48.000 voluntarios necesarios para formarlos.


cuatro meses después, sólo se habían reclutado 10.000 soldados, militarmente inútiles, insubordinados y dados al motín; las protestas del ejército, hicieron que se equiparara el sueldo a todos. En el verano del 73 quebró la dictadura federalista, enemistada completamente con el ejército, acosada por multitud de enemigos tanto a su derecha como a su izquierda. (Pérez 1990: 83)












































CALDEANDO EL AMBIENTE PARA LA SUBLEVACIÓN


Debo reconocer que afrontar este periodo de la historia ha significado para mí un gran esfuerzo, hasta el extremo que, exponer las conclusiones me resulta extremadamente dificultoso dado que la maraña de fechas y acontecimientos complican muy especialmente el asunto.


Ciertamente puede hacerse la reseña de otro modo que simplifique la cuestión, pero me parece interesante, parte esencial para comprender la barbaridad, crear en quién acceda a la lectura de este trabajo, la sensación de trasladarse al momento tratado y observar cómo los acontecimientos nos apedrean la mente sin darnos tiempo siquiera a reponernos de un golpe cuando han hecho blanco en nuestro cuerpo, un, dos, tres guijarros nuevos.


Y todo en, escasamente, un año.


En abril de 1873 se produjo una gran agitación en Madrid, hasta el punto que el día 23 se aprestaba una insurrección, que fue finalmente atajada, produciéndose un acoso a los parlamentarios radicales, y a la comisión permanente del parlamento que apoyaban aquella insurrección y que se vieron como objetivo de una insurrección de signo contrario, encabezada por los Voluntarios de la República. Como consecuencia, el día 24 era disuelta la comisión permanente.


En estas fechas, en Málaga, Sevilla, Granada y Cádiz habían proclamado la federación, y en Madrid el general Contreras amenazaba con sublevarse si no se imitaba esa actuación en Madrid, mientras el mismo general Contreras fundaba una asociación secreta llamada Dirección Federativa Revolucionaria, destinada a provocar en las provincias insurrecciones federales. (Blasco 1892: 701)


Como hemos visto, el cantonalismo tenía dos vertientes: el cantonalismo moderado (también conocido como organicista) reconocía cierto sometimiento a la república, y el cantonalismo intransigente o radical, que acabaría imponiéndose, proclamaba el cantón como república democrática federal social.


La respuesta fue dispar; destaquemos una:


Ante el intento de golpe de estado radical, dirigentes y autoridades sevillanas ofrecieron su apoyo al gobierno y crearon una comisión permanente que velase por la seguridad y formase una junta revolucionaria proclamando el Cantón de Andalucía en caso de que el gobierno fuese derrotado. (Arias 1989:24)


Quince días más tarde, el 10 de mayo de 1873 se celebraron elecciones generales a cortes constituyentes cuyo resultado  fue una aplastante mayoría de los federales, que era consecuencia del retraimiento practicado por los radicales, alfonsinos y carlistas. 


La participación electoral fue sólo de un 25%, la más baja de toda la historia parlamentaria española. El nuevo Gobierno trató de  satisfacer al mismo tiempo la aspiración de la derecha: orden, y la de la izquierda: federación. El empeño era complicado, además el gobierno tenía que enfrentarse simultáneamente a la guerra carlista, a las conspiraciones alfonsinas y a los federalistas intransigentes, que habían iniciado ya el movimiento revolucionario cantonalista.


Grandes manifestaciones se produjeron en toda España, y en especial en Cartagena, en defensa de la república y el 29 de mayo de 1873, auspiciados por el diputado Gálvez Arce, en contacto con Roque Barcia, se produjeron dos conatos de insubordinación en las fragatas Victoria, y Almansa. Una parte de la dotación, al grito de "Abajo los galones", trató de sublevarse sin éxito, pues fueron sofocados por los oficiales.


En sintonía con lo que venía aconteciendo, el 1 de junio de 1873 las Cortes proclamaron la República Federal y se constituyó una comisión de parlamentarios presidida por Castelar cuya misión sería elaborar un Proyecto de Constitución republicana federal, que finalmente fue aprobada dos días más tarde que no llegaba a las expectativas de organizar cantones independientes. (Ver texto del proyecto en Anexo I)


En 1893, evocando los acontecimientos de este año, decía Emilio Castelar:

Hubo días de aquel verano en que creíamos completamente disuelta nuestra España. La idea de la legalidad se había perdido en tales términos que un empleado cualquiera de guerra asumía todos los poderes y lo notificaba a las Cortes, y los encargados de dar y cumplir las leyes desacatábanlas, sublevándose o tañendo a rebato contra la legalidad. No se trataba allí, como en otras ocasiones, de sustituir un Ministerio existente ni una forma de gobierno a la forma admitida; tratábase de dividir en mil porciones nuestra patria, semejantes a las que siguieron a la caída del Califato de Córdoba. De provincias llegaban las ideas más extrañas y los principios mas descabellados. Unos decían que iban a resucitar la antigua Corona de Aragón, como si las fórmulas del derecho moderno fueran conjuras de la Edad Media. Otros decían que iban a constituir una Galicia independiente bajo el protectorado de Inglaterra. Jaén se apercibía a una guerra con Granada. Salamanca temblaba por la clausura de su gloriosa Universidad y el eclipse de su predominio científico en Castilla. Rivalidades mal apagadas por la Unidad nacional en largos siglos surgían como si hubiéramos retrocedido a los tiempos de zegríes y abencerrajes, de agramonteses y beamonteses, de Castros y Laras, de capuletos y montescos; la guerra universal. Villas insignificantes, apenas inscritas en el mapa, citaban a asambleas constituyentes. La sublevación vino contra el más federal de todos los Ministerios posibles, y en el momento mismo en que la Asamblea trazaba un proyecto de Constitución, cuyos mayores defectos provenían de la falta de tiempo en la Comisión y de la sobra de impaciencia en el Gobierno.


Y esa crítica era formulada por alguien como Castelar… Un personaje cuya actuación no le permitía sentirse ajeno a la responsabilidad de donde había sido abocada España.


El caso es que al día siguiente, dos de junio, 


En Andalucía especialmente, la efervescencia federal tomaba un carácter peligroso. En Granada los voluntarios republicanos habían desarmado el 2 de junio mil carabineros, y en Málaga, las facciones que seguían a Carvajal y a Palanca se hacían cruda guerra, pero se coaligaban para impedir que penetrara ni un soldado en la ciudad. En Cádiz y en Sevilla también era imponente el espíritu de las masas. (Blasco 1892: 733)


Un espíritu de las masas que arrasaba incluso con quienes lo habían promovido


Generalmente, cuando se proclama el Cantón, se procede de inmedíato a la destitución de las autoridades fieles al Gobierno central. En algún caso, las fuerzas populares deben combatir con las guarniciones locales para tomar el poder y establecer las nuevas juntas revolucionarias. En cuanto a los objetivos perseguidos, los fundamentales pueden resumirse en los que expresa la proclama del Comité de Salud Pública, de Cádiz, que preside F. Salvochea:

El Comité se ocupará sin descanso en la adopción de las medidas necesarias para salvar la República y contrarrestar el espíritu centralizador de las organizaciones políticas pasadas y salvar para siempre al pueblo español de todas las tiranías. (Lacomba 2001: 1)


En esa situación, de normalidad, según el gobierno, el once de junio, en reunión del gabinete, el presidente Figueras, harto ya de la situación, espetó: “senyors, estic fins els collons de tots nosaltres” (señores, estoy hasta los cojones de todos nosotros), y se marchó. La siguiente noticia del presidente fue un telegrama que envió desde París indicando que se encontraba bien.


Ante la evidencia de haberse quedado sin presidente, se eligió un nuevo gabinete, nombrado por las Cortes y presidido por Francisco Pi y Margall, que no empezaba con buen pie; recibió el apodo de Gobierno de los Pájaros, debido a la asonancias de los apellidos de varios de los ministros: Pi, Chao (Fomento), Sorní (Ultramar) y Tutao (Hacienda).


Pi y Margall estaba apoyado por el Partido demócrata republicano Federal, cuyo ideario era la República y el estado laico, por la pequeña burguesía y por el movimiento obrero y campesino. Su gobierno duró treinta y siete días, si bien fue muy intenso, no en aciertos, pero sí en barbaridades.


Como queda señalado, el uno de junio de 1873 se abrieron las Cortes Constituyentes. Durante la primera semana se presentaron las credenciales de diputados que evidenciaron tres sectores en el hemiciclo: derecha (Castelar), centro (Pi) e izquierda (Orense y los intransigentes). 


El día 7 presentó la dimisión el gobierno Figueras, y ese mismo día se presentó en las Cortes una proposición de ley para que se proclamara España república federal.


España quedaba organizada en 17 Estados y uno de ellos era Cuba. Cada uno tendría su propia Constitución, quedando para el presidente un cuarto poder, el de “relación”, para mantener el equilibrio. El poder emanaría de 3 niveles diferentes: municipio, estado regional y estado federal. El Estado regional tenía autonomía política, económica y administrativa.


Pero los intransigentes exigían más y más deprisa; así, se inició el movimiento en Cartagena.


El 4 de julio se produjo la sustitución de las fuerzas del ejército que hacían guardia en los castillos y fortalezas de Cartagena por voluntarios móviles, cuyos jefes, en gran número, eran partidarios de los republicanos intransigentes. Conseguido esto, por la propia debilidad del gobierno, ante la presión de los voluntarios, la iniciación de la revolución cantonal en Cartagena estaba servida en bandeja, pues las defensas de la inexpugnable ciudad militar habían sido entregadas sin lucha por el gobierno, a sus adversarios Políticos. (Pérez 1990: 93)


La situación se estaba yendo de las manos del gobierno a pasos acelerados, si es que acaso la había controlado en algún momento. 


También para el cuatro de julio de 1873 estaba previsto un movimiento cantonalista en Madrid dirigido por Contreras, y que fue cortado por Pi Margall, lo que ocasionó la defección de los 57 diputados más exaltados, que abandonaron las Cortes. Hasta Castelar afirmaba que había un exceso de libertad y democracia, y definía a Pi como hombre anárquico, peligroso y funesto.


Sólo tres días después, el día 7 de julio, una huelga general exige la dimisión de la corporación municipal de Alcoy, ocasionando un serio enfrentamiento en el que acabaron siendo asesinadas varias personas, entre ellas, el alcalde Agustín Albors, republicano revolucionario, al tiempo que se iniciaba un proceso colectivista siguiendo la doctrina de la AIT.


La situación ya había tenido un precalentamiento cuando 


El 15 de junio, una semana después de la proclamación de la República Federal, el boletín de la Federación Alcoyana publicaba una “Protesta” afirmando que carlistas y republicanos eran una misma cosa, alentando al pueblo a la acción revolucionaria contra la sociedad y la política burguesa. (Tormo: 30)


Pero fue el día ocho de julio cuando, triunfante la huelga general, los comités represivos impidieron trabajar a aquellos que deseaban hacerlo.


El asunto no quedó ahí. Los huelguistas se hicieron con el poder municipal, cometiendo todo tipo de excesos, y ocasionando que fuese el ejército quién tomase cartas en el asunto, acabando con la revuelta el día trece, de la que se dan más datos en el capítulo relativo a la conflictividad social.


Todo tenía cabida mientras fuese estrambótico. En ese sentido, el 9 de julio de 1873, decía Emilio Castelar en las Cortes: 


Señores, después de todo, ¿qué es la República federal? Es aquella forma de gobierno, mediante la cual todas las autonomías existen, y coexisten como existen los astros en el cielo, sin chocarse jamás. En la República federal todo lo individual pertenece al individuo todo lo municipal pertenece exclusivamente al municipio todo lo regional pertenece al Estado y todo lo nacional pertenece a la Nación. Y como quiera que en la ciencia política moderna todos estos derechos y todas estas facultades se encuentran completamente definidas y completamente clasificadas, ni padece el individuo,

ni padece el municipio, ni padece el Estado ni padece la Nación de ninguna manera en una República verdaderamente federal.


Un mes escaso después de la proclamación de la República Federal y ante la tardanza en crear un texto constitucional que recogiera las exigencias del sector republicano federalista, varios diputados pertenecientes al núcleo intransigente crearon el Comité de Salud Pública de Madrid que se dispuso a preparar la insurrección cantonal. (Ver texto del llamamiento en anexo dos).


Así, se puede aseverar que la insurrección cantonal fue un movimiento revolucionario influenciado por el republicanismo federal más extremo. Ante la lentitud en la implantación del modelo federal que establecía la recién creada Primera República y apoyado por una constitución que nunca llegó a entrar en vigor, los sectores más radicales se levantaron en armas en favor de un sistema federal basado en la asociación de ciudades convertidas en cantones independientes.


El movimiento cantonal fue obra de los republicanos intransigentes y comenzó el 12 de julio en Cartagena. Seis días después se levantó Valencia, formó una junta revolucionaria del cantón valenciano, proclamado en el paraninfo de la Universidad (el rector Pérez Pujol formaba parte de ella), integrada por personalidades moderadas dentro del republicanismo, con la sola presencia de un miembro de la Internacional. Por esos mismos días tenía lugar la revuelta del petróleo en Alcoy, en la que murieron el alcalde Albors y otras quince personas, siendo reprimida dos meses después. (Ramírez 2008: 402)

































LA REVOLUCIÓN CANTONAL


Fue la Revolución del Petróleo de Alcoy, iniciada el día 9 de julio de 1873, la que puso en marcha todo el mecanismo de la revolución cantonal, a la que se dedicaban los políticos más extremos de forma abierta, en el Congreso, en la prensa y en la calle.


A la insurrección de Alcoy siguió la de Cartagena bajo el nombre de Revolución cantonal, que se extendió por muchas zonas de las regiones de Valencia, Murcia, Andalucía y en las provincias de Salamanca y Toledo, lugares todos ellos en los que se llegaron a articular cantones (estados independientes voluntariamente federados en la Federación española), destacando también, en Extremadura, el intento de constituir cantones en Coria, Hervás y Plasencia, así como la publicación del periódico El Cantón Extremeño (fundado por Hernández González y continuado por Evaristo Pinto Sánchez), en cuyas páginas se animaba a la creación de un cantón extremeño ligado a Lusitania y se instaba a los lectores a tomar las armas de ser necesario, para defender los ideales promulgados. También en la provincia de Ávila tendrá la Revolución cantonal una cierta incidencia.


El inicio de la revolución cantonal en Cartagena, entre los días 9 y 12 de julio

de 1873, tuvo un nombre propio, Manuel Cárceles. En los planes generales de la revolución cantonal era el diputado Gálvez Arce el responsable del levantamiento de la ciudad de Cartagena, sus fuertes y la escuadra surta en su puerto. Sin embargo, se anticipó Manuel Cárceles que estaba desde hacía tiempo en contacto con Roque Barcia, lo que era conocido por Romero Germes, persona de gran influencia en Cartagena. (Pérez 1990: 95)


En la preparación del proceso revolucionario de Cartagena, participó Gálvez Arce, en conexión con el comité madrileño, que debía ser el iniciador del movimiento que se extendería por toda España. Las órdenes partirían de Madrid -como casi siempre-, para ser secundadas en una serie de ciudades previamente comprometidas. Las reuniones preparatorias de la insurrección de Cartagena se celebraron en la calle del Carmen, en casa de Esteban Eduarte, participando las figuras más relevantes del federalismo cartagenero. De entre ellos, destacaba Cárceles, que aprovechaba cuantas ocasiones tenía para pronunciar mítines y relacionarse con los cabos de cañón de las fragatas Victoria y Almansa, surtas en el puerto. Uno de los objetivos prioritarios de la insurrección era conseguir que la escuadra se les uniera, y de ahí la actuación directa de Cárceles sobre los marinos. El conocimiento que Cárceles tenia de las quejas de la marinería, que acusaba al gobierno republicano de tratarles peor que los gobiernos monárquicos, fue explotado hábilmente por éste. El segundo objetivo revolucionario era conseguir la incorporación del castillo de Galeras, primer baluarte de la ciudad, al proceso revolucionario. (Pérez 1990: 93)


Personas concretas que ocupaban cargos públicos. Por su parte, el carlismo llevaba adelante su particular lucha. En estos momentos, las partidas carlistas ganaban terreno en el norte y ocupaban Villarreal, Chelva, Sagunto, Morella y obtenían un gran triunfo en la batalla de Játiva.


Tras esta visión general de los acontecimientos, resulta interesante repasar qué sucedió en cada uno de los cantones, a lo que desgraciadamente no hemos tenido acceso, por no haber localizado ninguna referencia en alguno de los casos; el motivo: el esperpento fue, además, de una gran ridiculez. 


Se dan casos, como es el cantón de Camuñas (Toledo), en el que no hemos localizado referencia tan siquiera de las fechas en que tuvo su desarrollo.


Aún así, en este caso podemos decir que fue obra personal de su alcalde, Luis Villaseñor y de Oliva, que era un republicano federal, de ideas liberales-progresistas y fuertemente anticlerical. Aparte fue uno de los firmantes del Pacto Federal Castellano y convirtió a Camuñas, por decreto, al protestantismo.


El menos ridículo y más esperpéntico fue, sin lugar a dudas, el caso de Cartagena.


La vida de este cantón tuvo lugar durante un periodo extremadamente prolongado. Se declaró el cantón, como hemos visto,  el  12 de julio de 1873 (Ver proclama en anexo 3) y sobrevivió hasta el 13 de enero de 1874 (seis meses), y el hecho de que en la ciudad existiera una importante y numerosa logia masónica, los "Hijos de Hiram", podía hacer pensar en una relevante participación de los masones (recordemos que la Masonería, a nuestro entender no es sino una sección del ministerio de asuntos exteriores británico) en el proceso revolucionario; algo más que plausible siendo que toda la estructura política estaba controlada por esta organización, que tanto venía laborando desde 1711 a favor de los intereses de Inglaterra.


Como ya hemos señalado, tres días antes de declararse el cantón de Cartagena, el 9 de julio había estallado la Revolución del Petróleo de Alcoy, y a partir de este momento se extendió el cantonalismo por Murcia, Andalucía, Extremadura, Salamanca, Toledo y otras ciudades. No es éste el dato más relevante, aunque quizá fuese Cartagena, de forma premeditada, el sitio elegido para iniciar la asonada. Es el de Cartagena, en cualquiera de los casos, paradigma del movimiento cantonalista, respecto del cual existen autores que justifican documentalmente que el verdadero título no es el de “Cantón de Cartagena”, sino el de “Cantón Murciano”. Pero todo eso es propio del mismo espíritu cantonal.


Es el caso que el día 11 de Julio todo era un mar de dudas; se rumoreaba que el gobernador civil de Murcia, de acuerdo con el Presidente del Consejo, secundaba el cantón; que los mineros de la Unión, se unían con armas y bagajes, y que todos los fuertes estaban dispuestos a prestar su apoyo incondicional, y finalmente, que España entera hervía de entusiasmo por la causa cantonal, que estaba siendo reconocida por las potencias extranjeras.


En el frenesí del levantamiento, al día siguiente, doce de julio, en Cartagena,


los revolucionarios se hacen con el gobierno civil, el militar y entran en el Ayuntamiento nombrando una Junta que en nombre del Cantón Independiente, toman el control del arsenal y del puerto donde estaba amarrada la mayoría de la flota española, la cual se une a la sublevación. En el Castillo de Galeras se iza la bandera cantonalista, una bandera turca que una vez pintada de rojo la medía luna, que, según ellos, representa la sangre derramada, se identificará con el Cantón. Con el armamento del arsenal y su flota, resisten el contraataque de las tropas gubernamentales. (Orte 2015: 25)


Antonete Gálvez había regresado a Murcia ya comprometido con Roque Barcia y el general Contreras, estratega del plan subversivo cantonal. A Gálvez se le encargó el levantamiento de Cartagena en tanto que Jerónimo Poveda haría lo mismo con la ciudad de Murcia, que efectivamente se alzó cuando el federal Saturnino Tortosa, de oficio lapidario y capitán de Voluntarios, entró con estos en el Ayuntamiento para izar en el balcón del Ayuntamiento la bandera roja de la Federación.


El 12 de julio, la Junta Revolucionaria nombraba a Antonete Gálvez Comandante General de todas las Fuerzas de Mar y Tierra de la plaza y departamento, poniendo a su disposición más de cuatro mil quintales de pólvora, ciento ochenta mil proyectiles y quinientas treinta y tres piezas de artillería, mientras los insurrectos, se apoderaban de las Casas Consistoriales y trataban de atraerse a la marinería de la base naval. Las tripulaciones de los buques Almansa y Victoria y el regimiento Iberia que el gobierno había mandado para sofocar la sublevación de Málaga, se unieron a los sublevados.


El mismo día, relata Giménez que la situación provocó el alza de las bolsas extranjeras, mientras los sublevados impedían que los buques de la armada zarpasen de puerto, al tiempo que Contreras, con su flamante título de capitán general del cantón, iba tomando posesión de las fortificaciones. Las fuerzas militares hicieron causa común con los revoltosos, mientras la fuerza de carabineros se disolvió, y con ellos, la caja, curiosa referencia que lucirá con luz propia en todas las actuaciones cantonales, revertiendo sus miembros a la causa cantonalista.


La Junta revolucionaria está presidida por el ciudadano Pedro Gutierrez y la componen en calidad de vocales Banet Torrens (este vice-presidente), Roca, Ortega Cañabate, Cobacho, Melendez, Ortuño, Aleman, Martinez, Garcla Torres y Moya. Son secretarios Minguez Trigo y Romero Germes, ciudadanos entusiastas y decididos, de gran notoriedad en los clubs y en los cuales confía mucho la federación. (Giménez 1875: 22)


Presidente del Cantón y Ministro de Marina, Contreras. - Guerra, Ferrer. -Hacienda, Sauvalle.- Gobernacion, Alberto Araus. -Gracia y Justicia, Perez Rubio. -Fomento, Nait, delegado del Comité separatista de Madrid. 


La primera disposición de la Junta fue crear 


Una condecoración consistente en una mellada laureada que podrán ostentar en sus pechos todas las fuerzas de voluntarios y ejército de mar y tierra que en la actualidad se han adherido al movimiento iniciado en esta Ciudad.

Esta medalla se llevará pendiente de una cinta tricolor en el pecho y será pensionada vitaliciamente con 30 reales mensuales. (Giménez 1875: 31)


Para justificar la proclamación del cantón de Cartagena, objetaron que las tropas que guarnecían la plaza querían hacerles traición y proteger a los carlistas que se habían levantazo en Cieza, tras lo cual cerraron las puertas de la ciudad y comenzaron a producirse desmanes, poniéndose al frente del movimiento el general Contreras, que a la sazón se encontraba residiendo en Madrid.


El gobierno podía haber cortado el movimiento tomando presos a los inductores, que lo hacían públicamente, pero su actuación no llegó sino una vez declarado el cantón, cuando mandó Pi detener a Contreras, que ya había partido hacia Cartagena y cuya incorporación las fuerzas del gobierno fueron incapaces, voluntaria o involuntariamente, de evitar. Por otra parte, los enfrentamientos en el parlamento y en el mismo gobierno parecían tal que una jaula de grillos, acusándose mutuamente de la situación. Al respecto, aunque de forma muy parcial a favor de Pi, se expresa meridianamente Vicente Blasco Ibáñez. Según afirma, Castelar y Salmerón atacaron miserablemente a Pi, que se defendió de la huída de Contreras y de toda la actividad llevada hasta el momento. El asunto, nuevamente, se resolvió en una trifulca parlamentaria, naturalmente sin consecuencias favorables.


La noticia de la partida del general Juan Contreras de Madrid, no era ningún secreto militar porque el propio general, con uniforme y en traje de marcha, se presentó en el casino manifestando a los militares allí reunidos su propósito de ponerse al frente de la insurrección cantonal. (Pérez 1990: 109)


Pero, tal vez para cortar las habladurías, fue enviado a Cartagena Federico Anrich,  ministro de marina. 


El gobierno independiente, se puso en contacto con el de Estados Unidos y solicitó su ingreso en la Unión y le pidió ayuda para mantener su independencia frente al poder centralista de Madrid. Los americanos estudiaron seriamente la propuesta, pero su resolución ya llego tarde.


Pero eso sucedería a finales de año, cuando El Cantón Murciano publicaba la carta dirigida al embajador de la república Anglo americana. (Ver texto en anexo 4)


Antes, el día 13 de julio, al mismo tiempo que la marinería, infantería de Marina y voluntarios recorrían la ciudad de Cartagena, con el mayor entusiasmo, los oficiales de la armada pedían el pasaporte para Madrid, que les fue concedido de inmediato.


El general Guzmán, en su calidad de comandante militar de la plaza, entregó los castillos y defensas a los revolucionarios. Dueñas, capitán general del departamento de Cartagena, abdicó el mando en la Junta revolucionaria y el alzamiento tomó grandes proporciones.


Es el caso que el Cantón de Cartagena tuvo una referencia especial en el movimiento cantonalista incluso antes de haberse producido, dado que, evidentemente, llevó una preparación anterior. 


Aunque el pronunciamiento cantonal decidido por la Junta de Salvación Pública de Madrid estaba decidido, la fecha de su inicio se fijó en Cartagena, aún en contra de la decisión del Comité madrileño. Determinadas circunstancias conocidas sólo en esta ciudad como la marcha de la flota y el relevo de los voluntarios del castillo de Galeras implicados en la Revolución, decidieron a los principales responsables cartageneros a que, sin esperar la aprobación del Comité central, iniciar la insurrección en la tarde del 11 de julio de 1873. (Pérez 1994)


El día 14 de julio se apoderaron los cantonalistas del Arsenal, tras un vano intento del ministro de marina, Federico Anrich, por controlar la situación, que fue cortado por la acción de un marinero que encañonó al enviado, quién acabó huyendo en un remolcador al haberse sublevado toda la tropa.


Llegó a Cartagena en la noche del día 13, de forma oculta como destacó el Órgano Oficial de la Federación, pero poco pudo hacer porque los ánimos estaban muy caldeados y los marinos habían tomado su propia decisión. Visitó las fragatas Almansa y Victoria, subiendo a bordo, y retirándose rápidamente porque la marinería, moralmente pronunciada, no obedecía ya a sus oficiales. Convencido de su impotencia, huyó en un remolcador del Arsenal, junto con el contralmirante José Dueñas y Sanguiento y sus ayudantes, que se habían negado a sumarse a la revolución; llegó a Alicante, desde donde se trasladó a Madrid. Fue acusado de llevarse 25.000 duros que habían en la Maestranza, justificando los cantonales de esta forma el no haber podido pagar al personal la mensualidad de junio. La caída del gobierno de Pí y Margall, supuso el cese de Anrich como ministro de Marina y su sustitución por el contralmirante Jacobo Oreiro y Villavicencio. (Pérez 1990: 110)


Consecuencia inmediata de estas actuaciones fue que de Cartagena huyó una multitud de familias que preferían vivir en poblaciones cercanas, aún a costa de sufrir la desnudez y la enfermedad. Pero no fue ésta la única reacción. Parte de la población huída fue suplida por la chusma de los alrededores.


La confusión y el desorden habían ya superado todos los grados; mientras, el 14 de julio Pi y Margall defendía su actuación:


¡Que hemos sido desgraciados en Cartagena! ¿Y puede eso motivar tan graves insinuaciones? Apenas supimos que había salido el general Contreras con dirección a Cartagena, expedimos la correspondiente orden para que se le detuviese en el camino; desgraciadamente no le pudimos alcanzar; pero, esta desgracia, ¿es imputable al gobierno? El gobierno, cumpliendo lealmente sus deberes, ha hecho contra el movimiento de Cartagena todo lo que podía, como lo ha hecho con todos los movimientos, y si el gobierno no ha hecho más ha sido porque no ha tenido para tanto medios materiales.

¿Qué podíamos hacer en Andalucía, donde no teníamos un solo soldado?

Hemos tenido fuerzas para batir Alcoy; y qué, ¿no las hemos mandado contra aquella ciudad?

Se dice que las tropas del gobierno han entrado indebidamente en Alcoy, y esto tampoco es exacto. Las tropas han entrado en Alcoy sin condiciones ni pactos de ninguna clase; han entrado en Alcoy sin resistencia de los insurrectos, porque no la han opuesto; pero si los insurrectos hubieran opuesto resistencia, el general Velarde con sus tropas habría sabido cumplir con su deber y con las órdenes dadas por el gobierno…/… ¿Acaso ignoráis que las fuerzas que tenemos en el Norte no son ni siquiera suficientes para atajar el aumento que van tomando las facciones carlistas? ¿Podemos retirar tampoco los batallones de Cataluña donde tenemos un enemigo temible y donde además las tropas están tan indisciplinadas, que no obedecen ni las órdenes del gobierno ni las de las autoridades militares?  (Blasco 1892: 753)


Evidentemente, la locuacidad de los políticos era (y es) extraordinaria. Mientras tanto, y aprovechando la defensa parlamentaria que Pi hacía de sí mismo, fue proclamado el Cantón de Murcia, cuya vida discurriría desde el  catorce de julio hasta el once de agosto.


Desde Murcia, se animó a los municipios cercanos para que se sumaran a la revolución, lo que realmente hicieron; pero la rendición de esta ciudad, el once de agosto, sin disparar un tiro, cuando las fuerzas del gobierno se acercaban, fue causa suficiente para que los municipios que la habían seguido y apoyado en el inicio del levantamiento cantonal, rápidamente se apartaran de el.


El general Martínez Campos lo suprimió el once de agosto, cuando los cantonalistas murcianos empezaron su éxodo hacia Cartagena, siendo disuelta la Junta Revolucionaria y los Voluntarios de la Libertad, cuyas figuras principales eran Geznimo (¿Jerónimo?) Poveda, Presidente;  Hernández Ros, vicepresidente; Martínez Palao y Francisco Valdés, secretarios; Tomás  Valderrábano, Martínez García, Manuel Multedo, Martín Fontana, Saturnino Tortosa, vocales.


Con esta situación, que para la conciencia política debía ser de total normalidad, la vida parlamentaria continuaba entre insultos y amenazas. Por parte del sector más moderado, el 17 de julio de 1873 se redactó la nueva constitución federalista (ver anexo 1), que quedaría en proyecto, y que señalaba que las regiones eran estados soberanos y dividía a España en 19 estados con constitución propia, señalando al ayuntamiento como el pilar básico del estado con el alcalde y los concejales a la cabeza del mismo, encargados del poder legal. 


Manifiestamente, España se enfrentó al caos total y estuvo a punto de su desintegración; se declararon las repúblicas independientes de Cataluña, Málaga, Cádiz, Valencia, Granada, Sevilla......, Alcoy, Cartagena, Algeciras, Almansa, Andújar etc., y el presidente Pi se encontró con una situación que le desbordó.


el retardo en la aprobación de la Constitución por parte de Francisco Pi y Margall, segundo presidente de la República, hizo estallar la rebelión cantonalista, atizada por ciertos sectores del republicanismo federal. Nicolás Salmerón nombró a los generales Martínez Campos y Pavía para acabar con el cantonalismo. La Internacional tuvo un papel relevante en estos acontecimientos., teniendo lugar en la ciudad de Alcoy lo que en un primer momento fue una “huelga general de todos los oficios en demanda de aumento de salario y la reducción de las horas de trabajo”, pero que se convirtió en un baño de sangre debido a la desafortunada intervención del alcalde en el conflicto, teniendo lugar un auténtico levantamiento revolucionario conocido como “Revolución del Petróleo” (Tormo: 25-26)


El mismo 17 de Julio envió Pi un ejército al mando del general Ripoll destinado a someter a los revoltosos que bajo la autoridad de Roque Barcia y el general Contreras, y comandados por Fermín Salvochea en Cádiz y por Eduardo Carvajal en Málaga, rechazaban a cuantas fuerzas enviaba el gobierno. Pero las instrucciones que llevaba Ripoll eran de no entrar en son de guerra, sino mediante la persuasión y el consejo. (Blasco 1892: 750)


Mientras, los carlistas redoblaban sus actuaciones en el norte y se hacían dueños de toda Cataluña. 


Con estas premisas, no fue de extrañar que se produjese una política nacionalista en Andalucía conocida como Revolución Cantonalista, máxime si tenemos en cuenta que


Desde 1869 el federalismo tiene una importante fuerza en Andalucía. Andaluces, extremeños y murcianos firman, el 12 de junio de 1869, el Pacto federal de las provincias de Andalucía, Extremadura y Murcia en el que se considera la República federal como el único sistema de gobierno adecuado a la doctrina democrática. De esta manera, en una coyuntura, la de 1869, de replanteamiento del régimen político para España, los federales diseñan su alternativa, y no sólo frente a la monarquía, sino también frente al mismo republicanismo unitario. De aquí la efervescencia federal andaluza en la llamada revolución de 1869; de aquí, igualmente, el papel luego de los federales en el movimiento cantonal andaluz. (Orte 2015: 21)


Mientras tanto, como hemos visto, se redactaban proyectos de constitución.


Contreras quería ser ministro de la Guerra, y las negativas con que se habían acogido sus pretensiones le tenían muy disgustado; y en cuanto a Barcia mostrábase resentido primeramente no se le quiso dar una cartera y después porque no fue nombrado embajador en París, concediéndosele únicamente el cargo de representante de España en Suiza que él rehusó indignado. (Blasco 1892: 770)


Con este ambiente, el 17 de julio se constituía el Cantón de Valencia, cuya vida se prolongaría hasta el siete de agosto. 


Al verificarse la insurrección de Cartagena, el movimiento cantonal se esparció rápidamente por toda España con más o menos fortuna. El 17 de julio o sea cinco días después, la oficialidad de los batallones de voluntarios de Valencia reunióse, mostrándose resuelta a proclamar el cantón valenciano…/… en la mañana del 19, al saberse la subida de Salmerón al poder, renació la agitación revolucionaria, los voluntarios cantonales se apoderaron de los principales puntos de la ciudad y declararon que Valencia se constituía en estado regional. (Blasco 1892: 771)


En la Junta cantonal de Valencia tomaron parte dignatarios de alto rango y hasta un marqués, y su presidente, el diputado José Antonio Guerrero, en telegrama a Pi y Margall, presidente de la República, se preciaría de hallarse todo bajo control y de contar el recién establecido cantón “...con el apoyo de la propiedad, la industria y el comercio”.


Con esa seguridad en sí mismos, la Junta revolucionaria de Valencia emitió un manifiesto en el que los firmantes se presentaban como “electos” dispuestos a satisfacer las aspiraciones de la ciencia moderna. (Ver anexo 5)


El gobernador Castellón, que había sido guerrillero republicano en 1869, se negó a secundar el movimiento, y con algunos centenares de carabineros y guardias civiles se retiró a Alcira.


Por su parte, el general Martínez Campos, que había sido enviado por el gobierno de Salmerón, para asediar la ciudad de Valencia y bombardearla, estableció el cuartel general en Mislata, mientras las fuerzas del brigadier Villacampa, que en el Maestrazgo combatían a los carlistas, se le unieron, mientras la Junta revolucionaria, según Vicente Blasco Ibáñez, mostraba una incapacidad que rayaba el ridículo.

El día 8 de agosto entraba Martínez Campos en Valencia después de someter la ciudad a un bombardeo que duró desde el 26 de julio hasta el 8 de agosto, y después que los cantonales hubiesen desertado en masa.


Pero había otros problemas que se recrudecían con la actuación irreflexiva. Hasta el 24 de septiembre, La Unión estaba en poder del cantón de Cartagena, y la explotación minera sufrió las consecuencias:


suprimiendo tributos, olvidando créditos, devolviendo a partícipes el descuento existente en Depositaría que pertenecía a la Hacienda, dejando de pagar toda clase de obligaciones, dando lugar a que se realizaran exacciones metálicas a estos vecinos por la partida denominada de Tomaset. (Vilar 1983: 125)


se produjo una casi completa paralización de los trajines y fundiciones comarcanas…/… su orden económico herido y perturbado y la fabricación desaparecida casi en [su] totalidad, los industriales han emigrado para ponerse a cubierto de la miseria; pudiendo asegurarse que dos tercios de los obreros han abandonado nuestras montes; siendo el resultado de todo que, desierta la sierra, sin capitales ni brazos para la explotación, tímido el comercio o anulado, la industria abandonada, la riqueza disminuida, los pocos capitales sin circulación, colocan a esta villa en una situación tan precaria, tan difícil y tan peligrosa (. . .) que de prolongarse algún tiempo más, no sería extraño sobreviniera uno de esos períodos graves que con tan tristes colores nos ofrecen Persia y Turquía. (Vilar 1983: 127)


Los mineros no sólo optaron por la más absoluta indiferencia, sino que incluso reaccionaron negativa y violentamente contra el levantamiento federal. La

primera de las premisas viene probada por la escasa permanencia de la villa de La Unión en la causa cantonal -sólo dos meses-, no ofreciendo además la más mínima resistencia a la liquidación del movimiento. (Vilar 1983: 162)


Esta situación fue consecuencia de la marcha natural de las cosas. Declarado el cantón, los trabajadores de las minas reclamaban el pago de sus salarios, motivo por el que  ocasionaron un conflicto social en Cartagena, que sería duramente reprimido mientras, naturalmente, las autoridades cantonales echaban la culpa de lo sucedido a los otros. 


Acalladas las reivindicaciones obreras por métodos tan expeditivos como censurables, no tardaron en justificarse, achacando las motivaciones de aquéllos a un supuesto complot centralista :  . . .La paralización de muchas fábricas y minas de La Uníón, Algar, Alumbres, Portmán y otras puntas de esta sierra, obedece a un vasto plan traidoramente concebido y sordamente desarrollado por una turba de insensatos, que deben todo la que son y lo que valen al sudor explotado villanamente de este gran pueblo ( . . .) . Quizás [sean) amigos íntimos y correligionarios de algún hambre afecta al Gobierno centralista. (Vilar 1983: 163)


De esta situación se puede inferir que Poncio echaba la culpa a Pilatos, mientras Pilatos la echaba a Poncio.


También el 18 de Julio de 1873 se constituyó el cantón de Sevilla, y aunque duró dos días, dio lugar a que Cádiz proclamase su propio cantón el día 19, significando este hecho de una moderación importante si tenemos en cuenta que los ediles del cabildo pretendían declarar a Cádiz como ciudad libre e independiente, según consta en el Acta Capitular de la ciudad de fecha  8 de junio de 1873. La primera medida de importancia que adoptó el cantón fue el cambio de los nombres de las calles.


Progresivamente el movimiento cantonalista andaluz se propagó por otros núcleos importantes, a más de las capitales señaladas, en general impulsado por los republicanos federales. En este despliegue surgieron disputas entre pueblos y ciudades (así, entre Sevilla y Utrera; entre Sevilla y Huelva; entre Jerez y Cádiz, etc.), básicamente por no querer aquellos subordinarse a estas. Pero, al mismo tiempo, parece que hubo algunos lazos de solidaridad y ayuda mutua entre cantones, como los existentes entre Sevilla, Cádiz y Granada. (Lacomba 2001: 3)


Pi y Margall, ideólogo del mismo federalismo, se vio desbordado por la aplicación de sus propias ideas, y el dieciocho de julio, con la revolución cantonal en pleno apogeo, cedía el testigo a Nicolás Salmerón, que inició la represión militar contra los insurrectos…y aguantaría hasta el siete de Septiembre.


Coincidiendo con la dimisión de Pi, fue presentado el proyecto de Constitución federal al que ya hemos hecho mención que fue redactado el día 17.


El 18 de Julio de 1873 Ramón de Cala junto con sus compañeros Francisco Díaz Quintero y Eduardo Benot presentó un proyecto de Constitución Federal de la República. En este proyecto se reconocían como órganos de estructura: el <<municipio, el cantón o el estadio regional y el estado Confederal>>, suprema institución del país, enlazados por medio de pactos políticos y con total autonomía, según el modelo federativo de Proudhom. (Anónimo 2011: 8)


Y es que la salida de Pi y la nueva presidencia de Nicolás Salmerón, convenció a muchos republicanos de que el proyecto federal no iba a llevarse a cabo desde el poder, por lo que era necesario proclamar cantones unilateralmente. Por su parte, Salmerón no dudará en hacer uso del ejército para acabar con las veleidades cantonalistas.


Es el caso que la conflictividad estaba a punto de llegar a su momento máximo.


Durante la etapa del gobierno Salmerón, se agudizó el movimiento cantonal; y también el foco persistente y cada vez más desafiante del carlismo se aprovechó de esta situación de crisis interna del republicanismo. Ante la derrota del brigadier Cabrinety por los carlistas, unos 6.000 obreros de Barcelona y sus alrededores se alistaron y salieron a combatir a los carlistas. (Toro 1997: 83)


Cartagena seguía a su aire, y  el día 19 de julio la Junta decretó el reparto de 80.000 duros entre los contribuyentes de la ciudad, mientras exigía a Alicante la devolución del remolcador en el que había huido Anrich amenazándole con represalias caso de no atender la orden.


Todo se enmarcaba en un movimiento más generalizado.


El 19 de Julio de 1873 se iniciaba en territorio andaluz una amplia insurrección cantonalista dirigida por el movimiento republicano federalista radical. Este movimiento se oponía al estado centralista, ya tuviese éste forma de monarquía o república, cuestionaba las teorías del Estado federal unitario de Pi y Margall y propugnaba la inmediata formación de estados confederados así como reformas sociales progresistas. Para presionar al gobierno central se sublevan con un importante respaldo popular proclamando cantones autónomos y federados en un estado andaluz. A primeros de Agosto, la insurrección era sofocada por las tropas del general Pavía. Pero es diez años más tarde cuando el movimiento republicano-federalista andaluz, prácticamente vencido, alcanza la expresión más claramente autonomista. En 1883 se celebraba en Antequera una asamblea del Partido Republicano Demócrata Federal donde Carlos Saornill, diputado por Alora, presentaba un proyecto de constitución federal de los cantones andaluces que implicaba un nuevo marco de relaciones entre Andalucía y el Estado español. (Instituto E.S.)


De estas actuaciones y amenazas se deduce lo evidente: el movimiento cartagenero no se circunscribió a Cartagena, y la verdad es que desde este cantón se llevó a cabo una importante acción de proselitismo y de expolio. 


Así, tras el levantamiento del día 12, se unieron al movimiento cantonalista las siguientes poblaciones:


La Unión (donde no existen actas del ayuntamiento desde el 12 de julio al 24 de septiembre).

Mazarrón, que el día 17 de julio, ante la “visita” del vapor Fernando el Católico se constituyó junta revolucionaria, disuelta el 14 de agosto.

Águilas, que fue “visitada” el 15 de julio por el diputado Sauvalle sin conseguir su objetivo, pero que la “visita” del vapor Fernando el Católico del día 19 la instituyó, desapareciendo el día 10 de agosto.

Torrevieja, donde se constituyó la junta el 12 de julio.

 Lorca, donde el 27 de julio se constituyó una Junta revolucionaria que presidió Antonio Osete, destituyendo al Ayuntamiento. Tan pronto la fuerza armada de Gálvez abandonó la ciudad, la Junta revolucionaria desapareció.

Torre Pacheco, donde la junta fue disuelta el 20 de agosto.

San Pedro del Pinatar

Abarán.

Alcantarilla.

Alhama.

Archena.

Blanca

Ceutí

Cieza

Lorquí.

Ojós

Totana 

y hasta veinte poblaciones más, si bien la información al respecto es inexistente. 


Para el 13 de agosto, el orden republicano había sido repuesto en todas estas localidades, quedando Cartagena, con el apoyo de la Armada, manteniendo su independencia. El motivo de que estas poblaciones no acabasen apoyando la importante sublevación de Cartagena, según algunos autores, fue debido a los carlistas.


Las numerosas partidas carlistas, que con escaso control del Gobierno actuaron en las zonas periféricas de la provincia de Murcia, y provincias de Albacete y Alicante, representaron una presión permanente tan importante, que impidió que estos municipios participasen en cualquier tipo de veleidad cantonal. (Pérez 1994)


Pero la plaza fuerte de Cartagena no era accesible a los carlistas y tampoco al gobierno, que a pesar da haberse declarado beligerante y haber acabado con los otros focos cantonalistas en breves días, hubo de dedicarse con especial interés en vencer a los insurrectos, que por su parte llevaban a cabo una ofensiva militar marítima y terrestre.


En esa ofensiva no dudaban en bombardear poblaciones y someter a saqueo aquellas que oponían resistencia.


Mientras tanto, en la noche del 18 de Julio (el mismo día de la dimisión de Pi) los radicales republicanos acordaron proclamar la independencia de Sevilla que se haría público a través del manifiesto del cantón andaluz, que señalaba:


Antes que la aspiración de una minoría insignificante quiera imponerse confundiendo los principios políticos con los sociales, y a la sombra del desenvolvimiento de una nueva idea, procurar transtornos que deben evitarse, el Ayuntamiento de Sevilla y los voluntarios de la República que constituyen hoy la única defensa y la garantía exclusiva de todos los intereses, se adelantan a proclamar la constitución del Cantón Andaluz, declarándose con autonomía para dictar las leyes, a que se ha de ajustar y llevar a cabo contra los enemigos de toda clase defensa de libertad y de la República Democrática Federal Española, sin que por eso deban entenderse que ni el Ayuntamiento ni los voluntarios se ponen al frente del gobierno y de las autoridades legítimamente constituidas mientras aquel y estas respondan a los mismos principios y no se aparten de lo que ya es un hecho desde la solemne manifestación hecha en las Cortes el… de junio. (Arias 1989:35)


Este cantón durará hasta el día 31 del mismo mes. Los protagonistas del cantonalismo sevillano, con marcado contenido anarquista bakuninista, son los correligionarios del Partido Republicano de Pi y Margall, que desde el Ayuntamiento proclamaron su particular República Social; algo que venía presumiéndose días atrás, cuando el 30 de Junio los radicales sevillanos se apoderaron de armas del ejército, ante lo que el gobernador comunicaba a Madrid que creía inevitable la proclamación del estado de Andalucía.


Y es que, en el caso de Sevilla, el cantonalismo 


se desarrolló en dos fases entre el 24 y 30 de junio, y el 18 y 30 de julio. En ambos casos se comprueba la existencia de lo que podemos denominar una fase moderada…/… surgió entonces una disidencia protagonizada por intransigentes e internacionalistas que pretendió acelerar los acontecimientos proclamando el Cantón Andaluz y la República Democrática Federal Social. (Arias 1989:30)


Ya los federalistas controlaban desde febrero buena parte de las instituciones locales, en medio de un clima de alta tensión entre las distintas tendencias políticas. Los concejales llegaron a acordar, para protegerse de las presumibles represalias, que “en caso de tener alguna consecuencia el acuerdo que se tomase, la responsabilidad recaería exclusivamente sobre las personas por quienes resultase tomado”.


Las exigencias de armamento y los agobios financieros del ayuntamiento, terminaron por convertirse en móviles de las alteraciones y proclamaciones cantonales de Junio-julio, promovidas incluso, en una especie de salto hacia delante y para evitar verse desplazados del poder, por algunos de los propios dirigentes de las instituciones locales.” (Arias 1989:23)


Pero el radicalismo era superado por el radicalismo; así, en Utrera, el ayuntamiento defendió el derecho de nombrar Junta revolucionaria sin intervención exterior y llegó a independizarse de Sevilla.


A partir de este momento, el Cantón andaluz de Sevilla constituyó el Comité de Salud Pública, así como las secciones de Gobierno, Guerra y Hacienda. Se acordó la secularización de los cementerios y el desestanco del tabaco para venderlo a precios populares, se decretó la jornada laboral de ocho horas, el derecho al trabajo, la separación de sexos en el trabajo y que los conflictos laborales se resolviesen mediante el advenimiento entre ambas partes. También se creó un batallón de 800 hombres con gorras rojas y alpargatas de esparto que fueron llamados "guías de Sevilla".


Tan sólo dos días después de la proclamación del cantón sevillano, un grupo de Voluntarios de Sevilla, comandados por un tal Carreró, se organizó para socorrer a los cantonalistas de Jerez que se encontraban amenazados por el ejército al mando del general Pavía. A su paso por Utrera, se encontraron con la oposición de la ciudad, que temiendo ser invadida por Sevilla le enfrentó un ejército de ochocientos voluntarios.


En el enfrentamiento subsiguiente llegaron a producirse más de trescientos muertos, con la victoria de Utrera sobre Sevilla. Gran parte de los cantonalistas sevillanos acabaron en prisión, de dónde fueron finalmente liberados por las gestiones de los líderes Mingorance y Ponce, que se vieron obligados a acudir desde Sevilla con refuerzos y con el diputado por Utrera, Diego Sedas, como mediador. Cada uno de esos prisioneros resultaba indispensable para defender Sevilla de un ataque inminente de las fuerzas gubernamentales.


El 27 de julio llegaba Pavía a Sevilla, que defendida por Fernando Pierrad, vio cómo éste abandonaba la plaza. Durante tres días los cantonales lograron entretener a Pavía, que finalmente entraba en acción el día 30, para dar por concluido el cantón sevillano al día siguiente. De ahí partiría hacia Cádiz, donde huyeron los cantonales de Sevilla.


Entre toda esta maraña, es de destacar el Cantón de Cádiz, cuya vida se extendió desde el  19 de julio 1873 al 4 de agosto del mismo año. Dieciséis días que le conceden una importancia, si no como al cantón de Cartagena, si el derecho a figurar entre los cantones más longevos.


Antes de la insurrección de Cartagena la tensión estaba presente, la impaciencia de los federales unidas a las reivindicaciones obreras creó un caldo de cultivo propicio a la revolución. La provincia de Cádiz no era ajena a estos movimientos, en la capital se reforzaban los batallones de voluntarios. Esta situación se repetía en los pueblos de la provincia como es el caso de Tarifa donde podemos observar el incremento de armamento destinado a los voluntarios de la república a primeros de julio y adquirido por el propio consistorio tarifeño. (Rojas 2014)


En sesión ordinaria del ayuntamiento de 19 de julio, el secretario lee: 


Que informado el expuesto, suscrito por varios Ciudadanos Concejales exponiendo la conveniencia de que por este Ayuntamiento se dirija una petición a las Cortes Constituyentes pidiendo a estas declaren a la Ciudad de Cádiz libre e independiente a semejanza de las Alemanas de Hamburgo,

Bremens, Lubek y Franfort sobre el Maine. (González 1976: 44)


Por otra parte la Comisión que suscribe cree que antes de crear obstáculos a la iniciativa de la Representación Nacional en este importante y delicado asunto, conviene en beneficio de los intereses de esta localidad pedir solamente que la Isla Gaditana, atendida su especialísima posición topográfica y el encontrarse completamente aislada del resto de la Península, forme por sí sola uno de los Cantones de que se ha de componer en adelante la Federación Española. (González 1976: 45)


Finalmente, el cantón fue aprobado por la corporación con dieciocho votos a favor y dos en contra, que lo querían respectivamente como cantón provincial y como parte del “reino de Sevilla”.


Paralelamente, Fermín Salvochea, alcalde de la ciudad, se puso a la cabeza del Comité de Salud Pública y relevó al gobernador civil mientras que el gobernador militar apoyó la insurrección.


Ordenaron al gobernador militar de Cádiz entregar armas a los voluntarios, y al delegado del Banco que ingresase en las arcas del comité las recaudaciones hechas, al tiempo que autorizaba a los ayuntamientos a acuñar moneda de oro y plata con los objetos incautados a la Iglesia.


Por otra parte, disolvieron la Diputación Provincial y prohibieron la enseñanza religiosa, así como el celibato; incautaron los conventos y centros de culto, los bienes del estado, los libros parroquiales, prohibieron todo uso de signo religioso, la salida de la población de todo tipo de bienes, abolieron la libertad de imprenta, establecieron retribuciones para los “Voluntarios de la República” y se dispusieron para un enfrentamiento armado… Como resultado de todas estas medidas, unos treinta mil gaditanos abandonaron la ciudad.


Al cantón de Cádiz se unieron otras poblaciones como La Línea de la Concepción, Vejer de la Frontera, Puerto Real, y otros.


Todos estos movimientos ocasionaron que el mismo día 19 se produjeran enfrentamientos entre infantes de marina y voluntarios, que se vieron reforzados con veinte cañones, dos compañías de artillería y seis compañías de voluntarios, a los que se unió un remolcador de la Armada y el brigadier Eguía que comandaba una tropa de novecientos hombres y dos cañones, que conminan la rendición al capitán general.


El triunfo fue efímero, pues tres días después, el día 22, las tropas de marina ocuparon Puerto Real y desarmaron a los voluntarios, mientras varios buques de la Armada tomaban la Bahía y bombardeaban la línea de ferrocarril para evitar la llegada de refuerzos.


Quedaba el cantón aislado, pero no vencido. El 27 de julio, una expedición militar desbarataba a una partida de voluntarios que llegaba procedente de Sanlúcar, pero como contrapartida, la fragata Villa de Madrid se pasaba al cantón.


El día 3 de agosto, tras el cambio de bando por parte de la artillería que apoyaba a los cantonalistas, acabaron disolviendo el comité, tras lo cual, los cónsules extranjeros Benedetti (Francia), Reade (Inglaterra), Kropf (Prusia), Christopherson (Suecia), Alcon (Italia) y Damaso de Moraes (Portugal) se hicieron cargo del mando de la ciudad a la espera de la llegada de las tropas gubernamentales.


El 8 de agosto, el general Pavía disolvía el cantón, y ante la búsqueda de responsables, Salvochea se declaró como único culpable de lo ocurrido y fue condenado por un consejo de guerra a veinte años de presidio.


El mismo día 19 de julio fue proclamado el Cantón de Tarifa (Cádiz), cuya vida se alargaría hasta el cuatro de agosto.


Ya cinco años antes, el día 19 de septiembre de 1868, comenzó un movimiento revolucionario cuando las fuerzas navales se sublevaron en Cádiz al mando de Juan Bautista Topete. El gobernador militar de Tarifa no se unió al alzamiento y tomó presos a los cabecillas de la sublevación. Fue el principio de la Gloriosa y la antesala del movimiento cantonalista que estallaría cinco años más tarde.


Cuando fue evidente que la revolución había triunfado en la provincia de Cádiz, las tropas acantonadas en Tarifa se refugiaron en Algeciras, quedando en libertad Gómez Moure y Francisco Alba, que fueron acompañados hasta el

Ayuntamiento seguidos de una multitud que los aclamaba. (Segura 2008)


Se constituyó un ayuntamiento revolucionario que organizó milicias de voluntarios armados y que acabaría siendo disuelto el 21 de octubre de 1868, no sin antes haber procedido al reparto de las tierras baldías y de las dehesas.


En las elecciones de diciembre, Gómez Moure fue nuevamente elegido alcalde, siguiendo en el puesto hasta octubre de 1869, cuando el ayuntamiento fue disuelto por el gobernador.


Pero tras la proclamación de la república, Pablo Gómez Moure fue nombrado nuevamente concejal.


El nuevo gabinete municipal cesó a todos los funcionarios públicos, acordándose que volvieran a sus cargos los empleados que fueron cesados el 12 de octubre de 1869, cuando fue disuelto el Ayuntamiento revolucionario, cesando a todos los empleados existentes hasta entonces, y cambiando los nombres de las calles.


Ya con el movimiento cantonalista triunfante, el 19 de julio de 1873, las tropas abandonaron Tarifa, momento en que el ayuntamiento organizó un ejército cantonal que el día 21 ocupó la Isla de Palomas, abandonada por el ejército, y confiscaron las armas que contenían los guardacostas con base en Tarifa.


Por su parte, la junta revolucionaria expresaba:


Nuestros principios son estos: En administración, moralidad, economía, independencia casi absoluta de pueblo a pueblo, de provincia a provincia, de región a región;  completa descentralización; desamortización de todo lo amortizado; abolición de los derechos de consumo y de puertas; supresión del papel sellado; sustitución de las quintas y matrículas de mar por enganches voluntarios; reducción a una sola de todas las deudas del Estado; establecimiento de una Constitución única y la desaparición de las trabas administrativas que dificultan el libre cambio de los productos. (Segura 2008)


El experimento tendría su fin el día 6 de agosto, cuando fue efectivo el desarme del batallón de voluntarios de la República en Tarifa.


Los concejales haciendo una extraña pirueta expresaron al gobierno de la República el más decidido apoyo y adhesión a la Asamblea y demás autoridades que de ella emanan.

A principios de agosto se dictó auto de prisión contra el anterior alcalde, Miguel Derqui España, acusado del delito de rebelión. También fue detenido José Morando Corbacho, activo republicano, que ejerció de alcaide de la cárcel durante el periodo cantonal. (Segura 2008)


Y también el 19 de julio era proclamado el Cantón de Torrevieja (Alicante) que sobreviviría hasta el día 25 del mismo mes.    


El movimiento cantonalista tuvo en Torrevieja (Alicante) un antecedente cuando el  trece de febrero, tras la abdicación de Amadeo de Saboya, y tras haber sido proclamada la República el día 11, militantes del Partido Republicano Federal salieron a la calle con las armas en la mano para reclamar la entrega del ayuntamiento, proclamando una junta revolucionaria. La broma duró hasta el día 16, cuando era disuelta la junta, una de cuyas componentes acabaría ciñendo la presidencia del cantón el 19 de julio.


Una mujer, Concha Boracino, que diera ya no poco que hablar por su participación en los sucesos de febrero, asumió ahora la presidencia del Cantón, caso ciertamente singular en la época. En lo demás la Junta se mostró poco innovadora, dado que la mayoría de los ediles pertenecientes a la destituida corporación fueron agregados al ejecutivo revolucionario, cuya vicepresidencia correspondió al segundo teniente de alcalde, en tanto el primero pasaba a convertirse en juez municipal. La solemne destitución del alcalde y restantes funcionarios pimargallianos del municipio fue amenizada con músicas, pólvora y repique de campanas. También con la excarcelación “por razones de humanidad” de los presos existentes en el retén municipal. A saber, media decena de contrabandistas y de delincuentes comunes. (Vilar 1998)


El ejemplo de Torrevieja fue secundado de forma inmediata por el pueblo de Relléu, cuya junta revolucionaria recurrió a la de Torrevieja, bajo cuya protección dijo situarse. En Guardamar y Orihuela se dieron también conatos insurreccionales, acompañados de la constitución de juntas. (Vilar 1998)


En Torrevieja la causa cantonal contaba con la sólida plataforma de una parte sustantiva de la pequeña burguesía de comerciantes, tenderos, hosteleros, profesionales de las artes liberales, empleados de las salinas, patronos de barcos de pesca, menestralía y modestos propietarios agrícolas, militantes o simpatizantes desde mediados de siglo del Partido Demócrata (luego resellado mayoritariamente como Republicano Federal). En su programa figuraban puntos muy atractivos para un pueblo marinero y mercantil, tales como la drástica reducción de derechos arancelarios, libertad de comercio, supresión de las matrículas de mar, y abolición del servicio militar. (Vilar 1998)


Entre tanto, la flota cantonal realizaba expediciones de manifiesto cariz pirático. En este orden, la expedición de la Victoria a Alicante, el día 20 de julio pasó por Torrevieja, donde se constituyó el ayuntamiento como Junta Revolucionaria adscrita al Cantón Murciano, al saberse que un ejército confiado a Martínez Campos, marchaba ya sobre Valencia.


Dos días más tarde, el día 22, el vapor Vigilante transportó al ciudadano Gálvez a Torrevieja, quién en acto público proclamó:


Se ha hecho la revolución más gloriosa que se conocía en España, y por lo tanto SEMOS independientes, porque AGORA el gobierno está bajo su dominio y solo en el caso de que este lo reconociera como amigo, cedería de la actitud en que se había colocado; que él era capitán general de VALDES y que lo hacía para bien de su patria. (Redactor 1873: 46)


Después siguió la comitiva, y llegando al ayuntamiento, pasó un oficio al presidente de la Junta dándole cuatro horas para reunir 20.000 duros, y disponiendo que  se tomaran las afueras del pueblo para impedir la emigración. Finalmente se conformaron con 4000 duros. (Redactor 1873: 47)


Pero el día 23 fueron declarados piratas por el gobierno español los buques cartageneros, y teniendo esta noticia el almirante Werner, de la armada prusiana, fue interceptado el Vigilante por el prusiano “Federico Carlos”, que lo condujo a Gibraltar, tomando prisionera a la tripulación. Como consecuencia, el general Contreras manifestó al cónsul de Grecia, hermano del cónsul de Prusia,  que si Prusia se permitía detener a una autoridad del cantón, éste se encontraba en el perfecto derecho de declarar la guerra a Prusia.


Mientras el cónsul de Grecia iba a comunicarse con su hermano para ponerle al tanto de la situación, las fuerzas vivas de Cartagena se dirigieron a Portman, pueblecito cercano a Cartagena, donde estaban las esposas de éstos cónsules, para apresarlas, acción que no pudieron llevar a efecto porque las mujeres, avisadas, huyeron, por lo que las turbas se conformaron con dar fuego a su residencia.


Finalmente los prusianos pusieron en libertad a los marinos apresados, pero este hecho significó que el cantón de Torrevieja se autodisolviese, no volviendo a saberse nada de Concha Boracino.


No duraría mucho el cantón de Torrevieja. La Guardia Civil tomó el control de la situación el día 25 de julio.


Cuando en la última semana de agosto el juez de primera instancia, a cuya jurisdicción pasaron las causas sustanciadas a los cantonalistas por el municipal de Torrevieja, reclamó del Ayuntamiento la lista completa de los miembros de la extinguida Junta revolucionaria, la corporación eludió darla alegando no poseer tal información. (Vilar 1998)


Pero no quedaban ahí las cosas. También el día 19 de julio fue proclamado el cantón en Almansa (Albacete), propiciado por el Batallón de Cazadores de Mendigorría. Estos militares iban por las poblaciones provocando sublevaciones contra la República. De esta forma, en Almansa, se produjeron altercados, agresiones armadas,  detenciones de oficiales y de tropas leales a la República, roturas de la vía férrea, roturas e interceptación de las líneas telegráficas, entre otros. 


El Gobernador Civil de Albacete, D. Pedro J. Miguel, en el Boletín Oficial de la Provincia comunicaba a toda la provincia que la ciudad de Almansa se encontraba sublevada. Unos días después, el 5 de agosto de 1873, mandó un comunicado al alcalde Francisco Coloma, conocido por ser el  fundador de la empresa calzados Coloma, en la que cesó a toda la Corporación municipal,  ya que ésta era sabedora con anticipación de la sublevación del Batallón de Cazadores de Mendigorría, y no dio cuenta oficial ni oficiosa hasta después de consumado el hecho. A las motivaciones de la actuación gubernativa se unió la circunstancia que un teniente de alcalde y dos concejales se marcharon con los sublevados, así como que a varios oficiales y soldados que no quisieron pronunciarse fueron perseguidos a tiros por los voluntarios de la ciudad.


En el fragor de los acontecimientos, el General Martínez Campos, encargado de reprimir el movimiento cantonal, hizo acto de presencia en Almansa el día 11 de agosto, sin que nadie opusiera resistencia y siendo recibido por la nueva corporación, que ofreció sus respetos al Excelentísimo General.


El gallinero estaba francamente alborotado; como hemos señalado, el 20 de julio se sublevaba Sevilla, encabezada por el general Fernando Pierrad, a la que se sumaron el mismo día Castellón, Granada y Avila. El día 21, el diputado Benitas apoyó la revolución en Salamanca; y el 22 de julio, se levantaron los cantonales en Jaén, Andújar, Tarifa y Algeciras.


El  mismo día 20, la república de Granada declaró la guerra a la república de Jaén, mientras la república de Jumilla, de cuyo nacimiento y supervivencia no hemos podido localizar ninguna referencia, amenazaba a la de Murcia. En el manifiesto jumillano se proclamaba:

La nación jumillana desea vivir en paz con todas las naciones vecinas y, sobre todo, con la nación murciana, su vecina; pero si la nación murciana, su vecina, se atreve a desconocer su autonomía y a traspasar sus fronteras, Jumilla se defenderá, como los héroes del Dos de Mayo, y triunfará en la demanda, resuelta completamente a llegar, en sus justísimos desquites, hasta Murcia, y a no dejar en Murcia piedra sobre piedra.

También el 20 de julio, y siguiendo el ejemplo de los demás, y en concreto de Valencia, se unía Castellón a una juerga que en su caso duraría hasta el día 26. 


Al frente del cantón estaba el diputado Francisco González Chermá, zapatero, líder republicano y exalcalde de la localidad, presidente del Comité Democrático de Castellón, que contaba con unos tres mil voluntarios, el quince por ciento de la población, que contaba con 20.000 habitantes, siendo alcalde Vicente Ruiz Vila.


En sus funciones de presidente del cantón, cursó Chermá el siguiente telegrama: 


Castellón, 20 de julio (11,45).- Madrid 20 (5,26 tarde).- Ciudadano Presidente del Poder Ejecutivo.- Proclamado cantón castellonense. Ejército y Guardia civil fraternizan con el pueblo.- Gran entusiasmo. Tranquilidad.- González Chermá.


Acto seguido cortó las comunicaciones con el cantón de Valencia, por considerarlo rival suyo, a pesar de lo cual, cinco días después y cuando hacía acto de presencia el brigadier Villacampa, González Chermá huyó a Valencia.


Por su parte, en Alicante fue el 20 de Julio un día de gran agitación ante la noticia de la próxima arribada de la flota cantonalista cartagenera. El ayuntamiento de Alicante, conocedor de la expedición, resolvió:


Después de una amplia y detenida discusión, que el señor comandante militar, con todas las fuerzas de su mando abandone la capital, eligiendo para situarse uno de los pueblos inmediatos, desde donde se pondrá en comunicación con el gobierno de la República. (Redactor 1873: 19)


Y así se llevó a efecto. Las pocas fuerzas del ejército que quedaban abandonaron la ciudad el mismo día, mientras los reunidos decidieron constituirse en junta revolucionaria, no sin complicaciones, ya que mientras algunos miembros del consistorio no reconocieron la Junta de Salud Pública, ésta se disponía a repartir armas. 


El mismo 22 de Julio, La armada cantonalista, al mando del militar progresista  Gálvez2, “Tonete” para los amigos, y a la sazón presidente de Cartagena, llegaba a Alicante con la Armada y con 500 hombres del Batallón de Cazadores de Mendigorría a bordo.


Cuando fondeó la fragata Victoria, Antonete Gálvez fue recibido por las “autoridades” de Alicante, ante las que expuso el motivo de su visita, que no era otro que recaudar quince o veinte mil duros, lo que soliviantó a la población, que en gran número abandonó la población, mientras otros sectores se decidieron a hacer frente a la demanda.


Finalmente Antonete Gálvez retornaría a Cartagena con el remolcador en el que había huido el ministro de marina y con 8000 duros, objetivos conseguidos tras bombardear el puerto de Alicante. 


Pero la opereta hizo que los cantonalistas se viesen obligados a arriar la bandera roja y a izar la bandera española cuando, habíéndose cruzado con la corbeta prusiana “Federico Carlos”, observaron que ésta hacía zafarrancho de combate. 


El miércoles 23, repuesto nuevamente el alcalde Anacleto Rodríguez, se dirigió a la población aclarando que se había actuado de la forma conocida para conservar el orden. Posteriormente regresaron las tropas y dejó de existir el cantón.

Por su parte, el cantón castellano se unía a la juerga, hecho que recogía “El Cantón Murciano” publicando la noticia el 20 de julio de 1873. (ver anexo 6)

Pero si el día 20 de julio destaca Ávila, el 21 le tocaba a Despeñaperros, donde la pequeña burguesía urbana andaluza dio a luz el Manifiesto a los federales de Andalucía, en el que se conminaba a la creación de los estados confederados.


El manifiesto proclama: 

En Despeñaperros, histórico e inexpugnable (sic) baluarte de la libertad, se enarboló ayer, por las fuerzas federales que mandan los que suscriben, la bandera de la independencia del Estado Andaluz. Terminemos, pues, nuestra obra. Completemos la regeneración social y política de esta tierra clásica de la libertad y de la independencia. (Lacomba 2001: 3)


En medio de este ambiente, el nuevo gobierno de Castelar recurrió a los militares monárquicos como Martínez Campos, o radicales como Pavía, a quienes nombró respectivamente, capitanes generales de Valencia y Andalucía, las regiones donde se había centrado el conflicto, para que actuasen con mano dura. Pavía reunió un ejército de uno 3.000 hombres con los que redujo los desorganizados cantones andaluces. Córdoba, Sevilla y Cádiz cayeron fácilmente, mientras otros cantones, como Málaga, resistieron algún tiempo más. Cartagena, que resistiría hasta enero de 1874, sería un caso aparte.


Las acciones del gobierno empezaban a hacerse sentir de forma tímida; así, por decreto del 20 de Julio de 1873, declaraba piratas a todos los navíos del Departamento Marítimo de Cartagena, mientras por su parte, la Junta de Salvación Pública de Cartagena dio su categórica respuesta el 22 del mismo mes, declarando traidores a la Republica Federal y a la Nación Española al Poder Central.


Tan tímidas eran las acciones gubernamentales que el mismo día del decreto declarando piratas a los cantonalistas cartageneros se constituyó el cantón de Granada, que sería longevo (duraría 23 días).


Fue proclamado el 20 de julio, y al frente del mismo se puso Francisco Lumbreras Sáez. 


Lo primero que hizo el Comité de Salud de Granada fue adueñarse de los poderes civil, militar y económico puestos por Madrid. Fue nombrado un gobierno interino, presidido por Francisco Lumbreras Sáez, dos vicepresidentes, dos secretarios y una docena de correligionarios. Todo ello sin dar un solo tiro ni sin que se produjera muerte alguna. Se incautaron del Boletín Oficial de la Provincia (que editaba la imprenta Viuda de Morell) y comenzaron a legislar. La primera medida fue, lógicamente, declarar independiente a la provincia y nombrar al Comité de Salud como único poder provincial. Al día siguiente fue publicado un extenso bando (4.000 ejemplares repartidos por toda la ciudad) conteniendo las nuevas normas del Cantón Granadino: se adoptaba como bandera la misma de la República española; la separación iglesia-estado era una realidad, prohibiéndose todo culto fuera de las iglesias y secularizando los cementerios; se eliminaron todos los impuestos y se liberalizaron estancos y puertos; los sueldos máximo y mínimo se fijaron, respectivamente, en 12.000 y 4.000 reales; se suspendieron las pensiones; se incautaron de todos los fondos del Banco de España; se abolieron privilegios regios; se revisarían todos los títulos de propiedad; todos los empleados públicos de la capital quedaban suspendidos hasta nueva orden, etc. 

Pero la primera medida financiera fue solicitar un "empréstito forzoso reintegrable de seis millones de reales que se repartirán entre los mayores contribuyentes de esta localidad". Tras este eufemismo se escondía la exigencia de un gravoso impuesto a las clases adineradas; el resultado fue la inmediata huida de los ricos y la ocultación de sus bienes. 

El 22 de julio de 1873, el Cantón Granadino acordó demoler la Puerta de las Pesas "para dar empleo a los desocupados". Su intención era demoler todas las murallas de la ciudad. Por fortuna, no les dio tiempo. (Pozo 2016)


Voluntarios republicanos y carabineros mantuvieron un enfrentamiento armado en el que se produjeron numerosas víctimas, siendo reducidos los carabineros. Eufóricos con la victoria, los voluntarios  ocuparon la fábrica de pólvora de El Fargue y el cuartel de la guardia civil, y el mismo 20 de julio de 1873, ocuparon el Gobierno Civil y obligaron al gobernador a dejar el poder en manos de una junta revolucionaria. Se proclamó entonces oficialmente el cantón granadino, que acabaría redactando una constitución con cinco puntos:


1) Imponer una contribución de cien mil duros contra los ricos; 2) Derribar todas las iglesias; 3) Establecer una fábrica de moneda; 4) Incautarse de la administración de Hacienda y de todos los bienes del Estado; y 5) Dejar cesantes a todos los magistrados de la Audiencia. El comité del cantón se declaró soberano y única autoridad de la provincia, pero municipios como Baza y Loja no lo aceptaron. (Olmos 2014:)


Acto seguido, el Comité de Salud o gobierno del Cantón declaró la guerra a la república de Jaén por un desacuerdo en asunto de fronteras entre sus respectivas naciones.


El 12 de agosto Pavía entraba a caballo en Granada donde no había encontrado resistencia, procediendo a desarmar a los cantonalistas, para seguir su meteórica marcha y dirigirse a Málaga.


Uno de los implicados, Francisco Bernal García, sería citado por un juzgado de Granada el 16 de febrero de 1874 para juzgarle por ir el 30 de Julio de 1873 al pueblo de Alfacar a constituirle en “cantón federal independiente”. Curiosamente iba con uniforme de Guardia civil y képis de Voluntario.


Dos días después de constituirse el cantón de Granada, el 22 de julio, se constituyeron los cantones de Bailén (Jaén) y de Béjar (Salamanca), de los que no existen actas municipales que den luz sobre los mismos. Sólo se sabe que el brigadier Mariano Peco se sublevó el 22 de julio en Bailén y que hizo expediciones a los pueblos circundantes exigiéndoles contribuciones, al tiempo que destruía instalaciones del ferrocarril y del telégrafo, mientras en Béjar, y según señala Vicente Blasco Ibáñez que, Aniano Gómez sólo consiguió producir una ligera e infructuosa agitación.


El mismo día  22 de Julio se constituyó en Algeciras un comité de salud pública que suprimió impuestos y formó un batallón de voluntarios. Ese mismo día emitía el comité un telegrama:


A las 6.25 de la tarde-–el presidente del Comité de Salud Pública de Algeciras al Comité de Salud Pública de Cádiz–. El pueblo de Algeciras, su municipio y voluntarios de la República, en uso de su soberanía, han resuelto en el día de hoy constituir bajo mi presidencia un Comité de Salud Pública, para que luego pongan en práctica las reformas federales con la autonomía del municipio y el orden político y administrativo que tan de común les piden las necesidades de la localidad que tengo el honor de representar .- Salud y República Federal- Eleuterio Torrello.


El 8 de agosto, el general Pavía disolvió el batallón y el comité, cuyos miembros huyeron a Gibraltar.


No hemos localizado referencias ni documentos que nos den más luz sobre el desarrollo de este cantón.


También el día 22 de julio se proclamó el Cantón de Jaén, del que se desconoce la fecha de su extinción.   


Fue proclamado por el brigadier Peco y por el diputado Antonio de las Casas Genestroni, que venía a sublimar un movimiento que, como en el resto de España, venía gestándose durante décadas y tuvo su punto de inflexión con la Gloriosa de 1868.


En los últimos años del reinado de Isabel II, operan en la provincia partidas demócratarepublicanas, como la de León Merino, ayudadas por actos como el sabotaje de la línea telegráfica con Granada. Con el pronunciamiento de septiembre de 1868, parece que empieza a actuar en Jaén una comisión revolucionaria compuesta por progresistas, unionistas y demócratas, en la que Manuel Ruiz y Raichs representará a estos últimos. Así, el 29 de septiembre, la ciudad se sumará al pronunciamiento y una Junta tripartita (con los demócratarepublicanos Juan Antonio González Viegas, Pedro de Miguel García y José Calatayud), asumirá el poder. (Contreras)


El mismo 22 de julio se constituyó el cantón en Málaga, a cuyo frente se encontraba F. Solier, Gobernador Civil, que pidió “la unión más completa, la fraternidad (...) entre todos los ciudadanos”.


Todo anunciaba el fin del cantón cuando, tras acabar con los cantones de Cádiz, Córdoba y Granada, Manuel Pavía hizo acto de presencia en Málaga el 13 de agosto. Pero se encontró con una comunicación del gobierno, transmitida por el gobernador civil, ordenándole que no se dirigiera a la ciudad, a lo que Pavía respondió: "V.S. será diputado de las Constituyentes [pero] para mí no es más que el gobernador civil de una provincia que está bajo mis órdenes"-.


Según el relato de Pavía cuando recibió la orden de no atacar el cantón de Málaga presentó la dimisión "en nombre del honor y la honra del Ejército y la mía propia", pero el gobierno no le admitió la dimisión. 


En el transcurso de esta discusión con el presidente Salmerón, Pavía acabó con una sublevación en Écija, aplicando severos castigos a los sublevados.


Esta situación, unida a la negativa para firmar unas sentencias de muerte, provocó la dimisión del presidente del gobierno, Nicolás Salmerón, el 6 de septiembre, al tiempo que situó al cantón de Málaga como el segundo de mayor duración (dos meses menos dos días), después del de Cartagena.


En dos meses (del 22 de julio, al 22 de septiembre), el general Pavía terminó con el movimiento cantonal andaluz. Se trata de una contienda desigual, cuyo resultado final era previsible. El cantonalismo en Andalucía, como antes se ha dicho, impulsado por los republicanos federales, contó con escasa participación internacionalista y buscó construir un Estado Confederal Andaluz.  (Lacomba 2001: 3)


Pero en el transcurso de esas peleas de gallos, el 30 de agosto, las fragatas Almansa y Victoria se presentaron ante la ciudad amenazando con el bombardeo si no se plegaban a sus exigencias. El bombardeo no se llevó a efecto gracias a la intervención del buque prusiano Federico Carlos, que se quedó como rehén a Contreras en garantía de cumplimento de la orden de no bombardear Málaga, mientras en Cartagena se organizaban tropas voluntarias con ánimo de ir a rescatarlo.


A continuación, una comisión cartagenera, encabezada por Roque Barcia se trasladó a parlamentar con los buques extranjeros, que no querían dejar desembarcar armados a los cantonalistas, para amenazarlos, pero volvieron a desembarcar, airados ante la negativa de aquellos.


También el 22 de julio se proclamaba el Cantón de Motril (Granada), que tendría una duración de tres días.


Ya cinco meses antes, el 22 de Febrero de 1873, y con motivo del reemplazo del ayuntamiento, habían ocurrido graves altercados en Motril que produjeron cuatro muertos y varios heridos.


El 5 de Junio la Diputación de Granada suspendió el ayuntamiento, garantizando la acción con la presencia de los voluntarios de la República, lo que ocasionó motines que se dirigieron especialmente contra el juez de primera instancia, al que acusaban de “hacerse el sordo”.


El 22 de Julio se convocó un cabildo bajo la presidencia del cuarto teniente de alcalde, Juan Montero Bonachera, en el que sólo había un punto a tratar referido a la imposibilidad del ayuntamiento de contener a la gente que exigía la proclamación del cantón de Motril. 


En este cabildo se encontraban los capitanes de las compañías de voluntarios, Ruperto Vidaurreta de la Cámara y Francisco Trujillo Carmona, que se posicionaron de parte de la autoridad establecida, pero manifestaron que la mayoría de sus soldados pedían el reconocimiento del cantón granadino y la creación de un Comité de Salud Pública en Motril. La masa enfervorizada que se agolpaba en la plaza, a las puertas del ayuntamiento pidieron la destitución del ayuntamiento y el nombramiento del Comité, por lo que ante la imposibilidad de repelerlos, los presentes solicitaron a los capitanes que ellos fuesen los representantes del mencionado comité, por lo que de este modo se procedía a la suspensión del ayuntamiento y a la creación del cantón motrileño. (Anónimo)


Situación que duraría tres días, pues el 25 de Julio, Ruperto Vidaurreta volvió a instaurar el ayuntamiento y procedió a encarcelar a los líderes cantonalistas.


El día 23 de julio, y contagiado por los sucesos acaecidos en la vecina población de Motril, Gualchos (Granada) declaraba su Comité de Salud Pública, cuya fecha de disolución desconocemos.


También en Salamanca, los más radicales de los republicanos, inician una marcha hacia el Gobierno Civil capitaneados por el diputado Pedro Martín Benito el 24 de julio. Allí en audaz golpe de mano, tras tomar los puntos estratégicos de la ciudad, las puertas de la muralla y los altos de la catedral, depusieron al gobernador y dieron el poder a la Junta Provisional del Cantón.


Los sublevados organizaron la vida de la ciudad, abrieron el mercado, las escuelas, los hospitales y requisaron carros y carretas para utilizarlas como defensa ante el ataque inminente del Gobierno, al tiempo que construían barricadas.


El cantón desapareció dos días más tarde, el día 26.


Entre los cantones más tardíos se encuentra el de Orihuela (Alicante), que fue proclamado el día 30 de julio y no hemos podido localizar el día de su disolución.


El treinta de julio, una compañía de voluntarios 

reunida a las fuerzas de Iberia y parte de Mendigorría dirigidas por Pernas, Carreras y Real, todas al mando de Antonio Gálvez, se presentaron en el pueblo a las cinco y media de la mañana, encontrando unos 180 guardias civiles a punto de formarse en la plaza, algunos otros en varias casas y unos 40 carabineros de caballería en completo descuido. (Giménez 1875: 60)


El delegado del gobierno escribía: 

No habiendo puesto el alcalde las avanzadas que se habían ordenado, una fuerza de ochocientos soldados se ha presentado en la plaza de la Constitución, tomando las posiciones más importantes. (Giménez 1875: 64)


Como hemos visto, desde Cartagena se apoyaba la constitución de otros cantones, como el de Lorca, donde acudió el flamante Capitán General Antonio Gálvez a apoyarlo. Pero el día 1 de agosto,


no bien volvió la espalda Gálvez, destituyeron la Junta de Salvación formada por este, y se niegan a satisfacer sus deudas a la provincia y al Estado, que ascienden a mas de 50.000 duros. (Giménez 1875: 58)


Pocos días antes del último acontecimiento reseñado, La Ilustración española y americana de 24 de julio de 1873 decía: 


En estos últimos días el país ha hecho rápidos progresos por el camino de la anarquía, y el gobierno del Sr. Pi y Margall nos ha proporcionado la suma máxima de felicidades políticas y sociales.

Las escenas de sangre y de incendio que han consternado á la industriosa Alcoy, han quedado impunes. Los desórdenes de Sevilla y Málaga no se han castigado. El general Contreras ha podido llegar á Cartagena sin obstáculo, para poner una parte del país en abierta rebelión contra el Gobierno. Los representantes de la nación han abandonado la Asamblea para levantarse en armas. La guerra, social ha empezado a emular las sangrientas jornadas de la Commune.


Y la insurrección carlista ha progresado con pavorosa rapidez, burlando los planes, ya tristemente célebres, de los generales de la república, añadiendo al catálogo de sus felices intentonas las de Cirauqui, Alpens y Puigcerdá, y dando ostensibles indicio de sus crecientes esperanzas con la entrada de D Carlos en España y sus probables intentos de apoderarse de Bilbao.

En esto ha venido á traducirse la gran prueba de confianza concedida por la Cámara al Sr. Pi, al poner en sus manos la dictadura.


Por otra parte, y paralelamente a las acciones de Pavía, llevaba Cautelar, el nuevo presidente del gobierno, otras actividades; así,


el 25 de julio se reunían en Biarritz los constitucionales, los radicales y los alfonsinos más importantes presididos por el duque de la Torre, ante las graves noticias que llegaban de España, resolviendo unánimemente apoyar al gobierno “para salvar la libertad y el orden. (Toro 1997: 85)


El 26 de julio quedó restaurado el poder del Gobierno en Cádiz y, casi al mismo tiempo, fueron sometidas Murcia y Valencia. En Andalucía, quedaba vigente todavía el cantón de Málaga y el de Granada


Pero con ello no quedaba zanjado el problema en el resto de Andalucía…


El 29 de Julio zarpan desde Orán hasta Motril algunos oficiales del regimiento de Iberia que habían permanecido fieles al gobierno, aunque esto no evitará que en la madrugada del 31 de julio la flota cantonal mandada por el general Juan Contreras, compuesta por las fragatas Almansa y Vitoria llegara frente a las costas de Motril. (Anónimo)


Y ¿qué hacían las potencias extranjeras? Como hemos visto, no iba mal para ellas el conflicto español, haciendo que las bolsas europeas ganasen puntos (tengamos en cuenta que cuando se redacta este relato, las bolsas europeas pierden puntos por la indefinición de Inglaterra por permanecer en la zona euro) ; además, y aunque las potencias europeas permanecían militarmente expectantes ante los sucesos, el comandante de la fragata prusiana Federico Carlos, atendiendo al decreto del gobierno central de la república, ajustado al derecho internacional, que declaraba piratas a los buques al servicio del cantón, procedió a apresar el día 27 a la fragata “el Vigilante”, tras la expedición que había llevado a cabo sobre Torrevieja. Pero esta acción no fue realizada con el consentimiento del gobierno prusiano, por lo que finalmente fue devuelta al cantón, llevando a bordo al “capitán general” Tonete Gálvez, que fue recibido en olor de multitudes.


Posteriormente se supo, que el comandante de la Federico Carlos, hizo esta presa por su cuenta y sin conocimiento del embajador. Cuando se publicó el decreto de piratería, telegrafió a Berlín y las instrucciones que recibió de su gobierno, dejaba claro que los barcos prusianos no tomarían la iniciativa en el ataque, sino que se limitarían a defenderse si eran atacados por los insurrectos. Sin embargo el apresamiento del Vigilante, lo hizo el comandante antes de conocer estas órdenes (o tal vez fue una excusa diplomática), aunque el vapor, no fue devuelto a los insurrectos, sino al gobierno central, después de largas negociaciones.


Naturalmente, esa situación daba alas a los cantonalistas, que llevaban a efecto su actividad de piratería con plena impunidad. Y ateniéndose a la misma, el 29 de julio de 1873, las fragatas Victoria y Almansa  fondearon en las aguas de Almería, conminando a la población a entregar 100.000 duros, el tabaco existente y exigiendo la evacuación de las tropas. La población huyó de la ciudad mientras la guardia civil, carabineros y voluntarios se aprestaron a la defensa, siendo bombardeada el día 30 por orden de Contreras por espacio de una hora, todo a la vista de embarcaciones de guerra británicas y prusianas.


La lección que Almería recibió fue severa. Las tropas de desembarco se aproximaron hasta muy cerca del muelle a bordo de las cañoneras, y tirotearon valientemente a los soldados que hacían fuego desde las bocas calles. Las fragatas tuvieron que mantenerse a larga distancia, porque las condiciones de aquella playa las impedían fondear cómodamente. Nuestras pérdidas han sido insignificantes. El destrozo de los edificios de la ciudad fue algo importante. (Esta no es versión cantonal, sino centralista.) Almería quedó desierta, porque toda la gente de cuartos huyó. La enseña federal se ha cubierto de gloria. (Giménez 1875: 59)


El 30 de julio, y mientras era atacada Almería por las fragatas cartageneras, Gálvez y Pernas hacían una incursión terrestre en Orihuela. Con una fuerza de mil hombres hicieron batirse en retirada a los defensores, hasta que, llegando a la población se retiraron los atacantes tras recaudar 16.000 duros. 


Los ojos del mundo entero estaban puestos, lógicamente, en los acontecimientos de España. Al respecto, en  telegrama reservado que la embajada de Paris enviaba el 31 de julio al ministro de Estado, Soler y Pié puede leerse: 


El ministro de Negocios Extranjeros en la recepción de hoy me ha repetido que desea se restablezca el orden en España y pueda formarse un buen ejército. Le he asegurado que el Gobierno no omite medio alguno para conseguirlo y como prueba de ello le he dado las noticias comunicadas por VE. que publican hoy todos los periódicos. Al marcharme, y sin indicación alguna por mi parte, ha hecho alusión a la contestación de Lord Enfleid y le he dicho que es poco benévola para nosotros. Ha convenido en ello y yo he añadido que en ese punto tenemos más que agradecer al Gobierno francés y lo ha aceptado. Este ha hecho publicar en algunos periódicos que no abriga el pensamiento de miras ambiciosas ni de preferencia por tal o cual partido ni de combinaciones dinásticas: que observa respecto a España los deberes de buena vecindad facilitándole los medios de hacer respetar el orden legal y guardando a más estricta neutralidad”. (Toro 1997: 84)


Pero la realidad era más dura para los protagonistas. Así, ante la acometida cartagenera, a las 12:30 del 31 de julio se envía un telegrama desde Motril a Málaga con el siguiente texto: 


Fragata Almansa y Vitoria en este puerto. Subido comisión a las Casas Consistoriales, donde continúa: exigen a las dos fábricas azucareras 7 o 10.000 duros, todo el tabaco que haya en la administración, y los fondos del Gobierno. Al pueblo hasta ahora nada le han pedido, en vista de lo escaso de recursos que está. Daré cuenta de todo lo que ocurra. (Anónimo)


Ante este hecho, el cantón de Granada se ofreció a Motril 

para que no le entregaran nada, hasta el punto de asegurarles que si en ello insistía Contreras, el cantón granadino declararía la guerra al cantón cartagenero. Los de Motril, envalentonados por su efímera experiencia como cantón, dijeron a los granadinos que no necesitaban su ayuda para negar el pago a los cartageneros ya que se volverían a declarar nuevamente cantón independiente y así evitarían el pago, sin embargo el general Contreras no reconoció la legalidad de la nueva forma de gobierno de Motril y se llevó 8.000 duros y tabaco. (Anónimo)


El 1 de agosto, 

Las fragatas hicieron rumbo a Poniente, y con posterioridad se sabe que se encontraban al frente de Vélez Málaga, donde se teme cometan también exacciones. (Medina 2008: 563)


Tras estas acciones, el tres de agosto, las fragatas Almansa y Victoria entraron en Cartagena, sin bandera y custodiadas por tres buques, un inglés, un prusiano y un francés. Fueron apresadas después de haber bombardeado Málaga y Almería, llevando como rehén al ciudadano Contreras. En Cartagena daban por sentado la pérdida de los buques, por lo que 


Una comisión presidida por Barcia, y compuesta de Araus, Sauvalle y Cárceles se presentó a bordo de la Federico Carlos. Ante los comandantes de los buques extranjeros, reunidos, expuso la Comisión el objeto de su venida, el cual era pedir que, ya que los buques debían considerarse perdidos, se permitiese desembarcar a las tripulaciones y tropas con armas, y quedase Contreras en libertad. Los comandantes contestaron que precisamente sucedería todo lo contrario. (Giménez 1875: 68)


Como los prusianos habían tomado prisioneros, y el día 4 de agosto hubiese resuelto el gobierno del cantón que las fragatas Numancia y Méndez Nuñez levasen anclas, las dotó de una tripulación democráticamente elegida que hizo varar las naves a poca distancia. El destino que llevaban ambas embarcaciones era enfrentarse al navío prusiano Federico Carlos. El cantón había declarado la guerra a Prusia el día tres.


Finalmente, para recuperar la Victoria y la Almansa, que eran abandonadas por los prusianos, desde Alicante enviaron tripulaciones que las pondrían bajo las órdenes del gobierno, pero la operación se demoró hasta el día 9. También el gobierno cantonal envió una comisión para tratar del asunto. El almirante alemán anunció que entregaría los barcos a los ingleses, que las dirigirían a Gibraltar.


No deja de llamar la atención la postura adoptada por los gobiernos europeos, que encontrándose con buques de guerra sin bandera reconocida, emitían comunicados como el emanado el 9 de agosto desde el “Federico Carlos”:


Contestando a la comunicación que les ha sido presentada hoy por la delegación que al efecto vino de Cartagena, el comodoro Werner, comandante del buque imperial Federico Carlos, y el honorable S. Ward, capitán del buque Swifesure de S.M.B., hacen saber que no siendo hostiles a ninguno de los dos partidos contendientes, sus relaciones son idénticas con el gobierno de Madrid y con el Cartagena. (Redactor 1873: 74)


Como tampoco deja de llamar la atención que justamente esos buques extranjeros  señalasen la zona de Escombreras, donde ocurrió el suceso, como “libre de toda acción hostil”. Las fragatas serían devueltas al gobierno español… dos meses después.


Mientras tanto, las acciones terrestres se concretaron en que, el 8 de agosto, una columna de dos mil hombres comandados por el brigadier Pozas y el coronel Pernas se desplazaron en ferrocarril con destino a Albacete, donde se enfrentarían con una columna de la república al mando del general Salcedo, que los disolvería el día 10.


Estos estrambóticos sucesos tenían también reflejo en el seno del propio cantón de Cartagena. Ya en estos momentos de primeros de agosto comenzaban las rencillas dentro del gobierno cantonal, al tiempo que la escasez de artículos y la carestía de la vida llevaban sentido contrario. Además, se anunciaba algo que era ilógico no se hubiese producido un mes antes: un ataque de las fuerzas gubernamentales.


Esta falta de respuesta daba alas al cantón, ya el único existente tras la asonada de julio, y ello justificaba las continuas incursiones  por mar y tierra con el objetivo de incorporar localidades al cantón, y con el de recaudar fondos o contribuciones de guerra para mantener su independencia, reafirmada con la emisión de moneda propia, el Duro Cantonal, y la edición de un periódico titulado “El Cantón Murciano“.


Al calor de los acontecimientos de Cartagena, el fuego aparecía por todas partes. Se hacen proclamas cantonalistas en Salamanca y en Béjar, y se frustra otra en Valladolid. El 8 de agosto se aprueban las bases del pacto federal castellano, cuya redacción había sido formulada el 13 de junio de 1869… que quedarán suspendidas por la acción de Castelar, que suprimió las garantías constitucionales.


E. Colibert, vicecónsul de Inglaterra en Granada, se expresaba como sigue: 

Los acontecimientos políticos empezaron a girar a lo trágico, la sede de Cartagena y sus fuertes esfuerzos se prolongaban, casi todas las grandes ciudades del Sur habían declarado su independencia del gobierno central, el ejército, que participan en el Norte frente a las tropas carlistas, estaba representada en el resto de provincias de España como una gendarmería admirablemente disciplinada, pero muy pocos para hacer frente a esta invasión de la anarquía que se extendía cada día y amenazó a la nación española con una completa  dislocación.

Esta era la situación general del país, donde el 10 de mayo de 1873, dejé mi trabajo para ir a Madrid, alegando que el gobierno estaba dispuesto a  ayudarnos  en la defensa de la tierra  del  Soto de Roma3, amenazada  con la invasión de los intransigentes de la línea dura de la provincia de Granada.


Las actuaciones no se limitaban a la tramoya de la opereta, sino que tomaban cuerpo de manera muy significativa.


En Barcelona el exconvento de San Felipe Neri fue usado como ateneo de la clase obrera y las iglesias de San Jaime y Belén para cuarteles de la milicia ciudadana. En Valencia la sede del Obispado y la catedral fueron ocupados por los cantonalistas. En Murcia hubo un primer intento de desalojar al Obispado de su sede, que se ejecutó más tarde con el cantón. En Málaga se derribaron en marzo los conventos de Capuchinos y la Merced y el obispo tuvo que abandonar su sede ante el temor de que fuera ocupada por las turbas. En Granada el cantón prohibió todo culto externo y proclamó la separación de la Iglesia y el Estado. En Cádiz el Ayuntamiento ordenó el desalojo y derribo del convento de monjas de Nuestra Señora de la Candelaria junto con su iglesia, se retiraron todas las imágenes sagradas dispersas por la ciudad, se secularizó el cementerio, se prohibió la enseñanza de cualquier religión y, una vez proclamado el Cantón, se extendieron las medidas anteriores a toda la provincia, se cerraron todas las iglesias excepto las parroquiales y se proclamó la separación de la Iglesia y el Estado. (Orozco 2013: 80)


Henchidos de confianza no tanto por lo que sucedía en el resto de España como por sus particulares éxitos, el nueve de agosto, Contreras condujo una columna de 2000 hombres a enfrentarse a las fuerzas gubernamentales, comandadas por el general Martínez Campos, ante las que sucumbió en batalla ocurrida el día 10 en Chinchilla (Albacete), lo que ocasionó el inicio del asedio de Cartagena, que comenzaba a sufrir una epidemia de enfermedades venéreas y las gentes comenzaban a vivir de la caridad.


La sanidad esta atendida por un solo médico, D. Juan Minguez, que veía cómo, a primeros de septiembre ingresaban ciento cincuenta enfermos de sífilis y abandonaba la plaza el 9 de septiembre. (Giménez 1875: 95-97)


Pero los políticos, en su mundo aparte, atendían otras cuestiones, ya que la situación, según venían diciendo, era de normalidad.


el 20 de agosto, al mismo tiempo que se aprobaba una ley de carácter antifeudal como era la de redención de rentas y pensiones de foros, subforos, rentas en saco y derechuras’, se discutía el suplicatorio contra los diputados que habían levantado el cantón de Salamanca. La intervención del diputado Benitas provocó un grave enfrentamiento en la Cámara, al acusarla de encarnar el “unitarismo” frente al federalismo, e incluso mantener la organización monárquica del Estado. Por otra parte, subrayó la ruptura que se produjo con la Constitución de 1869 cuando el 11 de febrero los diputados y senadores transgredieron su artículo 47/133, y que desde entonces el único derecho existente era el derecho revolucionario, en nombre del cual había proclamado el cantón de Salamanca. Riesco Ramos intervino para poner de manifiesto la calma y el orden de dicho cantón. Sin embargo, el dictamen se aprobó en su contra, aunque con un margen muy ajustado, 66 contra 63, (Toro 1997: 88)


Finalmente Salmerón, que como consecuencia de las peculiaridades de este relato ya lo hemos visto dimitido como presidente, acabaría dimitiendo al negarse a  firmar unas penas de muerte contra los revolucionarios, y el 7 de septiembre fue elegido nuevo presidente del  gobierno el catedrático de la Universidad Central, Emilio Castelar, que suspendió las Cortes y gobernó de manera autoritaria, concediendo poderes a los jefes militares para mantener el orden público. 


Mientras, el cantón de Cartagena seguía su propia marcha; así, el 29 de agosto Barcia era elegido presidente del cantón, mientras la armada hacía una nueva incursión en Águilas, donde exigió 20.000 duros además de todo tipo de víveres. Además hizo rehenes tras cometer graves excesos en la población. Es necesario recordar que una escuadra inglesa y otra francesa seguían la singladura de la escuadra cantonal, tomando parte directa en la concesión de aplazamientos para los ataques.


La fiesta seguía, y el 11 de septiembre partió de Cartagena el vapor Fernando el Católico con 400 hombres de desembarco comandados por Antonio Gálvez; su destino: Torrevieja, y su objetivo, apoderarse de comestibles.


Los hechos se sucedían con frenesí. El 16 de septiembre anclaron frente al puerto de Águilas las fragatas Numancia y Femando el Católico, con transporte de tropas, que desembarcaron y ocuparon la población habiendo encontrado tan sólo una pequeña resistencia por parte de los carabineros. 


La expedición, que como era costumbre, estaba custodiada por naves británicas, tuvo que comprometerse con éstas que los bienes de los extranjeros serían respetados. De Águilas se llevaron 3.500 duros y saquearon la población, llevándose cantidad ingente de provisiones y también rehenes, pues las previsiones alcanzaban los 20.000 duros de recaudación.


Las fuerzas desembarcadas sometieron la ciudad a todo tipo de excesos, pillajes y saqueos, apoderándose de provisiones, ropa, y 17.500 pesetas. Las mercancías de las que se apropiaron los cantonales, fueron valoradas en 60.000 pesetas. El día 17, al mediodía se hicieron de nuevo a la mar. En la sesión municipal del 18 de septiembre se aprobó «un voto de infamia y eterno baldón contra esos hijos espúreos de la patria convertidos en horda de bandidos, que faltando a sus más sagrados deberes se han constituido en hordas de bandidos, que faltando a sus más sagrados deberes se han constituido en azote y desolación de esta desventurada Nación». (Pérez 1994)


Hemos visto una muestra de lo que ocurría a quién no quería secundar el Cantón. Señalemos también lo que sucedía dentro del propio cantón:


Hasta el 24 de septiembre, La Unión estaba en poder del cantón de Cartagena, y la explotación minera sufrió las consecuencias:


suprimiendo tributos, olvidando créditos, devolviendo a partícipes el descuento existente en Depositaría que pertenecía a la Hacienda, dejando de pagar toda clase de obligaciones, dando lugar a que se realizaran exacciones metálicas a estos vecinos por la partida denominada de Tomaset. (Vilar 1983: 125)


se produjo una casi completa paralización de los trajines y fundiciones comarcanas…/… su orden económico herido y perturbado y la fabricación desaparecida casi en [su] totalidad, los industriales han emigrado para ponerse a cubierto de la miseria; pudiendo asegurarse que dos tercios de los obreros han abandonado nuestras montes; siendo el resultado de todo que, desierta la sierra, sin capitales ni brazos para la explotación, tímido el comercio o anulado, la industria abandonada, la riqueza disminuida, los pocos capitales sin circulación, colocan a esta villa en una situación tan precaria, tan difícil y tan peligrosa (. . .) que de prolongarse algún tiempo más, no sería extraño sobreviniera uno de esos períodos graves que con tan tristes colores nos ofrecen Persia y Turquía. (Vilar 1983: 127)


Entretanto, Arsenio Martínez Campos había llegado a Alicante para dirigir la defensa, y el consistorio dimitió de sus cargos al haber rechazado aquel la mediación de las armadas extranjeras, lo que ocasionó un conflicto que acarreó el abandono de Martínez Campos, que salió de Alicante el día 25 de septiembre. Sería sustituido por Francisco Ceballos y Vargas.


Martínez Campos expuso así los hechos: 

Ayer presenté mi dimisión razonada y fundada sin que se apercibiera la hiel que rebosaba mi corazón por ver la alta autoridad que represento militar, judicial y políticamente por el suelo a merced de autoridades subalternas pero hoy á pesar de mi manifestación de anoche estando declarado distrito en estado sitio, habiendo venido a morir aquí de gala por si otros no saben hacerlo ha habido una reunión sin mi permiso autorizada según se me dice por el Gobierno a que han asistido Gobernador Civil, el Ayuntamiento y los Cónsules de Naciones Estrangeras (sic) que no nos han reconocido porque nos tienen en menos y han acordado sin oirme el que sigan las negociaciones de San Juan con Carreras, con el pirata de Águilas, con el futuro Barba Roja de Alicante. No los he fusilado en el acto como Gobernador de Plaza de guerra sitiada porque miro mi pobre España. No levanto con 6.000 hombres que tienen fe en su gefe (sic) la bandera que creo que está pidiendo España porque he nacido Caballero, y aún con los desleales seré siempre Caballero...


Y mientras las potencias extranjeras imponían su ley ante la inexistencia de autoridad española, los cantonalistas continuaban llevando a cabo excursiones piráticas.


El  día 26 hicieron un desembarco en Villajoyosa, de donde se llevaron 2700 reales, tabaco, papel sellado y sellos de franqueo, carneros, harina, pan y otros alimentos, siendo custodiados por una corbeta inglesa, mientras el ministro Eleuterio Maisonnave hacía acto de presencia en la ciudad… para dar ánimos.


También el 26 de septiembre la armada cantonal, custodiada por trece buques extranjeros (ocho ingleses, cuatro franceses y uno prusiano), amenazaba Alicante, a la que se le cursó el siguiente ultimátum:


FRAGATA BLINDADA NUMANCIA.-Convenido por los almirantes de las escuadras inglesa y francesa y mi autoridad la terminación del plazo para romper el fuego contra esa plaza, a las cinco del día de mañana, si antes del mismo no se ha rendido esta o se ha verificado un tratado entre las fuerzas; lo pongo en su conocimiento, a fin de que avisando a los buques que se hallan en el puerto, puedan ponerse a salvo antes de dicha hora, cinco de la mañana del día veintisiete en que romperé el fuego. Salud y Federación.- A bordo 26 de Setiembre de 1873.- El brigadier jefe de la expedición, Leandro Carreras.-Señor Capitán del puerto de Alicante. (Giménez 1875: 110-111)


Surta en el puerto se encontraba una armada británica, a la que los cartageneros pidieron permiso para llevar a cabo el bombardeo, indicando el brigadier Carreras que tenían previsto abrir fuego contra la ciudad, a lo que el británico impuso un plazo de noventa y seis horas para dar comienzo al mismo mientras los comerciantes ingleses protestaban porque se ponía en peligro sus bienes. El plazo fue aprovechado por los cartageneros para conminar la rendición de la plaza.


Transcurrido el plazo marcado por los ingleses, el día 27 se produjo el bombardeo, que duró seis horas. Se lanzaron 186 proyectiles de 300 libras, siendo respondidos con 179 cañonazos. Los alicantinos decían con orgullo que el último cañonazo lo lanzaron ellos, diciendo que los cartageneros 


se hicieron a la mar, llevando en su alma el despecho del bandido que ha visto fracasar su tentativa de pillaje y dejando a los hijos de Alicante y a los bravos militares que vinieron a defender la plaza, coronados de gloria.


La acción dejó siete muertos y doce heridos y numerosos edificios dañados, tras lo cual, la escuadra cantonal marchó a su base, bajo la atenta mirada de buques ingleses, franceses, prusianos e italianos, que desatendieron la ley internacional sobre piratería.


Pero el cantón seguía triunfante, y en octubre, al no existir voluntarios suficientes para cubrir las necesidades de marinería, fueron nutridas con presidiarios, con los que continuaron con su tarea de asolar los pueblos vecinos en busca de víveres y todo tipo de botín.


Paralelamente, el uno de octubre de 1873 el Cantón hizo una proclama en la que señalaba:

La instrucción gratuita elemental, obligatoria.

La prohibición de la enseñanza de la religión

La confiscación de los bienes de las asociaciones religiosas.

La confiscación de los bienes recibidos por herencia o donación


El 10 de octubre de 1873, la fragata francesa de guerra “Semiramis” ayudaba al vapor correo que procedente de Orán transportaba víveres para Cartagena, a romper el bloqueo ejercido por la marina nacional sobre Cartagena, y el día 11, cuando se enfrentaban en aguas jurisdiccionales la flota gubernamental con la rebelde, en la batalla del cabo de Palos donde, curiosamente, la flota cantonal enarbolaba la bandera española, también se interpuso.


Con la tranquilidad que tenían con la custodia llevada a efecto por las armadas europeas, el 18 de Octubre, la flota cantonal inició una expedición contra Valencia; en su singladura era escoltada por tres buques ingleses, uno francés y uno italiano. En el camino, la impericia marinera de sus dotaciones provocó la colisión de la nave capitana, la Numancia, que transportaba a todas jerarquías cantonales, con el Fernando el Católico (rebautizado “Despertador del Cantón”), que acabó yéndose a pique y produciendo gran mortandad.


Pero no por eso paró la expedición contra Valencia. Así, el 19 de octubre, al llegar a Valencia, el comodoro inglés exigió un plazo de 96 horas para iniciar el bombardeo, tiempo que aprovecharon los cantonales para apoderarse de nueve embarcaciones que navegaban por la zona, en las que se apropiaron de diez millones de reales. Sin más, con ese botín volvieron a Cartagena con total tranquilidad.


Finalmente el gobierno, tal vez autorizado por las potencias extranjeras, que ya llevaban un siglo controlando la situación, inició el 23 de octubre el asedio de Cartagena por mar, que fue comedido hasta que el 26 de noviembre se rompieron las hostilidades, al tiempo que en Cartagena se desarrollaba la anarquía mientras las autoridades cantonales se dedicaban a perseguir “traidores” entre los que se encontraban el presidente de la Cruz Roja y el jefe administrativo del Hospital de la Caridad. Las incautaciones, a la orden del día… Y con ese ambiente llegó el día 14 de diciembre, cuando los contendientes se concedieron veinticuatro horas de tregua… y la Nochebuena, curiosamente celebrada por quienes ejercían persecución religiosa.


Se encontraba ya cercano el día 2 de enero, de suma importancia para los cantonalistas, que tenían puestas todas sus expectativas en la apertura de Cortes de ese día.


Los cantonales esperaban con verdadera ansiedad la reunión de las Cortes que había de verificarse el dos de enero de 1874, en cuya reunión, si el gobierno de Castelar era derrotado, la organización de los cantones sería inmediata. (Blasco 1892: 799)


Pero llegado el día, Castelar fue derrotado por los votos y acto seguido se produjo el golpe de estado del general Pavía.


La entrada de las tropas del general Pavía en el Congreso de los Diputados el 3 de enero de 1874, si no solucionó nada, al menos acabó con el alboroto del gallinero. Al efectuar su entrada en el hemiciclo y ver cómo los diputados saltaban por las ventanas, sorprendido, preguntó: «Pero señores, ¿por qué saltar por las ventanas cuando pueden salir por la puerta?».


Acto seguido se procedió al desarme de los Voluntarios de la República, lo que conllevó diversos enfrentamientos armados.


“La Época” de 7 de enero señalaba: 

Se ha descubierto que muchos de los milicianos que tomaban armas para figurar como milicianos republicanos, eran fingidos carlistas; así es, que los fusiles que estos habían recibído, han pasado naturalmente a manos de los facciosos.


Se deduce que, los mismos que hoy llaman “fascista” a cualquiera que no dobla la cerviz ante sus caprichos, en aquellos momentos, al no existir el fascismo, apellidaban “carlistas” a quienes se les oponían. En cualquiera de los casos, “el proceso” había abortado por sí mismo. Pocos días después se produciría la rendición del cantón de Cartagena, al serles prometido, el 13 de enero de 1874, el indulto general y el reingreso en el Ejército de los militares sublevados.


En circunstancias tan contrarias a las apetencias cantonales, el 11 de enero de 1874, José Lopez Dominguez, General en Jefe del ejército sitiador dio el indulto a quién entregase las armas, excepto a los que pertenecieron a la Junta, presidida por Roque Barcia.


A este ultimátum, la Junta respondió exigiendo

Reconocimiento de todos los grados y empleos concedidos durante la insurrección; -Movilización de los voluntarios para ir al Norte; Reconocimiento de los presidarios, como fuerza armada, con destino también al Norte;- Reconocimiento de la deuda cantonal;-Indemnización de los daños y perjuicios sufridos por la propiedad;-

Indulto a los prisioneros de guerra hechos en Chinchilla, y por último-Que nadie sea desarmado y que las tropas sitiadoras sean recibidas a tambor batiente. (Giménez 1875: 225)


Así, en un clima de absoluto entreguismo por parte de los cantonalistas, Antoñete se veía perdido, por lo que endureció su particular lucha por la supervivencia, procediendo a primar las acciones de los presidiarios enrolados en los navíos cantonales y enfrentando a los conspiradores para encarcelar al brigadier Carreras y al coronel Pernas, con un grupo de oficiales comprometidos en la entrega de la plaza sitiada, y deteniendo, el 11 de enero, a los miembros de la Junta Soberana, incluido Roque Barcia. 


Mientras, la ciudad fue devastada por un intenso bombardeo, que destruyó el 70 % de los edificios de Cartagena.


El mismo día de la rendición, doce de enero, desmanteladas las defensas, el general López Domínguez hizo su entrada en la plaza de Cartagena, a la vez que Antoñete, fracasado ese mismo día su propósito de recuperar el castillo de Galeras, escapó a tiro limpio  (llevando a su hijo herido), de los soldados del regimiento de Iberia que lo perseguían; tomó la Numancia junto a Contreras y toda la plana mayor del ejército cantonal, y con más de mil fugitivos a bordo lograron romper el bloqueo de las fragatas Carmen y Victoria poniendo rumbo a Orán, donde arribó al día siguiente. 

1400 cantonalistas fueron deportados a las Marianas.

Ahora quedaba reconducir de algún modo el desastre. En febrero de 1874, el Consejo Supremo de la Guerra condenó a cadena perpetua al apóstol del internacionalismo anarquista Fermín Salvoechea, alcalde de Cádiz desde 1871, como complicado en la insurrección cantonal de aquella plaza. Anteriormente, el consejo de guerra ordinario le habia condenado a 20 años de prisión. Cuando en 1883 fuera indultado, no lo aceptaría, y poco después lograría evadirse y exiliarse.

Es de reseñar que seis días antes de la rendición del cantón de Cartagena, se pronunció el Cantón Manchego, tres días después de la entrada de Pavía en las Cortes.

Era el 6 de enero de 1874 cuando se produjo el levantamiento del cuerpo de vigilancia de Ciudad Real. Asaltaron Alarcón, de donde se retiraron con alimentos y doscientos reales y en Porzuna tuvieron un enfrentamiento con la población, que les mató dos sublevados. 


El mismo día, una partida cantonalista comandada por un oficial del ejército asaltaba la estación de Venta de Cárdenas, de donde sustrajeron el manipulador del telégrafo. 


El 11 de enero, ocho hombres, seis de ellos militares de caballería, al mando de los cuales estaba el alférez Tomás Guzmán, robaron animales y bastimentos en un caserío, y sabotearon las infraestructuras del ferrocarril.


Acciones similares se desarrollaron en Manzanares el día 11 de enero.


Hubo algún otro estertor, como el ocurrido en Asturias, donde


El 9 de enero, una columna de carabineros dio alcance en la sierra de Las Borias (cerca de La Felguera-Langreo) a una partida cantonal liderada por Rubiera, la dispersó y capturó 18 prisioneros, 15 de ellos armados. Dos días más tarde, toda la partida había depuesto las armas. El 24 de enero fue apresado en Lena, Vigil, un cabecilla cantonal, qué fue conducido a Oviedo. (Toro 1997: 153)


Otros casos se cantonalismo se produjeron sin que llegasen a tener resonancia. Entre ellos cabe señalar el de Andujar (Jaén), declarado el veintidós de julio sin que se conozca cuando se disolvió, el de Córdoba, declarado el día 23 y desconociendo también cuando fue disuelto, y el  Huelva, el de Plasencia (Cáceres) y el de Loja (Granada), de los que nos ha llegado otra referencia que el de su fugaz e inubicable existencia

Otra región en pretender la independencia fue Galicia, quien solicitó su unión con Inglaterra.














TRAS LA REVUELTA CANTONALISTA

A lo largo de este repaso hemos señalado los acontecimientos que de un modo u otro han llegado hasta nosotros, pero También hubo levantamientos en Aragón, Cataluña, Castilla la Vieja, La Rioja, Castilla la Nueva, Andalucía… manteniéndose enfrentamientos hasta el 20 de enero.


Es el caso que la intentona por llevar a efecto la total destrucción de la España europea, objetivo acariciado durante siglos por Inglaterra, debió posponerse un siglo y medio. Después del fracaso de la Primera República, un sector del federalismo catalán evolucionó, de la mano de Valentí Almirall, hacia el denominado catalanismo particularista.


No obstante, las esperanzas cantonalistas se mantendrían vivas incluso después del 3 de Enero de 1874 cuando el general Pavía, marcadamente liberal,  dio su particular golpe de estado dando término a la Primera República y dando paso a la dictadura del general Francisco Serrano, que pervivirá todo el año 1874, hasta que el día 30 de diciembre conoció su final con el pronunciamiento del general Martínez Campos. 


El golpe de estado se produjo mientras en el parlamento los intransigentes laboraban para volver al cantonalismo. Como consecuencia, las Cortes serían disueltas el día 8, siendo nombrado primer ministro Francisco Serrano, quién supuestamente iba a anular las disposiciones que habían mutilado las prerrogativas religiosas, pero se limitó a restaurar las órdenes militares, que estaban inoperativas, y a prometer destinos cómodos a los quintos que estuviesen casados sólo por la Iglesia, y abriría el camino para la restauración de la dinastía Borbón en la persona de Alfonso XII, hijo de Isabel II, que permanecía residiendo en Francia y atendiendo sus negocios de tráfico de esclavos.


A la semana del golpe del general Pavía, se emitía un decreto del gobierno de 10 de enero, publicado por la Gaceta de Madrid de 11-1-1874 en el que se señalaba: 

Artículo 1º.- Quedan disueltas desde la publicación de este decreto todas las reuniones y sociedades políticas en las que de palabra u obra se conspire contra la seguridad pública, contra los altos y sagrados intereses de la patria, contra la integridad del territorio español y contra el poder constituido.


A partir de este momento se vivió bajo la dictadura de Serrano, que


Preparó e hizo aprobar la Constitución de 1876, estableciendo una monarquía liberal inspirada en las prácticas parlamentarias europeas. La clave era acabar con la violencia política y los pronunciamientos militares que habían marcado el reinado de Isabel II, asentando la primacía del poder civil. Pero para ello había que garantizar la alternancia pacífica en el poder; Cánovas diseñó un modelo bipartidista al estilo británico, formando él mismo un gran Partido Conservador a partir de la extinta Unión Liberal; y buscó una figura que aglutinara la opción política alternativa, encontrándola en Sagasta, que asumiría el liderazgo del Partido Liberal, con el cual se turnarían los conservadores en el poder. (Orte 2015: 32)


Como no podía ser menos, las discusiones vanas inundaban no sólo el hemiciclo, sino la entera vida nacional, apoyando o recriminando la acción del día tres. El propio Pavía justificó su actuación asegurando que, de no haber entrado él en el parlamento el tres de enero, lo hubiese hecho el pretendiente don Carlos en Madrid.


El 1 de Diciembre de 1874 Alfonso XII publicaba el Manifiesto de Sandhurst, en el que manifiestaba: 


ni dejaré de ser buen español, ni como todos mis antepasados, buen católico, ni, como hombre del siglo, verdaderamente liberal.


Con clara sumisión a los intereses británicos, desea que España sea como las naciones más grandes y prósperas, haciendo clara la alusión a Gran Bretaña, donde existe un sistema monárquico parlamentario.


A finales de año se produjo como fruta madura la reinstauración de la monarquía borbónica siendo aceptado el regreso de Alfonso XII a España, que es nombrado rey el 29 de Diciembre tras el pronunciamiento del general Martínez Campos, en Sagunto. 


Alfonso XII era hijo de Isabel II, y su padre legal fue Francisco de Asís de Borbón. Debido a la supuesta homosexualidad de éste, rey consorte, diversas fuentes apuntan como plausibles verdaderos progenitores al capitán de ingenieros Enrique Puig Moltó o al general Francisco Serrano y Domínguez, ambos conocidos amantes de su madre.


El mismo 31 de Diciembre era Cánovas nombrado regente, quién formó gobierno mientras el general Serrano se exiliaba.


Catorce días más tarde, el 14 de Enero de 1875. Alfonso XII llegaba como rey a Madrid.


El Gobierno de SM., a su advenimiento al Poder, se encontró con que las cárceles estaban llenas de detenidos políticos por medidas gubernativas, y a todos ellos, absolutamente a todos los que estaban en la Península, les hizo poner generosamente en libertad. Se encontró también con otra multitud de reos de esta naturaleza,, que estaban sujetos a causas criminales, respecto de los cuales no cabía el derecho de indulto, no cabía la aplicación individual de ese derecho, sin  que hubiera sentencia, sin que los procesos se terminaran. (Toro 1997: 341)


Los principales partidos, el Conservador y el Liberal Progresista, asumen las reglas de juego parlamentarias, y comparten un mismo proyecto, el de la Constitución de 1876. Ambos partidos, que no eran sino agrupaciones de notables sin gran arraigo social, se irán alternando pacíficamente en el poder, imitando en las formas el modelo parlamentario inglés. En virtud de los llamados "Pactos de El Pardo", los conservadores de Cánovas y los liberales de Sagasta se sucederían pacíficamente en el poder, sin dejar espacio para terceros.


Transcurridos los años, Pavía declararía en el congreso:

Si no hubiese ejecutado aquel acto, quizá no hubiera terminado aquel mes sin que hubiera entrado en Madrid D. Carlos de Borbón (...) Yo, Sres. Diputados, no me he vanagloriado nunca, ni me vanagloriará jamás, de haber ejecutado el acto del 3 de enero. Ya he dicho que lo hice contra mi voluntad.., pero no me he arrepentido nunca ... cíen veces haría lo mismo. (Toro 1997: 106)


Es el caso que el cantonalismo tomaría nuevos caminos; así en Cataluña, desde 1876, empezó a proliferar una enorme cantidad de escritos de tendencia regionalista en los que se defendía la nacionalidad catalana. Fueron los herederos de la Renaixença o movimiento cultural favorable a la recuperación de la lengua catalana, oficialmente marginada durante los siglos XVIII y XIX. El primer diario escrito en catalán apareció en 1877 bajo la dirección de Valentí Almirall. Poco a poco las exigencias de reformas tomaron un cariz político, y ya en 1890 personalidades como Enric Prat de la Riba hablaban de "patria catalana". Estos intelectuales tuvieron un gran predicamento entre la burguesía catalana, que se sentía marginada por Madrid, aunque todavía tardarían algunos años en articularse políticamente.


Por su parte, Sabino Arana (1865–1903) 


Publicó estudios lingüísticos e históricos vascos, destacando su obra Vizcaya por su independencia y Orígenes de la raza vasca. En 1895 fundó un nuevo partido, el Bizkai Buru Batzar (Directorio vizcaíno), que luego más tarde extendió al resto de provincias vascas dando lugar en 1897 al PNV (Partido nacionalista Vasco). El nuevo partido defendía el respeto de fueros vascos tradicionales y la idea de la raza vasca. Su lema “Dios y fueros” (Jaungoikua eta Legi Zarra) recuerda al de los carlistas. Era pues un partido independentista, tradicionalista y católico. (Orte 2015: 51)


Diez años después de los acontecimientos, en 1883, el movimiento cantonalista andaluz dio a la luz un documento conocido como “constitución de Antequera”,  en la que se proponía un estado independiente andaluz integrado en una España federal.


En su  Artículo 1º proclamaba que 


Andalucía es soberana y autónoma; se organiza en una democracia republicana representativa, y no recibe su poder de ninguna autoridad exterior al de las autonomías cantonales que la instituyen por este Pacto.


Señala aspectos curiosos, como que los habitantes de Andalucía se dividen en Ciudadanos andaluces y Residentes en Andalucía, siendo que se pierde la cualidad de ciudadano, entre otros motivos, por embriaguez habitual o por asistencia habitual de la Beneficencia pública. (Artículos 5º y 6º). Rechaza el derecho al celo y a la ignorancia, por lo tanto se prohíbe toda suerte de comunidades religiosas (Art. 13), al tiempo que inhabilita a los religiosos para ser elegibles (Art. 16) 


Reconoce el voto de la mujer (art. 15), la institución del jurado (art. 19); se suprime la pena de muerte (art. 23); se decreta la obligatoriedad de votar (art. 24); señala los 12 años como la edad mínima para trabajos manuales (art. 32); reconoce el derecho a la huelga (art. 33), control en las relaciones laborales y creación de cajas de asistencia (art. 37), objeto de análisis aparte, y que conocería el principio del fin de su efímera existencia en el mismo momento de su expansión.



ANEXOS:

ANEXO 1

Proyecto de Constitución Federal de 1873

(17 de julio de 1873)

La Nación Española,

reunida en Cortes Constituyentes, deseando asegurar la libertad, cumplir la justicia y realizar el fin humano a que está llamada en la civilización, decreta y sanciona el siguiente Código fundamental:

Título preliminar

Toda persona encuentra asegurados en la República, sin que ningún poder tenga facultades para cohibirlos, ni ley ninguna autoridad para mermarlos, todos los derechos naturales.

1. El derecho a la vida, y a la seguridad, y a la dignidad de la vida; 

2. El derecho al libre ejercicio de su pensamiento y a la libre expresión de su conciencia; 

3. El derecho a la difusión de sus ideas por medio de la enseñanza; 

4. El derecho de reunión y de asociación pacíficas; 

5. La libertad del trabajo, de la industria, del comercio interior, del crédito; 

6. El derecho de propiedad, sin facultad de vinculación ni amortización; 

7. La igualdad ante la ley; 

8. El derecho a ser jurado y ser juzgado por los Jurados; el derecho a la defensa libérrima enjuicio; el derecho, en caso de caer en culpa o delito, a la corrección y a la purificación por medio de la pena.

Estos derechos son anteriores y superiores a toda legislación positiva.





Título I. De la Nación española

Artículo 1.- Componen la Nación española los Estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia, Regiones Vascongadas.

Los Estados podrán conservar las actuales provincias o modificarlas según sus necesidades territoriales.

Artículo 2.- Las islas Filipinas, de Fernando Poo, Annobón, Corisco, y los establecimientos de África, componen territorios que, a medida de sus progresos, se elevarán a Estados por los Poderes públicos.


Título II. De los españoles y sus derechos

Artículo 3.- Son españoles:

1. Todas las personas nacidas en territorio español; 

2. Los hijos de padre o madre españoles, aunque hayan nacido fuera de España; 

3. Los extranjeros que hayan obtenido carta de naturaleza; 

4. Los que, sin ella, hayan ganado vecindad en cualquier pueblo del territorio español. 

La calidad de español se adquiere, se conserva y se pierde con arreglo a lo que determinan las leyes.

Artículo 4.- Ningún español ni extranjero podrá ser detenido ni preso sino por causa de delito.

Artículo 5.- Todo detenido será puesto en libertad o entregado a la autoridad judicial dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de la detención.

Toda detención se dejará sin efecto o elevará a prisión dentro de las setenta y dos horas de haber sido entregado el detenido al juez competente. La providencia que se dictare se notificará al interesado dentro del mismo plazo.

Artículo 6.- Ningún español podrá ser preso sino en virtud de mandamiento de Juez competente. El auto por el cual se haya dictado el mandamiento se ratificará o responderá, oído el presunto reo, dentro de las setenta y dos horas siguientes al acto de la prisión.

Artículo 7.- Nadie podrá entrar en el domicilio de un español o extranjero residente en España sin su consentimiento, excepto en los casos urgentes de incendio, inundación u otro peligro análogo o de agresión procedente de adentro, o para auxiliar a persona que necesite socorro, o para ocupar militarmente el edificio cuando lo exija la defensa del orden público. Fuera de estos casos, la entrada en el domicilio de un español o extranjero residente en España, y el registro de sus papeles o efectos, sólo podrá decretarse por Juez competente. El registro de papeles y efectos tendrá siempre lugar en presencia del interesado o de un individuo de su familia, y en su defecto de dos testigos vecinos del mismo pueblo. Sin embargo, cuando un delincuente hallado in fraganti y perseguido por la autoridad o sus agentes se refugiare en su domicilio podrán éstos penetrar en él sólo para el acto de la aprehensión. Si se refugiare en domicilio ajeno, precederá requerimiento al dueño de éste.

Artículo 8.- Ningún español podrá ser compelido a mudar de domicilio o residencia sino en virtud de sentencia ejecutoria.

Artículo 9.- En ningún caso podrá detenerse ni abrirse por la autoridad gubernativa la correspondencia confiada al correo, ni tampoco detenerse la telegráfica.

Pero en virtud de auto de Juez competente podrán detenerse una y otra correspondencia, y también abrirse en presencia del procesado la que se le dirija por el correo.

Artículo 10.- Todo auto de prisión, de registro de morada o de detención de la correspondencia escrita o telegráfica, será motivado.

Cuando el auto carezca de este requisito o cuando los motivos en que se haya fundado se declaren en juicio ilegítimos o notoriamente insuficientes, la persona que hubiera sido presa, o cuya prisión no se hubiese ratificado dentro del plazo señalado en el Artículo 65 o cuyo domicilio hubiese sido allanado, o cuya correspondencia hubiese sido detenida, tendrá derecho a reclamar del Juez que haya dictado el auto una indemnización proporcionada al daño causado, pero nunca inferior a 500 pesetas.

Los agentes de la autoridad pública estarán asimismo sujetos a la indemnización que regule el Juez cuando reciban en prisión a cualquiera persona sin mandamiento en que se inserte el auto motivado, o cuando la retengan sin que dicho auto haya sido ratificado dentro del término legal.

Artículo 11.- La autoridad gubernativa que infrinja lo prescrito en los Artículos 5.º, 6.º, 7.º y 8.º incurrirá, según los casos, en delito de detención arbitraria o de allanamiento de morada, y quedará además sujeta a la indemnización prescrita en el párrafo 2.º del artículo anterior.

Artículo 12.- Tendrá asimismo derecho a indemnización, regulada por el Juez, todo detenido que dentro del término señalado en el Artículo 5.º no haya sido entregado a la autoridad judicial.

Si el Juez, dentro del término prescrito en dicho artículo, no elevare a prisión la detención, estará obligado para con el detenido a la indemnización que establece el Artículo 10.

Artículo 13.- Ningún español podrá ser procesado ni sentenciado sino por el Juez o Tribunal a quien, en virtud de hechos anteriores al delito, competa al conocimiento y en la forma que éstos prescriban.

No podrán crearse tribunales extraordinarios ni comisiones especiales para conocer de ningún delito.

Artículo 14.- Toda persona detenida opresa sin las formalidades legales o fuera de los casos previstos en esta Constitución será puesta en libertad a petición suya o de cualquier español.

La ley determinará la forma de proceder sumarialmente en este caso, así como las penas en que haya de incurrir el que ordenare, ejecutare o hiciere ejecutar la detención o prisión ilegal.

Artículo 15.- Nadie podrá ser privado temporal o perpetuamente de sus bienes y derechos, ni turbado en la posesión de ellos, sino en virtud de auto o sentencia judicial.

Los funcionarios públicos que bajo cualquier pretexto infrinjan esta prescripción serán personalmente responsables del daño causado.

Quedan exceptuados de ella los casos de incendio e inundación u otros urgentes análogos en que por la ocupación se haya de excusar un peligro al propietario o poseedor, o evitar o atenuar el mal que se temiere o hubiere sobrevenido.

Artículo 16.- Nadie podrá ser expropiado de sus bienes sino por causa de utilidad común y en virtud de mandamiento judicial, que no se ejecutará sin previa indemnización, regulada por el Juez con intervención del interesado.

Artículo 17.- Nadie está obligado a pagar contribución que no se haya votado por las Cortes, o por las corporaciones populares legalmente autorizadas a imponerla, y cuya cobranza no se haga en la forma prescrita por la ley.

Todo funcionario público que intente exigir o exija el pago de una contribución sin los requisitos prescritos en este artículo incurrirá en delito de exacción ilegal.

Artículo 18.- Ningún español que se halle en el pleno goce de sus derechos civiles podrá ser privado del derecho de votar en las elecciones.

Artículo 19.- Tampoco podrá ser privado ningún español:

1. Del derecho de emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito, valiéndose de la imprenta o de otro procedimiento semejante;

2. Del derecho de reunirse y asociarse pacíficamente para todos los fines de la vida humana que no sean contrarios a la moral pública; 

3. Del derecho de dirigir peticiones individual o colectivamente a las Cortes y a las demás autoridades de la República.

Artículo 20.- El derecho de petición no podrá ejercerse colectivamente por ninguna clase de fuerza armada.

Tampoco podrán ejercerlo individualmente los que formen parte de una fuerza armada sino con arreglo a las leyes de su instituto en cuanto tenga relación con éste.

Artículo 21.- No se establecerá, ni por las leyes ni por las autoridades, disposición alguna preventiva que se refiera al ejercicio de los derechos definidos en este Título.

Tampoco podrán establecerse la censura, el depósito ni el editor responsable para los periódicos.

Artículo 22.- Los delitos que se cometan con ocasión del ejercicio de los derechos expresados en este Título serán penados por los tribunales con arreglo a las leyes comunes y deberán ser denunciados por las autoridades gubernativas, sin perjuicio de los que procedan de oficio o en virtud de la acción pública o fiscal.

Artículo 23.- Las autoridades municipales pueden prohibir los espectáculos que ofendan al decoro, a las costumbres y a la decencia pública.

Artículo 24.- Las reuniones al aire libre y las manifestaciones serán de día y nunca han de obstruir la vía pública ni celebrarse alrededor de los Ayuntamientos, Cortes de Estado o Cortes de la Federación.

Artículo 25.- Nadie impedirá, suspenderá ni disolverá ninguna asociación, cuyos estatutos sean conocidos oficialmente, y cuyos individuos no contraigan obligaciones clandestinas.

Artículo 26.- Todo español podrá fundar y mantener establecimientos de instrucción o de educación sin previa licencia, salvo la inspección de la autoridad competente por razones de higiene y de moralidad.

Artículo 27.- Todo extranjero podrá establecerse libremente en territorio español, ejercer en él su industria o dedicarse a cualquiera profesión para cuyo desempeño no exijan las leyes títulos de aptitud expedidos por las autoridades españolas,

Artículo 28.- A ningún español que esté en pleno goce de sus derechos civiles podrá impedirse salir libremente del territorio ni trasladar su residencia y haberes a país extranjero salvas las obligaciones de contribuir al servicio militar o al mantenimiento de las cargas públicas.

Artículo 29.- Todos los españoles son admisibles a los empleos y cargos públicos, según su mérito y capacidad probada.

El extranjero que no estuviere naturalizado no podrá ejercer en España el sufragio ni cargo alguno que tenga aneja autoridad o jurisdicción.

Artículo 30.- Todo español está obligado a defenderla Patria con las armas, cuando sea llamado por la ley, y a contribuir a los gastos del Estado en proporción de sus haberes.

Artículo 31.- La enumeración de los derechos expresados en este Título no implica la prohibición de cualquier otro no declarado expresamente.

Artículo 32.- No será necesaria la previa autorización para procesar ante los Tribunales a los funcionarios públicos, cualquiera que sea el delito que cometieren.

El mandato del superior no eximirá de responsabilidad en los casos de infracción manifiesta, clara y terminante, de una prescripción constitucional.

En los demás, sólo eximirá a los agentes que no ejerzan autoridad.

Artículo 33.- Cuando el Poder legislativo declare un territorio en estado de guerra civil o extranjera regirán allí las leyes militares.

En ningún caso podrá establecerse otra penalidad que la prescrita previamente por la ley.

Artículo 34.- El ejercicio de todos los cultos es libre en España.

Artículo 35.- Queda separada la Iglesia del Estado.

Artículo 36.- Queda prohibido a la Nación o Estado federal, a los Estados regionales y a los Municipios subvencionar directa ni indirectamente ningún culto.

Artículo 37.- Las actas de nacimiento, de matrimonio y defunción serán registradas siempre por las autoridades civiles.

Artículo 38.- Quedan abolidos los títulos de nobleza.


Título III. De los Poderes públicos

Artículo 39.- La forma de gobierno de la Nación española es la República federal.

Artículo 40.- En la organización política de la Nación española todo lo individual es de la pura competencia del individuo: todo lo municipal es del Municipio; todo lo regional es del Estado, y todo lo nacional de la Federación.

Artículo 41.- Todos los Poderes son electivos, amovibles y responsables.

Artículo 42.- La soberanía reside en todos los ciudadanos, y se ejerce en representación suya por los organismos políticos de la República constituida por medio de sufragio universal.

Artículo 43.- Estos organismos son:

1. El Municipio; 

2. El Estado regional; 

3. El Estado federal o Nación.

La soberanía de cada organismo reconoce por límites los derechos de la personalidad humana. Además, el Municipio reconoce los derechos del Estado, y el Estado los derechos de la Federación.

Artículo 44.- En África y en Asia posee la República española territorios en que no se han desarrollado todavía suficientemente los organismos políticos, y que, por tanto, se regirán por leyes especiales, destinadas a implantar allí los derechos naturales del hombre y a procurar una educación humana y progresiva.



Título IV

Artículo 45.- El poder de la Federación se divide en Poder legislativo, Poder ejecutivo, Poder judicial y Poder de relación entre estos Poderes.

Artículo 46.- El Poder legislativo será ejercido exclusivamente por las Cortes.

Artículo 47.- El Poder ejecutivo será ejercido por los ministros.

Artículo 48.- El Poder judicial será ejercido por Jurados y Jueces, cuyo nombramiento no dependerá jamás de otros Poderes públicos.

Artículo 49.- El Poder de relación será ejercido por el Presidente de la República.



Título V. De las facultades correspondientes a los Poderes públicos de la Federación

1. Relaciones exteriores;

2. Tratados de paz y de comercio; 

3. Declaración de guerra exterior, que ser siempre objeto de una ley; 

4. Arreglo de las cuestiones territoriales y de las competencias entre los Estados; 

5. Conservación de la unidad y de la integridad nacional; 

6. Fuerzas de mar y tierra y nombramiento de todos sus jefes; 

7. Correos; 

8. Telégrafos; 

9. Ferrocarriles, caminos generales, medios oficiales de comunicación marítima y terrestre y obras públicas de interés nacional; 

10. Deuda nacional; 

11. Empréstitos nacionales; 

12. Contribuciones y rentas que sean necesarias para el mantenimiento de los servicios federales; 

13. Gobierno de los territorios y colonias; 

14. Envío de delegados a los Estados para la percepción de los tributos y el mando de las fuerzas militares encargadas de velar por el cumplimiento de las leyes federales; 

15. Códigos generales; 

16. Unidad de moneda, pesos y medidas; 

17. Aduanas y aranceles; 

18. Sanidad, iluminación de las costas, navegación; 

19. Montes y minas, canales generales de riego; 

20. Establecimiento de la universidad federal y de cuatro escuelas normales superiores de agricultura, artes y oficios en los cuatro puntos de la Federación que se terminen por una ley; 

21. Los bienes y derechos de la Nación; 

22. Conservación del orden público y declaración del estado de guerra civil; 

23. Restablecimiento de la ley por medio de la fuerza cuando un motín o una sublevación comprometan los intereses y derechos generales de la sociedad en cualquier punto de la Federación.



Título VI. Del Poder legislativo

Artículo 50.- Las Cortes se compondrán de dos Cuerpos: Congreso y Senado.

Artículo 51.- El Congreso se compondrá de diputados, debiendo haber uno por cada 50.000 almas, y siendo todos elegidos por sufragio universal directo.

Artículo 52.- Los senadores serán elegidos por las Cortes de sus respectivos Estados, que enviarán cuatro por cada Estado, sea cualquiera su importancia y el número de sus habitantes.

Artículo 53.- Las Cortes se renovarán en su totalidad cada dos años.



Título VII. De la celebración y facultades de las Cortes

Artículo 54.- Las Cortes se reúnen todos los años.

Artículo 55.- Las Cortes celebrarán dos legislaturas anuales, que durarán, por lo menos, entre ambas, cuatro meses.

Las Cortes comenzarán su primera legislatura todos los años el 15 de marzo, y su segunda el 15 de octubre.

Los diputados y senadores serán renovados en su totalidad cada dos años.

Artículo 56.- Cada uno de los Cuerpos Colegisladores tendrán las facultades siguientes:

1. Formar el respectivo reglamento para su gobierno interior;

2. Examinar la legalidad de la aptitud de los individuos que la compongan; 

3. Nombrar, al constituirse, su Presidente, Vicepresidente y Secretarios.

Artículo 57.- No podrán estar reunidos uno de los Cuerpos Colegisladores sin que lo esté también el otro.

Artículo 58.- Los Cuerpos Colegisladores no pueden deliberar juntos, ni reunirse sino en el caso o casos que taxativamente expresa esta Constitución.

Artículo 59.- Las sesiones del Congreso y del Senado serán públicas, excepto en los casos que necesariamente exijan reserva.

Artículo 60.- Todas las leyes serán presentadas al Congreso o por iniciativa de éste, o por iniciativa del Presidente, o por iniciativa del Poder ejecutivo.

Artículo 61.- Las resoluciones de las Cortes se tomarán a pluralidad de votos.

Para votar las leyes se requiere, en cada uno de los Cuerpos Colegisladores, la presencia de la mitad más uno del número total de individuos que tengan aprobadas sus actas.

Artículo 62.- Las Cortes podrán tomar medidas que obliguen a los diputados y senadores a asistir a sus sesiones.

Artículo 63.- El cargo de diputado y senadores incompatible con todo cargo público, ya sea honorífico, ya retribuido.

Artículo 64.- Los diputados y senadores recibirán una indemnización que será fijada por las leyes.

Artículo 65.- Los ministros no podrán ser diputados ni senadores, ni asistir a las sesiones sino por un mandato especial de las Cámaras.

Artículo 66.- El Congreso tiene el derecho de acusar ante el Senado al Presidente y los ministros; el Senado tiene el derecho a declarar que ha lugar o no a la formación de causa, y el Tribunal Supremo a juzgarlos y sentenciarlos,

Artículo 67.- Los senadores y los diputados, desde el momento de su elección, no podrán ser procesados ni detenidos cuando estén abiertas las Cortes, sin permiso del respectivo Cuerpo Colegislador, a no ser hallados in fraganti. Así en este caso como en el de ser procesados o arrestados mientras estuviesen cerradas las Cortes se dará cuenta al Cuerpo a que pertenezcan, tan luego como se reúnan, las cuales decidirán lo que juzguen conveniente.

Cuando se hubiere dictado sentencia contra un senador o diputado en proceso seguido sin el permiso a que se refiere el párrafo anterior, la sentencia no podrá llevarse a efecto hasta que autorice su ejecución el Cuerpo a que pertenezca el procesado.

Artículo 68.- Los senadores y diputados son inviolables por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de su cargo.

Artículo 69.- Para ser diputado se exige el carácter de ciudadano español y tener veinticinco años de edad; para ser senador el carácter de ciudadano español y cuarenta años de edad.



Título VIII. Facultades especiales del Senado

Artículo 70.- El Senado no tiene la iniciativa de las leyes.

Corresponde al Senado exclusivamente examinar si las leyes del Congreso desconocen los derechos de la personalidad humana, o los poderes de los organismos políticos o las facultades de la Federación, o el Código fundamental. Si el Senado, después de madura deliberación, declara que no, la ley, se promulgará en toda la Nación.

Cuando el Senado declare que hay lesión de algún derecho o de algún poder, o de algún artículo constitucional, se nombrará una comisión mixta que someterá su parecer al Congreso. Si después de examinada de nuevo la ley el Senado persiste en su acuerdo, se suspenderá la promulgación por aquel año.

Si al año siguiente reproduce el Congreso la ley, se remitirá al Poder ejecutivo para su promulgación; pero si éste hiciera objeciones al Congreso se volverá la ley al Senado y si el Senado insiste nuevamente se suspenderá también la promulgación.

Por último, si al tercer año se reproduce la ley, se promulgará en el acto por el Presidente y será ley en toda la Federación.

Sin embargo, al Poder judicial, representado por el Tribunal Supremo de la Federación, le queda la facultad siempre de declarar en su aplicación si la ley es o no constitucional.



Título IX. Del Poder ejecutivo

Artículo 71.- El Poder ejecutivo será ejercido por el Congreso de Ministros, bajo la dirección de un Presidente, el cual será nombrado por el Presidente de la República.

Artículo 72.- Al Poder ejecutivo le compete:

1. Disponer del ejército de mar y tierra para seguridad interior y defensa exterior de la Federación; 

2. Disponer el empleo de las reservas, siempre que sean llamadas por una ley; 

3. Nombrar los empleados públicos de la Federación; 

4. Distribuir los ingresos y hacer los gastos con arreglo a las leyes; 

5. Emplear todos los medios legítimos para que se cumpla y se respete la ley; 

6. Facilitar al Poder judicial el ejercicio expedito de sus funciones; 

7. Presentar a las Cortes memorias anuales sobre el estado de la Administración pública, y proponer a su deliberación y sanción las leyes que le parezcan conveniente; 

8. Enviar a cada Estado regional un delegado con encargo expreso de vigilar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, y de los decretos y reglamentos federales; pero sin autoridad ninguna dentro del Estado o del Municipio; 

9. Dar reglamentos para la ejecución de las leyes.



Título X. Del Poder judicial

1. El Poder judicial no emanará ni del Poder ejecutivo ni del Poder legislativo; 

2. Queda prohibido al Poder ejecutivo, en todos sus grados, imponer penas, ni personales ni pecuniarias, por mínimas que sean. Todo castigo se impondrá por el Poder judicial; 

3. Todos los Tribunales serán colegiados; 

4. Se establece el Jurado para toda clase de delitos. 

En cada Municipio habrá un Tribunal nombrado directamente por el pueblo y encargado de entender en la corrección de las faltas, juicios verbales y actos de conciliación; 

5. Los jueces de los distritos serán nombrados mediante oposición verificada ante las Audiencias de los respectivos Estados; 

6. Las Audiencias se compondrán de los jueces de distrito ascendidos a magistrados en concurso público y solemne.

Artículo 73.- El Tribunal Supremo Federal se compondrá de tres magistrados por cada Estado de la Federación.

Artículo 74.- El Tribunal Supremo Federal elegirá entre sus magistrados a su Presidente.

Artículo 75.- Los jueces de los distritos, los magistrados de las Audiencias y los magistrados del Tribunal Supremo no podrán ser separados sino por sentencia judicial o por acuerdo del Tribunal superior jerárquico.

Artículo 76.- Los magistrados del Tribunal Supremo podrán ser removidos por una Comisión compuesta por iguales partes de representantes del Congreso, del Senado, del Poder ejecutivo y del mismo Tribunal Supremo.

Artículo 77.- En el caso de que el Poder legislativo dé alguna ley contraria a la Constitución, el Tribunal Supremo en pleno tendrá facultad de suspenderlos efectos de esta ley.

Artículo 78.- En los litigios entre los Estados entenderá y decidirá el Tribunal Supremo de la Federación.

Artículo 79.- También entenderán en las funciones jurídicas ordinarias que determinen las leyes; en los conflictos que se susciten sobre inteligencia de los tratados; en los conflictos entre los Poderes públicos de un Estado; en las causas formadas al Presidente, a los ministros en el ejercicio de sus cargos, en los asuntos en que la Nación sea parte.

Artículo 80.- El Tribunal Supremo dictará su reglamento administrativo interior y nombrará todos sus empleados subalternos.



Título XI. Del Poder de relación, o sea, Presidencial

Artículo 81.- El Poder de relación será ejercido por un ciudadano mayor de treinta años que llevará el Título de Presidente de la República Federal, y cuyo cargo sólo durará cuatro años, no siendo inmediatamente reelegible.

Artículo 82.- Habrá también un Vicepresidente, encargado de reemplazar al Presidente cuando se inhabilitare por muerte, por larga enfermedad o por virtud de sentencia judicial.

Al Presidente compete:

1. Promulgar dentro de los quince días siguientes a su aprobación definitiva las leyes que decreten y sancionen las Cortes, salvo el caso de que las Cortes declaren la promulgación urgente;

2. Hacer, en caso de una disidencia sobre la promulgación de las leyes entre el Senado y el Congreso, a este último las observaciones juzgue necesarias;

3. Convocar las reuniones extraordinarias de las Cortes cuando lo requiera así el estado de la Nación; 

4. Dirigir mensajes a los Poderes públicos recordándoles el cumplimiento de sus deberes legales; 

5. Nombrar y separar con toda libertad al Presidente del Poder ejecutivo; 

6. Nombrar los embajadores, ministros y agentes diplomáticos; 

7. Recibir los embajadores, ministros y agentes diplomáticos de las demás naciones; 

8. Sostener las relaciones internacionales; 

9. Conocer los indultos; 

10. Cuidar de que sean garantizadas las Constituciones particulares de los Estados; 

11. Personificar el Poder supremo y la suprema dignidad de la Nación; y a este fin se le señalará por la ley sueldos y honores, que no podrán ser alterados durante el período de su mando.



Título XII. De la elección del Presidente y Vicepresidente de la República

Artículo 83.- Los electores votarán en cada Estado una Junta compuesta de doble número de individuos del que envían al Congreso y al Senado federales.

Artículo 84.- No pueden pertenecer a esta Junta los empleados del Gobierno federal.

Artículo 85.- Reunida la Junta en la capital del Estado, procederá al nombramiento del Presidente y Vicepresidente de la República, inscribiendo cada nombre en una papeleta indicando el cargo para que le designen.

Artículo 86.- La Junta electoral se reunirá cuatro meses antes de haber expirado el plazo de terminación de la Presidencia.

Artículo 87.- Inmediatamente procederá a designar sus candidatos y hecho el escrutinio remitirá una lista con los nombres de los que hayan obtenido votos al Presidente del Congreso del Estado y otra al Presidente del Congreso de la Nación.

Artículo 88.- El Presidente del Congreso de la Nación abrirá las listas a presencia de ambos Cuerpos Colegisladores reunidos. Asociados a los secretarios, cuatro miembros del Congreso y cuatro del Senado, sacados a suerte, procederán inmediatamente a hacer el escrutinio y a anunciar el número de sufragios que resulten en favor de cada candidato para la Presidencia y Vicepresidencia de la Nación. Los que reúnan en ambos casos la mayoría absoluta de todos los votos serán proclamados inmediatamente Presidente y Vicepresidente.

Artículo 89.- En el caso de que por dividirse la votación no hubiere mayoría absoluta, elegirán las Cortes entre las dos personas que hubieren obtenido mayor número de sufragios. Si la primera mayoría hubiese cabido a más de dos personas, elegirán as Cortes entre todas éstas. Si la primera mayoría hubiese cabido en una sola persona y la segunda a dos o más, elegirá el Congreso entre todas las personas que hayan obtenido la primera y segunda mayorías.

Artículo 90.- Esta elección se hará a pluralidad absoluta de sufragios y por votación nominal. Si verificada la segunda votación no resultase mayoría, se hará segunda vez, contrayéndose la votación a personas que en la primera hubiesen obtenido mayor número de sufragios. En este caso de empate, se repetirá la votación; y si resultase nuevo empate, decidirá el Presidente del Congreso. No podrá hacerse el escrutinio ni la rectificación de estas elecciones sin que estén presentes las tres cuartas partes del total de los miembros de las Cortes.

Artículo 91.- Las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la Nación deben quedar concluidas en una sola sesión de las Cortes, publicándose enseguida el resultado de ésta y las actas electorales en la Gaceta.



Título XIII. De los Estados

Artículo 92.- Los Estados tienen completa autonomía económico-administrativa y toda la autonomía política compatible con la existencia de la Nación.

Artículo 93.- Los Estados tienen la facultad de darse una Constitución política, que no podrá en ningún caso contradecir a la presente Constitución.

Artículo 94.- Los Estados nombran sus Gobiernos respectivos y sus asambleas legislativas por sufragio universal.

Artículo 95.- En la elección de los Gobiernos, de los legisladores y de los empleados de los Estados no podrá nunca intervenir ni directa ni indirectamente el poder federal.

Artículo 96.- Los Estados regirán su política propia, su industria, su hacienda, sus obras públicas, sus caminos regionales, su beneficencia, su instrucción y todos los asuntos civiles y sociales que no hayan sido por esta Constitución remitidos al Poder federal.

Artículo 97.- Los Estados podrán levantar empréstitos y emitir deuda pública para promover su prosperidad interior.

Artículo 98.- Los Estados tendrán obligación de conservar un Instituto de segunda enseñanza por cada una de las actuales provincias y la facultad de fundar las Universidades y escuelas especiales que estimen conveniente.

Artículo 99.- Los Estados no podrán legislar ni contra los derechos individuales, ni contra la forma democrática republicana, ni contra la unidad y la integridad de la Patria, ni contra la Constitución federal.

Artículo 100.- Los Estados regularán a su arbitrio, y bajo sus expensas, su organización territorial.

Artículo 101.- Los Estados no podrán mantener más fuerza pública que la necesaria para su política y seguridad interior.

La paz general de los Estados se halla garantizada por la Federación, y los Poderes federales podrán distribuir la fuerza nacional a su arbitrio, sin necesidad de pedir consentimiento alguno a los Estados.

Los Estados no podrán jamás apelar a la fuerza de las armas unos contra otros, y tendrán que someter sus diferencias a la jurisdicción del Tribunal Supremo federal.

Cuando un Estado o parte de él se insurreccionare contra los Poderes públicos de la Nación, pagará los gastos de la guerra.

Los Estados constituirán sus Poderes con entera libertad, pero con analogía al tipo federal, y dividiéndolos en los tres fundamentales de legislativo, ejecutivo y judicial.

Artículo 102.- Los Estados sujetarán sus Constituciones respectivas al juicio y sanción de las Cortes federales, que examinarán si están respetados o no en ellas los derechos de la personalidad humana, los límites de cada Poder y los preceptos de la Constitución federal.

Artículo 103.- Los ciudadanos de cada Estado gozarán de todos los derechos unidos al Título de ciudadano en todos los otros Estados.

Artículo 104.- Ningún nuevo Estado será erigido o formado en la jurisdicción de otro Estado.

Artículo 105.- Ningún nuevo Estado será formado de la reunión de dos o más Estados sin el consentimiento de las Cortes de los Estados interesados y sin la sanción de las Cortes federales.



Título XIV. De los Municipios

Artículo 106.- Los Municipios tienen en todo lo municipal autonomía administrativa, económica y política.

Los Municipios nombrarán por sufragio universal sus gobiernos o sus alcaldes, que ejercerán el poder ejecutivo municipal.

Nombrarán también por sufragio universal sus Ayuntamientos, que darán reglas sobre los asuntos municipales.

Nombrarán por sufragio universal sus jueces, que entenderán en las faltas y en los juicios verbales y actos de conciliación.

Artículo 107.- Los alcaldes y los Ayuntamientos darán cuenta de sus gastos al concejo, o común de vecinos, en la forma que ellos mismos establezcan.

Artículo 108.- Los alcaldes y Ayuntamientos no podrán ser separados sino por sentencia del Tribunal competente, ni sustituidos sino por sufragio universal.

Las Constituciones de los Estados pondrán en poder de los Municipios la administración de la justicia civil y criminal que les competa, la policía de orden y de seguridad y de limpieza.

Los caminos vecinales, las calles, las veredas, los hospitales y demás institutos de beneficencia local.

Las rentas, los fondos, los medios de crédito necesarios para llevar a ejecución todos estos fines.

La Constitución de los Estados deben exigir de todo Municipio:

Que sostengan escuelas de niños y de adultos, dando la instrucción primaria gratuita y obligatoria.

Artículo 109.- Si los Ayuntamientos repartieran desigualmente la contribución o la exigieran a un ciudadano en desproporción con sus haberes, habrá derecho de alzada a las asambleas de los Estados y de denuncia criminal ante los Tribunales de distrito.



Título XV. De la fuerza pública

Artículo 110.- Todo español se halla obligado a servir a su Patria con las armas.

La Nación se halla obligada a mantener ejército y armada.

Artículo 111.- Los Poderes federales darán la conveniente organización a este ejército, y lo distribuirán según lo exijan las necesidades del servicio.



Título XVI. De la Reserva Nacional

Artículo 112.- Se establece una Reserva Nacional forzosa.

Artículo 113.- Todos los ciudadanos de 20 a 40 años pertenecen a la Reserva.

Artículo 114.- Todos los ciudadanos de 20 a 25 años deberán emplear un mes anualmente en ejercicios militares; todos los ciudadanos de 25 a 30, quince días; todos los ciudadanos de 30 a 40, ocho.

Los jefes y oficiales de la Reserva de la Nación serán nombrados por el Gobierno federal.

Las reservas tendrán depositadas sus armas en los cuarteles, en los parques de Gobierno federal, y sólo podrán armarse por un decreto de éste y movilizarse por una ley.



Título XVII. De la reforma de la Constitución

Artículo 115.- Las Cortes podrán acordar la reforma de la Constitución, señalando al efecto el artículo o artículos que hayan de alterarse.

Artículo 116.- Hecha esta declaración, se disolverán el Senado y el Congreso, y el Presidente de la República convocará nuevas Cortes que se reunirán dentro de los tres meses siguientes.

En la convocatoria se insertará la resolución de las Cortes, de que habla el artículo anterior.

Artículo 117.- Los Cuerpos Colegisladores tendrán el carácter de Constituyentes tan sólo para deliberar acerca de la reforma continuando después con el de Cortes ordinarias.

Palacio de las Cortes, 17 de julio de 1873.



ANEXO 2

Llamamiento del Comité de Salud Pública de Madrid en 1873 

Comité de Salud Pública de Madrid. 

El Comité de Salud Publica establece: 

1º Que en todos los puntos en donde el partido federal tenga la fuerza necesaria, se formen Comités de Salud Publica, representantes de la imprescindible soberanía del pueblo. 

2º Que bajo la autoridad de esos Comités revolucionarios se proclame la autonomía administrativa y económica del Municipio, de la provincia y del Cantón, a la cual corresponde la elección de los jueces, ayuntamientos, diputaciones o legislaturas gobernadores, grandes asambleas cantonales y agentes económicos y administrativos. 

3º Que esos Comités no se disolverán hasta quince días después de haber promulgado el pacto federal para evitar que el pueblo sea engañado, como ha sucedido hasta aquí. 

Ciudad de Madrid a 18 de julio de 1873



ANEXO 3


Primera proclama del Cantón de Cartagena, julio de 1873 

La Junta Revolucionaria al pueblo. 

Cartageneros: Los que por la voluntad de la mayoría de¡ pueblo republicano de esta localidad hemos constituido la junta de Salud Pública de la misma, tenemos el deber imprescindible de hacer una declaración categórica de nuestras miras, de nuestros principios y de los intereses que defendemos y que tratamos de resguardar para bien de la República y para salvación de la patria. 

Proclamada como forma de gobierno para España la República Federal, el pueblo republicano en su inmensa mayoría reclamaba, como imperiosamente exigían las circunstancias, que se organizase la Federación, estableciendo Inmediatamente la división regional de los cantones y dando a éstos y al municipio la autonomía suspirado hace tanto tiempo, proclamando la ilegislabilidad de todos los derechos inherentes a la personalidad humana, y todas, en fin, cuantas ideas y principios han sido escritos de siempre en la bandera de nuestro partido, que tantos mártires cuenta bajo su sombra caídos al hierro y fuego de la implacable tiranía. 

Pero el pueblo, ansiosísimo de estas reformas, sediento de esta redención tan deseada, veía prolongarse indefinidamente sus momentos de agonía, veía amenazada la República de un golpe de muerte y no veía en el gobierno ni en la Cámara Constituyente una predisposición para la inmediata ejecución de estas reformas, y cree que sin ellas, sin su instalación, se perderá irremisiblemente el corto terreno adelantado, Y. depositando el país en sus gobernantes una confianza que acaso pudieran no merecerle, se perdería indudablemente para muchísimos años la libertad en esta tierra de España. 

La junta de Salud Pública viene a entender a tan sagrados intereses, acaso el pueblo hubiera aguardado en su angustia un breve momento más; pero la reconcentración de grandes fuerzas en algunos puntos de Andalucía, la dolorosa nueva de que dos magníficas fragatas surtas en este puerto habrán recibido la orden de salir inmediatamente para Málaga, la sensación que esta desconsoladora noticia ha causado entre los voluntarios de la República de esta ciudad, ante el temor de que pudieran realizarse tan tristes vaticinios, las últimas medidas adoptadas por el actual ministro de la Guerra, por las que ha separado de¡ mando de las fuerzas públicas a militares íntimamente adheridos al nuevo orden de cosas; han hecho comprender al pueblo que era llegada la hora de salvar, de constituir definitivamente la República Federal, y que no hacer esto sería tanto como cometer una indignidad que no podemos suponer en ningún pecho republicano donde se albergue y lata un corazón de hombre. 

Esta junta creería faltar al cumplimiento de un altísimo deber si no se hiciera público el dignísimo proceder de un gran pueblo, que, sin presión, sin trastornos, sin insultos, sin vejaciones ni atropellos, acaba de realizar uno de esos movimientos que serán siempre su mejor escudo contra la pública maledicencia. 

Se ha puesto en armas porque ha creído ver en inminente riesgo la santa causa de la República Federal, y a ofrecerle su más denodado y decidido apoyo van encaminadas todas sus generosas y laudables re- soluciones. 

Esta junta, emanación de la soberanía de las fuerzas populares y que no admite, para que así lo tengan entendido todos, inspiraciones que no sean dignas de la honradez y buena fe de este pueblo cartagenero, está pronta a castigar de una manera rápida e inexorable a cuantos pretendan encauzar el movimiento revolucionario por ocultos senderos o arrastrar la pública opinión a excesos que esta Junta reprimiría rápida e instantáneamente. 

A que los hombres honrados de todos los partidos se persuadan y convenzan de los buenos deseos que animan a esta junta y de su pro- fundo respeto hacia todas las creencias, van principalmente dirigidas estas manifestaciones. 

Aquí no hay verdugos ni víctimas, opresores ni oprimidos, sino hermanos prontos a sacrificarse por la libertad y la felicidad de sus conciudadanos. 

¡Viva la República Federal! ¡Viva la soberanía de¡ pueblo! 

Cartagena, 12 de julio de 1873. 

Pres., Pedro Gutiérrez. Vicepres., José Banet Torrens.-Vocales, Pedro Roca, José Ortega Cañabate, Juan Cobacho, Pablo Meléndez, Francisco Ortuño, Pedro Alemán, Juan José Martínez, José García Torres, Miguel Moya.- Secretarios, Francisco Mínguez Trigo, Eduardo Rornero Germes.




ANEXO 4

«AL EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA ANGLO AMERICANA. — Señor embajador:

Suplicamos á Vd. se sirva trasmitir a su gobierno las siguientes palabras de un pueblo héroe, de un pueblo mártir, de un pueblo fuerte, de un pueblo invencible.

Hace veintiún días y veintiuna noches que están vomitando sobre nosotros el hierro de la muerte, como si fuéramos fieras del bosque o perros rabiosos.

Ninguna autoridad ha dado aviso a los niños, a las mujeres, a los enfermos y a los ancianos.

Ninguna autoridad ha dicho a la madre española: muere con tu esposo pero salva a tu hijo.

Ningún gobierno nos ha intimado le rendición; nosotros no nos hubiéramos rendido, no nos rendiremos, aunque nos dijera que nos rindiéramos.

Pero el hecho es que no nos ha dicho que nos rindamos. Nadie ha pronunciado una sola palabra; nadie nos ha dado un consejo; nadie nos ha dado una sola razón; con nosotros se hace lo que con una víbora, aquí le cojo, aquí le aplasto. No nos aplastará, señor embajador; el objeto es aplastarla.

Nosotros no sabemos a estas horas quién nos combate; no sabemos si son ladrones; no sabemos sí son asesinos; no sabemos si son incendiarios: y resistiremos hoy, resistiremos mañana, y siempre, a esos presuntos incendiarios, a esos ignorados ladrones, a esos silenciosos asesinos.

Sépalo la América, sépalo Europa, sépalo el mundo: aquí se comete un atentado horrible contra el derecho de familia, de la patria, de la civilización, del cristianismo, del ser humano; y en el nombre del ser humano, del cristianismo, de la civilización, de la patria y de la familia; en nombre del pueblo y de Dios preguntamos a la gran República americana si nos autoriza en un caso extremo como medio último de salvación, enarbolar en nuestros buques, en nuestros castillos, en nuestros baluartes, un pendón federal glorioso y acatado en todo el Norte.

El pendón que ondeara en Filadelfia, aquel Congreso que supo dar un dia generoso, un día infinito, un día sacrosanto a las nacientes libertades americanas.

Tenemos una gloria inmensa en ser españoles, raza de héroes, genio de gigantes. Tenemos una gloria inmensa en heredar el nombre y las cenizas de nuestros mayores: mas si España consiente estos sacrificios gentiles, esta crueldad inmolada en los Kalmukos de la Siberia, aprenda España que hay en este mundo una criatura más grande que el a: la humanidad.

Delibere la Unión del Norte sobre estas maldades de Occidente, y hagamos saber su resolución con la calma del justo.

Sí, con calma, pueblo americano, porque Cartagena tiene que ser como la roca de los mares, ní se rompe, ni se rinde, ni tiembla.

Cartagena l6 de Diciembre de 1873.

—Roque Barcia.-Es copia, R Rojas



ANEXO 5

MANIFIESTO DE LA "JUNTA REVOLUCIONARIA" AL PUEBLO VALENCIANO

Valencianos:

Los que suscriben, individuos elegidos con el objeto de constituir la Junta interina del Cantón Valenciano, ven llegado el feliz y ansiado momento de dirigir su amistosa y desinteresada voz a los vecinos de esta heroica y liberal ciudad. Habéis visto cómo en breves momentos se ha conjurado la tormenta que creían iba a romper los espíritus nunca bien avenidos con el orden, y en ello tenéis una irrevocable y clarísima prueba de que en Valencia no se trata de hacer revolución social ni atentar contra los intereses económicos ni conculcar los sentimientos morales y religiosos, sino satisfacer las aspiraciones de la ciencia moderna, de la civilización y del progreso. El movimiento acontecido no entraña deseo alguno de menoscabar la legalidad existente, antes al contrario, afianzarla más y más garantizándola de ambiciones bastardas que de súbito pudieran hundir los constantes esfuerzos del pueblo valenciano por conseguir el planteamiento del ideal político repetidas veces intentado con la cordura, con la honradez y con la constancia que ningún otro pueblo ni raza puede escribir en las páginas de su historia.

En esta Junta están genuinamente representadas todas las clases de Valencia, el profesorado, la propiedad, la industria, la ciencia, la milicia ciudadana y la honorabilísima clase jornalera.

Nuestros propósitos, nuestro empeño, nuestro programa, es facilísimo de definir. Tratamos de fundar el derecho y la libertad, y ante todo afiancemos el orden y el respeto a cuanto sea legítimo, pues que éstos son los primeros y esencialísimos fundamentos del derecho y la libertad.

Esperamos el concurso de todos, porque para todos vamos a regir hasta que llegado sea el momento de resignar nuestra misión en manos de los elegidos por sufragio universal.

La Junta, sin levantar mano, está atendiendo a subvenir todas las perentorias necesidades que exige el estado presente de la población.

Confiad en nuestro celo y patriotismo, que pronto os daremos cuenta cumplida de todos los actos que desarrollamos dentro de la órbita de los poderes que nos habéis confiado.

¡Viva el Cantón Federal Valenciano!

Valencia, 19 de julio de 1873.

La mesa interina:

Presidente, Pedro Barrientos.

Secretarios, Juan Bautista Carlos - Vicente Mancho.


ANEXO 6

El partido republicano de Ávila, reunido en la noche de ayer, acordó delegar sus poderes en una JUNTA DE SALUD PÚBLICA que se nombró al efecto, para que se entienda con los comités de la provincia y cada uno de ellos nombre un delegado de su seno que, competentemente autorizado se presente en esta localidad el día 27 del actual, a las diez de la mañana en el cuartel del Alcázar, y todos de común acuerdo, se comprometan a constituir el cantón federal de Avila, declarándose independiente, libres de obedecer á la Asamblea y al gobierno de Madrid, en tanto y cuanto este no llene las aspiraciones del pueblo; pero prontos a prestarles su apoyo si llena nuestros deseos, de lo contrario, nosotros haremos lo que el gobierno y la Asamblea no quieren hacer, y es lo siguiente:

1º.- Ponernos de acuerdo con las provincias de Castilla la Vieja para que nos secunden, formando sus cantones, y lodos unidos, alleguemos los recursos necesarios para formar un ejército que acabe con la guerra carlista al mismo tiempo que defienda la verdadera República federal, ínterin nuestros cantones constituyen el Estado Castellano.

2º.- Que los cantones se rijan por su Constitución especial, sin faltar en nada ni por nadie a la unidad de 1a patria.

3º.-  Que tanto el cantón como los municipios tengan su autonomía propia.

Una vez hecho esto, que será pronto, muy pronto, entraremos en las reformas políticas y sociales.

Reduciremos las cargas del Estado, haremos que los bienes de propio de los pueblos, asi como los comunales, sean lo mismo del rico que del pobre; revisaremos los títulos de propiedad con el objeto de que devuelvan a los pueblos todo aquello que les hayan usurpado (que es bastante) quedará abolido todo privilegio, establecida la verdadera igualdad para todos y el gobierno del pueblo por  el pueblo y para el pueblo sin admitir imposiciones de nadie. 

Republicanos de la provincia, Republícanos todos, esperamos que oiréis nuestra voz; que inspirándoos en el común interés de la patria acudiréis á nuestro llamamiento, y que sacrificando si es preciso, vuestra vida é intereses, daréis ejemplo á España, al mundo entero, de que todavía corre por vuestras venas la sangre de los COMUNEROS; por nuestra parte nosotros, desde hoy, negamos toda obediencia al gobierno reaccionario de Madrid. 

Castellanos, en vuestras manos está el ser libres o vivir esclavos; escojed

Salud y República federal. Avila 20 de Julio de 1873. 

La Junta de Salud publica.—Miguel Cuadrillero.—José Junquera Perez.—Miguel Egido.—José Pascual Moreno.—Segundo Enriquez






































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